Categoría: Legislativo

• El daño psicológico y moral causado en la víctima, es el mismo como si se cometiera con un arma real.

La diputada María Guadalupe Román Ávila planteó reformar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para incluir en el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, los cometidos con un arma réplica.
En su propuesta enviada a la Comisión de Justicia, se menciona que el daño psicológico y moral causado en la víctima con estos artefactos, es el mismo como si se cometiera con un arma de fuego real.
Además, la utilización de esos objetos trae consigo un medio eficaz para que el delincuente logre su cometido y, aunado, tenga el conocimiento de actuar con un atenuante al enfrentar la justicia en caso de detención.
Precisa que si bien, la fabricación de estas armas está regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-161- SCFI-2003, “ésta debe ser perfeccionada con una prolija técnica legislativa, toda vez que se trata de una actividad que produce artefactos que pueden ser usados para cometer conductas delictivas y dejar graves secuelas psicológicas en las víctimas”.
En la actualidad, añade, la apariencia de un arma réplica es muy similar a la de una real, ya que la distinción entre una y otra pueden hacerla sólo expertos en armas. Esto implica que si bien las “armas réplica” no son letales, el efecto que provocan en el momento de cometerse un delito, es el de amenaza e intimidación y, por ende, el del sometimiento y afectaciones a la estabilidad emocional de la víctima.
Expone que se han generado muchas situaciones en donde los delincuentes que han cometido ilícitos a mano armada utilizando un artefacto réplica, se les deja en libertad por atenuar su conducta antijurídica, al no haber utilizado un arma de fuego real.
“Ante la diferencia punitiva que existe en la agravante de utilizar un arma de fuego real, la probabilidad de que el delincuente enfrente una sanción mayor por el delito que cometió es mínima y sobre todo que la prisión preventiva oficiosa es casi imposible que proceda, lo que hace que el infractor o delincuente reincida”, añade.
Advierte que la utilización de armas de réplica es más recurrente por adolescentes, lo que puede traducirse como un juego que sirve para iniciar a los jóvenes en la vida delictiva.
Puntualiza que la iniciativa adquiere mayor valor ante la evidencia de que se trata de objetos para ser utilizados potencialmente en delitos y del problema de inseguridad que aqueja al país. De ahí que sea oportuno establecer en la norma adjetiva penal la causa de procedencia para la prisión preventiva oficiosa, a los delitos cometidos con arma réplica.

• Las Comisiones Unidas de Energía, y de Puntos Constitucionales procederán a elaborar el dictamen.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, destacó los resultados de los foros del Parlamento Abierto para analizar y debatir la propuesta de reforma eléctrica, que será motivo de análisis en el proceso de dictaminación a cargo de las Comisiones Unidas de Energía, y de Puntos Constitucionales.
A través de un comunicado, el diputado presidente resaltó que se realizaron 25 foros que, además de interesantes, resultaron intensos y productivos, ya que participaron especialistas del sector eléctrico, asociaciones civiles, servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), académicos, científicos, gobernadores de diversas entidades federativas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como diputadas y diputados.
Destacó que durante los meses de enero y febrero se abordaron diversos ángulos de un tema tan relevante para el desarrollo del país como lo es la iniciativa reforma al sector eléctrico, que constituye un asunto de soberanía energética y de seguridad nacional.
Los foros organizados por la Cámara de Diputados tuvieron como característica la de ser difundidos por diferentes medios y de manera destacada por el Canal del Congreso, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), prensa, radio, televisión, portales digitales y redes sociales, en virtud del acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para cumplir el propósito de mantener debidamente informada a la ciudadanía.
Gutiérrez Luna puntualizó que el éxito del Parlamento Abierto, como un ejercicio de participación democrática, fue escenario de la expresión libre de las y los ponentes en cada una de las sesiones, en las que se escucharon voces a favor y en contra de la mencionada iniciativa, enviada al Congreso por el titular del Poder Ejecutivo.
Informó que este lunes se realizará la clausura del Parlamento Abierto, ceremonia a la que han sido convocados, entre otros invitados: presidentes municipales, gobernadores de los estados de la Federación, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
El legislador agregó que una vez concluido este ejercicio de participación democrática, las Comisiones Unidas de Energía, y de Puntos Constitucionales se centrarán en elaborar el dictamen que, en su momento, se pondrá a deliberación del Pleno.

• Pide reducir el tiempo para implementar mecanismos de protección a menos de 10 días después de levantada la denuncia.

“De los 150 periodistas asesinados del 2000 a 2021, solo se ha dictado sentencia en 6 casos. La impunidad sí influye en los niveles de violencia”, afirmó la diputada Amalia García quien en el contexto de acoso contra la prensa desde el poder y el clima de violencia en que viven presentó una iniciativa para que se implementen en menos de 10 días los mecanismos de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos para garantizar su labor y su libertad de expresión.
De acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras, durante el 2021 México fue uno de los países más peligrosos para el periodismo. La organización Artículo 19 ha contabilizado 31 periodistas asesinados por actividades relacionadas a su trabajo durante esta administración.
“Se propone que la protección del mecanismo sea pronta y expedita: los tiempos de respuesta son la diferencia entre la vida y la muerte. También, que las solicitudes de protección se consideren prioritarias. La evaluación del riesgo no puede tardar 10 días, sino 48 horas máximo. La implementación de medidas no debe ser después de un mes, sino de 10 días máximo. Tanto el gobierno federal como las entidades, deben destinar recursos para el ejercicio y libertad de la labor periodística”, puntualizó la diputada.
Frente a los ataques a la prensa desde las conferencias matutinas, la Bancada Naranja exhortó a actuar de manera urgente para combatir la impunidad de los delitos contra periodistas, hacer justicia y sentenciar a los responsables. Velar por la protección de las y los periodistas, y brindar medidas de protección efectivas e inmediatas es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno.

• Señalan que no pueden acceder a un crédito, un seguro o simplemente abrir una cuenta de ahorro.

Urge frenar, en el sistema financiero nacional, la discriminación por motivo de edad, y en este objetivo, la diputada del PVEM, Ciria Yamile Salomón Durán propuso que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sea la institución responsable de vigilar, promover, prevenir y corregir, toda práctica de exclusión que impide la seguridad económica de los adultos mayores.
En su propuesta sugiere un artículo 23 Bis a la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores, para incorporar a la CNBV, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), como institución encargada de vigilar que se cumpla el derecho a la inclusión financiera de este sector social, es decir, que tenga acceso a productos útiles y asequibles para satisfacer sus necesidades de transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguros.
“Nosotros no sólo enfrentamos los problemas propios del deterioro de la salud, la falta de empleo o el rezago tecnológico, sino que, además, somos objeto de discriminación, provocada por la nula orientación que existe en materia de educación financiera. Esto significa que, si eres una mujer adulta mayor, indígena y habitante de una comunidad rural, prácticamente estás condenada a vivir fuera del sector financiero”, reprochó Salomón Durán.
La diputada solicitó que la iniciativa de ley, presentada ante el pleno legislativo, se trabaje con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para enriquecerla y terminar con toda práctica de discriminación, ya sea por razones de edad, origen étnico, género o condición física, entre otras.
La propuesta mientras tanto, impone a la CNBV cuatro obligaciones puntuales: supervisar que las entidades del sistema financiero brinden los servicios de forma universal, oportuna y efectiva a los adultos mayores; vigilar la instrumentación de acciones que protejan sus derechos financieros; inspeccionar, prevenir y corregir las prácticas de discriminación y; garantizar que las entidades aseguradoras y afianzadoras proporcionen la cobertura de sus servicios sin distinción alguna.