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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca informó que un juez de control otorgó la prisión preventiva contra los presuntos asesinos del periodista Heber López, ocurrido pasado 10 de febrero del 2022, en el municipio de Salina Cruz.

A través de un comunicado explicaron que tras la audiencia realizada este domingo 13 de febrero, los sujetos identificados como R.G.R. y R.E.C. solicitaron la duplicidad del término constitucional, que fenece el próximo 18 de febrero del 2022.

Recordaron que los imputados fueron identificados como los probables responsables del delito de homicidio calificado contra Heberto López.

“Los probables homicidas fueron detenidos en flagrancia por policías municipales y fueron presentados de forma inmediata ante la autoridad judicial.”, apuntaron.

El pasado 10 de febrero del 2022, el periodista Heberto López fue asesinado a tiros de arma de fuego por sujetos armados cuando éste entraba a su domicilio, en el Barrio El Espinal del municipio de Salina Cruz, en Oaxaca.

El diputado federal, Santiago Creel, ofreció su apoyo para la defensa del periodista Carlos Loret de Mola, así como para el gremio que se haya visto difamado o perseguido por el Gobierno Federal.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el legislador del PAN afirmó que el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador al revelar el supuesto sueldo de Loret de Mola, es un abuso de funciones que pueden acarrear responsabilidades penales y ser denunciado ante la propia Fiscalía General de la República (FGR).

“No están solos”, aseguró y puso su experiencia y conocimientos a disposición de cualquier periodista o comunicador que lo necesite.

El también exsecretario de Gobernación, señaló que el atentar contra la libertad de expresión, no solo es algo grave sino un delito con consecuencias que puede costar al presidente López Obrador su legado como luchador social.

Detalló que el divulgar información privada sin el consentimiento de una persona como lo hizo AMLO en el caso de Loret de Mola violentó en primer lugar, su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución. Además de Artículos constitucionales como el 6º, que garantiza la libertad de expresión o el artículo 16º, que otorga el derecho a la intimidad y protección de datos personales, así como tratados internacionales sobre derechos humanos, civiles y políticos.

Creel Miranda añadió que también constituye faltas a múltiples leyes y códigos vigentes, pues aunque la información que expuso sobre el periodista no sea veraz, habría causado un daño moral y se puede proceder a un juicio de orden civil.

Creel recordó que tan solo en 2021 fueron asesinados siete periodistas, convirtiendo a México, por tercer año consecutivo, en el país más peligroso para la prensa, por encima de países como Afganistán; mientras que en dos meses que van del 2022, han sido ultimados cinco comunicadores.

Reconoció que aunque hay “violencia periodística” cometida por el crimen organizado, pero también de aquellos que han promovida odio y división entre el pueblo mexicano, acusando que hay un enojo contra aquellos periodistas críticos que han alzado la voz contra la corrupción y los malos resultados de este gobierno.

El panista expuso que el caso de Carlos Loret no es aislado, pues evocó que antes de él fue Carmen Aristegui y antes, muchos más, comentó.

Santiago Creel manifestó que así como él son muchos los abogados que pueden, sin más interés que la defensa de la libertad de expresión, ayudar a cualquier periodista o comunicador que haya sido acusado, difamado o perseguido por el poder público.

“No más atentado al periodismo”, apuntó.

Luego de que no asistiera a la audiencia inicial en la que debía comparecer de forma presencial por supuestos sobornos a cambio de aprobar la reforma energética en 2013, Ricardo Anaya, aseguró que no “no se va a dejar” y aseguró que Emilio Lozoya, quien hizo las acusaciones en su contra, “es un delincuente y un mentiroso”.

La defensa de Anaya solicitó un plazo razonable para justificar la inasistencia de su cliente, pero el Ministerio Público se opuso a la concesión de una prórroga adicional y el juez de control ordenó a la Fiscalía General de la República proceder conforme considere para garantizar la presencia del excandidato presidencial del PAN.

“Como lo he dicho, yo no me voy a dejar, pero tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar, horas y horas, de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que de hecho podría quedarse ahí más de 50 años, por ratero y por mentiroso”, dijo Anaya respecto a su ausencia de este 14 de febrero.

En un video compartido en sus redes sociales, Anaya Cortés acusó también que tenemos un gobierno que ataca opositores y defiende delincuentes.

La FGR busca imputar al panista por los delitos de operaciones con recursos de procedentes ilícita, asociación delictuosa y cohecho como parte de la trama de corrupción del caso Odebrecht, por presuntamente recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.

En el marco del Día del Amor y la Amistad, Anaya recordó que la principal responsabilidad del gobierno es garantizar la paz y la seguridad, y sostuvo que la estrategia presidencial de “abrazos, no balazos” no ha funcionado y se trata de una “completa locura”, lo cual fue advertido desde hace 4 años.

Al respecto, destacó que en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han reportado 103 mil muertos, más de 15 mil policías asesinados y 3 mil mujeres han sido víctimas de feminicidio, siendo el sexenio más violento en la historia de México moderno.

“Militarizar el país no es la solución, necesitemos policías profesionales, bien pagadas equipadas y supervisadas. Invertir suficientes recursos, pero con la necesidad de rendición de cuentas, el objetivo es clarísimo: vivir en paz, México lo merece”, concluyó.

Tras no presentarse a la audiencia en el Reclusorio Norte, el Ministerio Público calificó de “desafiante” la actitud de Anaya por no comparecer.

El panista fue denunciado por Emilio Lozoya Austin de ser uno de los ex legisladores que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética.

En medio de la reapertura de la una carpeta de investigación por presuntos actos de corrupción cometidos por el ministro Luis María Aguilar Morales, cuando fungía como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las investigaciones salpican también a una persona cercana al jurista, su secretaria particular: Martha Bertha Fernández.

Así lo refiere la periodista Lourdes Mendoza en su Sobremesa titulada “El poder detrás del trono en la SCJN”, en donde advierte que “quien también anda muy nerviosa es doña Berta”, quien ha acompañado al ministro desde que éste era magistrado de circuito.

Esta mujer ha colaborado con Aguilar desde 1988, cuando ingresó como secretaria del entonces magistrado, en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En abril de 1995, cuando Luis María Aguilar fue designado oficial mayor, ella siguió ocupando su puesto. Posteriormente, en octubre de ese año le dieron la plaza de coordinadora de asesores, cargo en el que estuvo hasta el 31 de mayo de 1999.

Bertha Fernández fue acompañando al jurista en su quehacer durante años, aunque pasó por otros cargos como coordinadora de áreas –de agosto de 2006 al 31 de noviembre de 2009–. En diciembre de 2009, fue promovida en la coordinación de la secretaría ejecutiva del pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aunque solo permaneció 15 días y se fue con Aguilar Morales, nuevamente como su secretaria particular.

Cuando Luis María Aguilar Morales asumió su cargo como presidente de la Corte, la mujer fue designada secretaria general de la presidencia, donde acumuló un “poder impresionante”, refiere Lourdes Mendoza, pues no solo realizaba funciones de la Corte, sino también en el Consejo de la Judicatura Federal, en el que la mayoría de los asuntos pasaban por su “visto bueno”.

Luego de que el ministro regresó a la ponencia, Fernández García sigue acompañándolo, con un cargo de secretaria de estudio y cuenta A (el más alto), con un sueldo mensual de 169 mil 435.44 pesos, sin que realice funciones del cargo, pues desde ese puesto, la funcionaria debería realizar proyectos de resolución; sin embargo, no existe ninguno con su nombre, ni tesis o jurisprudencias en las que haya participado.

Según registros citados por la periodista en su columna de El Financiero, la cercanía del ministro con su secretaria ha sido la de “la mano que mece la cuna”, dado que, afirma, ella controlaba todo, e incluso decidía que personas subían de puesto y a quienes se les pedía la renuncia.

“Fue la persona con más poder cuando Aguilar Morales estuvo en la presidencia de la SCJN; incluso era quien le presentaba el tema y después ella misma comunicaba la decisión y giraba las instrucciones respectivas”, refiere Mendoza.

Fuentes consultadas por la periodista refieren que las indagatorias de la FGR en contra de Luis María Aguilar Morales es por malos manejos, uso de prestanombres y adquisiciones de productos y servicios para la SCJN con tintes de corrupción, los cuales habrían ocurrido entre enero de 2015 y diciembre de 2018, cuando era presidente del máximo tribunal del país.

La dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero estaría buscando también abarcar con sus indagatorias la adquisición de productos y servicios para la SCJN, así como dinero encontrado en el vehículo de personal supuestamente ligado al ministro.

Cabe recordar que el 10 de enero de 2017, fueron hallados 3 millones 400 mil pesos en la cajuela de un automóvol estacionado afuera de la Judicatura Federal. Dicho monto fue confiscado a Francisco Javier Pérez Maqueda, quien en aquellos entonces era director general de Inmuebles y Mantenimiento del Poder Judicial.

Pérez Maqueda, quien fue inhabilitado (en 2019) por 20 años y obligado a pagar multas, se le acusó de haber liderado un esquema de corrupción institucional mientras el ministro Aguilar fungía como titular de la SCJN.

Además, siendo presidente de la Corte, se mandaron a construir salas orales donde no eran necesarias y a pesar de tener un costo de entre 50 y 100 millones, se reportaban gasto por 200 millones de pesos.

Las compañías aéreas deben estar obligadas a dar a conocer a los usuarios al momento de la compra del boleto, las indemnizaciones o compensaciones a la que serán acreedores, en caso de existir una demora o cancelación no notificada con anticipación, propuso el senador de Morena, Ricardo Velázquez Meza.

Tras reconocer el impacto negativo de la pandemia por Covid-19 en la economía del país, que afectó a casi todos los sectores productivos, incluidos al de la aviación, el legislador apuntó que las afectaciones alcanzaron también a los usuarios del transporte aéreo, quienes se vieron afectados en sus itinerarios de viaje.

“Si bien es comprensible que los contagios son, en cierto punto, casi inevitables y en algún momento todos habremos sido infectados, esto no exime de su responsabilidad a las compañías” de responder la demanda de los usuarios.

Al presentar un proyecto de reforma al artículo 47 Bis, fracción V de la Ley de Aviación Civil en México, Velázquez Meza reconoció que “un mal comportamiento de la economía nacional repercute en el sector aéreo, pero esta situación no fue exenta del rezago económico que se vivió durante el 2020 y 2021 en México, por la pandemia generada por el SARS-CoV-2”.

Explicó que las consecuencias económicas de la industria se vieron a finales del 2020, como consecuencia de la reestructuración de las aerolíneas, quienes redujeron personal, “cuestión que trascendió cuando un elevado número de personal, asistente o de tripulación, se contagió de Covid-19, por lo que tuvieron que aislarse, lo que provocó que las compañías se quedaran sin personal.

El senador acotó que esta consecuencia, más allá de generar un impacto negativo sólo en las aerolíneas, también se extendieron hacia los usuarios, “que vieron afectados sus itinerarios por no respetar los horarios previamente establecidos de vuelo y en algunas ocasiones, inclusive sufrieron cancelaciones de vuelo, notificadas minutos antes del abordaje”.

Por ello, expuso en el punto de acuerdo, las empresas de aviación tienen que estar obligadas a dar a conocer, por el personal de la compañía, las indemnizaciones o compensaciones al momento de realizar la compra del boleto.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que dialogará con todos los legisladores para reformar el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que los jóvenes que viven en el campo puedan trabajar en actividades agrícolas y evitar que “sean presa fácil de la delincuencia”.

En un mensaje que publicó en redes sociales, Monreal Ávila dijo que es necesario escuchar a los ciudadanos y sensibilizarse ante sus problemáticas. En ese sentido, dio a conocer que se reunió con jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, quienes le manifestaron sus necesidades, “las cuales llevaré al Senado”.

“Aquí, en San Quintín, hay un problema delicado con la Ley Federal del Trabajo, al igual que en el país, porque no se permite trabajar a jóvenes de 16 y 17 años, dado que se consideran actividades de alto riesgo o peligrosas”.

La queja de los dirigentes -advirtió-, es que esto ha permitido que los jóvenes sean presa fácil de la delincuencia, porque no pueden ser contratados por las empresas que hay en la localidad: en la empacadora, en la cosecha o en el cultivo.

“Y por esa razón nos hemos comprometido a platicar con todos los legisladores para modificar este artículo”.

“Tenemos que salir hacia el campo y hacia los lugares donde los legisladores necesitan escuchar y sensibilizarse frente a los reclamos ciudadanos”, manifestó el coordinador parlamentario.

El senador insistió en que es necesario modificar el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, para beneficio de los trabajadores, sobre todo de los jornaleros agrícolas y de sus familias.

San Quintín -destacó Ricardo Monreal Ávila-, es un ejemplo de organización y de colaboración entre empresarios y entre jornaleros.

“Aquí hay mucha gente de muchas partes del país que vinieron a trabajar, muchos se quedaron, y hay una gran expectativa de crecimiento, y los legisladores tenemos que ayudarles”.