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Por Arturo Ortiz, director de Grupo CIPI Protección, empresa de capacitación en seguridad.
Es uno de los delitos con mayor impunidad a nivel mundial. Un crimen sin castigo en el que las principales víctimas son mujeres y niños. Aunque se perpetra a nivel mundial, existe mayor incidencia en economías emergentes y en aquellos lugares donde no existe realmente un Estado de Derecho.
Estos son los reportes del delito invisible.
Durante el último quinquenio se dispararon las cifras de trata de personas. En el año 2018, a nivel nacional se registraron 575 víctimas. La cifra aumentó a 668 un año después, lo que representó un incremento del 16 %.
A partir de 2020 el incremento anual de este delito en México creció alarmantemente y según el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2022 se reportaron 494 víctimas de tráfico humano, lo que representó un aumento de 25% respecto a la cifra anterior.
A nivel mundial también se presenta un panorama desolador en este delito que supone la explotación de mujeres, hombres, niños y niñas con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual.
Se calcula que anualmente más de 500.000 personas son víctimas de la trata en todo el mundo. Una cada hora. La mayoría de ellas son captadas para ser explotadas sexualmente.
Casi las tres cuartas partes de las víctimas de la trata detectadas a nivel mundial son mujeres. El 31% son niños.
Entre las mujeres víctimas de explotación sexual, que además fueron traficadas, sufren las peores condiciones. Son las más vulnerables a ser captadas, las que sufren más malos tratos y violencia durante el tiempo que es sometida, y las que menor oportunidades tienen rehabilitarse y rehacer su vida tras una eventual huida de las redes que las someten.
La trata de seres humanos ocurre en todos los países. Pero tiene más impacto en entornos donde el estado de derecho y del bienestar es débil y las personas carecen de oportunidades.
Las crisis humanitarias, la pobreza extrema y los conflictos crean un entorno en el que los traficantes se aprovechan fácilmente de las personas más vulnerables.
Cada año se detectan y se denuncian más casos de tráfico humano en todo el mundo, y cada vez con mayor proporción de niños y niñas. En 2023 los menores de edad víctimas del tráfico con fines sexuales ya son el 36%. De ellos, el 23% son niñas y 8% niños.
La lucha contra la trata de personas nos acerca al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que exigen eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niños, combatir la delincuencia organizada y erradicar el trabajo forzoso, el abuso, la explotación y la violencia.
Para evitar la trata de personas se recomienda:
No publicar información personal en las redes sociales, ni usarlas para conocer gente desconocida, no aceptar ofertas de trabajo sospechosas o que impliquen viajar a otro país sin garantías, no permitir que los hijos menores viajen solos o con extraños, ni dejarlos solos en lugares concurridos.
Controlar el acceso de los hijos al internet y enseñarles a no citarse con nadie que hayan conocido en línea y promover y apoyar políticas y legislación contra la trata de personas.

Por Arturo Ortíz, CEO del grupo CIPI Protección, empresa de capacitación en seguridad

La principal preocupación de los habitantes de Latinoamérica, por encima incluso de la pobreza y el desempleo, es la inseguridad y violencia. A través de estos fenómenos ven peligrar la integridad física de ellos y sus familias. A la par, son condiciones que pulverizan su patrimonio.

El ascenso de crímenes económicos y de alto impacto social es multifactorial. Sin embargo, juega un rol primordial un alto nivel de impunidad. Simplemente, en la desaparición de personas en México, por ejemplo, es del 99.1% según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Hay quienes atribuye el aumento delincuencial a la rápida y desordenada urbanización, los niveles de pobreza, la desigualdad, el desarrollo del crimen organizado y el acceso a las armas de fuego.

Asimismo, la criminalidad tiene impactos significativos en los costos directos de tipo médico legal, policial, penitenciario, correccional y de seguridad privada. A la par, los costos indirectos del crimen se ven reflejados en la pérdida de ganancias y vida, baja en el capital humano, productividad, menor inversión y costos psicológicos entre muchos otros.

Simplemente, la pérdida de productividad asociada a la violencia, en la región alcanza el 0.74% del Producto Interno Bruto (PIB) según distintos estudios.

La violencia presenta un trazo ascendente. El uso deliberado de la fuerza física o el poder para causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación de la libertad es multifactorial. Presenta diversa naturaleza, motivación, ámbito y víctimas. Así, conocer tales factores es crucial para prevenirla.

Para combatir la violencia y delincuencia puede optarse por medidas represivas o un enfoque preventivo. En el primero se opta por el control del Estado y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. La opción preventiva, en cambio, establece los límites de las instituciones de seguridad y el papel que puede y debe jugar la ciudadanía.

En general la represión es reactiva, resulta más onerosa y menos efectiva respecto a la prevención. Asimismo, el involucramiento de la ciudadanía implica el romper el paradigma de la seguridad pública para transitar al de seguridad ciudadana, donde se asume una corresponsabilidad social para minimizar la violencia y actos delictivos.

El enfoque preventivo, que implica mayor participación ciudadana, requiere capacitarnos para comprender la violencia familiar y juvenil, establecer un diagnóstico, diseñar estrategias, monitorear y evaluar y permitir que los participantes que se capacitan en estos temas puedan diseñar y presentar estrategias.

No se trata, en suma, de abandonar el rol de proactividad social y dejarlo todo a manos de un Estados represor, sino de involucrarse en soluciones de problemáticas comunes y aportar desde la capacitación y el conocimiento.

¿Cómo diseñarías tú un programa de seguridad en tu comunidad? Me encantaría escuchar tus opiniones sobre un tema tan importante para todos. Gracias por compartir tu opinión. Estaré atento a tus comentarios.

Por Arturo Ortíz, CEO del grupo CIPI Protección, empresa de capacitación en seguridad
La principal preocupación de los habitantes de Latinoamérica, por encima incluso de la pobreza y el desempleo, es la inseguridad y violencia. A través de estos fenómenos ven peligrar la integridad física de ellos y sus familias. A la par, son condiciones que pulverizan su patrimonio.
El ascenso de crímenes económicos y de alto impacto social es multifactorial. Sin embargo, juega un rol primordial un alto nivel de impunidad. Simplemente, en la desaparición de personas en México, por ejemplo, es del 99% según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Hay quienes atribuye el aumento delincuencial a la rápida y desordenada urbanización, los niveles de pobreza, la desigualdad, el desarrollo del crimen organizado y el acceso a las armas de fuego.
Asimismo, la criminalidad tiene impactos significativos en los costos directos de tipo médico legal, policial, penitenciario, correccional y de seguridad privada. A la par, los costos indirectos del crimen se ven reflejados en la pérdida de ganancias y vida, baja en el capital humano, productividad, menor inversión y costos psicológicos entre muchos otros.
Simplemente, la pérdida de productividad asociada a la violencia, en la región alcanza el 0.74% del Producto Interno Bruto según distintos estudios.
La violencia presenta un trazo ascendente. El uso deliberado de la fuerza física o el poder para causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación de la libertad es multifactorial. Presenta diversa naturaleza, motivación, ámbito y víctimas. Conocer tales factores es crucial para prevenirla.
Para combatir la violencia y delincuencia puede optarse por medidas represivas o un enfoque preventivo. En el primero se opta por el control del Estado y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. La opción preventiva, en cambio, establece los límites de las instituciones de seguridad y el papel que puede y debe jugar la ciudadanía.
En general la represión es reactiva, resulta más onerosa y menos efectiva que la prevención mientras el involucramiento de la ciudadanía implica el romper el paradigma de la seguridad pública para transitar al de seguridad ciudadana donde se asume una corresponsabilidad social para minimizar la violencia y actos delictivos.
El enfoque preventivo, que implica mayor participación ciudadana, requiere capacitarnos para comprender la violencia familiar y juvenil, establecer un diagnóstico, diseñar estrategias, monitorear y evaluar y permitir que los participantes que se capacitan en estos temas puedan diseñar y presentar estrategias.
No se trata, en suma, de abandonar el rol de proactividad social y dejarlo todo a manos de un Estados represor, sino de involucrarse en soluciones de problemáticas comunes y aportar desde la capacitación y el conocimiento.

Por Arturo Ortíz, CEO de Grupo CIPI Protección, empresa líder en capacitación en seguridad.
Cuando se establecen políticas de seguridad pública, los especialistas se enfocan en la faz obscura: quienes son los delincuentes y cómo perpetran los ilícitos.
Sin embargo, cambiar el enfoque y analizar a esa gran porción de la población que no delinque puede conducir a un camino exitoso para erradicar los crímenes. Esto porque resolver problemas sociales, muchas veces requiere aproximarlos de forma diferente. Así conviene analizar las cinco razones por las cuales la gente no delinque y qué se puede hacer para fomentarlas.
Partimos de un dato contundente: el 90% de la población mundial no está ni estuvo involucrada en actividades delictivas.
El principal factor es que poseen valores y educación moral. La enseñanza de principios éticos desde temprana edad, como la empatía, respeto y responsabilidad, establece un fundamento sólido que desalienta la participación en actividades delictivas.
Por supuesto estos valores den fomentarse desde casa pero también a través de todas ñas instituciones mediante programas de divulgación y actividades proactivas en las que se den a conocer en las empresas, por ejemplo, como disminuir el robo hormiga en determinada planta productiva.
Por otra parte, la disponibilidad de oportunidades legítimas es esencial para prevenir el delito. Cuando las personas tienen acceso a empleos estables, educación, atención médica y otros servicios básicos, tienen menos incentivos para recurrir a actividades criminales como medio de supervivencia o búsqueda de satisfacción personal.
La solución por supuesto es fomentar políticas que generen empleo y oportunidades de emprendimiento para reducir las tentaciones de la delincuencia motivada por la necesidad económica. En general esto corresponde a políticas públicas pero como sociedad si se puede incidir en fomentarlas y apoyarlas si se realizan de manera equitativa y transparente.
Por otra parte, una comunidad sólida y cohesionada puede desempeñar un papel fundamental en la prevención del delito. La participación en actividades comunitarias, el apoyo mutuo y el establecimiento de relaciones positivas crean un sentido de pertenencia y respeto, creando un entorno menos propicio para la delincuencia.
Conviene entonces involucrar a la comunidad en asuntos locales y nacionales para fortalecer el sentido de pertenencia y la responsabilidad compartida.
Otra acción que desactiva la comisión de delitos tiene que ver con la existencia de sistemas de justicia efectivos y confiables. Cuando las personas tienen confianza en que los delitos serán investigados y castigados de manera justa, se reduce la tentación de cometer actos ilegales. Además, programas de rehabilitación y reintegración social brindan oportunidades para que los delincuentes cambien y se reintegren a la sociedad de manera positiva.
Entonces fomentar la cultura de la legalidad, exigir y procurar justicia, así como implementar programas de prevención del delito y de reinserción social para aquellos que cometieron faltas menores, permite una oportunidad de cambio y corrección de rumbo.
Finalmente, cuando se tiene acceso a servicios de apoyo, como programas de salud mental, adicciones y asistencia social, también se previene el delito. Cuando las personas reciben el apoyo necesario para hacer frente a desafíos emocionales, económicos o sociales, se fortalecen y encuentran alternativas constructivas a la delincuencia.
Por ende, fomentar e impulsar líderes ejemplares en todos los ámbitos de la sociedad, desde el gobierno hasta la empresa privada, fortalece la ética y responsabilidad.
Finalmente, todos conformamos parte de una cultura y nuestro rol es relevante para crear entornos más éticos y seguros para todos.

Por Arturo Ortiz, CEO de CIPI Protección, empresa líder de capacitación en seguridad integral.
La carrera delincuencial inicia con el robo a transeúntes. Para elegir a sus víctimas se aplica el principio de «el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo».
Es decir, a los delincuentes incipientes se les entrena para buscar blancos fáciles, débiles y lucrativos. Identificar las víctimas perfectas es la lección número uno en la carrera criminal que ahora se acorta a un año para ascender a sicario o narcotraficante.
La víctima perfecta para robarla tiene estas características:
Alto potencial de beneficio económico. El signo más inequívoco es ver que realiza un retiro en efectivo en las ventanillas del banco o a través de los cajeros automáticos. Sin embargo, también cuenta el llevar bolsos o portafolios costosos, ropa cara, calzado fino, joyas o reloj oneroso. Es decir, cualquier signo que detente que se trata de una persona con buen poder adquisitivo.
Factor sorpresa. Se privilegian “blancos” que son fáciles de someter para que entreguen sus pertenecías. En general se trata de transeúntes distraídos con el celular o que caminan dubitativamente por la calle. Las horas en que menos personas transitan o por lugares poco concurridos, resultan ideales para ser víctima de robo. Cabello largo y suelto es otro factor que propia ser víctimas de la delincuencia.
Facilidad de actuar. Para robar se privilegian las condiciones del entorno que permitan huir. También se calcula el nivel de resistencia que puede poner la víctima potencial. Lugares con amplias posibilidades de escape, como múltiples accesos de salida, estar circundado de vecindades o terrenos accidentados son ideales para perpetrar los robos.
Ante ello, es preciso reflexionar y considerar que, cada vez que salimos a la calle, en algún momento, seguramente seremos evaluados como potenciales víctimas. Para disminuir el riesgo de ser elegidos por los criminales debemos considerar los siguientes aspectos:
Mantener un perfil bajo. Esto implica vestir de manera sencilla y evitar prendas ostentosas o llamativas. También prescindir de joyería y objetos voluminosos que impidan transitar de manera rápida y eficiente. Los zapatos de tacón están proscritos, al igual que las prendas ajustadas. Muchos robos aparecen inmediatamente después de un “piropo”.
Caminar con seguridad. Es importante acostumbrarse a caminar en contrasentido de los vehículos, es decir, viéndolos venir, de manera tal que, si un vehículo nos aborda, no nos sorprenda y en caso de necesidad de correr, lo podamos hacer en el mismo sentido al cual nos dirigíamos, ya que difícilmente dicho vehículo podrá echarse de reversa. Conviene caminar con paso firme y evitar distraerse.
Es importante sospechar de hombres entre 17 y 45 años, que porten sacos o chamarras para esconder armas, con gorras y lentes para evitar ser fácilmente identificados. También deben encender las alarmas quienes no lleven algo en sus manos o no estén en compañía de niños pequeños, mujeres o adultos mayores.
Cuando se presienta que algo no está bien, conviene tornar intempestivamente en sentido contrario a donde nos dirigíamos, cruzar la calle e ingresar a un sitio público como una tienda o un edificio para evitar ser víctima del robo a transeúntes, que representa hasta el 82% de los delitos de alto impacto.
La prevención es crucial.

Por Arturo Ortiz, CEO de CIPI Protección, empresa de capacitación de seguridad integral.

La falta de capacitación en el personal de escoltas se posiciona como uno de los tres primeros riesgos personales y de salvaguarda de valores en el mundo empresarial, político y de personajes del espectáculo.
Al no tenerse las condiciones necesarias para desempeñar el cargo, los escoltas no son competentes en este tipo de seguridad que es más compleja con respecto a las demás áreas de seguridad privada. Esto da como resultado la apariencia de una sólida protección, pero representa una peligrosa ilusión de seguridad.
Contrario a la idea popular, el personal no capacitado y con una alta visibilidad genera mayores riesgos en delitos de alto impacto social como homicidio y secuestro, pero también un aparatoso sistema de seguridad personal conlleva a mayores extorsiones, asaltos y fraudes a los servidores públicos, empresarios y personajes públicos.
Debido a la falencia de seguridad ostentosa, y muchas veces ineficaz, algunas empresas implementan procesos de selección rigurosos para no cometer errores con el personal designado a salvaguardar la integridad personal de un personaje.
Pero un perfil idóneo debe empatarse con capacitación integral y entrenamiento continuo. Se trata de una actividad en la que se deben actualizar conocimientos y procesos de la actividad delictiva y sus cambiantes modos de delinquir.
La persona que aspire a trabajar como escolta debe pasar por unos procesos rigurosos de selección en Psicología, donde se verifica su estado anímico, intelectual, mental y de personalidad.
Desde la perspectiva jurídica se verifica sus antecedentes disciplinarios, judiciales y procesos que se estén llevando a cabo. En el área táctica y técnica se analiza su desarrollo profesional, entrenamiento, manejo pericial de las armas, la reacción de manera rápida y segura, entre otras tareas inherentes
Por lo anterior es importe decir que el nivel de capacitación técnica debe permitir al escolta adquirir un conocimiento pleno del riesgo que voluntariamente va a aceptar, la responsabilidad legal y penal que asume cuando es contratado para proteger la vida de una persona VIP.
En consecuencia, la capacitación requiere de una implementación de metodologías académicas necesarias que conduzcan a la dignificación del oficio de los escoltas, de tal forma que articule la cadena productiva de la vigilancia y seguridad privada en términos de rentabilidad, profesionalización, economía y optimización del mercado laboral.
Una de las mejores maneras de dignificar el trabajo es dotar a cada colaborador de los conocimientos y experiencia necesaria para el mejor desempeño de su labor. Incluso, durante la actual Gran Decepción, en la que miles de personas abandonan sus empleos a nivel mundial, retener a los colaboradores va más allá de la compensación y entra en juego el nivel de capacitación que otorgan las corporaciones.
En trabajos de alto riesgo, como el del escolta, la capacitación está ligada al cuidado de la vida de los clientes y sus guardaespaldas.

Por Arturo Ortiz, CEO de CIPI Protección, empresa líder en capacitación integral.
Aumentan las enfermedades mentales a nivel mundial, pero cuando discriminamos, aislamos o humillamos a quienes padecen depresión, ansiedad o bipolaridad, por ejemplo, también disminuimos la productividad empresarial, frenamos nivel de resiliencia organizacional y aumentamos accidentes laborales y ausentismo.
Al mismo tiempo, los estigmas de salud mental causan serios problemas en el trabajo como la exacerbación de las condiciones de salud conductual y la reducción de la autoestima y la productividad de un empleado. Pero lo que nadie dice que es que la estigmatización está correlacionada con crímenes empresariales como el burnout, espionaje, robo hormiga, fraude e incluso violencia y maltrato.
Ahora, el «estigma» se define como un nivel de vergüenza, prejuicio o discriminación hacia las personas con condiciones de salud mental y es un riesgo muy alto en el lugar de trabajo: rompe la armonía y buen clima laboral y desata conductas inapropiadas al no frenar la falta de respeto y deshumanización hacia algunas personas.
Las afecciones mentales, asimismo, a menudo se ven y tratan de manera diferente a otras enfermedades crónicas, a pesar de estar en gran parte arraigadas en la genética y la biología. Este repudio abierto o solapado es la nueva pandemia que debe combatirse. Existen tres tipologías de estigmatización:
El autoestigma ocurre cuando los individuos internalizan y aceptan estereotipos negativos. Convierte a una persona «completa» en alguien que se siente «roto». La depresión, por ejemplo, puede ser una enfermedad terrible. Te hace sentir inútil y sin un propósito.
El estigma público o social, el segundo tipo, es la actitud negativa de la sociedad hacia un grupo particular de personas. Crea un entorno de desacreditación, temor y aislamiento a quienes tienen una enfermedad mental. A la par, no hablar de ello implica un sufrimiento en solitario. Es el tipo de conducta que más debe desactivarse en las organizaciones.
El estructural, por otra parte, se refiere a la discriminación a nivel del sistema, como normas culturales, prácticas institucionales y políticas de atención médica que no están a la par con otras afecciones de salud. Es decir, se limitan los recursos y las oportunidades y, por lo tanto, perjudican el bienestar del afectado y su familia.
Es importante recalcar: el impacto del estigma, en cualquiera de sus tres variedades, puede profundizar una enfermedad que a menudo es invisible para los demás.
Las enfermedades mentales resultan muy peligrosas. Por ejemplo, trabajadores con alta autoestima pierden al menos un día de trabajo debido al agotamiento o el estrés. Por supuesto, esto se agudiza en personas en duelo, con agudo agotamiento, depresión, ansiedad o bipolaridad. Las enfermedades mentales roban armonía y productividad, pero también condenan a las empresas a una caída en picada en todos los sentidos.
Hoy, el 75 por ciento de los líderes empresariales a nivel mundial, reconocen la presencia del estigma en sus lugares de trabajo. Saben que sus empleados tienen miedo de hablar sobre las necesidades de salud conductual.
Una cultura inclusiva y beneficios equitativos pueden conducir a una intervención y apoyo más tempranos y efectivos para las personas con afecciones de salud conductual.
Para empezar, los empleadores pueden cambiar la percepción errónea de que una condición mental es una falla moral. Se trata de una enfermedad tan tratable como otras condiciones médicas.
Aunque las empresas no pueden cambiar las percepciones de la enfermedad mental por decreto, si pueden educar a las personas y promover equipos de apoyo. Estas acciones directas pueden frenar “la otra pandemia” que arrastra innumerables peligros.