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Por Rufino H.León Tovar, Magistrado Presidente de la Primera Sala en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

“Los Miserables”, de Víctor Hugo, representa una guía para el desempeño idóneo de un juez.  La novela reúne principios éticos y fundamentos de la justicia de manera explícita, metafórica o a través de ausencias profundas.

Por ejemplo, la humanidad contra el rigor absoluto. En la novela, Javert representa la ley aplicada con inflexibilidad, mientras que Jean Valjean encarna la posibilidad de redención y humanidad. Un juez idóneo podría encontrar un equilibrio entre aplicar la ley con rigor y considerar los contextos individuales de cada caso y mostrar empatía hacia las circunstancias.

La justicia restaurativa es crucial. Valjean nos enseña que las personas pueden cambiar y que castigos desmedidos no siempre son la solución. Un tribunal ideal actuaría con el objetivo de restablecer el equilibrio social, priorizar no sólo la sanción, sino el aprendizaje y la rehabilitación de los involucrados.

Otro punto clave en esta obra literaria es la imparcialidad y la equidad. En Los miserables, las desigualdades sociales muchas veces determinan quién es castigado y quién perdonado. Un juez debería ser un guardián de la equidad y asegurar de que las decisiones no estén influenciadas por prejuicios ni por el contexto socioeconómico de los individuos.

El coraje moral es parte esencial de esta metáfora hacia el profundo respeto de los Derechos Humanos. Víctor Hugo plantea dilemas éticos profundos: ¿seguir la letra de la ley o actuar según un código moral? Los jueces enfrentan este dilema constantemente. Idealmente, deberían tener la valentía de tomar decisiones difíciles, que a veces implican cuestionar la misma estructura que representan.

Así, el juez ideal en el Tribunal de Disciplina Judicial podría usar a Los miserables como una herramienta para reflexionar sobre el poder de la justicia humana frente a la estricta aplicación de normas.

Ahora, el viaje de idoneidad jurídica inicia con la imparcialidad y equidad. Esto implica garantizar que todas las partes involucradas sean tratadas de manera justa, sin prejuicios ni discriminación. En la novela se evidencian los sesgos y desigualdades que corrompen el concepto de justicia.

El debido proceso, que asegurar que todos los procedimientos disciplinarios respeten las garantías procesales, como el derecho a ser oído, el acceso a una defensa adecuada y la transparencia en las decisiones, está ausente en la novela.

Y sobre todas las acciones propuestas, se enfatiza el respeto a la dignidad. Es quien guía las acciones y decisiones. Impone desviarse a cualquier trato degradante o inhumano. A lo largo de Los miserables se denuncian las injusticias sociales y se lucha por la reivindicación de la humanidad.

En la obra de Víctor Hugo, por otra parte, la compasión y redención son enunciaciones constantes. Para un juez, esto resalta la importancia de considerar las circunstancias y el potencial de rehabilitación de quienes están ante la ley, en lugar de adoptar un enfoque puramente punitivo y que la justicia no sea ciega ante las desigualdades estructurales.

Los Miserables, en sí, traza fidedignamente que la justicia no solo debe transitar en el intelecto. También debe trazar caminos al corazón.

• Personas con menos recursos económicos suelen recibir trato injusto.
• Mujeres enfrentan obstáculos en casos de violencia de género.
• Urge educación legal accesible y comprensible

“La justicia para todos no es imposible. Puede construirse con acciones que modifican la cultura de legalidad en diversas comunidades y países”, dijo Rufino H. León Tovar, Magistrado Presidente de la Primera Sala en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

León advirtió que la impartición de justicia puede ser impactada por diversos sesgos, a menudo involuntarios, pero que “tienen consecuencias significativas en la equidad del sistema judicial”.

Entre los principales sesgos que afectan la impartición de justicia en México se encuentran los de clase social. “Las personas con menos recursos económicos suelen enfrentar barreras para acceder a abogados de calidad, pagar procesos judiciales o entender el lenguaje técnico del derecho. Esto perpetúa desigualdades y dificulta que reciban un trato justo”, dijo el jurista.

El Magistrado advirtió sobre la inequidad en distintos grupos de personas. Por ejemplo, “en muchos sistemas las mujeres enfrentan obstáculos en casos de violencia de género o disputas familiares debido a prejuicios o estereotipos que minimizan sus experiencias. Al mismo tiempo, las comunidades marginadas pueden ser tratadas de manera desigual, desde la aplicación de leyes hasta los fallos judiciales”.

León aseguró que para estos y otros sesgos son importantes acciones como educación legal accesible y comprensible y el usos de tecnología e inteligencia artificial responsable.

Informar y empoderar a la población sobre sus derechos mediante campañas educativas masivas, usando un lenguaje claro y adaptado a cada comunidad es esencial porque cuando la gente conoce sus derechos, puede exigir justicia, enfatizó el jurista.

Asimismo, desarrollar sistemas tecnológicos que puedan agilizar los procesos judiciales y, al mismo tiempo, asegurarse de que eviten sesgos implícitos es imprescindible, dijo H. León.

Mencionó que en México, actualmente, algunos sistemas favorecen a ciertas partes, como entidades gubernamentales o grandes corporaciones, en detrimento de los ciudadanos comunes y las diferencias culturales “pueden no ser comprendidas o valoradas en procesos judiciales, especialmente cuando se tratan tradiciones o prácticas que no se alinean con las normas predominantes”.

Asimismo, H. León Tovar reconoció que “aunque no sea intencional, todos los actores del sistema como jueces, abogados y jurados pueden tener prejuicios implícitos que afectan su toma de decisiones”.

También aseveró que la presión o influencia mediática en casos mediáticos puede distorsionar la percepción pública y, en consecuencia, afectar la imparcialidad de los involucrados en la impartición de justicia.

Por ello, el Abogado dijo que se necesitan revisar y modernizar las leyes existentes para eliminar elementos discriminatorios o ambiguos que favorezcan interpretaciones sesgadas, así como capacitar constantemente a jueces y abogados y establecer el acceso universal al sistema de justicia.

León, asimismo, mencionó la importancia de fomentar la justicia restaurativa. Es decir, implementar prácticas que privilegien la reparación del daño y la reconciliación, en lugar de solo enfocarse en el castigo. Esto puede ser especialmente eficaz en casos comunitarios o sociales.

Conviene, asimismo, establecer comités de vigilancia compuestos por ciudadanos y expertos independientes que puedan evaluar de manera continua el desempeño del sistema judicial.

Por Rufino H. León Tovar, Magistrado Presidente de la Primera Sala en Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

El dios del mar en la mitología griega, Proteo, representa la innovación constante que se vive en los organismos vivos, como el poder judicial.

A lo largo de la historia y en diversas geografías, los sistemas judiciales son un reflejo de los valores, necesidades y realidades de las sociedades que los implementan. Cuando un pueblo modifica su poder judicial, generalmente lo hace por una combinación de factores: cambios sociales y culturales, progreso político, respuestas a crisis o conflictos, presión internacional e innovaciones tecnológicas.

El poder judicial es un organismo vivo dentro de cualquier sociedad, moldeado continuamente por las fuerzas internas y externas.

En México la Reforma Judicial busca concretamente siete objetivos:

Fortalecer la independencia judicial: Garantizar que los jueces y magistrados puedan actuar de manera imparcial y sin interferencias externas, ya sean políticas, económicas o sociales.

Acceso a la justicia: Ampliar las posibilidades para que todos los ciudadanos, sin importar su condición económica o social, puedan ejercer sus derechos legales y acceder a una representación adecuada.

Reducir la corrupción: Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aseguren un sistema judicial libre de prácticas corruptas.

Modernización y eficiencia: Promover la digitalización de los procesos judiciales, reducir la burocracia y garantizar procedimientos más rápidos, efectivos y accesibles.

Protección de los derechos humanos: Asegurarse de que el sistema judicial sea capaz de defender y promover los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente las poblaciones más vulnerables.

Capacitación y profesionalización: Mejorar la formación, capacitación y evaluación de los operadores judiciales para garantizar un nivel alto de competencia y ética.

Transparencia en la designación de jueces: Establecer procesos abiertos y meritocráticos para el nombramiento de jueces y otros funcionarios judiciales, fomentando la confianza pública en el sistema.

Ahora, el Tribunal de Disciplina Judicial surge como parte de la Reforma Judicial en México para fortalecer la transparencia, rendición de cuentas e independencia en el Poder Judicial. Este tribunal reemplaza al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en su función disciplinaria, al separar las tareas administrativas de las de sanción.

Al separar las funciones administrativas y disciplinarias, se busca que las investigaciones sean más imparciales y efectivas.

Asimismo, el tribunal operará con autonomía técnica y de gestión, lo que reduce la posibilidad de influencias externas.

También permite que cualquier ciudadano o autoridad presente denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial, al promover un sistema más abierto y confiable.

Respecto a sus ventajas respecto al modelo anterior destaca la mayor imparcialidad. Al no combinar funciones administrativas y disciplinarias, se evita el conflicto de intereses que podía surgir en el CJF.

Ahora, dado que el tribunal se enfoca exclusivamente en investigar y sancionar faltas administrativas, se agilizan los procesos.

• La inclusión implica no sólo estructuras, sino cambios de mentalidad.
• El gran impacto de una reforma lo generan las personas.
• Trascendental los trabajadores para crear nuevas culturas de inclusión.

La reforma judicial tiene un alto compromiso con los grupos vulnerables y esto implica un cambio trascendental en la mentalidad de los juzgadores e impartidores de justicia, dijo Rufino H. León Tovar, magistrado presidente de la Primera Sala en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

La reforma judicial, en muchos casos, no solo implica ajustes legales o estructurales, sino también un cambio profundo en la mentalidad y cultura de quienes integran el sistema de justicia dijo H. León Tovar.

“Esto es fundamental porque el impacto de cualquier reforma depende, en gran medida, de cómo los individuos que aplican la ley entienden, asimilan y operan bajo las nuevas reglas”, mencionó el jurista.

Ejemplificó: “si se busca que los jueces adopten prácticas más transparentes, se centren en los derechos humanos, la equidad de género o tengan un entendimiento más profundo del contexto social, se debe fomentar un sentido más arraigado de la independencia judicial, integridad y responsabilidad”.

Entonces, para garantizar justicia adecuada y efectiva para grupos vulnerables, es crucial abordar varios aspectos clave como el acceso igualitario, sensibilización y capacitación, protección contra la revictimización y políticas inclusivas, enumero H. León Tovar.

Para generar el acceso igualitario, el Magistrado dijo que deben eliminar barreras económicas, culturales y físicas que dificulten el acceso de estos grupos al sistema judicial. Esto puede incluir “ofrecer asistencia jurídica gratuita, intérpretes y herramientas accesibles”.

Respecto a la capacitación y sensibilización, el jurista dijo que es esencial que los jueces, abogados y otros actores del sistema judicial reciban formación sobre los desafíos específicos como la discriminación, violencia de género, prejuicios raciales o discapacidad.

1. León Tovar, por otra parte, dijo que es crucial la protección contra la revictimización y el sistema debe proteger a las personas vulnerables para que no sufran nuevamente durante el proceso judicial, al tiempo que se asegura confidencialidad y trato digno.

En cuanto a las políticas inclusivas, las leyes y reformas deben considerar las necesidades particulares de los grupos vulnerables y adaptarse a contextos y prioridades únicas.

Finalmente, “incorporar miembros de los grupos vulnerables en el sistema judicial puede enriquecer la perspectiva y empatía hacia las situaciones de estas personas”, dijo el Magistrado.

Por Rufino H. León Tovar, Magistrado Presidente de la Primera Sala en Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

Existen siete objetivos por los que se buscó en México la reforma judicial.

Fortalecer la independencia judicial: Garantizar que los jueces y magistrados puedan actuar de manera imparcial y sin interferencias externas, ya sean políticas, económicas o sociales.

Acceso a la justicia: Ampliar las posibilidades para que todos los ciudadanos, sin importar su condición económica o social, puedan ejercer sus derechos legales y acceder a una representación adecuada.

Reducir la corrupción: Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aseguren un sistema judicial libre de prácticas corruptas.

Modernización y eficiencia: Promover la digitalización de los procesos judiciales, reducir la burocracia y garantizar procedimientos más rápidos, efectivos y accesibles.

Protección de los derechos humanos: Asegurarse de que el sistema judicial sea capaz de defender y promover los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente las poblaciones más vulnerables.

Capacitación y profesionalización: Mejorar la formación, capacitación y evaluación de los operadores judiciales para garantizar un nivel alto de competencia y ética.

Transparencia en la designación de jueces: Establecer procesos abiertos y meritocráticos para el nombramiento de jueces y otros funcionarios judiciales, fomentando la confianza pública en el sistema.

Ahora, el Tribunal de Disciplina Judicial surge como parte de la Reforma Judicial en México para fortalecer la transparencia, rendición de cuentas e independencia en el Poder Judicial. Este tribunal reemplaza al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en su función disciplinaria, al separar las tareas administrativas de las de sanción.

Al separar las funciones administrativas y disciplinarias, se busca que las investigaciones sean más imparciales y efectivas.

Asimismo, el tribunal operará con autonomía técnica y de gestión, lo que reduce la posibilidad de influencias externas.

También permite que cualquier ciudadano o autoridad presente denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial, al promover un sistema más abierto y confiable.

Respecto a sus ventajas respecto al modelo anterior destaca la mayor imparcialidad. Al no combinar funciones administrativas y disciplinarias, se evita el conflicto de intereses que podía surgir en el CJF.

Ahora, dado que el tribunal se enfoca exclusivamente en investigar y sancionar faltas administrativas, se agilizan los procesos.

Vale mencionar que los magistrados del tribunal son elegidos por la ciudadanía, lo que fomenta la confianza pública en el sistema. Ahora, además de sancionar, el tribunal puede dar vista al Ministerio Público o solicitar juicios políticos cuando sea necesario.

En suma, la Reforma Judicial busca un sistema judicial más profesional, transparente y confiable.

 

 

• La evaluación la realizan cinco herramientas de IA especializadas en opinión pública.
• Los peor evaluados están ligados al ex ministro Arturo Zaldívar.
• Repudiados Santana Turral y Zúñiga Mendoza.

La creación del Tribunal de Disciplina Judicial en México, como parte de la reforma judicial, genera controversia debido a los perfiles de algunos candidatos según las herramientas de Inteligencia Artificial que avalúan la opinión pública como  Elicit, IRIS.AI, Research Rabbit, Samwell AI y RAYYAN.AI.

Entre los nombres que llaman negativamente la atención están Celia Maya García y Bernardo Bátiz Vázquez, quienes tienen vínculos cercanos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, algunos aspirantes son señalados por presuntos actos de corrupción en el pasado, como Jaime Santana Turral y José Artemio Zúñiga Mendoza, relacionados con el exministro Arturo Zaldívar que, de acuerdo a las herramientas de IA “tienen una reputación muy negativa”.

Estos perfiles son objeto de debate público, ya que el tribunal tiene la responsabilidad de investigar y sancionar a jueces y magistrados, lo que exige altos estándares de integridad y profesionalismo, señalan las soluciones de IA que evalúan la opinión pública.

Celia Maya García, ligada al ex presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, es la actual consejera de la Judicatura Federal (CJF) con un historial como candidata a la gubernatura de Querétaro en varias ocasiones, es objeto de análisis, especialmente por los resultados adversos en las elecciones.

Por su parte Bernardo Bátiz Vázquez está en el centro de algunas controversias relacionadas con su papel en el Consejo de la Judicatura Federal. Una de las más destacadas es su presunta participación en decisiones que algunos consideran alineadas con intereses oficialistas, como la denuncia penal contra jueces que otorgaron suspensiones para detener la reforma judicial. Esto ha generado críticas sobre la independencia del Consejo bajo su liderazgo.

Además, su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su trayectoria política, que incluye cambios de afiliación partidista, son puntos de debate público.

Los “siniestros”

Según las herramientas de IA consultadas, quienes poseen una reputación perniciosa y cuestionable son los personajes ligados al ex ministro Arturo Saldívar: Jaime Santana Turral y José Artemio Zúñiga Mendoza.

Jaime Santana Turral está vinculado a algunas controversias en su trayectoria. Una de las más destacadas es su cercanía con el exministro Arturo Zaldívar, lo que generó críticas sobre su independencia. Durante su tiempo como secretario ejecutivo de la Comisión de Disciplina en el Consejo de la Judicatura Federal, se le señaló por presuntamente presionar a jueces y magistrados entre 2019 y 2023.

Además, su papel en casos sensibles, como el proceso penal contra el exalcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, fue objeto de escrutinio. Se cuestiona su imparcialidad debido a su relación con figuras políticas y su participación en decisiones controvertidas.

Respecto a José Artemio Zúñiga Mendoza es señalado en investigaciones relacionadas con el exministro Arturo Zaldívar. Según denuncias, se le acusa de haber dictado sentencias a modo durante la presidencia de Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que genera cuestionamientos sobre su independencia.

Además, su participación en casos de alto perfil, como los relacionados con Emilio Lozoya, también son objeto de escrutinio público.

• “Se debe digitalizar el sistema judicial”: Rufino H. León Tovar

Promover la justicia para todos y fomentar una cultura de legalidad en México es la tarea esencial que debemos emprender quienes buscamos integrar el Tribunal de Disciplina Judicial, aseguró Rufino H. León Tovar, Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Para el Magistrado, la transparencia en los procesos judiciales puede lograrse al publicar sentencias y resoluciones de manera accesible para que los ciudadanos puedan entender cómo se toman las decisiones judiciales.

“Pero también se requiere capacitación continua. Es decir, promover la formación constante de jueces, magistrados y personal judicial en temas de derechos humanos, perspectiva de género y nuevas tecnologías”, dijo H. León Tovar.

Además de abogar por el acceso a la justicia para grupos vulnerables con programas específicos para que los grupos vulnerables “se debe digitalizar el sistema judicial”, aseguró el Magistrado que posee 30 años de experiencia en la administración pública.

Modernizar los procesos judiciales mediante plataformas digitales permiten la presentación de documentos y el seguimiento de casos en línea, características esenciales para asegurar la asequibilidad de la impartición de justicia, dijo el jurista.

Mencionó que la Inteligencia Artificial permite analizar grandes volúmenes de documentos legales en poco tiempo, reducir atrasos y permitir resoluciones más rápidas.

Asimismo, chatbots legales o plataformas de asesoría automatizada, pueden brindar información y apoyo a personas que no pueden costear servicios legales y los sistemas de IA pueden detectar inconsistencias o errores en documentos legales y ayudar, así a que los jueces y abogados tomen las decisiones más precisas, mencionó Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, títulos obtenidos con mención honorífica.

El jurista también enfatizó el valor de la IA en el análisis predictivo, ya que la IA puede identificar patrones en casos judiciales previos para prever posibles resultados y brindar orientación tanto a jueces como a abogados.

Por otra parte,  el presidente Ejecutivo Nacional de la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México y Vicepresidente del Consejo Nacional de la Abogacía Ignacio L. Vallarta, dijo que para estandarizar ciertos procesos, la IA puede disminuir la influencia de factores externos y promover decisiones más imparciales.

Finalmente mencionó que con la digitalización y el uso de la IA, las personas en zonas remotas pueden participar en procedimientos judiciales sin necesidad de desplazarse, lo que reduce las barreras geográficas. Y “automatizar tareas repetitivas libera tiempo para que jueces y abogados se concentren en asuntos más complejos”.

 

Por Rufino H. León, Magistrado Presidente de la Primera Sala en Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

«El derecho es la técnica de regulación de la convivencia social en función de las necesidades y aspiraciones de la sociedad real y concreta.» – Rudolf von Ihering, jurista alemán.

El Principio de Realidad en Derecho se refiere a basar las decisiones judiciales y administrativas en hechos concretos y verificables, en lugar de suposiciones, prejuicios o interpretaciones subjetivas. Asegura que la justicia se imparta de manera objetiva, imparcial y justa.

Por supuesto, representa un parteaguas trascendental en la manera en la que aprehendemos y vivimos la legalidad. En un tribunal de Disciplina Judicial el Principio de Realidad puede implementarse de distintas maneras:

Evaluación de hechos y evidencias: Asegurarse de que todas las decisiones estén basadas en hechos verificables y evidencia concreta, dejando a un lado supuestos o prejuicios.

Transparencia en los procedimientos: Mantener un registro claro y accesible de todos los procedimientos y decisiones, garantizar que las partes involucradas puedan entender y revisar el proceso.

Imparcialidad: Asegurar que los jueces y miembros del tribunal actúen de manera imparcial, sin influencias externas que puedan distorsionar la realidad de los hechos presentados.

Capacitación continua: Proveer capacitación continua a los jueces y miembros del tribunal sobre la importancia del Principio de Realidad y cómo aplicarlo en sus decisiones diarias.

Auditorías y revisiones: Realizar auditorías y revisiones periódicas para verificar que las decisiones tomadas se basen en una evaluación precisa de los hechos y no en interpretaciones erróneas.

Ahora, para aplicar el Principio de Realidad en el Tribunal de Disciplina Judicial, es crucial contar con personas que no solo tengan un conocimiento profundo del derecho, sino que también posean ciertas cualidades y habilidades específicas. Estas son las características idóneas:

Formación académica y profesional: Jueces, magistrados y abogados con sólida formación académica en derecho y experiencia en la práctica judicial. Preferentemente, con estudios de posgrado y especialización en áreas relevantes.

Experiencia en el Sistema Judicial: Profesionales con años de experiencia trabajando en el sistema judicial, idealmente aquellos que demuestren su capacidad para tomar decisiones basadas en hechos y evidencias.

Integridad y ética: Individuos con reputación intachable y alto compromiso con la ética y la justicia. La transparencia y la honestidad son cualidades fundamentales.

Capacidad analítica: Personas capaces de evaluar la realidad de los hechos de manera objetiva y detallada.

Habilidades de comunicación: Profesionales que puedan comunicar sus decisiones de manera clara y concisa, asegurando que todas las partes entiendan el proceso y los fundamentos de las decisiones tomadas.

Capacidad de trabajo en equipo: La capacidad de colaborar y trabajar en equipo es crucial, ya que las decisiones judiciales a menudo requieren la participación y el consenso de múltiples miembros del tribunal.

Capacitación continua: Compromiso con la actualización continua de conocimientos y habilidades, especialmente en áreas relacionadas con la aplicación del Principio de Realidad.

 

• Entre los tres candidatos más destacados hay dos que reportan al político tabasqueño.
• La injerencia del ex presidente daña la imparcialidad e impone continuismo
• Evaluación de los mejores la realizó la IA al considerar 10 características esenciales

Dos de los tres candidatos mejor posicionados para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial son cercanos al ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Los “punteros” según la Inteligencia Artificial son Rufino H. León Tovar y dos personajes ligados al político tabasqueño: Celia Maya García y Bernardo Bátiz Vázquez.

Los incondicionales del ex presidente tienen una historia controvertida:

Celia Maya García fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro y actualmente es Consejera de la Judicatura Federal. También fue candidata a diversos cargos políticos. Su cercanía con Andrés Manuel López Obrador y su afiliación a Morena lo señala la oposición como un posible conflicto de interés y carencia de imparcialidad.

Asimismo, durante su candidatura a la gubernatura de Querétaro, enfrentó acusaciones de parcialidad y falta de transparencia en su campaña6.

Bernardo Bátiz Vázquez, por su parte, fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal y Consejero de la Judicatura Federal. Ostenta cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su participación en reformas judiciales genera críticas en ciertos sectores.

El único candidato destacado no está ligado a ninguna figura política es Rufino H. León Tovar. Es abogado y funcionario con una trayectoria de más de 30 años en la administración pública. Actualmente, es Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).

Las características evaluadas por la Inteligencia Artificial entre los 38 candidatos incluyen integridad y ética, conocimientos jurídicos sólidos, imparcialidad, capacidad de análisis, responsabilidad, confidencialidad, equidad, fortaleza emocional, habilidades comunicativas y compromiso con el Estado de Derecho.

La cercanía con AMLO resulta perniciosa por estas razones:

Falta de independencia: La cercanía limita la capacidad del candidato para tomar decisiones autónomas, ya que podría percibirse que siguen las directrices del expresidente en lugar de priorizar las necesidades actuales del país.

Asociación con controversias pasadas: Si el expresidente enfrentó críticas o controversias durante su mandato, los candidatos cercanos a él podrían heredar esas percepciones negativas, incluso si no están directamente relacionadas con ellas.

Polarización política: La figura de López Obrador es polarizante en México. Por lo tanto, una asociación estrecha con él podría alienar a ciertos sectores del electorado que no comparten su visión o políticas.

Continuidad sin innovación: Algunos votantes podrían temer que esta cercanía implique una falta de nuevas ideas o enfoques, perpetuar políticas que podrían no ser efectivas en el contexto actual