Por Thalía Fuentes Puebla
LA HABANA, 20 may (Xinhua) — La decisión de sectores políticos y judiciales estadounidenses de desempolvar un caso de hace 30 años para acusar a Raúl Castro, expresidente cubano (2008-2018) y líder de la Revolución Cubana, revela mucho más que una disputa legal pendiente si se analiza el trasfondo.
El movimiento llega acompañado por vuelos de vigilancia alrededor de Cuba, amenazas económicas, discursos sobre una eventual intervención y acusaciones sobre supuestos riesgos para la seguridad hemisférica. Todo apunta a una misma dirección: aumentar la presión contra un país que continúa fuera del control de Washington.
El contexto desmonta cualquier intento de presentar el tema como un asunto estrictamente judicial. Mientras medios estadounidenses informan sobre deliberaciones para llevar ante un gran jurado el caso de las avionetas derribadas en 1996, la Administración de Donald Trump endurece el cerco económico sobre la isla y multiplica mensajes de fuerza en el Caribe.
El propio diario The New York Times vinculó la situación cubana con el precedente venezolano y recordó que el procesamiento contra el presidente Nicolás Maduro sirvió de antesala para la operación que terminó con su captura en Caracas. ¿Casualidad? Cuando la Casa Blanca maneja los hilos, el azar deja de ser una variante en la mesa.
La señal política resulta evidente. No se trata de un líder histórico cubano de 94 años. Se trata de Cuba. Se trata de un país pequeño que resistió más de seis décadas de bloqueo, sanciones y amenazas sin aceptar las condiciones impuestas desde Washington. El expediente judicial funciona como otro instrumento de presión dentro de una estrategia que combina asfixia económica, aislamiento diplomático y construcción de narrativas sobre supuestos peligros regionales.
La nueva campaña sobre supuestos drones militares cubanos confirma esa lógica. Reportes divulgados por medios estadounidenses aseguraron que La Habana habría adquirido cientos de drones y que ha evaluado escenarios de uso contra objetivos estadounidenses en caso de una escalada militar en su contra.
La narrativa se deconstruye sola. ¿Acaso puede una isla, bloqueada, atravesando una crisis económica sin precedentes por esa misma asfixia, ser una amenaza para la mayor potencia militar del mundo? ¿Acaso no tiene Cuba, como cualquier otra nación, el derecho soberano de defenderse?
Esos cuestionamientos parten de un principio básico del derecho internacional: cada nación tiene derecho a proteger su soberanía frente a amenazas externas. Sin embargo, Washington intenta convertir cualquier capacidad defensiva cubana en una excusa para justificar nuevas presiones.
Cuba rechazó las acusaciones estadounidenses sobre supuestos planes militares relacionados con drones y aseguró que la isla «no amenaza ni desea la guerra». El Gobierno cubano ha acusado en repetidas ocasiones a Washington de construir un «expediente fraudulento» para justificar la presión económica y una eventual agresión militar contra el país caribeño.
El problema no son los drones. El problema no es Raúl Castro y un caso judicial pendiente desde hace tres décadas. El problema para Estados Unidos consiste en que Cuba conserve capacidad de resistencia política y militar después de más de 60 años de hostilidad en su contra.
Todas las calumnias contra Cuba y sus dirigentes forman parte de una política de desgaste calculado: el bloqueo de combustibles, las amenazas contra países que comercian petróleo con Cuba y las sanciones aplicadas entre enero y mayo. Detrás de cada acusación hay un plan de dominación. Así ha operado históricamente la fórmula aplicada por Washington en su intento de mantener la hegemonía global.
La narrativa contra Cuba y Raúl Castro tampoco surge en un vacío regional. Estados Unidos enfrenta dificultades en distintos escenarios internacionales y necesita reafirmar su control político sobre América Latina.
La isla caribeña vuelve entonces a ocupar el lugar histórico de enemigo útil para justificar despliegues militares, sanciones y discursos sobre la supuesta seguridad hemisférica. Cuba representa, para sectores de poder estadounidenses, un desafío simbólico: un país que sobrevivió al bloqueo más prolongado de la historia contemporánea sin renunciar a su soberanía política.
La presión también responde a intereses internos en Estados Unidos. Figuras republicanas del estado de Florida, como Ron DeSantis y Rick Scott, exigen acciones más agresivas contra La Habana, mientras sectores anticubanos mantienen influencia electoral dentro del Partido Republicano.
En la política no hay coincidencias. El recrudecimiento de las medidas contra Cuba funciona además como mensaje político para una base conservadora que durante décadas convirtió el tema cubano en bandera ideológica.
Ahora, el escenario actual se reinterpreta como una reedición de viejas fórmulas. Primero aparece la acusación. Después llegan las sanciones. Más tarde surge la amenaza militar. Aunque el patrón se repite desde hace décadas, no se puede obviar que una agresión contra Cuba tendría consecuencias regionales imprevisibles.
Washington insiste en presentar a la isla como una amenaza mientras mantiene un bloqueo económico que afecta al suministro de combustible, la energía, el financiamiento y el comercio exterior. La contradicción resulta evidente: el mismo poder que asfixia a Cuba intenta responsabilizarla por las consecuencias de esa presión. Bajo ese esquema, cualquier medida defensiva cubana se transforma en argumento para nuevas sanciones.
El caso contra Raúl Castro refleja entonces un objetivo más amplio y no busca resolver un hecho ocurrido hace tres décadas, sino reforzar una estrategia de intimidación contra un país que continúa fuera de la órbita política estadounidense. Washington todavía no acepta una realidad simple: Cuba no se doblega.
(Las opiniones expresadas en este artículo son de la autora y no reflejan necesariamente la postura de la Agencia de Noticias Xinhua)
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