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Al señalar que el principal problema que atañe a México es la falta de claridad por velar los intereses de la Nación en materia del manejo del Litio, el senador de Morena Alejandro Armenta dio a conocer  que presentó ante el Ministerio Público Federal en turno, una denuncia ‘donde se desprende la presunción de una serie de delitos y de actos irregulares por parte de la COFECE’.

El senador Armenta citó como ejemplo la transacción que se realizó con Bacanora Litium a la empresa GANFEL INTERNACIONAL  -de Canadá a China- “lo que generó una utilidad de 7 mil 800 millones de pesos a la empresa canadiense, sin que los mexicanos obtengamos algún tipo de beneficio por productos derechos o aprovechamientos”.

Consideró que la denuncia podría significar la comisión de un delito que significaría traición a la patria, “desde luego que vamos a estar muy atentos por la actitud de los funcionarios de la COFECE de complacencia al haber autorizado el cambio de concesión sin haber notificado a las autoridades, eso implica la protección de un acto que representa dividendos y utilidades multimillonarias”.

En juego, refirió, está la extracción de aproximadamente 250 millones de toneladas de litio, que en el mercado actual tienen un valor de 1 millón 150 mil pesos cada tonelada.

En México eso podría representar, en estimaciones presupuestales, 4.5 veces el valor de la deuda externa, que implican 60 años de inversión presupuestal anual para el desarrollo de nuestro país con la generación de ingresos por 9 ó 10 billones de pesos anuales.

Y solicitó la comparecencia de la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Brenda Gisela Hernández Ramírez “para que dentro de sus facultades explique de forma amplia e inmediata los motivos por las que autorizó la venta multimillonaria de las concesiones otorgadas a empresas referentes a ese mineral estratégico”.

Hay que recordar que la COFECE es el órgano Constitucional autónomo del estado mexicano, que tiene su mandato establecido en el artículo 28 de nuestra constitución política “por lo que tiene la responsabilidad de vigilar, promover, garantizar la competencia y libre concurrencia en el país, para que los mercados funcionen eficientemente, en favor de los consumidores” remarcó el también presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta.

La Comisión de Reforma Agraria, que preside el senador Ángel García Yáñez, aprobó un dictamen para precisar, en la Ley Agraria, que el trámite de expropiación se tiene que realizar en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En las consideraciones del dictamen, las y los senadores explicaron que el artículo 94 de ese ordenamiento aún dispone que este trámite se debe realizar ante la Secretaría de la Reforma Agraria, pero esta dependencia ya está extinta.

Además, la reforma aclara que el monto de la indemnización correspondiente será determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y no por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.

García Yáñez dijo que el dictamen aprobado por unanimidad, con seis votos a favor, busca dar certeza jurídica y proteger los derechos a la propiedad, ante un caso de expropiación.

En el documento aprobado se destaca que, mediante el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del 2 de enero de 2013, se derogó a la Secretaría de la Reforma Agraria, cuyas facultades pasaron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, regulada por el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El capítulo IV de la Ley Agraria y sus subsecuentes artículos, regulan la figura de la expropiación cuando se trate de terrenos ejidales, y el artículo 94 vigente otorga la facultad de llevar el trámite a la Secretaría de la Reforma Agraria que se encuentra actualmente derogada desde 2013.

Del artículo 94 de la Ley Agraria, dijo Ángel García Yáñez, se desprende que, además de contemplar a la Secretaría de Reforma Agraria, también se considera a la desaparecida Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, el cual es el órgano competente para determinar el monto a indemnizar con motivo de la expropiación.

Por ello, subrayó, las y los senadores consideran conveniente armonizar dicho ordenamiento, a fin de generar certeza jurídica en esta materia.

En la sesión de este martes, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, tomó la protesta de ley correspondiente, como senador de la República, a Navor Alberto Rojas Mancera.

Rojas Mancera suple a Julio Ramón Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena, a quien la Asamblea le concedió licencia, en la sesión del 10 de febrero, para separarse de sus funciones legislativas.

Luego de la ceremonia, Sánchez Cordero invitó al nuevo senador a ocupar su escaño e incorporarse, de manera inmediata, a los trabajos legislativos.

Además, el Pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio por los periodistas que han perdido la vida en el país.

Este acto fue solicitado por la senadora de Acción Nacional, Gina Andrea Cruz Blackledge, al inicio de la sesión ordinaria.

Posteriormente, la presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso, luego de que senadoras del PAN y de Morena manifestaron diversas opiniones ara que se discutieran los puntos de acuerdo al inicio de la sesión, mientras intervenía la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, de Morena, como parte de la miscelánea parlamentaria.

El senador Alejandro Armenta Mier propuso modificar la Ley Agraria para que los ejidatarios, comuneros, avecindados, pequeños propietarios y todos los miembros del núcleo ejidal tengan la atribución de fomentar el cuidado, la conservación, así como el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales.

Además, explicó que artículo 100 de la Ley vigente establece que se puedan constituir sociedades civiles o mercantiles, asociarse con terceros, encargar la administración o ceder temporalmente el uso o el disfrute de sus bienes para su mejor aprovechamiento, por lo que es necesario precisar que esto debe ser con excepción de la tala de árboles desmesurada o actividades que pongan en riesgo el equilibrio ecológico.

Durante la sesión del pasado 10 de febrero, el legislador de Morena dijo que todos los que pertenecen al ejido son responsables de cuidad el medio ambiente y de proteger las tierras de la tala ilegal, pero se requiere que estén protegidos por la Ley.

En la iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Reforma Agraria, y de Estudios Legislativos, Armenta Mier planteó que el comisariado sea el encargado de vigilar que se cumpla el cuidado al medio ambiente en el desarrollo de sus actividades.

Además, no permitirá que personas ajenas a los ejidos dañen o se aprovechen de los recursos naturales que proporcionen estos espacios.

Por su parte, las juntas de pobladores podrían tomar acciones para cumplir con el cuidado de selvas, bosques y de todos los recursos que estén en sus tierras, así como de las zonas aledañas a ellas.

El senador refirió que, en México, existen 32 mil 154 núcleos ejidales, que abarcan cerca de 51 por ciento del territorio nacional, mismos que necesitan cuidados, limpieza y un tipo de poda específica para rejuvenecer dichos bosques y selvas.

Destacó que las comunidades indígenas y la población que habita en estos espacios conocen los cuidados que requieren para poder conservarlos y que continúen floreciendo, sin embargo, la legislación actual no les atribuye este derecho.

Para ellos, agregó el senador, siempre es importante el cuidado de las tierras, porque muchas de las veces éste es el único sustento familiar, por ello, realizan diversas actividades para su cuidando y mejoramiento.

En este sentido, asentó que es indispensable delegar estas facultades exclusivamente a los núcleos ejidales, ya que un manejo forestal comunitario conlleva mayores ventajas que una empresa forestal privada o una concesión forestal.

“Son obreros del planeta, guardianes del planeta, amantes verdaderos del cuidado de la tierra, de los bosques, de la selva y en este momento se encuentran preocupados”, expresó.

Con la finalidad de fomentar el valor, preservación y cuidado de la naturaleza, así como el aprendizaje en la subsistencia nutritiva y el cultivo de alimentos, el senador Alejandro González Yáñez propuso crear huertos escolares.

El legislador del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para reformar el artículo 30 de la Ley General de Educación, a fin de reforzar la enseñanza ambiental sostenible y asequible en el país, a través de huertos escolares.

González Yáñez manifestó que a medida que crece la preocupación por el daño ambiental y se incrementan los problemas de salud relacionados con la alimentación y la nutrición, el Estado tiene que encontrar soluciones a estos problemas.

La educación, la alimentación y el cuidado del medio ambiente, asentó, son ejes medulares para mejorar la calidad de vida, tal como lo especifica la Agenda 2030.

En el proyecto, que fue turnado a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, el senador destacó que los huertos escolares son esenciales para la promoción de la alimentación, la educación nutricional y el fomento de técnicas de subsistencia.

Incluso, agregó, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estableció que su principal objetivo es que las y los estudiantes aprendan sobre la siembra, cultivo y consumo de frutas, verduras, hortalizas y hierbas de olor.

Además, estás estrategias permitirían a los alumnos desarrollar capacidades agrícolas, que generen espacios de integración y convivencia entre la comunidad, y permitan mejorar los hábitos alimenticios de la población infantil, así como disminuir costos del servicio de comida en las escuelas beneficiadas.

González Yáñez asentó que actualmente ya hay algunos huertos escolares en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán, donde se cultiva jitomate, lechuga, brócoli, rábano, cilantro, chile, frijol, maíz y cebada.

Por lo que, subrayó, varios proyectos de esta naturaleza han influido en los huertos familiares, dando como resultado que no sólo niñas y niños aprendan sobre la agricultura, sino que las familias también lo hagan y que tengan una mejor alimentación.

El “cobro de piso” a productores agrícolas en Guerrero y Michoacán, por parte de grupos criminales, ha generado un incremento exacerbado en el precio del aguacate y el limón desde finales de 2021, situación que se agudizó en lo que va de este año, advirtió el senador Ricardo Velázquez Meza.

El legislador de Morena presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Guardia Nacional que, en un plazo no mayor a 15 días, informe al Senado los alcances de la estrategia para proteger a los productores limoneros y aguacateros del país.

Velázquez Meza dijo que los extorsionadores no sólo cobran cuotas en cada etapa de la siembra, sino que también imponen el precio de los productos “cantando” los montos a productores, cortadores, empacadores y transportistas.

Con esas advertencias, agregó, los campesinos no pueden bajar los precios, en parte por miedo a las represalias de los delincuentes, así como por la necesidad de obtener ganancias de sus cosechas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en diciembre de 2021 el limón registró un alza de 46.11 por ciento con respecto al mes previo y, en la valoración quincenal, subió 38.84 por ciento; en el caso de las papas y tubérculos el aumento asciende a 11.62 por ciento.

Esos cobros ilegales, agregó, hacen variar en demasía y de manera arbitraria los precios de los productos del campo, como en el caso del limón, que a principios de 2022 se vendía a 80 pesos y para mediados de enero, los supermercados lo ofertaron en 120 pesos.

Ricardo Velázquez advirtió que los productores aguacateros de los municipios de Tancítaro, Uruapan, Peribán, Los Reyes, Salvador Escalante, Tacámbaro, Ario de Rosales y Nuevo Parangaricutiro, también sufren extorsiones.

Dicha situación, expuso, derivó en el aumento de 230 por ciento de este producto de diciembre de 2021 a enero del presente año y, en consecuencia, se estima que el precio de este fruto pasó de 40 a 132 pesos, aproximadamente.

La exigencia de cuotas por parte del crimen organizado, en cada etapa del producto, ha provocado el abandono de parcelas, pues los montos que exigen los delincuentes van desde 500 hasta ocho mil pesos, dependiendo de la cantidad de la cosecha, subrayó.

El aumento de las extorsiones, a inicios del año, en contra de estos productores se debe a que la exportación hacia Estados Unidos también incrementa por la alta demanda derivada del evento deportivo del Super Bowl, que se celebra en el mes de febrero.

Sin embargo, afecta la imagen del agro mexicano y agrava el desabasto alimenticio nacional, concluyó el legislador en el punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública.