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ISSSTE y Afores, blanco de protestas de la CNTE

La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desplegó este martes una serie de movilizaciones en diversos puntos de la Ciudad de México, como parte de su jornada número 12 de protestas. Las acciones incluyeron el bloqueo de vialidades primarias y la toma de edificios públicos, especialmente de instituciones vinculadas al sistema de pensiones.

Desde primeras horas de este 28 de mayo, se reportó la presencia de al menos 4,500 personas en diferentes puntos de Paseo de la Reforma, Insurgentes Sur y la colonia Buenavista, donde se ubican oficinas del ISSSTE y varias administradoras de fondos para el retiro (Afores).

La protesta principal se concentró en las inmediaciones del ISSSTE en Jesús García 140, alcaldía Cuauhtémoc, cerca de las estaciones Buenavista del Metro y del Metrobús, donde fue suspendido el servicio de la Línea 4 debido a la presencia de manifestantes.

Los puntos con mayor concentración de personas incluyen:

  • Paseo de la Reforma y calle Havre: 1,500 personas

  • Reforma 144 y General Prim: 600 personas

  • Jesús García 140, colonia Buenavista (ISSSTE): 600 personas

  • Insurgentes Sur 859, colonia Nápoles: 800 personas

  • Reforma 489: 550 personas

  • Reforma 381 (poniente): 500 personas

Las autoridades de la Ciudad de México informaron que el arribo de manifestantes continúa y exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y usar vías alternas.

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Auto intenta pasar a manifestantes en San Antonio Abad

La mañana de este martes 27 de mayo, un automovilista embistió con su vehículo a un grupo de manifestantes que bloqueaban la Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando las personas impedían el paso vehicular en dirección al Centro Histórico como parte de una jornada de movilizaciones que se registran este día en distintos puntos de la capital.

Tras la agresión, autoridades capitalinas intervinieron para mediar la situación. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se retiró del lugar sin mayores complicaciones y no se registraron personas lesionadas.

Este martes, diversas marchas y protestas afectan la movilidad en la Ciudad de México.

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Rechaza Antonio juicio abreviado por ser inocente

  • Solicita la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Antonio Luna Guerra lleva dos años en prisión preventiva, acusado de un delito que asegura no cometió. Lejos de optar por un procedimiento abreviado —mecanismo que implica aceptar culpabilidad sin necesidad de pruebas a cambio de una reducción de condena— decidió enfrentar un juicio ordinario. “Elegí no someterme al abreviado porque soy inocente. Lo hice por amor a mis hijos, para limpiar mi nombre y porque no acepto declararme culpable de algo que no hice”, sostuvo.

Sin embargo, asegura que su decisión lo ha enfrentado a un sistema judicial que vulnera sus derechos. Denuncia pruebas ignoradas, procesos viciados y una condena mediática sin que exista una sentencia formal. “Llevo dos años privado de mi libertad sin que se me permita una defensa adecuada, sin que se reciban mis pruebas, sin que se haya probado mi culpabilidad y sin una sentencia justa”, dijo.

Uno de los aspectos que más le afectan es el daño emocional hacia su familia. “Buscan borrar mi imagen ante mis hijos con acusaciones sin sustento”, agregó. Además del proceso penal, enfrenta una serie de litigios: juicios familiares, demandas laborales que rebasan los 500 mil pesos y una solicitud de pensión alimenticia mensual de 200 mil pesos.

Ante lo que considera una cadena de irregularidades, Luna Guerra envió una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que solicita su intervención. En ella señala a jueces y magistrados que —afirma— han obstaculizado su derecho a un juicio justo, entre ellos la jueza Juana Erika Ordóñez Salazar, el juez Ismael Alcántara Vázquez, los jueces Edgar Agustín Rodríguez Beiza y Juventino González Ocote, así como la magistrada María del Rocío Morales Hernández.

A su misiva adjuntó documentos relacionados con sustracción de menores, patria potestad, demandas de pensión y denuncias por violencia en su contra, que —dice— evidencian inconsistencias del caso.

“Le pido justicia, señora Presidenta. No pido privilegios, solo un juicio imparcial”, concluyó.

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Entrelazado judicial: «El Profe» denuncia red de corrupción en el Poder Judicial capitalino

(Agencias) Antonio, conocido como «El Profe», privado injustamente de su libertad, alza la voz desde el encierro para denunciar un entramado judicial que, según sus palabras, opera como una maquinaria de corrupción en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Jueces, fiscales y abogadas estarían coludidos para violentar no solo sus derechos, sino también los de sus hijos menores, en un caso que exhibe la fragilidad del sistema frente a intereses personales y económicos.

Su encarcelamiento, afirma, se basa exclusivamente en los señalamientos de su expareja, Adriana, sin que existan pruebas contundentes en su contra. «Soy víctima del abuso de la perspectiva de género», sostiene, en referencia a un fenómeno que ha sido expuesto en múltiples casos judiciales donde el enfoque de protección a las mujeres ha sido desvirtuado para fabricar culpables.

Más grave aún es lo que describe como el uso sistemático de sus hijos —a quienes llama con ternura «Los Ñoños», de 9 y 5 años— como herramientas de presión. Los menores han sido sometidos a exámenes físicos y psicológicos invasivos, en un intento por sustentar acusaciones que, según Antonio, solo buscan extorsionarlo económicamente.

En su denuncia, «El Profe» señala con nombres y apellidos a quienes considera responsables de esta red de corrupción: las abogadas Claudia Elena De Buen Unna y Aide González Torres; la madre de sus hijos, Adriana; los jueces Juana Erika Ordóñez Salazar, Ismael Alcántara Vázquez, Edgar Agustín Rodríguez Beiza y Juventino González Ocote, así como la magistrada María del Rocío Morales Hernández. Todos, según asegura, han actuado con parcialidad y conflicto de interés, favoreciendo de forma sistemática a la parte acusadora.

Antonio revela cifras que —de comprobarse— evidenciarían un esquema de tráfico de influencias: hasta 1.5 millones de pesos por una carpeta de abuso sexual, 900 mil por una de violencia familiar, y pensiones alimenticias impuestas por jueces cercanos a su contraparte que ascienden a 200 mil pesos mensuales, sumando un total proyectado de 7.2 millones.

Además, acusa a la Fiscalía de Violencia Familiar y Abuso Sexual de ignorar sus denuncias y omitir pruebas clave, como un dictamen pericial donde su hijo declara no haber sufrido abuso alguno.

Desde su celda, Antonio exige su inmediata libertad, la investigación de todos los funcionarios involucrados, protección para sus hijos y transparencia en el manejo de su caso.

Mis hijos no son mercancía. Basta de usar la justicia para destruir familias”, sentencia.

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‘El Profe’ Desenmascara Red de Corrupción en Juzgados Capitalinos

Ciudad de México.- Antonio, conocido como «El Profe», privado injustamente de su libertad, alza la voz para denunciar una grave red de corrupción en el Poder Judicial de la Ciudad de México, donde jueces, fiscales y abogados actúan en complicidad para violar sus derechos y los de sus hijos.

*Injusticia basada en testimonios sin pruebas* 

Antonio asegura que su encarcelamiento se sustenta únicamente en el dicho de su expareja, Adriana, sin pruebas contundentes en su contra. Además, denuncia ser víctima del *abuso de la perspectiva de género*, un fenómeno que ha sido expuesto en múltiples casos mediáticos.

*Utilizan a sus hijos como escudo* 

Los menores, de 9 y 5 años (a quienes se refiere cariñosamente como «Los Ñoños»), en lugar de disfrutar su infancia, han sido sometidos a exámenes invasivos en la Fiscalía y juzgados, utilizados como instrumentos para extorsionar económicamente a Antonio.

*Red de corrupción: jueces, abogados y fiscales involucrados*

Antonio señala directamente a los responsables:

– *Adriana*, la madre de sus hijos.

– *Abogadas*: Claudia Elena De Buen Unna y Aide González Torres.

– *Jueces*:

– Juana Erika Ordóñez Salazar (Familiar), quien decretó la pérdida de patria potestad *sin pruebas*.

– Ismael Alcántara Vázquez, Edgar Agustín Rodríguez Beiza y Juventino González Ocote (Penal), quienes lo vincularon a proceso *sin fundamentos jurídicos*.

– Magistrada María del Rocío Morales Hernández.

*Denuncia tráfico de influencias y venta de sus hijos* 

Antonio revela cifras escandalosas que evidencian un esquema de corrupción:

– *$900,000* por carpeta de violencia familiar.

– *$1,500,000* por carpeta de abuso sexual.

– *$200,000 mensuales* en pensión alimenticia (total proyectado: *$7,200,000*).

– *$500,000* por demanda laboral.

*Jueces con conflicto de interés* 

Los jueces penales *Alcántara, Beiza y Ocote* tienen *vínculos académicos y afectivos* con Adriana y su abogada, Aide González Torres, lo que explica sus resoluciones parciales.

*Pruebas ignoradas y violación a los derechos de los niños*

A pesar de existir un *dictamen pericial* donde su hijo declara que *nunca sufrió abuso*, los jueces y fiscales omiten esta prueba. Además, los menores han sido sometidos a exámenes físicos invasivos, violando su integridad.

*Fiscalía de CDMX: cómplice de corrupción* 

La Fiscalía de Violencia Familiar y Abuso Sexual ha *ignorado sus denuncias, actuando únicamente en favor de Adriana, en un claro caso de **tráfico de influencias*.

*Exigencia de justicia* 

Antonio demanda:

  1. *Libertad inmediata*, al no existir pruebas en su contra.
  2. *Investigación* a los jueces y fiscales involucrados.
  3. *Protección para sus hijos*, cesando el uso de ellos como instrumento de extorsión.
  4. *Transparencia* en el manejo de su caso.

*»Mis hijos no son mercancía. Basta de usar la justicia para destruir familias»* – Antonio, El Profe.

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Ex Miss Estado de México detenida por despojo y robo en Satélite

Daniela Miruvska “N”, quien en el pasado ostentó el título de Miss Estado de México, ha sido aprehendida por su presunta implicación en los delitos de despojo y robo, según informaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). La detención se llevó a cabo en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, gracias a la colaboración entre la FGJEM y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

La investigación en contra de la ex reina de belleza se centra en hechos ocurridos el 16 y 17 de noviembre de 2022 en la colonia Fuentes de Satélite, ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza. De acuerdo con la información proporcionada, empleados de la víctima se presentaron en un inmueble con derecho de usufructo vitalicio cedido por la ahora detenida. En ese momento, Daniela Miruvska “N” habría argumentado ser la propietaria del lugar, impidiendo que los trabajadores realizaran labores de mantenimiento.

Posteriormente, al día siguiente, la ex Miss se presentó en compañía de otra persona, un cerrajero y elementos de la policía municipal. En esta ocasión, presuntamente desalojaron a dos personas que se encontraban dentro del inmueble y negaron el acceso a la víctima.

La denuncia formal se interpuso después de que, el 31 de mayo de 2024, tras una diligencia de posesión del inmueble derivada de un Juicio Ordinario Civil, la víctima se percatara de la falta de diversos objetos de valor. Entre los artículos sustraídos se encontraban equipos de spa, 250 mil pesos en efectivo, prendas de vestir, calzado, equipos de cómputo, joyería y documentos personales, según detalló un comunicado de la FGJEM.

La investigación de la Fiscalía mexiquense condujo a la obtención de una orden de aprehensión en contra de Daniela Miruvska “N”, quien también se desempeñó como directora del Instituto de la Mujer durante la administración municipal de la exalcaldesa de Atizapán de Zaragoza, Ruth Olvera.

Tras su detención, la ex Miss Estado de México fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente para que se determine su situación legal en relación con los delitos de despojo y robo que se le imputan.

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Raymundo Villalpando, candidato a juez civil del Poder Judicial de la CDMX, llama a garantizar justicia civil al alcance de todos

El candidato a juez civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, Raymundo Villalpando, emitió un contundente llamado a democratizar el acceso a la justicia en el país, al advertir que los costos de los juicios civiles son inalcanzables para gran parte de la población, lo cual vulnera el derecho a una justicia equitativa.

“¿Sabías que un juicio civil en México puede costar miles de pesos? La realidad es que la mayoría de nosotros no tenemos ese dinero para pagarlo. Y el sistema judicial debe de ser igual para todos, no importando si tienes o no tienes dinero para pagar”, declaró Villalpando, al señalar que urge una transformación profunda en la manera en que se brinda defensa legal en el país.

A través de su mensaje, el aspirante subrayó la necesidad de promover y fortalecer la defensoría de oficio, haciendo visible el trabajo de los abogados públicos que integran este sistema. “Muchas personas no saben a dónde acudir cuando necesitan justicia, y eso lo vamos a cambiar”, sostuvo.

Vilalpando aseguró que su compromiso es con la gente, particularmente con quienes enfrentan situaciones legales sin recursos suficientes. “Haré todo para que tengas a la persona más competente y comprometida para apoyarte. Que el dinero no defina si hay justicia o no”, puntualizó.

Desde su postulación, ha reiterado que buscará impulsar un sistema judicial más transparente, justo y accesible para todas las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, recordó que la jornada de votación será el próximo 1 de junio, e invitó a la ciudadanía a participar activamente en la elección judicial. “Soy Raymundo Villalpando, tu candidato a juez civil del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y recuerda, este primero de junio, vota 39”, concluyó.

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Someten a presunto acosador sexual de menor en Azcapotzalco

Un hombre de 54 años fue detenido ayer por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) en la alcaldía Azcapotzalco, tras ser señalado de acosar e intentar realizar tocamientos a una menor de edad que vestía uniforme de secundaria. La rápida acción de un automovilista y vecinos fue crucial para auxiliar a la joven y lograr la detención del presunto agresor.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Del Gas, específicamente en el cruce de las calles Xocotitla y Poniente 27-A. Un ciudadano de 36 años alertó a las autoridades tras observar la situación a través de su circuito cerrado de televisión. Según su testimonio, un hombre estaba molestando a una jovencita con uniforme de una escuela de nivel secundaria.

En redes sociales circuló un video que captó el momento en que el sujeto, vestido con playera azul y pantalón de mezclilla, seguía a la menor que caminaba sola. El sujeto apresuró el paso, la alcanzó y la abrazó por el cuello, ante lo cual la estudiante reaccionó rechazándolo. El hombre insistió e intentó acorralarla, mientras la joven trataba de alejarse.

Afortunadamente, un automovilista que presenció los hechos intervino de inmediato, bajándose de su vehículo para auxiliar a la estudiante, quien subió al automóvil para ponerse a salvo. El presunto acosador intentó huir, pero fue interceptado y retenido por vecinos de la zona que se percataron de lo sucedido.

Oficiales de la SSC, que ya habían sido informados del incidente por la frecuencia de radio, se aproximaron al lugar y detuvieron al hombre, quien coincidía con las características físicas descritas por el denunciante y fue identificado por la joven como el probable responsable. Tras leerle su cartilla de derechos, el detenido fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La madre de la menor afectada se presentó en el lugar y decidió actuar legalmente en contra del probable agresor, identificado como Ricardo “N”.

Este caso resalta la importancia de la participación ciudadana para prevenir delitos y proteger a los más vulnerables. La colaboración entre ciudadanos y la rápida respuesta de la SSC permitieron la detención del sujeto y brindaron apoyo a la menor.

Las autoridades capitalinas confirmaron que el detenido se encuentra bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

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Toreros buscan amparo contra prohibición de ‘corridas con sangre’ en CDMX

El principal sindicato de toreros mexicanos reveló a EFE que presentará ante los tribunales un recurso de amparo contra la nueva ley que prohíbe los castigos y la muerte en las corridas de toros en la Ciudad de México.

También lo solicitarán a título individual los matadores contratados para lidiar en la Plaza México desde 2016, año que la actual empresa gestora tomó el control del mayor recinto taurino del mundo.

Tras la rueda de prensa del 11 de marzo de Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde presentó la prohibición de las “corridas de toros con sangre”, se reunieron los corneadores en la sede de la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos Rejoneadores y Similares (ANMTNRyS).

“Ninguno de nuestros afiliados va a torear con este reglamento”, declaró en entrevista con EFE el presidente de la asociación, Paco Dóddoli, quien considera la ley una prohibición de facto, y confirmó la solicitud de un amparo como sindicato.

Además, adelantó que harán lo propio de forma individual ante los diestros que hayan toreado en Plaza México para Espectáculos Monterrey SA (EMSA), incluso de las porras (agrupaciones de aficionados) y los propietarios del apartado (abonados), explicó el líder sindical de los matadores mexicanos.

La negativa del gremio a torear bajo la nueva ley, aprobada el 18 de marzo en el Congreso de la Ciudad de México, lo confirman cuatro de las principales figuras mexicanas consultadas por EFE.

FIGURAS SE OPONEN A LA LEY

Joselito Adame, con 18 años de alternativa y 16 cirugías por percances provocados por toros, declaró que en “absoluto» torearía bajo esas condiciones.

Igual opinión tiene José Mauricio, con 20 años de alternativa, cinco cornadas y 18 fracturas, quien no estaría dispuesto a participar en un espectáculo “bufo, cuando hay tanto rito dentro de la tauromaquia”.

Mauricio argumentó que esta ley “va en contra del toro y de un arte que es vida y muerte».

“Por cinco minutos de aplausos de la carrera efímera de un político acaban con una cultura centenaria”, comentó.

La joven figura Isaac Fonseca, con dos años de alternativa y ocho cornadas, aseguró que su presencia en un ruedo bajo estas circunstancias “es imposible”, por lo que, de extenderse la prohibición por México, emigraría a Europa.

Para el diestro Diego Silveti, con 14 años de alternativa y 18 cornadas, heredero de una dinastía torera, aceptar el nuevo formato sería “traicionar un legado”.

El efecto dominó en otros estados del país de la legislación, que los toreros llaman ‘Ley Brugada’ preocupa a los profesionales del toro.

Desde el 18 de marzo, cuando se votó en el Congreso capitalino, se han presentado en Aguascalientes y Guanajuato propuestas en el mismo sentido, sin efecto por ahora, y en Michoacán se prohibieron las corridas de toros el pasado 3 de abril.

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Localizan cuerpo sin vida frente al Museo de Antropología, en Chapultepec

La mañana de este martes 8 de abril fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre sobre la banqueta de Paseo de la Reforma, a la altura del Museo Nacional de Antropología, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió justo en uno de los accesos principales al recinto. El hombre, de entre 45 y 50 años de edad, era una persona en situación de calle.

Aunque hasta el momento se desconocen las causas oficiales del fallecimiento, en el cuerpo se observaron manchas hemáticas. Fue cubierto con una manta en espera de los peritajes correspondientes.

De manera extraoficial, trascendió que el occiso habría muerto tras resbalarse y recibir un fuerte golpe en la cabeza.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y personal del Ejército Mexicano acudieron al lugar para realizar las diligencias necesarias.