QUITO, 10 nov (Xinhua) — Más de 2.600 personas fueron aprehendidas y 2,5 toneladas de droga decomisadas durante los 10 días de toque de queda que concluyó hoy martes en cinco provincias de Ecuador afectadas por la violencia criminal, informó el presidente Daniel Noboa.
En un mensaje publicado en redes sociales, acompañado de un video con imágenes de los operativos policiales y militares, el mandatario indicó que entre el 1 y el 10 de noviembre se ejecutaron más de 2.900 operativos de seguridad, más de 50 allanamientos y se retuvieron y recuperaron más de 750 vehículos.
Noboa también aseguró que durante las intervenciones fue desarticulada una facción de la organización criminal local «Los Lobos», cuyos integrantes fueron puestos tras las rejas.
«No hay tregua para los delincuentes», se señala en el video difundido por el mandatario, quien acompañó la publicación con un texto en el que afirmó que «entendemos lo que está en juego: la tranquilidad de nuestras familias».
El presidente agradeció a la ciudadanía por respaldar una lucha que, según escribió, «es de todos».
El toque de queda, dispuesto por el mandatario mediante el Decreto Ejecutivo 519, restringió la circulación entre las 00:00 y las 05:00, hora local, en las provincias de Guayas, donde se encuentra Guayaquil, la ciudad más poblada del país; Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, todas ubicadas en la región Costa.
La medida buscó reforzar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en esas jurisdicciones, donde persiste la violencia criminal, según el Gobierno.
Este fue el cuarto toque de queda decretado por Noboa en lo que va de 2026, después de las restricciones aplicadas en marzo, mayo y septiembre.
El mandatario ha recurrido en varias ocasiones a la declaratoria de estados de excepción y toques de queda, tanto de alcance nacional como focalizados en determinadas provincias, como parte de una estrategia de seguridad orientada a combatir el crimen organizado y hacer frente a la inseguridad.
Desde enero de 2024, el Gobierno de Noboa mantiene declarado un «conflicto armado interno» contra grupos criminales vinculados al narcotráfico, a los que ha calificado de «terroristas», en un contexto de una escalada de violencia caracterizado por ataques armados, secuestros extorsivos y asesinatos.
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