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El PRI se desgaja en el Senado; “antes cabían en una Combi, hoy caben en un Vocho”: Salgado Macedonio*

Cargado de ironía, Félix Salgado Macedonio dijo que, en el PRI cada día son menos en el Senado y ya caben en un Vocho.

En este sentido, el senador Salgado Macedonio prevé continúe el desgajamiento de la bancada del PRI senatorial hacia el oficialismo de Morena. Irónico dijo que Alejandro “Alito” Moreno debe continuar al frente del Revolucionario Institucional porque los priistas “cada día se van haciendo más poquitos”.

En su intervención en la reciente sesión del pleno del Senado de la República, el legislador guerrerense por Morena refirió:

“Nunca pensé vivir para ver lo que estoy viendo. Por muchos años, desde 1988 cuando llegamos a la tribuna de San Lázaro, a arrojar dos costales de boletas quemadas, porque en ese entonces ellos se autocalificaban, no existía el IFE, no existía el INE, eran omnipotentes, eran poderosos”.

En ese ánimo, acotó, “y qué bueno que ahora estamos viendo estos cambios hacia la democracia”.

Pero, puntualizó, “no quiero ser lapidario contra la minoría que hoy asiste (a la sesión), por cierto, y se agradece que estén aquí, pero yo creo que Alito debe continuar en el PRI, ya se reeligió y ojalá venga otra reelección y que Alito siga ahí porque cada día se van haciendo más poquitos.

“Se le están yendo los senadores, ya se están quedando solos, sí antes cabían en una Combi, hoy caben en un Vocho, se les acaba de ir la oportunidad de entrar a un debate; no estuvieron en el debate, demasiado tarde”.

Además, advirtió, “y saben que los van a regañar, Claudio X González, como van a regañar al que se fue a Madrid, España (Marko Cortés).

“¿Cómo dicen estar interesados en los debates y no están? El debate es antes, no después ya que ya votamos, suficientemente discutido. La secretaria ya dijo: “señor presidente los asuntos en cartera se han agotado”.

“Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos! Se acabó. Gracias”.

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Aprueban en lo general la Reforma al Poder Judicial

*En medio de tensiones en el Senado

“Ya pasó, ya pasó… la Reforma ya pasó”, celebraron los senadores de Morena, PT y PVEM tras la aprobación de la Reforma al Poder Judicial de la Federación. Pasada la medianoche, con 127 votos emitidos, la mayoría calificada se alcanzó al registrar 86 votos a favor, 41 en contra y ninguna abstención.

A las 11:05 de la noche, el presidente de la mesa directiva consultó si el dictamen estaba suficientemente discutido en lo general. En votación económica, se aprobó que así era, y a las 11:30 comenzaron a recibirse las reservas para su discusión en lo particular.

La sesión estuvo marcada por fuertes críticas de la oposición. Senadores del PAN, PRI y MC responsabilizaron a Morena y sus aliados de la toma violenta de la Cámara Alta por «ignorar a la ciudadanía», a pesar de los foros previos realizados para discutir la reforma.

Horas antes, a las 7:00 de la noche, la sesión vespertina había sido reanudada bajo un fuerte dispositivo de seguridad en la Vieja Casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado, donde continuó el debate. Durante la sesión, las bancadas de Morena y del PRIAN se enfrascaron en una guerra de gritos y acusaciones. Los opositores exigieron la suspensión de la sesión, alegando que un senador de Movimiento Ciudadano estaba “secuestrado”. El senador presidente, Gerardo Fernández Noroña, se negó a suspender la sesión, lo que avivó la tensión.

La senadora Lilly Téllez protagonizó un momento de confrontación al llamar «bellaco» a Fernández Noroña, mofándose de su capacidad de lectura. En respuesta, el senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, criticó duramente a la oposición, diciendo que el pueblo de México ya los había reprobado y que el cambio en el poder judicial era inevitable.

Toma violenta del Senado

La jornada violenta estalló cuando manifestantes ingresaron al Senado para protestar contra la reforma impulsada por el presidente López Obrador. Bajo el grito «¡Que arda el país!», los inconformes irrumpieron en el recinto tras haberse rechazado una moción suspensiva.

Testigos señalaron que los manifestantes, con apoyo de asesores del PAN, accedieron al Senado por las calles París y Reforma, superando la seguridad. Desde los palcos de prensa, comenzaron a gritar consignas como «¿En dónde están los senadores que nos iban a escuchar?». La Mesa Directiva declaró un receso indefinido para proteger a los legisladores.

En medio del caos, algunos senadores del PAN y PRI permanecieron en silencio. Se observó a varios manifestantes tomándose fotos con «Alito» Moreno, quien sonreía burlonamente mientras el salón de plenos era tomado.

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Promueven desde el Senado licencia a trabajadores que acompañen a un adulto mayor a citas médicas

Senior mother and daughter at the doctor's office

Mediante una iniciativa, la senadora Verónica Martínez García, del PRI, propuso que los trabajadores que estén asegurados, y tengan bajo su cargo el cuidado de alguna persona adulta mayor, puedan tener una licencia con goce de sueldo para el acompañamiento de éstos a sus citas médicas.

La propuesta enviada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, está encaminada a garantizar la salud de las personas adultas mayores.

Para ello, la legisladora planteó reformar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De este modo, indicó, los familiares de primer grado, o que comprueben que están a cargo del cuidado de una persona adulta mayor, y que cuenten con empleos afiliados al IMSS y al ISSSTE, podrán gozar de dicho beneficio.

La senadora precisó que la institución que presta los servicios de salud deberá expedir a los hijos trabajadores asegurados, una constancia que acredite su acompañamiento a la cita médica, a fin de que el patrón o patrones de estos tengan conocimiento de tal licencia.

Expresó que es necesario impulsar políticas que abarquen no sólo a los adultos mayores, sino también a otros actores que son parte del contexto social en el que estas personas se desarrollan, tales como los hijos, esposas o familiares cercanos que viven y conviven con ellos.

Dichas personas, apuntó, en la mayoría de los casos se encuentran encargadas de cuidar y acompañarlos a sus citas médicas, ya que no solo cuidan su integridad física, sino que brindan apoyo emocional y cognitivo a esta población, que a menudo enfrentan desafíos como pérdida de memoria y ansiedad.

“Cuidar de nuestros adultos mayores, no solo es una obligación por ley, es una obligación moral y afectiva para alguien que ha dejado su vida y trabajo en favor de nuestro país y de sus seres queridos”, concluyó.

 

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Política

Plantean en el Senado reformas para combatir prácticas indebidas en servicios del sector aeroportuario

Para hacer frente a las prácticas indebidas de permisionarios y concesionarios del sector aeroportuario, como son: la sobreventa de boletos, los cobros de la Tarifa de Uso de Aeropuertos (TUA), aun cuando no se emplean los servicios, y la falta de transparencia en algunas cuotas, el senador Juan Manuel Fócil Pérez presentó una iniciativa encaminada a garantizar los derechos de los consumidores.

Advirtió que la práctica de las aerolíneas para sobrevender un porcentaje de los asientos disponibles en un avión está encaminada a generar mayores ganancias, bajo la excusa de no tener pérdidas monetarias, pero que afecta a los usuarios, puesto que a veces hay más pasajeros que asientos, por lo que las compañías solicitan “desembarques voluntarios” de consumidores, lo que genera molestias.

Si bien la norma vigente prevé que en estos casos las aerolíneas deben reembolsar el costo del boleto y hacerse cargo de los gastos de hospedaje, alimento y transporte de los usuarios, el senador del PRD acusa que algunas compañías buscan la forma de evadir dicha obligación.

Para combatir esta mala práctica, el legislador estableció que en la Ley de Aviación Civil se prohíba la sobreventa de boletos en época de alta demanda, más allá del cinco por ciento de la capacidad de la aeronave, así como garantizar que no se les niegue el acceso a los usuarios, y que se les brinden indemnizaciones de por lo menos el 35 por ciento del precio del boleto a los pasajeros que sean desembarcados por casos de sobreventa.

Fócil Pérez también señaló que existen situaciones en las que los usuarios no pueden usar su boleto de abordaje o en que las mismas aerolíneas cancelan el viaje por diversas circunstancias, con lo que, por ende, los consumidores no emplean los servicios que prestan las instalaciones aeroportuarias; pese a ello, no se les reembolsa el cobro de la llamada TUA, lo que afecta su patrimonio.

Ante tal situación, el senador propuso que en la Ley de Aeropuertos se precise que los pasajeros que no hayan hecho modificaciones o cancelaciones de vuelo puedan exigir a los concesionarios y permisionarios la devolución del TUA, pues no hicieron uso de los servicios aeroportuarios; además, planteó que los procedimientos de indemnizaciones deben estar debidamente registrados ante las autoridades.

Por último, precisó que en la Ley Federal de Protección al Consumidor se debe incluir que la Procuraduría Federal del Consumidor, asesore adecuadamente a los usuarios sobre cualquier duda que tengan del servicio aeroportuario, a través de módulos de atención al pasajero en las terminales donde operen permisionarios y concesionarios.

Lo anterior, explicó, porque los prestadores de servicios en las aerolíneas no comparten de manera notoria los montos totales por los servicios, productos y bienes ofertados, ni el desglose del cobro donde se incluyen los impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro cobro adicional que se haga, lo que vulnera la certeza y seguridad de los consumidores.

Su propuesta de reformas que, asegura, busca “plantear una legislación más sólida que beneficie el crecimiento económico del sector sin vulnerar las prerrogativas de los pasajeros”, fue turnada a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictaminación.

 

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Jornadas de asesoría jurídica gratuita para regularización de viviendas, plantean en el Senado

Datos de la ONU-Habitat indican que cerca de 38.4 por ciento de la población de México vive en condiciones de hacinamiento, señala Víctor Fuentes Solís

En México hay más de 10 millones de viviendas sin propietario legal, situación que da origen a problemas que confluyen en rupturas familiares y en consecuencia conllevan al abandono de los inmuebles, mientras se dirimen los conflictos legales, destacó el senador Víctor Fuentes Solís.

Mencionó que datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano indican que las viviendas irregulares generan asentamientos informales, pues los habitantes no ostentan derecho de tenencia sobre las tierras o casas en las que habitan, y esto deriva desde la ocupación ilegal hasta alquiler informal.

Además de que los barrios suelen carecer de servicios básicos e infraestructura urbana, por lo que las casas podrían no cumplir con regulaciones y de planificación; además, suelen estar ubicadas geográfica y ambientalmente en áreas peligrosas.

El legislador del PAN enlistó en la Gaceta Parlamentaria del 8 de noviembre, un punto de acuerdo para exhortar a los 32 gobiernos estatales que, en coordinación con autoridades municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, implementen jornadas de asesoría jurídica y de regularización notarial gratuitas, que permita a las y los ciudadanos regularizar la propiedad privada.

El proyecto, que fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, destaca que la ONU-Habitat estimó que al menos 38.4 por ciento de la población de México vive en una vivienda no adecuada, en condiciones de hacinamiento, hecha sin materiales duraderos o que carece de servicios mejorados de agua o saneamiento.

Además, según el Registro Único de Vivienda, la construcción de casas nuevas en el país cayó a su nivel más bajo en los últimos nueve años, por lo que la disminución en el desarrollo de vivienda formal ha desatado problemas de hacinamiento y vivienda irregular, lo que pone en riesgo el patrimonio y la integridad de los habitantes de menores recursos.

Esta situación, dijo el senador, se ha convertido en un problema de carácter económico y social, ya que la construcción no sólo moviliza 37 ramas de la industria y 10 de servicios, sino que la vivienda informal le cuesta al país 138 mil millones de pesos al año.

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Promueven en el Senado derecho a la transparencia salarial

Actualmente, no existe una obligación explícita de publicar el salario íntegro a pagar en las ofertas de empleo, señala Patricia Mercado

A fin de avanzar en la eliminación de cualquier práctica de discriminación en los centros de trabajo, la senadora Patricia Mercado Castro propuso establecer en la Ley Federal del Trabajo el derecho a la transparencia salarial.

Se trata, explicó la legisladora de Movimiento Ciudadano, de que las y los trabajadores conozcan, incluso desde la publicación de la vacante por parte de la empresa o persona empleadora, el monto íntegro del salario y prestaciones correspondientes al puesto, así como su descripción.

Con ello, dijo, “la persona trabajadora podrá solicitar en todo momento, posterior a la contratación, información relacionada con su salario o responsabilidades para puestos similares sin restricción”.

En la iniciativa, que fue publicada en la Gaceta del 8 de noviembre y turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos Segunda, Mercado Castro sugirió que sea causa de restricción de contrato hacer mal uso de esta información, por cualquiera de las partes; además, plantea prohibir a los empleadores no garantizar este derecho y, en caso de hacerlo, que sean acreedores a sanciones.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, uno de los lugares donde más se discrimina es en el trabajo, donde los “derechos más vulnerados son al trato digno, al trabajo y a la igualdad de oportunidades. Y quienes son más vulnerables a ser excluidas son las personas con discapacidad”.

La senadora destacó que dicho Consejo dio a conocer el registro de quejas que ha recibido desde 2012 hasta el cierre de 2022:

“Las cifras muestran que, con tres mil 915 reportes, invariablemente en esta última década, son los centros laborales donde más ocurren actos de discriminación, esto equivale al 49.3 por ciento del total de las denuncias; le sigue el ámbito educativo, con mil 115 quejas; y, en tercer lugar, los servicios al público, con 777 casos.

Además, el estudio da cuenta que a “más de tres mil 500 personas se les negó el derecho al trabajo por un motivo basado en la discriminación y no en sus habilidades o potencial para desempeñar el puesto”.

La legisladora lamentó que, a pesar de que en la Ley Federal del Trabajo se establece que las empresas o personas empleadoras están obligados a proporcionar a los trabajadores información sobre las condiciones generales de trabajo, incluyendo el salario, no existe una obligación explícita de publicar el salario íntegro a pagar en las ofertas de empleo.

Esta falta de obligación, subrayó Mercado Castro, les permite discriminar a quienes aspiran a las vacantes en función de su salario, sin que las personas candidatas puedan conocer esta información de antemano, lo que puede dificultar que las personas en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, las personas con discapacidad o las personas de grupos indígenas, accedan a un empleo digno.

“La transparencia retributiva o salarial permite a los trabajadores detectar y demostrar posibles discriminaciones por razón de sexo.

También revela la existencia de sesgos de género en los sistemas retributivos y de clasificación profesional, que conducen a una valoración desigual y discriminatoria del trabajo de las mujeres con respecto al de los hombres, o que desestiman determinadas competencias profesionales que se consideran, principalmente, cualidades femeninas”, insistió.

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Proponen en Senado de la República fortalecer derechos patrimoniales de mujeres jornaleras

La senadora Susana Harp Iturribarría advirtió que las mujeres jornaleras agrícolas padecen una situación de inequidad, desigualdad, discriminación y desventaja, pues la Ley Agraria vigente no las considera en operaciones de venta o arrendamiento de los derechos de una parcela ni gozan de los ingresos generados por ello.

Tradicionalmente son los hombres quienes deciden la inversión, el gasto familiar, el porcentaje de ahorro y, si se da el caso, la parte a la que puede tener acceso la conyugue o la concubina por la venta de las producciones agropecuarias, lo que genera una situación de “servidumbre” de la mujer campesina, señaló la legisladora de Morena.

Para garantizar los derechos patrimoniales de las jornaleras agrícolas, Harp Iturribarría propuso modificar Ley Agraria para que las esposas o concubinas de poseedores de tierras ejidales, tengan la posibilidad de adquirir los derechos de parcelas, y puedan decidir y beneficiarse a partes iguales por su arrendamiento o venta.

La senadora consideró la conveniencia de esta iniciativa, turnada apara su análisis a las comisiones de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, ante datos oficiales que indican que 12.7 por ciento, de las más de dos millones de personas que trabajan en el campo mexicano, son mujeres.

Ellas, expuso, cumplen jornadas laborales de hasta 13 horas y casi ninguna goza de seguridad social, además de que el cuidado de los hijos y del hogar se considera su obligación, lo que incrementa sus jornadas hasta a 19 horas diarias, sin olvidar que un alto porcentaje depende económicamente de su cónyuge ejidatario y trabajan sin gozar de salario.

No obstante su importante labor, la norma vigente permite a los ejidatarios vender sus derechos parcelarios con el único requisito de notificar de ello a la esposa, sin obligación de avisarle del precio de venta ni la forma de pago; además, el ejidatario puede vender el patrimonio sin la obligación de compartir el ingreso generado por la operación.

Esta iniciativa, subrayó Susana Harp Iturribarría, tiene por objetivo garantizar los derechos patrimoniales de las mujeres jornaleras derivados de los que obtienen por el régimen matrimonial de mancomunidad, también llamado sociedad conyugal.

“Es indispensable avanzar en el acceso a la protección social de las mujeres jornaleras agrícolas, garantizar una vida libre de violencia y discriminación por razones de género y proteger sus derechos patrimoniales”, concluyó la senadora.

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Buscan sancionar a quien haga uso de inteligencia artificial para vulnerar intimidad sexual de personas

La violencia digital es una práctica que atenta contra la vida, dignidad, privacidad e intimidad de las personas, principalmente de las mujeres, ya que mediante el uso de la inteligencia artificial se crea contenido pornográfico sin su consentimiento, señalaron senadores del Grupo Parlamentario del PT.

Por ello, con el objetivo de proteger a la población de este tipo de delitos, sobre todo a mujeres, niñas, niños y adolescentes, las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Martha Cecilia Márquez Alvarado y el senador Joel Padilla Peña propusieron reformar el Código Penal Federal, para adicionar un capítulo denominado “Violación a la Intimidad Sexual mediante Inteligencia Artificial”, y así tipificar esta práctica.

En dicho apartado, se establece que será considerado como un delito la violación a la intimidad sexual mediante el uso de inteligencia artificial por parte de quien videograbe, audiograbe o fotografíe a una persona sin su consentimiento, autorización o aprobación, así como a quien los modifique para elaborar y divulgar material pornográfico en imágenes, videos o audios, mediante aplicaciones de inteligencia artificial.

De igual forma, a quien sustraiga, a través de las redes sociales, dispositivos móviles y electrónicos o cualquier otro medio, videograbaciones, audios o fotografías, y las modifique para elaborar material pornográfico en imágenes, videos o audios, mediante aplicaciones de inteligencia artificial para distribuirlos o publicarlos sin consentimiento o autorización.

En el documento, que se envió a las comisiones unidas de Justicia, para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, se plantea que, este tipo de conductas sean sancionadas con una pena de cinco a nueve años de prisión y de 700 a mil 200 días de multa.

Las penas, se precisa, aumentarían hasta el doble si la víctima es menor de edad, o se trata de una persona que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Bañuelos de la Torre, Pinedo Alonso, Márquez Alvarado y Padilla Peña advirtieron que es necesario tomar medidas en la materia, ya que la creación de imágenes mediante la inteligencia artificial es conocida como deepfakes o “falsedades profundas”, las cuales son archivos de vídeo, imagen o voz manipulados mediante un software, de modo que parezcan originales, auténticos y reales, pero que tienen el fin de desinformar, manipular, suplantar identidades o dañar la reputación de una persona.

Señalaron que México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 22.4 por ciento de las mujeres que utilizaron Internet fueron víctimas de ciberacoso y 19.1 por ciento fueron hombres.

Además, consideraron que el impacto de la violencia sexual a través de la inteligencia artificial en las mujeres es profunda y multifacética, pues afecta la privacidad, seguridad emocional, y su capacidad para participar plenamente en la vida en línea y fuera de ella.

Y puntualizaron que es fundamental proteger los derechos de las mujeres en la era digital, así como tomar medidas para prevenir y sancionar dicho comportamiento, ya que este tipo de violencia cada vez se hace más popular por los consumidores de contenido pornográfico en Internet.

 

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Plantean en el Senado fortalecer leyes contra ciberdelincuencia con dispositivos móviles

Lucía Trasviña refrenda compromiso de impulsar un marco regulatorio que combata ilícitos con el uso de nuevas tecnologías, Inteligencia Artificial e Internet

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña Waldenrath, aseguró que los avances tecnológicos en el mundo son cada vez mayores, y que su crecimiento exponencial suma múltiples factores de riesgo, que amenazan desde los dispositivos móviles que se utilizan diariamente hasta la Seguridad Nacional de un país.

Por ello, la senadora de Morena, en conjunto con el Proyecto GLACY+ del Consejo de Europa y en coordinación con el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México (FOPREL), encabezó el Taller “Evaluación legislativa y misión consultiva sobre legislación en materia de ciberdelincuencia, capítulo México”.

Explicó que este ejercicio tiene la finalidad de que expertos en la materia brinden información y herramientas necesarias a los y las legisladoras, para tener un panorama amplio del tema y poder trabajar e implementar un plan de acción en el área de la ciberseguridad.

Lucía Transviña recordó que la tendencia internacional ha sido efectuar acciones que combatan estos delitos, y en México, con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, tenemos el compromiso de impulsar un marco regulatorio robusto que combata los ilícitos que se cometan con el uso de las nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial y el Internet.

La senadora recordó que ha presentado diversas iniciativas en la materia, con el objeto de contar con un marco regulatorio que coadyuve a llenar el vacío legal que existe y proteja a ciudadanos e instituciones de estos delincuentes.

Como ejemplo citó la iniciativa para expedir la Ley General de Ciberseguridad, que tendrá por objeto regular la integración, organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de Ciberseguridad y de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Otra iniciativa que presentó la legisladora propone reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal, relativo a ciber delitos o delitos cometidos por medio de sistemas informáticos, así como el proyecto que reforma la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, que propone incluir en la legislación la figura de incidentes cibernéticos con el objeto de crear un registro nacional de éstos.

“Consientes que una respuesta contundente a la ciberdelincuencia empieza por una legislación sólida, alineada con los estándares internacionales, las autoridades nacionales están actualmente en proceso de reformar el marco legal relacionado con la ciberdelincuencia y las pruebas electrónicas, teniendo en cuenta las mejoras que puedan aportarse tanto al código Penal Federal como al Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes adicionales”, señaló.

Ariel José Alvarado Urbina, secretario ejecutivo del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centro América y la Cuenca del Caribe, mencionó que este taller brinda la oportunidad de ampliar el conocimiento y fortalecer las capacidades de respuesta frente al ciberdelito, que es una amenaza en constante evolución que afecta a todos los rincones del mundo.

En este sentido, destacó que el Convenio de Budapest es un instrumento internacional que representa una acción fundamental en la lucha contra los ciberdelitos, pero su ratificación y aplicación adecuada son esenciales para salvaguardar la integridad de nuestras sociedades en un mundo digital cada vez más interconectado.

Ana Elefterescu, responsable del proyecto “GLACY+” del Consejo de Europa, dijo que es necesario fortalecer la capacidad de hacer frente a la ciberdelincuencia, porque a nivel mundial “es un problema que pone vulnerable a empresas, instituciones y ciudadanos ante hackeos de información personal”.

Destacó que, para hacer frente a dichas amenazas, se requiere un ecosistema más amplio de leyes que aborden por un lado la protección y prevención contra hackeos de datos personales, así como mejorar la capacidad de las autoridades de justicia penal para intervenir contra estos delitos.

“Este es el ámbito de legislación que se refiere a la ciberdelincuencia y a las pruebas electrónicas, algo esencial hoy cuando las pruebas digitales se pueden encontrar en cualquier tipo de delito y, en ocasiones, podrá ser crucial para hacer justicia a las víctimas”, afirmó Ana Elefterescu.

Manuel Esteban Morales Díaz, vicepresidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y representante de la vicepresidencia pro tempore de FOPREL, comentó que la evaluación legislativa en materia de ciberdelincuencia debe ser prioridad para la protección de datos de la ciudadanía, el cual sólo se puede atender de manera multilateral entre países.

Por esta razón, destacó que es necesaria una legislación eficaz en materia de ciberdelincuencia, en la que se reconozca la complejidad de este fenómeno, para enfrentar de manera eficaz dicha amenaza global.

Morales Díaz aseveró que la ciberdelincuencia, el robo de datos personales, la suplantación de identidad, el ciber espionaje y los ataques cibernéticos a infraestructuras críticas representan una amenaza constante para individuos, empresas y gobiernos.

En este sentido, subrayó que “la legislación en esta área se vuelve crucial para garantizar la seguridad y privacidad de los ciudadanos y para preservar la integridad de las instituciones y economías”.

 

 

 

 

 

 

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Piden promover programas estratégicos que impulsen el nearshoring en sector turístico de México

La inversión extranjera directa asociada a la relocalización de empresas o también denominado nearshoring, implementado en el sector turístico, tiene la capacidad de impulsar el crecimiento económico en una región, ya que genera empleos y estimula a los sectores económicos, como la hostelería, el transporte y el comercio, aseguró el senador de Morena, Rafael Espino de la Peña.

Por ello, mediante un punto de acuerdo, el legislador de Morena propuso exhortar a la Secretaría de Turismo, para que informe al Senado de la República sobre las acciones implementadas y los programas estratégicos que permitan fortalecer el establecimiento del nearshoring en México.

Señaló que su implementación en el turismo puede tener un impacto positivo en la calidad de los servicios, la flexibilidad operativa, los costos, la economía local y la colaboración entre empresas internacionales.

Además, precisó que el fomento de la inversión extranjera en el turismo promueve la generación de empleo, el crecimiento económico, el desarrollo, la transferencia de conocimientos y tecnología, así como la diversificación de la oferta turística.

Espino de la Peña explicó que se trata de una estrategia que ha ganado relevancia en los últimos años, pues implica subcontratar servicios o actividades a países cercanos, en lugar de optar por ubicaciones más distantes.

Al aprovechar la cercanía geográfica y cultural, agregó, se mejora la colaboración y comunicación entre ambas partes, lo que significa que la empresa turística puede trabajar más de cerca con sus proveedores, entender mejor las necesidades de sus clientes y adaptarse más fácilmente a las tendencias cambiantes del mercado.

Destacó que el nearshoring aplicado al turismo puede impulsar el desarrollo de infraestructuras locales, como carreteras, aeropuertos y servicios públicos, lo que mejora la accesibilidad de la región y su capacidad para atraer turistas, lo que a su vez estimula el crecimiento económico de las comunidades.

Es necesario tener conocimiento de las acciones y los programas estratégicos implementados por la Secretaría de Turismo, a efecto de impulsar estrategias que permitan establecer una inyección de capital que no solo beneficie a las empresas turísticas, sino que también impacte positivamente a todos los sectores relacionados en el sector, concluyó.

El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Turismo, para su análisis y dictamen correspondiente.