(Agencias) Antonio, conocido como «El Profe», privado injustamente de su libertad, alza la voz desde el encierro para denunciar un entramado judicial que, según sus palabras, opera como una maquinaria de corrupción en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Jueces, fiscales y abogadas estarían coludidos para violentar no solo sus derechos, sino también los de sus hijos menores, en un caso que exhibe la fragilidad del sistema frente a intereses personales y económicos.
Su encarcelamiento, afirma, se basa exclusivamente en los señalamientos de su expareja, Adriana, sin que existan pruebas contundentes en su contra. «Soy víctima del abuso de la perspectiva de género», sostiene, en referencia a un fenómeno que ha sido expuesto en múltiples casos judiciales donde el enfoque de protección a las mujeres ha sido desvirtuado para fabricar culpables.
Más grave aún es lo que describe como el uso sistemático de sus hijos —a quienes llama con ternura «Los Ñoños», de 9 y 5 años— como herramientas de presión. Los menores han sido sometidos a exámenes físicos y psicológicos invasivos, en un intento por sustentar acusaciones que, según Antonio, solo buscan extorsionarlo económicamente.
En su denuncia, «El Profe» señala con nombres y apellidos a quienes considera responsables de esta red de corrupción: las abogadas Claudia Elena De Buen Unna y Aide González Torres; la madre de sus hijos, Adriana; los jueces Juana Erika Ordóñez Salazar, Ismael Alcántara Vázquez, Edgar Agustín Rodríguez Beiza y Juventino González Ocote, así como la magistrada María del Rocío Morales Hernández. Todos, según asegura, han actuado con parcialidad y conflicto de interés, favoreciendo de forma sistemática a la parte acusadora.
Antonio revela cifras que —de comprobarse— evidenciarían un esquema de tráfico de influencias: hasta 1.5 millones de pesos por una carpeta de abuso sexual, 900 mil por una de violencia familiar, y pensiones alimenticias impuestas por jueces cercanos a su contraparte que ascienden a 200 mil pesos mensuales, sumando un total proyectado de 7.2 millones.
Además, acusa a la Fiscalía de Violencia Familiar y Abuso Sexual de ignorar sus denuncias y omitir pruebas clave, como un dictamen pericial donde su hijo declara no haber sufrido abuso alguno.
Desde su celda, Antonio exige su inmediata libertad, la investigación de todos los funcionarios involucrados, protección para sus hijos y transparencia en el manejo de su caso.
