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En conferencia de prensa desde San Luis Potosí, el Sen. Dante Delgado, coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano; el Sen. Clemente Castañeda, coordinador de la Bancada Naranja en el Senado de la República, así como Eugenio Govea, coordinador de la comisión operativa estatal, anunciaron la incorporación del Senador Marco Antonio Gama Basarte a la fracción parlamentaria en la Cámara Alta.

En su mensaje Dante Delgado, reconoció la trayectoria y el trabajo legislativo del Senador Marco Antonio Gama, por lo que, dijo, fue lo que les motivó a formularle la invitación de incorporarse a la Bancada Naranja, “en Movimiento Ciudadano estamos trabajando con un ánimo de construir un esfuerzo incluyente en el que el realineamiento de las fuerzas políticas del país, permita consolidar una estrategia de carácter electoral a fin de cimentar el proyecto que ganará la presidencia de la República en el 2024”, señaló.

El coordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República, Sen. Clemente Castañeda, manifestó que Movimiento Ciudadano está en un proceso de crecimiento y al mismo tiempo de construcción política a lo largo y ancho del país y agregó que la invitación que le hacen al Senador Marco Gama, obedece a una serie de pláticas y reflexiones previas, así como de coincidencias en la posibilidad de construir un futuro distinto para San Luis Potosí y para México. “Nosotros vemos en el Senador Marco Gama a un hombre que ha mantenido siempre la vertical, que ha sido un fiel defensor de las causas de la gente, con el que tenemos muchísimas coincidencias de carácter programático, hemos tenido oportunidad de trabajar en el Senado de la República, de compartir causas, de compartir batallas con la firme convicción de que, desde la Cámara de Senadores, podemos seguir fortaleciendo el bloque de contención que ha permitido frenar aquellas propuestas incoherentes y ocurrencias que han sido planteadas por la Presidencia de la República, y que han encontrado en la firmeza de este bloque de contención, muchísima firmeza, fortaleza y convicción”, indicó.

El senador Marco Antonio Gama, al aceptar y agradecer esta invitación, expresó que se suma a Movimiento Ciudadano porque tienen un trabajo claro y definido por el país y por SLP, indicó que se encuentra firme en este proceso, de adherirse a la Bancada Naranja, “sin duda en San Luis Potosí y en México, el futuro es naranja”, subrayó.

Cabe señalar que con esta incorporación a la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, la Bancada Naranja contará ya con nueve senadores. En esta conferencia de prensa estuvieron presentes, la diputada Emma Saldaña; la excandidata a la gubernatura del estado, Marvely Costanzo; el diputado Mauricio Ramirez Konishi; el exsecretario del Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz, Oscar Patiño, la exdiputada Josefina Salazar Báez; así como el presidente del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano, Pablo Gil Delgado.

El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados sobre la figura de “crédito de nómina con cobranza delegada” resulta en extremo ventajoso para las entidades financieras, en detrimento de los derechos laborales que históricamente han conseguido los trabajadores

Así lo consideró el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien confirmó que la mayoría legislativa en el Senado, si bien siempre está abierta al diálogo y al intercambio respetuoso de ideas, actuará en esta ocasión aún con más cautela.

Por ello, agregó el legislador, se revisarán de manera pormenorizada los supuestos y las consecuencias jurídicas, sociales y económicas de la minuta. “No vamos a precipitar la discusión, ya que debemos conducirnos con plena responsabilidad, en beneficio de la sociedad”.

“Respetamos el trabajo legislativo de la Cámara de Diputados, y por eso buscaremos reunirnos con sus integrantes, para generar los acuerdos y consensos necesarios, a fin de dotar a las y los trabajadores de un sistema jurídico que fortalezca su patrimonio”.

En un artículo que publicó en su página oficial, Monreal Ávila recordó que el 18 de febrero de 2021, el Senado aprobó el proyecto para establecer la figura jurídica del “contrato de crédito con cobranza delegada”, cuyo propósito original fue impulsar la inclusión de la población de menores recursos en el sistema financiero.

La reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito -avalada por los senadores-, buscaba garantizar el acceso a productos y servicios bancarios adecuados a este sector de la población, como cuentas de depósito y ahorro, servicios de pago, préstamos y seguros.

Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto con más de 90 modificaciones, que será devuelto a la Cámara de Senadores para su análisis y discusión.

Entre los cambios de las y los diputados, está el que pueda ser materia de “libranza” el pago fraccionado o a plazo de primas por pólizas de seguros u otros servicios financieros.

Se trata de una figura que no contempla la Ley Federal del Trabajo, pero que, al encontrarse en el proyecto, se institucionalizaría de manera irrevocable, y su aplicación haría posible que, desde antes de recibir su salario, al trabajador o la trabajadora se le aplicara un descuento, correspondiente al importe del pago de los créditos por ley.

“Dejar la libranza con ese carácter sería una medida que limitaría totalmente la posibilidad de que las y los trabajadores cambiaran de institución o tipo de crédito, si éste ya no les resultara conveniente, o bien, que pudieran encontrar otro esquema de refinanciamiento más benéfico”.

El proyecto aprobado por la colegisladora -continuó Monreal-, tiene como finalidad disminuir los riesgos de no pago de créditos, pues las y los trabajadores van a instruir, a través de libranza, a los empleadores para que dispongan de las fuentes de pago a que tengan derecho, a efecto de realizar en su nombre y cuenta uno o varios pagos parciales y periódicos o el pago total del crédito.

Para esos efectos, la persona acreditada deberá otorgar su consentimiento expreso e irrevocable.

Además, propone reforzar el modelo anterior, determinando que el cliente deberá expresar que “entiende y reconoce las consecuencias de una libranza irrevocable y que está en aptitud y libre voluntad de aceptarlo, para darle todas las oportunidades de evaluar y tomar la mejor decisión a sus intereses”.

Ello, sin que exista de por medio un mecanismo legal y objetivo a través del cual se garantice que, efectivamente, las y los trabajadores conocen y aceptan las consecuencias jurídicas de este tipo de actos, “lo que resulta en extremo ventajoso para las entidades financieras”, advirtió el senador.

Como es notorio, acotó Ricardo Monreal, “estas modificaciones no redundan en un beneficio para la clase trabajadora; representan una lesión, un menoscabo a los derechos laborales que históricamente fueron conseguidos a través de diversas luchas sociales”.

Basta recordar que el artículo 98 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios y que, por tanto, cualquier mandato o medida que desvirtúe este derecho será nulo.

Por otra parte, el artículo 99 del mismo ordenamiento señala que el derecho a percibir el salario es irrenunciable, como lo es igualmente el derecho a recibir los salarios devengados.

Y el artículo 112 de la misma legislación puntualiza que los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo en el caso de las pensiones alimenticias.

Ricardo Monreal mencionó que México cuenta con un sistema bicameral, que permite examinar y revisar los proyectos de ley o las iniciativas que aprueba la colegisladora.

Ello, para “interponer un bloqueo temporal hasta que la opinión pública nacional se exprese en torno a los proyectos aprobados que pudieran atentar contra los principios constitucionales o que introduzcan nuevos en la legislación del país”.

Ante la desigualdad económica, las barreras de género y los datos que ponen en evidencia la brecha en materia de salud entre hombres y mujeres, consideramos que la Ley del Impuesto Sobre la Renta debe dar un tratamiento fiscal específico para las mujeres mexicanas: deducir gastos en tratamientos preventivos y  gastos para la compra de medicamentos adquiridos en farmacias, aseguraron los legisladores del Partido Verde en el Senado de la República.

Las senadoras Gabriela Benavides Cobos, María Graciela Gaitán Díaz, Alejandra Lagunes Soto Ruíz y los senadores Raúl Bolaños-Cacho Cué, Rogelio Israel Zamora Guzmán, en compañía de su coordinador, Manuel Velasco Coello, especificaron que actualmente la miscelánea fiscal no considera los gastos referidos anteriormente, como materia para deducciones.

Por ello, plantearon reformar la Ley fiscal para que las mujeres puedan deducir los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación de enfermedades propias de su género.

Contemplan que la Secretaría de Salud y el Servicio de Administración Tributaria sean quienes emitan una miscelánea fiscal para que especifiquen cuáles serán los gastos y pagos por deducir. Asimismo, se propone que haya mayor información a través de campañas por medios públicos para que la gran mayoría de las mujeres pueda aprovechar este beneficio fiscal.

Con esta medida estaremos coadyuvando a minimizar los impactos negativos en los ingresos de las familias mexicanas, disminuyendo las tasas de mortalidad de las mujeres al poder realizar diagnósticos y tratamientos oportunos, así como fomentar su ingreso a la economía formal.

De acuerdo con información del INEGI, sólo el 75 por ciento de la población tiene acceso a la seguridad social, lo cual significa que poco más de 31.5 millones no tienen acceso a servicios de salud, por lo que se infiere que millones de mujeres no cuentan con servicios médicos públicos y tiene que acudir a servicios médicos privados.

Estas cifras se vuelven aún más relevantes al conocer que de los 35 millones de hogares, 10 millones son encabezados por mujeres, según datos de la Conapo.

“La realidad de las mujeres mexicanas nos llaman con urgencia a implementar mayores medidas y acciones para coadyuvar a la eliminación de todas estas brechas económicas y sociales, máxime en esta situación de crisis sanitaria que ha generado desempleo y la pérdida de fuentes de ingreso de las familias mexicanas”, concluyeron.

El panorama económico para las familias mexicanas no es alentador, pues los precios de alimentos, gasolinas, gas, electricidad y productos básicos siguen en aumento, sin que haya una estrategia o política pública del Gobierno federal para aminorar los efectos de las crisis en los bolsillos de los ciudadanos, alertó el coordinador de las senadoras y los senadores del PAN, Julen Remetnería del Puerto, y afirmó que los programas sociales no bastan, son insuficientes.

“Es cierto que enfrentamos una crisis económica de alcance mundial, que se originó por el Covid-19 y se agudizó por la invasión rusa a Ucrania, pero que se ha agravado porque el gobierno del presidente López Obrador se encuentra pasmado, cruzado de brazos, totalmente rebasado”, sentenció.

El senador por Veracruz dijo que el PAN está dispuesto a trabajar en conjunto para encontrar soluciones, pero cuestionó si el Gobierno seguirá con la sordera y la ceguera ante esta terrible situación o van a aceptar que se necesitan medidas extraordinarias para esta situación extraordinaria.

“¿Van a dejar a un lado la soberbia y nos vamos a poner a trabajar juntos en las soluciones? Nosotros en Acción Nacional estamos dispuestos a hacerlo. Ojalá también el Gobierno federal lo entienda y esté dispuesto a trabajar en ese esfuerzo”, insistió.

Una vez más, indicó, la realidad supera los datos del Presidente, ya que no llegaremos al 6 por ciento de crecimiento que prometió, ni al 4, ni al 2 porque este Gobierno se ha encargado de desbielar los motores económicos del país.

“Se abandonó al campo, al turismo, la atracción de inversiones, se ha negado apoyo a productores, trabajadores y empresarios para sortear las crisis, nos hemos confrontado con nuestros principales socios comerciales, además del clima de inseguridad que ya afecta la comercialización de productos básicos como el limón y aguacate. Esta combinación es terrible para el bolsillo de las familias. Los precios para arriba mientras el empleo y los sueldos para abajo”, sostuvo.

El manejo de la economía es terrible: récord en 2021 de salida de capitales, 256 mil millones de pesos; pérdidas de PEMEX y CFE por 320 mil millones de pesos; sobrecostos en los proyectos faraónicos, y una corrupción que se multiplica bajo la protección del Presidente, lamentó.

“El panorama económico para México no es nada prometedor. Los precios internacionales de granos se incrementarán este año hasta en 22 por ciento. Nos pega a todos, pero mucho más a los que menos tienen. En mis recorridos por el estado de Veracruz cada vez son más las quejas porque a las familias no les alcanza para comer. Sube la tortilla, la carne de cerdo, res y el pollo, las frutas y verduras también”, subrayó.

El incremento en los combustibles y materias primas representarán una presión más a la tasa de inflación que registra nuestro país, que en febrero llegó a una tasa de 7.28 por ciento, precisó.

“La pregunta que deberían hacerse en el Gobierno federal es si el Covid llevó a las filas de la pobreza a 4 millones de personas, ¿qué están haciendo para evitar entonces que más familias enfrenten carencias elementales? Los programas sociales no bastan, son insuficientes”, remató.

Presidenta, en el mismo sentido, expresar pues cuando menos el desconcierto del grupo parlamentario del PRI.

Es cierto, es cierto que ha sido la práctica abrir el tablero para recabar la votación hasta por 3 minutos, pero también es cierto que cuando así lo estima la presidencia de la Mesa, se ha dado un espacio de tolerancia para permitir que más senadoras y senadores puedan expresar su voto.

Ayer mismo se mantuvo abierto el tablero mucho más tiempo que el reglamentario o el propio tiempo que había determinado la Mesa, buscando que pudiesen llegar las y los compañeros de MORENA para verificar el quórum y emitir su voto. Está bien, es parte de la flexibilidad que tiene quien preside la Mesa para conducir las sesiones.

Es por eso que nos desconcierta que hoy, al llegar al segundo cero, al agotarse los 3 minutos, cuando justamente había muchos senadores y senadoras de oposición que querían emitir su voto, no hayamos tenido la misma tolerancia ni la misma flexibilidad que se exhibió ayer para las y los compañeros del oficialismo.

Presidenta, usted sabe lo que la respeto, pero sí debo decir que a juicio de mi bancada, no estamos viendo una conducción de la mesa con la imparcialidad que se debe.

Recordarle con mucho respeto, presidenta, que usted nos representa a todos, representa a la Cámara en su conjunto, por eso tiene un deber de conducción de imparcialidad y de cuidado de la legalidad en la conducción.

No representa a la bancada en la cual usted está adscrita, aunque no milite en el partido en el gobierno.

Lo único que pedíamos y que pedimos siempre, es la misma tolerancia para todos para que todas las senadoras y senadores, independientemente del grupo parlamentario al que pertenezcan, puedan cumplir con sus funciones, y una función muy importante es la de votar.

Muchas gracias, presidenta.

Para incentivar la denuncia de las víctimas de violencia familiar, senadores de todos los partidos aprobaron la propuesta de reforma a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Ricardo Monreal que tiene por objeto el establecimiento de mecanismos que permitirán la presentación de denuncias por medios digitales o remotos.

Éstos deberán garantizar en todo momento la seguridad y confidencialidad de los datos personales y formarán parte de los modelos de atención, prevención y sanción destinados a proteger a las víctimas de este tipo de violencia.

El senador Monreal Ávila argumentó que el 64.1 por ciento de las víctimas de delitos no denuncian por causas atribuibles a la autoridad, “principalmente porque lo consideran una pérdida de tiempo, porque representa un trámite largo y complicado, por desconfianza o actitud hostil de la autoridad y por el temor a ser extorsionadas”.

“Situación que aumentó con la pandemia, especialmente para las mujeres, porque que existía temor de romper las órdenes de cuarentena y restricciones sanitarias y de circulación, a causa de sus roles de cuidado y protección”, señaló.

Al discutir el dictamen, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, destacó que, con esta reforma, cuando las víctimas no puedan acudir ante las autoridades para denunciar las agresiones, lo podrán hacer por medio de la tecnología.

Mientras que en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, su presidenta, Ana Lilia Rivera Rivera, agregó que se trata de garantizar acceso oportuno y eficaz a la impartición de justicia, con la promoción de denuncias o querellas a distancia, que eviten el aislamiento y el desistimiento de las denunciantes.

Mientras que el PT, en voz de la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso celebró que con estos mecanismos se preservará, en todo momento, la seguridad, confidencialidad y protección a los datos personales de quienes fueron agredidas.

Alejandra del Carmen León Gastélum, senadora del Grupo Plural, afirmó que se requieren instrumentos jurídicos ágiles que garanticen a las mujeres, víctimas de violencia, la atención de sus denuncias de forma oportuna y eficaz, por medios digitales o remotos, “con el fin de que sus voces no sean silenciadas por sus victimarios ni por la propia autoridad, como sucede en algunos casos”.

La reforma establece además que los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas y los municipios, deben instaurar canales alternativos de denuncia que garanticen el acceso a la atención oportuna y eficaz de las víctimas que no cuentan con la oportunidad de acceder a servicios de Internet o dispositivos electrónicos.

En conferencia de prensa, el senador Antonio García Conejo, presidente de la Comisión de Turismo, informó que integrantes de dicho órgano legislativo realizarán los días 17 y 18 de marzo, una visita a la “obra emblemática” del Tren Maya, en Quintana Roo.

Destacó que como se acordó el pasado 23 de febrero, visitarán el lugar donde se construye dicha obra, así como las oficinas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que es la instancia responsable de los trabajos.

García Conejo destacó que en 2019 se etiquetaron seis mil 769 millones de pesos; en el 2020 fueron tres mil 287 millones de pesos; y en el 2021, se etiquetaron 36 mil 267 millones de pesos para el proyecto.

Y en este año, asentó, se han etiquetado 63 mil 231 millones de pesos, es decir, el 94 por ciento del presupuesto, destinado al sector turístico, que normalmente se asignaba a la Secretaría de Turismo.

El legislador del PRD acotó que acudirán a Quintana Roo para conocer los avances de la construcción del Tren Maya, y recoger las opiniones de los sectores involucrados que serán beneficiados, como los prestadores de servicios, hoteleros y medios de transporte, entre otros.

Tenemos que ir para comprobar que la inversión que realiza el Ejecutivo Federal en dicha obra, denominada “de gran calado”, sea en beneficio del desarrollo del sur-sureste y el sector turístico de dicha región.

García Conejo mencionó que dicha visita esta apegada al derecho, a lo que establece la Ley Orgánica del Senado y a la Constitución, por lo que no se trata de una ocurrencia, “porque estamos obligados a informar a la ciudadanía”.

A la pregunta sobre el daño ecológico y ambiental que ocasiona la construcción, el legislador enfatizó que primero deben ir y conocer bien la situación, porque no pueden adelantar información que no tienen, ni adelantar juicios; “primero debemos ir a platicar y escuchar a los diferentes sectores y luego informar”.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruíz, comentó que acompañará a los integrantes de la Comisión de Turismo para visitar este proyecto, a fin de atender las denuncias por parte de comunidades indígenas, que han sido seriamente afectadas.

“Vemos que se tiraron 24 mil árboles y resulta que el tren no pasará por ese lugar, ahí hay un daño ambiental terrible, por lo que debe de haber consecuencias legales para quienes cometieron este ilícito; además de que se cuestionará a Fonatur por los presuntos desvíos de dinero, registrados en el proyecto”, expresó.

El senador Rogelio Márquez Valdivia, de Morena, afirmó que irán a Quintana Roo con el fin de no dar opiniones en base a especulaciones, sino ir de manera concreta y objetiva a verificar el proyecto, sus avances y los impactos ambientales, que se pueden registrar en cualquier construcción,

“Veremos directamente cuál es el costo-beneficio de este proyecto tan ambicioso, el cual puede tener repercusiones favorables para la entidad y la península”, agregó.

En tanto, Mayuli Latifa Martínez, senadora del PAN, precisó que esta visita “nos ayudará a tener información más amplia, sobre un proyecto que inició hace más de tres años y que, por supuesto, lo que queremos, en mi caso para Quintana Roo, es seguir siendo líderes en turismo a nivel nacional”.

Por unanimidad, 107 votos a favor, el Senado aprobó un proyecto que impulsó el senador Ricardo Monreal Ávila, para que, dentro de los modelos de atención, prevención y sanción destinados a proteger a las víctimas de violencia familiar, se instauren mecanismos que permitan la presentación de denuncias por medios digitales o remotos.

Desde la presentación de la iniciativa, el 23 de junio de 2021, el coordinador parlamentario de Morena advirtió que previo a la pandemia de la Covid-19, la situación de violencia en contra de la mujer ya mostraba una tendencia creciente.

Con la emergencia sanitaria, las medidas de aislamiento y confinamiento para frenar los contagios agravaron las condiciones de violencia en contra de este sector de la población.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan el aumento en el número de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, pues pasaron de 197 mil 693, en 2019, a 260 mil 67 en 2020, cuya cúspide fue en marzo, mes en el que fueron implementadas las medidas de confinamiento preventivo.

Este panorama se recrudece en un contexto en el que 64.1 por ciento de las víctimas de delitos no denuncian por causas atribuibles a la autoridad, “principalmente porque lo consideran una pérdida de tiempo, porque representa un trámite largo y complicado, por desconfianza o actitud hostil de la autoridad y por el temor a ser extorsionadas”.

Por ello, con 107 votos, el Pleno del Senado aprobó el dictamen que adiciona una fracción VII al artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Se trata de que los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas y los municipios, instauren procedimientos que permitan la atención oportuna y eficaz de las víctimas por medios digitales o remotos, preservando en todo momento su seguridad, confidencialidad y protección de sus datos personales.

Así como canales alternativos de denuncia que garanticen el acceso a la atención oportuna y eficaz de las víctimas que no cuentan con la oportunidad de acceder a servicios de Internet o dispositivos electrónicos, o bien, su acceso a los mismos es limitado.

Ricardo Monreal explicó en su momento que lo que se busca con esta propuesta es promover las denuncias, así como generar las condiciones legales y políticas públicas, que permitan a las mujeres obtener una respuesta eficaz a través de herramientas que funcionen a distancia.

Con estas disposiciones, se facilitará la interposición de denuncias, se reforzarán los mecanismos existentes a través del uso de la tecnología y se respaldará a las víctimas, afirmó el senador.