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La senadora integrante de la Bancada Naranja, Patricia Mercado, aseguró que con la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en ambas cámaras del Congreso de la Unión se tendrá un nuevo marco que ayudará a reducir la muerte de personas por siniestros viales en el país. Al presentar esta tarde el dictamen ante el Pleno del Senado de la República, la también presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad refirió que los hechos viales son la primera causa de muerte entre personas de 1 a 24 años de edad y la segunda causa entre personas de 25 a 30 años.

“Esta ley lo que hace es un marco para, no evitar el error humano que ese siempre va a existir, sino para construir condiciones de tránsito, condiciones de regulación, condiciones de lineamientos, para que estos errores finalmente no terminen con la vida de las personas y sobre todo, aquí estamos hablando de la vida de muchos niños, adolescentes y jóvenes”, señaló la senadora.

“Nueve de cada 10 hechos viales con con pérdidas de vida son debido a las velocidades y al alcohol, en esta ley regulamos eso, son medidas mínimas en todo el país para evitar este tipo de muertes. Es un nuevo marco que nos da una guía a todos y todas, y a todas nuestras entidades e instituciones para evitar que 44 personas salgan todos los días de su casa y no regresen porque murieron en un hecho vial que pudo ser evitado”.

En su participación, la senadora Mercado reconoció las preocupaciones que las y los legisladores de los distintos partidos políticos compartieron para fortalecer la construcción de esta Ley como el medio ambiente, derechos de las víctimas, seguros, licencias, permisos, personas con discapacidad, perspectiva de género y distribución de competencias entre las distintas entidades gubernamentales.

A su vez, la senadora de la Bancada Naranja, Verónica Delgadillo, coincidió en que con esta nueva ley se comenzará a dibujar una nueva historia para la movilidad segura que permitirá salvar más vidas. Recordó que desde hace nueve años Movimiento Ciudadano comenzó a impulsar el derecho a la movilidad y la prioridad a peatones y ciclistas en el estado de Jalisco.

“Nos encontramos en un día de mucha alegría y un día que significa para las luchas y causas que hemos dado durante muchos años en Movimiento Ciudadano. Esta ley es importante porque, primero, vamos a reducir los límites de velocidad; segundo, porque también vamos a aumentar las medidas para prevenir que personas alcoholizadas puedan manejar y provoquen accidentes y pérdidas fatales, y también porque vamos a lograr que se reconozcan y se garanticen los derechos de víctimas de accidentes viales y que haya recursos asignados para infraestructura de peatones y de movilidad sustentable”, explicó la legisladora jalisciense.

“Más allá de la progresividad de los derechos humanos que establece esta ley, lo que vamos a lograr con esta ley es salvar vidas porque lamentablemente cada año en este país más de 11 mil personas, especialmente peatones y ciclistas, pierden la vida, y con esto vamos a lograr poner un marco que no resuelve todo, pero por supuesto que nos va a ayudar a salvar esas vidas , que nos va a ayudar a que podamos apropiarnos de mejor manera del espacio público, especialmente de la movilidad”.

La nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial fue aprobada por unanimidad con 102 votos a favor. Será remitida al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Al hacer uso ilegal de recursos públicos para promover la revocación de mandato el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se convirtió en el jefe de campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó el coordinador de la Bancada Naranja en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich.

En conferencia de prensa en la Cámara de Senadores, el coordinador parlamentario dijo que es reprobable el uso de recursos públicos por parte del Gobierno federal para tratar de incidir en el proceso de revocación de mandato sin ningún respeto hacia la legislación electoral.

“No solamente han tergiversado por completo el ejercicio de revocación de mandato para tratar de convertirlo en un ejercicio de ratificación de mandato, sino que además sin ningún pudor, sin ningún respeto mínimo por la legislación electoral están utilizando el tiempo y los recursos de carácter público para tratar de influir en este ejercicio. Merece desde el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano una enérgica condena, una reprobación pública, que lo único que está haciendo es manchar aún más un ejercicio ya de por sí sumamente cuestionado”, expresó.

“La presencia y las palabras del Secretario de Gobernación, el encargado de la política interna de este país, lo convierten de manera tácita en el jefe de campaña del Presidente López Obrador y en prácticamente el presidente de Morena. Hoy el Secretario de Gobernación está actuando más como jefe de partido que como el cargo que ostenta que es el de Secretario de Gobernación y el de garantizar que la política interna en este país funcione”.

El coordinador de la Bancada Naranja también lamentó la presencia del titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, en la reunión donde se promovió la consulta, pues consideró que el funcionario debería estar concentrado en garantizar la seguridad pública en el país.

“Estamos en un momento muy delicado para la vida pública de este país donde el tema de seguridad es el tema más importante de la agenda pública, y lejos de estar pensando en la revocación de mandato, en las campañas electorales, en la politiquería, en la grillas, deberían estar concentrados en sus respectivas tareas, esa es la encomienda que tienen de las y los mexicanos, y pensaría uno que esa es la encomienda que tienen de la Presidente de la República”, señaló.

El senador Castañeda adelantó que el grupo parlamentario presentará las acciones legales correspondientes para que los funcionarios que incumplieron la norma sean sancionados.

“Es un tema que le corresponde a diversas instancias, desde la Secretaría de la Función Pública, hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, hay evidencia suficiente para pedir en este caso la opinión institucional de distintas instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia. No descartamos ningún tipo de recurso legal para tratar que haya sanciones pertinentes, enérgicas, es un tema muy importante”, detalló.

“Si así se están comportando apenas iniciado este proceso político, hablo de la revocación, pero hablo de lo que va a ocurrir en el 2024, o en las elecciones que tenemos este año, las que tenemos el año próximo, podemos esperar absolutamente todo, porque no hay ningún respeto por la ley, por el diseño institucional, por las instituciones de impartición de justicia. Lo más grave es que lo que está evidenciando el gobierno actual es que no va a dudar en torcer la ley, en hacer uso de todos los recursos públicos para tratar de salirse con la suya”, puntualizó.

En otro tema, el coordinador Clemente Castañeda reiteró que la reforma eléctrica planteada por el Ejecutivo federal no contará con el respaldo de Movimiento Ciudadano ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, por lo que llamó al resto de las fuerzas de oposición a mantenerse en esta misma posición.

La prisión preventiva oficiosa se ha convertido en una medida que no sólo refleja, en muchos casos, la incompetencia o insuficiencia de los ministerios públicos, sino que se puede utilizar, de manera dolosa, para encarcelar a personas con fines políticos, advirtió el senador Juan Manuel Fócil Pérez.

El legislador del PRD propuso reformar el artículo 19 de la Constitución para eliminar esta figura, que menoscaba la dignidad de las personas al ser tratadas como delincuentes, sin haber recibido una sentencia condenatoria previa.

Actualmente, agregó, esta medida se traduce en una pena anticipada para quien puede ser inocente y que, sin haber cometido delito alguno, enfrente “tratos crueles, inhumanos y degradantes, que afectan su vida pública y privada”.

Fócil Pérez dijo que la prisión preventiva oficiosa no es necesaria para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, ya que existe la institución jurídica de prisión preventiva como medida cautelar.

En esta última figura, explicó el senador, la autoridad, a través de la deliberación proporcional, determina si existe un verdadero riesgo que amerite la me dida cautelar, pero no se aplica automáticamente, para evitar que se violente el debido proceso y la presunción de inocencia.

Como política pública para desincentivar la comisión de delitos, afirmó el legislador, la prisión preventiva oficiosa también ha fracasado, porque los índices delictivos no han mostrado un cambio sustancial en aquellos delitos previstos en la norma, catalogados dentro de esta figura jurídica.

En consecuencia, los sistemas penitenciarios se han sobrepoblado, en la mayoría de los casos, con ciudadanos inocentes que no tuvieron acceso a una adecuada y digna defensa, porque son personas de escasos recursos.

Según estudios recabados por la Organización de la Sociedad Civil “Reinserta”, del total de personas que se encuentran privadas de su libertad, 35.8 por ciento son mujeres que no cuentan con sentencia, y 14 por ciento de hombres se encuentra en las mismas condiciones.

La prisión preventiva oficiosa fue creada como una medida excepcional, que sólo se aplicaría en casos específicos, en los que otras medidas cautelares no fueran efectivas, pero con su aplicación automática, ahora se violenta el principio de presunción de inocencia y múltiples derechos, explicó Fócil Pérez en la iniciativa que fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

En este contexto, el senador propuso modificar los artículos 19 y 20 de la Carta Magna, a fin de eliminar la prisión preventiva oficiosa y, en el caso de la prisión preventiva, cuando ya se cumpla el plazo máximo de pena que fije la ley al delito que motiva al proceso y no se haya emitido sentencia, el imputado sea puesto en libertad mientras continue el proceso.

Con el fin de atender y prevenir los factores de riesgo psicosocial, la violencia laboral y promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso propuso reformar el artículo 3 de la Ley General de Salud y los artículos 132 y 513 de la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior, con el objetivo de incorporar el síndrome de desgaste ocupacional dentro de la prevención, orientación, control y vigilancia de los elementos y efectos nocivos en materia de salud mental en el ámbito laboral.

Al fundamentar la propuesta, la senadora Cora Cecilia Pinedo explicó que el síndrome de desgaste ocupacional, también conocido como Síndrome Burnout, genera angustia, agotamiento emocional, trastornos en los ritmos de alimentación, actividad física y descanso.

Además, señaló que el estrés laboral prolongado está asociado a diferentes tipos de afecciones crónicas, entre ellas enfermedades cardiovasculares y reumáticas y trastornos psicológicos.

Cora Pinedo enfatizó que en México se estima que el 18 % de la población urbana en edad productiva, de 15 a 64 años, sufre algún tipo de trastorno como ansiedad, depresión o fobia, pero lo más preocupante es el incremento en el número de suicidios que reporta el Inegi, con mediciones que van de 1994 a 2020, en el primer año referido se registraron 2 mil 603 suicidios y para 2020, 7 mil 896.

“El día de hoy el Sistema de Atención de Salud Mental en México carece de una política integral e insuficientes recursos, a pesar de la alta prevalencia, sólo una pequeña proporción de las personas con problemas de salud mental recibe tratamiento, es decir, apenas el 17.7 %”, sostuvo.

Además, está considerado como uno de los países con más fatiga por estrés laboral, pues al menos 75% de las personas trabajadoras sufren esta condición, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, superando los niveles de otros países, como China (73%) y Estados Unidos (59%).

Por lo que llamó a preocuparse por la salud mental de las y los trabajadores, promover relaciones laborales sanas y funcionales a través de los instrumentos legales.

En este sentido, la legisladora por Nayarit enfatizó que los centros de trabajo necesitan generar conciencia social, jurídica y humana y así evitar cualquier daño o deterioro en la salud de los colaboradores.

“Es fundamental encontrar la forma de cuidar a los trabajadores en el marco jurídico correcto, permitiendo que las negociaciones obrero-patronales sigan funcionando y den cumplimiento a las normas, pero, sobre todo, contribuyan con el desarrollo integral de sus miembros para que de esta manera, los éxitos profesionales también formen parte del crecimiento personal”, apuntó.

La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo informó que este año entró en vigor la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud, en la que se incluye al Burnout, por lo que es necesario que México lo considere como un padecimiento laboral.

Finalmente, Cora Pinedo subrayó que la salud mental determina en gran medida la salud física, ambos rubros inciden en el desempeño y entorno laboral que promueva un entorno saludable y permita que las personas exploten de forma positiva sus talentos y capacidades, incrementándose la productividad.

A una década de que se reconociera en la Constitución Política Mexicana el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, aún no se ha logrado expedir la Ley General de Aguas, por lo que es necesario la creación de una comisión especial para concluir con este proceso legislativo, aseguró la bancada del Partido Verde en el Senado.

Mediante un Punto de Acuerdo, los legisladores ecologistas solicitaron a la Junta de Coordinación Política conformar una Comisión Especial para la expedición de la Ley General de Aguas.

Explicaron que la naturaleza de esta comisión es para dar continuidad al análisis y la discusión en el Congreso de la Unión de las acciones que se requieren para garantizar este derecho. Asimismo, realizar mesas de trabajo presenciales y remotas que permitan la participación de todos los sectores y con representantes de las 32 entidades federativas involucrados en el desarrollo de esta ley.

Se busca, especificaron, coadyuvar con la Cámara de Diputados para trabajar en la elaboración, análisis y consenso en relación al Presupuesto de Egresos de la Federación, para que se etiqueten recursos suficientes que garanticen el derecho humano al agua, así como dar seguimiento, resolver las solicitudes y consultas que sometan a esta Comisión, las Comisiones y Grupos Parlamentarios, así como las asociaciones y demás organismos relacionados con el derecho al agua.

Plantearon que dicha comisión se integre por representantes de las Comisiones de Recursos Hidráulicos; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, y de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República.

Comentaron que desde septiembre de 2012 a la fecha se han presentado 14 iniciativas para expedir una Ley General de Agua y en enero de 2022, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa de carácter absoluto en competencias de ejercicio obligatorio, al no haber emitido la Ley General de Aguas, a que se refiere el artículo 4°, párrafo sexto, de la Constitución.

Advirtieron que el plazo dado por la SCJN vence al término de la LXV Legislatura para ambas cámaras del Congreso. Por lo que es trascendental actuar de forma inmediata, analizando la pertinencia de los trabajos realizados en las legislaturas anteriores.

“No debemos dejar pasar más tiempo para que este Senado de la República comience el análisis de una Ley General de Agua, es imprescindible el trabajo conjunto entre ambas cámaras, pero debemos retomar nuestra responsabilidad y lograr los acuerdos necesarios para que esta Legislatura expida la Ley que garantice el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, concluyeron.

Senadoras y senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron, por separado, puntos de acuerdo para citar a comparecer a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González; al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Rodríguez; y a la procuradora federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera, para tratar el tema de la construcción del Tren Maya.

La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón dijo que es necesario que dichas autoridades expliquen las diversas irregularidades derivadas de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, que comprende el trayecto Cancún-Tulum.

La legisladora solicitó que su propuesta se tramitara de urgente resolución, por lo que se realizó la votación nominal y se obtuvieron 44 votos a favor, 47 en contra y dos abstenciones, por lo que la Asamblea no lo consideró de urgente resolución y el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

En tanto, su compañera de bancada, Xóchitl Gálvez Ruiz, planteó exhortar al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que, convoque a la realización de la consulta a pueblos y comunidades indígenas respecto del cambio de trazo del tramo 5 del “Tren Maya” que comprende el trayecto Cancún-Tulum e informe del resultado de la misma.

En el punto de acuerdo, que se envió a la Comisión de Turismo, la legisladora pide que en tanto no se cuente con los resultados de dicha consulta, se suspendan los trabajos relativos a la construcción de dicho proyecto.

Por su parte, el senador Manuel Añorve Baños del PRI, solicitó la comparecencia de los titulares de la secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo, así como del titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que expliquen por qué comenzaron las obras de construcción del Tren Maya, sin contar con el proyecto ejecutivo ni las manifestaciones de impacto ambiental correspondientes.

Asimismo, exhortó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que continúe y concluya con celeridad las investigaciones relacionadas con la construcción de dicho proyecto y todo el daño medioambiental que está provocando en la Península de Yucatán, para deslindar responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

En el punto de acuerdo que se envió a la Comisión del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, el legislador señala que la construcción de esta obra da como resultado un daño irreversible a la selva y el ecosistema de ríos y cavernas subterráneas de la región.

La senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, también solicitó la comparecencia de los titulares de Fonatur, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer Falcón, ante el Congreso de la Unión.

En la proposición que fue turnada a la Comisión de Turismo, la legisladora detalló que el objetivo de la solicitud es dar a conocer las implicaciones para el medio ambiente y para el erario público por la modificación del Tramo 5 del Tren Maya.

Delgadillo García también solicitó que su propuesta se tramitara como de obvia y urgente resolución, pero en votación nominal, con 39 votos a favor, 52 en contra y cuatro abstenciones, el Pleno no aceptó dicha petición.

Ante los constantes atrasos en las obras en la carretera Colima-Guadalajara, el senador Joel Padilla Peña solicita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) un informe detallado sobre el cumplimiento del avance de estas obras, específicamente en el tramo que se encuentra en el ejido San Marcos.

“Por diez años hemos padecido el tortuguismo de las autoridades en las obras de la autopista Colima-Guadalajara, en el tramo que pasa por el Ejido San Marcos de Tonila, Jalisco, donde existe un riesgo constante para la seguridad de los usuarios”, mencionó.

Mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno del Senado, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo señaló que las obras inconclusas provocan a diario múltiples accidentes vehiculares con decesos de vidas humanas, cuantiosos daños materiales, además, se demoran traslados de pacientes graves y se pierden vuelos.

Por lo que conminó a las autoridades a que mientras se demore el tránsito de vehículos, se exente del cobro de peaje a los usuarios.

Asimismo, pidió al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) informar sobre el avance físico de las obras de la carretera Colima-Guadalajara, específicamente en el tramo que se encuentra en el ejido San Marcos y cuáles son los catálogos de obras complementarias que se entregarán a los ejidatarios.

En Tribuna, el legislador por Colima informó que al ser un usuario frecuente de ese tramo carretero, ha podido constatar la impotencia de la gente de no poder avanzar ágilmente ese tramo carretero, además de no contar con vías alternas, debido a que la carretera libre también se encuentra bloqueada por múltiples derrumbes en la zona.

“¡Ya no queremos más tragedias, cada minuto de atraso y de no solución al problema, implica desafortunadamente el riesgo latente de perder más vidas humanas!”, enfatizó.

Padilla Peña recordó que en la última visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad, instruyó al Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a agilizar las obras de este proyecto.

Además de que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó la existencia de un acuerdo con ejidatarios de Tonila, Jalisco para desistirse del amparo que tenía trabada la obra, señalando que Banobras retomaría las actividades de construcción, estableciendo que este 30 de marzo en el lugar de la obra se daría un informe del avance.

“Por ello, mi postura desde esta máxima tribuna es generar certidumbre a los usuarios de esta carretera, con el único objeto de que las autoridades correspondientes eviten el tortuguismo gubernamental y operen de manera inmediata a solucionar esta problemática”, explicó.

En México existe una crisis en el acceso a la justicia para las mujeres, además de que ellas enfrentan situaciones de violencia estructural, institucional, desigualdad y discriminación por motivos de género, denunciaron expertas en la materia en un foro que organizó la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Salud.

Durante el conversatorio “La criminalización de las mujeres en todos los eslabones del sistema penal”, las ponentes señalaron que a pesar de la jurisprudencia que exige a las autoridades juzgar con perspectiva de género, el acceso a la justicia para las mujeres dista de ser una realidad.

El encuentro se realizó con el objetivo de dar a conocer y visibilizar la criminalización de las mujeres en los distintos eslabones del sistema: desde el momento de la detención hasta el proceso que enfrentan para acceder a derechos una vez que recuperan su libertad y regresan a sus comunidades.

Valdez Martínez aseveró que es la lucha de las propias mujeres lo que provocará que la sociedad visibilice la desigualdad que este sector de la sociedad enfrenta cotidianamente.

La legisladora también denunció que, en materia penal, las mujeres son sujetas a “castigos ejemplares” por parte de las autoridades, mientras que los varones no. “Todos los días, a toda hora, en todo el país, hay casos de injusticia contra” este sector.

Esto, agregó Valdez Martínez, debe motivar a las mujeres continuar con este tipo de diálogos y conversatorios, con el objetivo de sumarse a una causa común y luchar para evitar que estas injusticias se cometan.

Cristina Reyes, abogada de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia, indicó que la política de persecución punitiva no atiende a la necesidad de paz, seguridad y justicia. En ese sentido, detalló que la violencia en las detenciones perjudica desproporcionalmente a las mujeres, además de que se utilizan de manera selectiva para perjudicarlas.

En su participación, Melissa Zamora, co-coordinadora del Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sostuvo que juzgar con perspectiva de género no debe limitarse únicamente a la etapa de la sentencia, sino que debe ser aplicada durante todo el proceso penal, como en la detención o al recabar pruebas y testimonios.

Corina Giacomello, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, dijo que el sistema penal encarcela injustamente a mujeres pobres, primo delincuentes, indígenas y con discapacidad, pues se desarrollan en un contexto de victimización estructural de género, de clase y de raza.

A su vez, Viridiana Molina, de Colectiva Artículo 20, detalló que muchas de las que están en prisión son acusadas por dichos de las víctimas, por delitos que no cometieron y son abandonadas y torturadas. Destacó que los jueces “no se ponen las gafas violetas”, por lo que pidió que la perspectiva de género se dé desde el inicio y hasta el final del proceso penal.

Fabiola Vite, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, señaló que a ellas se les criminaliza por levantar la voz, “por ser la mujer de alguien o por no adecuarse a lo que dicta el ideario social”. Por ello, llamó a observar e incitar a los órganos jurisdiccionales a retomar los protocolos para juzgar bajo la perspectiva de género.

Por el Colectivo Haz Valer Mi Libertad, Lady Plácido aseguró que las personas en México son criminalizadas por el tono de su piel, su apariencia y pertenencia socioeconómica; además, expuso que se vive una tortura normalizada, permisiva, que nadie sanciona, por lo que llamó a las autoridades a liberar a los inocentes.

Además, María Ana del Valle, de CEA Justicia Social, añadió que no hay políticas públicas integrales de reinserción social que restituyan los derechos de las mujeres. Sí hay una Ley Nacional de Ejecución Penal que sienta las bases para entender y abordar esta problemática con perspectiva de derechos, pero su aplicación “dista de ser una realidad”.

Guerrero va a crecer en esta etapa. Dijo el senador Ricardo Monreal, quien añadió que Guerrero tiene grandes posibilidades ahora con el Presidente López Obrador: va a tener más recursos, estoy seguro de eso.

Espero que todos estemos unidos en respaldar al gobierno legítimo que encabeza Evelyn Cecia Salgado Pineda, que surge de Guerrero y como aquí se expresara, todos nos necesitamos.

México los necesita a todos, por eso quiero agradecerles a Miguel Ángel, América, a Jorge, a todos, a Tonatiuh, a todos, el que me hayan invitado a desayunar, porque quería escucharlos.

Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena en el Senado, realizó una gira de fin de semana por la entidad; presento su nuevo libro, Las grandes reformas para el cambio de régimen, desayunó con la comunidad intelectual, política y amigos en general

Le acompañaron la senadora Nestora Salgado, el senador Manuel Añorve Baños, ambos senadores por el Estado de Guerrero: A todos ellos el dirigente social les dijo que viene de una familia modesta, de origen campesino, como muchos de ustedes.

“Yo surjo de una comunidad, de un ejido, éramos una familia muy numerosa, por eso soy producto de la Escuela Pública, becado siempre hasta los estudios en el doctorado por la UNAM, y por eso tengo varios años siendo maestro de la UNAM, porque he querido regresarle parte de lo que me dio; muy poco de lo mucho que me dio la UNAM.

Tengo mucha claridad de lo que está pasando en el país. Tengo visión de lo que puede suceder. A veces hablar con tanta transparencia y tanta claridad no te permite que te entiendan algunas gentes, pero México necesita la unidad, confió a los asistentes”

“México necesita el consenso y necesita también que nos pongamos de acuerdo”, puntualizó Monreal, quien reconoció que los académicos, los universitarios son fundamentales en este proceso; claves, para poder superar todos estos enconos.

En el marco del de Día Mundial del Agua, la senadora Geovanna Bañuelos llamó a Germán Arturo Martínez Santoyo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), coordinar esfuerzos con los organismos estatales para implementar políticas, programas y acciones necesarias que aseguren el abastecimiento de agua potable para consumo humano, en especial de aquellas zonas que sufren de sequía.

“Es tiempo de afrontar la problemática de la sequía. De garantizar que pese a los desafíos, las y los mexicanos cuenten con este elemento vital en sus hogares”, mencionó.

Mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno de Senado, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo también solicitó que se lleve a cabo una campaña nacional de concientización sobre la importancia de cuidar y preservar el agua, sobre todo en época de sequía, haciendo énfasis en las terribles consecuencias de su falta.

A nombre propio y de la senadora Cora Cecilia Pinedo y el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, Geovanna Bañuelos, pidió a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), implementar un programa especial de rescate de cultivos con especial apoyo a pequeños productores de Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas, que son afectados por la sequía.

“Hoy nuestro país atraviesa por una de las temporadas de estiaje más agresivas de los últimos 10 años. Actualmente se tienen niveles alarmantemente bajos de llenado en las presas de seis estados, donde el promedio de contención es menor a 40%”, advirtió Geovanna Bañuelos.

De acuerdo con el reporte de febrero del monitor de sequía de la Conagua la sequía en el país es grave; al 15 de ese mes se tenía documentado que 224 municipios, de 2 mil 463 contabilizados, se encontraban entre sequía moderada y excepcional y para el 28 de febrero la cifra de localidades en los mismos rangos se ubicó en 385, es decir aumentó en un 71.8%.

Las principales entidades con la totalidad de su territorio con afectaciones por sequía son Aguascalientes y Sinaloa, mientras que estados como Nayarit, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco y Zacatecas presentan grados de sequía que afectan hasta el 98% de su terreno.

“El problema de la sequía tiene un terrible impacto en la disponibilidad y costo de los alimentos para la población por lo que es prioritario brindar los apoyos necesarios a productores y agricultores de nuestro país para reducir al máximo los impactos negativos de la sequía”, señaló la líder petista.

Por ello, enfatizó que es necesario tomar acciones para hacer frente a este grave problema. “en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos preocupados ante la actual situación que se vive en diversas entidades de la República por la sequía y especialmente la falta de agua para consumo humano”.

El punto de acuerdo fue turnado a la comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural para su análisis y posterior dictamen.