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Es prioritario incrementar el número de inspectores ambientales, particularmente en Nuevo León, a fin de que puedan desempeñar de manera óptima las labores de verificación de los niveles de emisiones de contaminantes de las industrias, expresó el senador Víctor Fuentes Solís.

Por lo anterior, el legislador de Acción Nacional pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente detener el recorte de inspectores en esa entidad federativa y que incremente, de manera proporcional, el número de elementos para estas revisiones ambientales.

Fuentes Solís también solicitó a esa Procuraduría que destine los recursos técnicos y humanos, en las 32 entidades federativas, para cumplir con las inspecciones de cuidado y protección de los ecosistemas.

En el punto de acuerdo, que se turnó a la Primera Comisión de la Permanente, expuso que la PROFEPA cuenta con apenas 10 inspectores en Nuevo León, encargados de vigilar las emisiones de la industria regulada por la Federación que, de acuerdo con el inventario estatal, son las que más contaminan el aire.

De 2018 a 2022, los inspectores federales acreditados tuvieron una reducción del 11.65 por ciento, pues pasaron de 489 a 432 a nivel nacional, según datos publicados a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lo anterior, explicó el senador, se debe a que la institución sufrió un recorte de personal en todas sus áreas y de los veinte inspectores con los que contaba sólo quedaron la mitad para atender las denuncias y llevar a cabo las labores en toda la entidad.

Refirió que la industria química y del vidrio en Nuevo León son las responsables de 30 por ciento de las emisiones de partículas pequeñas de 2,5 micrones o menos de diámetro y, de acuerdo con la PROFEPA, el municipio de Cadereyta aporta 80 por ciento del dióxido de azufre y el 16 por ciento de las partículas mencionadas, las cuales provienen del sector petrolero y la petroquímica.

En ese sentido, Víctor Fuentes también pidió al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a que remita al Congreso de la Unión un informe detallado que comprenda del año 2017 a la fecha, sobre las empresas que emiten mayores contaminantes atmosféricos en Nuevo León.

Con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad de los espectadores en los eventos deportivos de carácter masivo, el diputado Javier Joaquín López Casarín (PVEM) impulsa una iniciativa que adiciona un artículo 144 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Plantea que la Comisión Nacional del Deporte y la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte elaborarán y expedirán una Norma Oficial Mexicana donde se señalen los requisitos y protocolos de seguridad que deberán cumplir los organizadores de estos eventos.

Además, indica que para la realización y autorización a nivel local de eventos deportivos de carácter masivo, los organizadores deberán contar con la certificación de la Norma Oficial Mexicana.

Las instalaciones donde se lleven a cabo eventos deportivos de carácter masivo deberán contar con un análisis de gestión de riesgos, procedimientos de comunicación e inteligencia semántica en redes sociales con sistemas de videovigilancia integral en su interior y en la zona perimetral de las mismas, añade.

Asimismo, los organizadores son responsables del establecimiento de los controles biométricos necesarios para la identificación y reconocimiento de los espectadores. La venta de alimentos y bebidas deberá realizarse en las colindancias del estadio y llevarse a cabo únicamente en lugares predefinidos para esta actividad, de acuerdo con el análisis de riesgo y la normatividad que para tal efecto se expida.

El documento, remitido a la Comisión de Deporte, señala que en los últimos meses se han dado lamentables sucesos relacionados con la violencia dentro de instalaciones deportivas de futbol.

“Aunque este fenómeno no es nuevo, lo cierto es que cada vez más se generalizan y recrudecen los efectos de esta violencia, en perjuicio directo de todas las actividades económicas relacionadas, los empleos directos e indirectos, los espectadores y sus familias y de la imagen de los equipos, lo cual afecta la seguridad en los estadios y sitios en donde se llevan a cabo eventos deportivos masivos”, precisa.

Se calcula que 78 por ciento de los mexicanos son aficionados a este deporte y el futbol es una actividad económica tan importante que se le considera una industria que genera más de 190 mil empleos y una derrama superior a los 25 mil millones de pesos anuales, subraya.

Destaca que en 2026 México será anfitrión, junto con Estados Unidos y Canadá, del primer mundial de futbol que se llevará a cabo a escala regional. En México se estima un máximo de 10 partidos de acuerdo con la infraestructura requerida por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y la existente en estos momentos. Para cumplir con este desafío, “México requiere estar a la altura en infraestructura, medios de transporte, hotelería y, por supuesto, seguridad”.

Por ello, resalta, es indispensable establecer medidas de seguridad más eficientes para garantizarle a la población la protección de su integridad, favoreciendo, al mismo tiempo, su desarrollo económico, a fin de reducir los niveles de riesgo para los espectadores por incidentes de violencia.

Las y los senadores que integran el Grupo Plural presentaron una iniciativa a la Comisión Permanente para reformar la Ley General de Educación, a fin de que cada plantel educativo cuente con un consejo de estudiantes, conformado mínimo por dos alumnos de cada grupo escolar, y se garantice la representación igualitaria de las y los menores.

Además, propusieron que la Secretaría de Educación Pública establezca un convenio de colaboración interinstitucional con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para construir junto con las y los educandos los lineamientos correspondientes para la conformación de los consejos estudiantiles.

Las senadoras Adriana Jurado Valadez, Nancy de la Sierra Arámburo y Alejandra León Gastélum; y los senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria, Gustavo Madero Muñoz y Germán Martínez Cázares, destacaron que con estas modificaciones se busca garantizar los derechos plenos a la participación, asociación y protección integral dentro del Sistema Educativo Nacional.

Para lo cual, dijeron, el Estado tiene que priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, a la ciudadanía participativa sin discriminación y al libre desarrollo de su personalidad.

Para tal efecto, subrayaron, se debe impulsar el desarrollo de políticas públicas, programas y mecanismos institucionales que hagan efectivo el principio constitucional del interés superior de la niñez.

En el proyecto, que se turnó a las comisiones unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, las y los legisladores sugirieron que el objetivo principal de los consejos sea informar, opinar y proponer mejoras al diseño y aplicación de los planes de estudio para el máximo logro del aprendizaje.

Además de que sesionen, como mínimo una vez al mes a fin de participar en la organización de las cooperativas escolares y el destino de los recursos que se obtengan de éstas.

Los consejos de las y los educandos, plantearon los legisladores, deben comunicar y participar en las actividades culturales, recreativas y artísticas de los planteles educativos, así como proponer soluciones no violentas de conflictos que se generen entre los alumnos, y promover, en todo momento, la cultura de paz en la escuela y en la comunidad.

Las y los senadores expresaron que la autoridad educativa certificará que las personas estudiantes tengan representación significativa en los Consejos de Participación Escolar, la cual no podrá ser menor al 25 por ciento de la composición de éstos.

El proyecto destaca que la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes permitirá que el educando reciba información adecuada y efectiva para construirse una opinión propia, para poder contar con los medios institucionales adecuados para expresar sus puntos de vista, pensamiento crítico y propuestas de cambio.