Etiqueta: Tribunal de Disciplina Judicial

• “Es la única manera de contrarrestar la desconfianza hacia las instituciones y la impunidad”: Rufino H. León Tovar.
• El candidato al Tribunal de Disciplina Judicial indicó acciones para generar la participación ciudadana activa.

“La cultura de la legalidad se refiere a un conjunto de creencias, valores y actitudes que promueven el respeto y la observancia de las leyes como base para una convivencia ordenada y pacífica. Es un estado en el que tanto ciudadanos como autoridades aceptan que las normas legales son esenciales y actúan conforme a ellas, desde la vida cotidiana hasta la gestión pública”, dijo hoy Rufino H. Tovar, candidato al Tribunal de Disciplina Judicial.

El actual Magistrado Presidente de la Primera Sala en Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje aseveró que en un país como México, donde persisten desafíos como la desconfianza hacia las instituciones e impunidad, instaurar una sólida cultura de la legalidad “implica un esfuerzo integral y a largo plazo”.

Para el Magistrado se requiere educación ciudadana desde temprana edad, fortalecimiento institucional  y participación ciudadana activa.

También indicó que es muy importante la difusión en medios de comunicación. “Utilizar campañas mediáticas para sensibilizar a la población sobre la importancia de respetar las normas, así como los beneficios sociales y económicos que trae un sistema legal sólido es crucial”, aseguró Rufino H. Tovar.

En la cultura de legalidad son importantes dos acciones mencionó el Magistrado: Tolerancia cero a la corrupción y acceso a la justicia.

Según el jurista, “ambas acciones deben estar entrelazadas. No basta con implementar una medida aislada. La confianza en la legalidad surge cuando la ciudadanía ve resultados consistentes, observa que la ley se aplica por igual a todos y percibe que las normas promueven el bienestar común”.

Según Rufino H. Tovar, un candidato al Tribunal de Disciplina Judicial podría desempeñar un papel crucial en la promoción de la cultura de la legalidad mediante acciones concretas que refuercen la confianza en las instituciones judiciales y fomenten el respeto a las leyes.

Entre estas acciones propone: promover la integridad y la transparencia, sanciones ejemplares a la corrupción judicial, capacitación continua en ética judicial, fortalecer la rendición de cuentas y la proximidad con la ciudadanía.

Asimismo, aseguró que incorporar tecnología e innovación permite monitorear y auditar los procesos judiciales en tiempo real, lo que asegura que las resoluciones disciplinarias se ajusten a principios de imparcialidad y objetividad.

Rufino H. León dijo que defender la independencia judicial es vital. Es garantizar que el Tribunal de Disciplina Judicial sea autónomo y no esté influenciado por intereses externos, lo que consolidará la percepción de justicia imparcial y legítima.

Estas acciones, alineadas con un discurso claro y enfocado en la transparencia y el servicio a la ciudadanía, pueden ser fundamentales para fortalecer la cultura de la legalidad en México, concluyó.

 

 

 

Por Rufino H León Tovar, Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

“Bajo un gobierno que encarcele a alguien injustamente, el sitio adecuado para una persona justa es también la cárcel”. Henry David Thoreau.

Democratizar la justicia no es una utopía. El Tribunal de Disciplina Judicial es el primer paso para garantizar que sin importar el género, condición económico-social, credo, orientación sexual u origen de las personas, puedan tener una justicia imparcial, pronta, expedita y gratuita como ordena la Constitución.

La reforma judicial vigente a partir de septiembre de dos mil veinticuatro, contempla la existencia de un órgano encargado de investigar y en su caso sancionar a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia Nación, cuando en el ejercicio de sus funciones no adminsitren correctamente la justicia, retarden las sentencias de manera injustificada o incurran en actos de corrupción.

Un tribunal autónomo, independiente y especializado que supervise y sancione las conductas irregulares de los integrantes del Poder Judicial, garantizará una mayor transparencia e imparcialidad en la administración de justicia y tendrá un impacto positivo en la disminución de prácticas corruptas dentro del sistema judicial mexicano.

México tiene una deuda histórica con la sociedad en la impartición de justicia, sobre todo con las personas que menos tienen. El Tribunal de Disciplina Judicial será el garante del respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, a fin de hacer realidad el estado de derecho y poniendo al centro de la función jurisdiccional la dignidad de las personas, para lograr que en nuestro país impere la ley por encima de privilegios.

La tutela de los derechos fundamentales requiere el establecimiento de nuevas formas de impartir justicia, sin excesivos formalismos ni requisitos procedimentales que hagan más tortuosos los procesos; requiere tambien poner en práctica mecanismos claros, imparciales y transparentes para que las sentencias resuelvan de manera integral el asunto planteado, pero sobre todo, que se cumplan der manera cabal.

Esta idea de  justicia exige que el órgano encargado de vigilar el desempeño de los  juzgadores esté integrado con personas idóneas que posean los conocimientos, valores, ética, sensibilidad y honestidad para el desempeño de su función; pero tambien, exige que se  implemente un proceso permanente de capacitación y programas preventivos de conductas irregulares.

El Tribunal de Disciplina Judicial tiene como misión velar por el respeto irresticto a las normas y principios del servicio público y de la carrera judicial a cargo de todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, mediante la aplicación de criterios, parámetros y prácticas de fiscalización homogéneos y uniformes que den certeza y celeridad a la investigación, sustentación y resolución de los procedimientos de responsabilidad, con apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales.

La elección del próximo primero de junio otorga una oportunidad a todos los mexicanos para elegir como Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial a las personas que posean la maduréz, los conocimientos y la experiencia necesarios, pero además, quienes demuestren que en su desempeño público o privado han actuado con rectitud, profesionalismo, honestidad, lealtad, institucionalidad, liderazgo y capacidad de organización.

Llegó el momento de pagar a los mexicanos una deuda histórica de justicia.

• Al Tribunal de Disciplina Judicial deben llegar sin escándalos previos: IA
• 76% de los actuales candidatos no tienen escándalos mediáticos

Los ex Magistrados se la Suprema Corte que ahora aparecerán en las boleteas de selección del 1 de junio, no tienen posibilidades de pertenecer al Tribunal Judicial por escándalos mediáticos durante su gestión, vaticina la Inteligencia Artificial.

Microsoft Copilot, ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic, Siri y Alexa, Watson de IBM, Google Assistant y BERT de Google coinciden que los escándalos limitan “en gran medida” que se consideren candidatos serios a ex Magistrados porque “se afecta la percepción pública de la integridad e imparcialidad del candidato”.

Así, la IA considera que las actuales magistradas Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf entran al proceso con altas deficiencias que comprometen la confianza pública, transparencia y responsabilidad, imparcialidad, legitimidad del sistema judicial e impacto en decisiones futuras.

Lenia Batres Guadarrama se involucró en diversas controversias mediáticas como éstas:

Intentó que su nombre apareciera en las boletas de las elecciones judiciales con el apodo de «La ministra del pueblo». Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó su solicitud, argumentando que los sobrenombres representaban propaganda electoral.

Durante una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cometió un error al leer uno de los puntos de la sesión plenaria, lo que llevó a la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña a hacer una aclaración pública.

Lenia Batres ha sido acusada de nepotismo debido a su relación con su hermano Martí Batres y su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo,  Batres fue foco de atención cuando se hizo viral un video en el que insultaba a una de sus vecinas por unas plantas. Además, fue acusada de tener un adeudo de renta, lo cual ella negó y procedió legalmente por difamación.

Por su parte Yazmín Esquivel Mossa enfrenta el caso de plagio de su tesis de licenciatura. En diciembre de 2022, el investigador Guillermo Sheridan reveló que la tesis de Esquivel Mossa, presentada en 1987, era casi idéntica a una tesis presentada un año antes por Édgar Ulises Báez Gutiérrez. Este escándalo generó una gran controversia y cuestionamientos sobre su integridad académica.

Además, Esquivel Mossa fue acusada de utilizar su influencia para frenar la investigación sobre el plagio. En 2023, logró que un juez declarara que ella era la única autora de su tesis, pero la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuestionó la legalidad del proceso y continuó con su investigación.

Esquivel Mossa, asimismo,  plagió su tesis de doctorado presentada en 2009 en la Universidad Anáhuac. De las 456 páginas de su tesis, 209 fueron copiadas de trabajos publicados anteriormente por otros 12 autores.

Estos eventos han afectado la percepción pública de Yasmín Esquivel Mossa y generan debates sobre la ética y la transparencia en el ámbito judicial.

Por su parte, Loretta Ortiz Ahlf se pronunció en contra de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, según ella, excedía los límites constitucionales al ampliar las facultades de la SCJN en materia electoral.

En 2024, Ortiz Ahlf denunció que recibió una oferta del grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego para gestionar su imagen pública antes de asumir su cargo en la SCJN, lo que consideró un intento de soborno. Elektra, la empresa de Salinas Pliego, respondió tachando de «mentirosa» a Ortiz Ahlf y sugiriendo que sus declaraciones formaban parte de una estrategia política.

Durante una ponencia en Jalisco, Ortiz Ahlf desplegó un espectáculo de retórica y autoelogio, defendiendo la reforma judicial con condescendencia y certeza dogmática. Su discurso generó críticas y controversias entre los asistentes.

¿Quiénes carecen de escándalos mediáticos previos?

Entre los candidatos a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial, sólo 4.76% carecen de escándalos mediáticos previos, aunque muchos de ellos carecen de experiencia judicial y proceden del ámbito académico y de la Iniciativa Privada. Destaca por ello el caso de Rufino H. León Tovar que posee 30 años de experiencia y no cuenta con algún escándalo mediático que comprometa su buen nombre. Es el actual Magistrado Presidente de la Primera Sala en Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

La IA destaca que su candidatura ha sido seleccionada por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, y él mismo expresa la importancia de una justicia más accesible y comprensible para las personas.

• Mediáticamente el de mejores calificaciones es Rufino H. León Tovar
• Destaca la experiencia en tres de ellos
• El 87% no logra exhibir imparcialidad de personajes políticos o grupos de poder controvertidos.
• Historias negras en muchos de ellos.

El 87% de los candidatos al Tribunal de Disciplina Judicial Federal carecen de experiencia o de imparcialidad al relacionarlos con personajes o grupos de poder.

Algunos de los mejor posicionados en la opinión pública incluyen a José Artemio Zúñiga Mendoza, participante en casos de alto perfil, como el de Emilio Lozoya, Rufino H. León Tovar que tiene más de 30 años en la administración pública que gana reconocimiento y apoyo dentro de ciertos sectores e Indira Isabel García Pérez con experiencia previa como titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de Colima.

José Artemio Zúñiga Mendoza fue investigado por presuntamente colaborar con el exministro Arturo Zaldívar y ceder a presiones para dictar sentencias a modo. También fue reasignado de su puesto como juez de control en el caso de Emilio Lozoya, lo que generó cierta controversia.

Isabel García Pérez tiene algunas quejas relacionadas con su actuación en Colima. En 2017, se presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima por presuntas violaciones a los derechos humanos de trabajadores del Ayuntamiento de Tecomán, quienes alegaron que fueron señalados públicamente sin haber sido oídos ni vencidos en juicio.

Rufino H. León es el que mayor experiencia e imparcialidad muestra en su carrera judicial.

Entre los candidatos se exhibe “el beso del diablo” o contraproducente cercanía de algunos candidatos con personajes no honorables según la opinión pública.

Así se vinculan a Arturo Saldívar Jaime Santana Turral y José Antonio Zúñiga Mendoza. Jaime Santana Turral está involucrado en controversias relacionadas con su cercanía al exministro Arturo Zaldívar. Se le  acusa de utilizar su posición para presionar a jueces y magistrados entre 2019 y 2023. Además, fue mencionado en el contexto de la revisión del proceso penal del exalcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, lo que genera críticas sobre su imparcialidad.

José Antonio Zúñiga Mendoza, conocido como «Presunto Culpable,» fue protagonista de un documental que expuso las fallas del sistema penal mexicano. Fue acusado injustamente de homicidio y pasó más de dos años en prisión antes de ser absuelto. El documental generó una gran controversia y debate sobre la justicia en México.

Celia Maya, por su parte, está vincilada al ex presidente Manuel López Obrador. Está involucrada en algunos escándalos mediáticos a lo largo de su carrera. Uno de los más destacados ocurrió en 2021, cuando fue candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena. Durante su campaña, se enfrentó a manifestaciones y críticas internas dentro de su propio partido.

Es criticada por su desempeño como magistrada y por su cercanía con ciertos grupos políticos.

Juan Pedro Alcudia, Consejero Jurídico del Gobierno de Campeche, estuvo involucrado en un escándalo mediático relacionado con la violación de una suspensión provisional otorgada a policías en Campeche. Se le acusa de haber amenazado y hostigado a los policías que obtuvieron la suspensión condicional para que el Gobierno Estatal dejara de amenazarlos. Este caso generó controversia y fue denunciado ante un juez federal.

Miguel Ángel de los Santos Cruz, por su parte, estuvo involucrado en varios escándalos mediáticos. Uno de los más destacados es su desempeño como síndico del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, donde fue acusado de mal uso de recursos públicos y de tener cuentas pendientes con la Auditoría Superior del Estado. Además, fue señalado por actitudes misóginas y por violentar los derechos políticos de una de sus compañeras regidoras.

Por su parte, Emmanuel Montiel Flores, del Tribunal Electoral de Tlaxcala, es apodado «El ángel de la justicia». Generó controversia cuando intentó usarlo en la boleta electoral para las elecciones judiciales. Además, es mencionado en el contexto de un amparo indirecto promovido en contra de un agente del Ministerio Público en Tlaxcala.