La Agenda De

No fue uno, sino al menos cuatro militares los infiltrados entre los alumnos o el entorno de la Normal Rural “Isidro Burgos”, reveló el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en el que se destaca que dos de los militares fungían como Órganos de Búsqueda de Información (OBI), adscritos al área de inteligencia.

La misión de estos elementos era vigilar los movimientos de los estudiantes.

Dos de los agentes infiltrados murieron y dos más salvaron la vida y ya fueron interrogados sobre la desaparición de los 43 normalistas. El primero, idenficado como “Juan N”, sobrevivió porque el día de los hechos se quedó en la normal rural por razones desconocidas.

En su declaración dijo que nunca salió de las instalaciones y solo logró escuchar que se había registrado una balacera por la pista Zacacoyuca.

El segundo militar salvó su vida porque se encontraba realizando labores de vigilancia en calles de la capital de Tixtla. Al respecto, el informe dice:

“Se tiene identificado al ‘otro OBI’ desplegado a la cabecera municipal de Tixtla que observa al OBI que forma parte de los estudiantes presuntamente desaparecidos, ingresar a la Normal el 28 de septiembre del 2014”.

Otro militar desapareció junto con los estudiantes

También está el caso del otro militar infiltrado, quien se hacía pasar por alumno: Julio César López Patolzin, desaparecido junto con los estudiantes la noche del 26 de septiembre.

“Las actividades que realizaba López Patolzin, desde el 2012 en la escuela, consistían en informar lo que acontece en las asambleas que se realizaban en la normal; dar seguimiento a las marchas, mítines y cualquier movimiento que los estudiantes realizaban en el estado de Guerrero o fuera de la entidad y detectar vínculos con integrantes de grupos subversivos, grupos de la delincuencia organizada y todo movimiento que pusieran en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional”, se expone en el documento de la Comisión.

El agente estaba bajo las órdenes del teniente del 27 Batallón de Infantería, Francisco Macías Barbosa.

Horas antes de los hechos de la llamada “noche de Iguala”, López Patolzin señaló en un informe que mandó a su superior que los alumnos tenían un plan de acción para el 2 de octubre del 2014.

Su último despacho enviado fue alrededor de las 10:00 horas del 26 de septiembre.

De acuerdo con el informe presentado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) se advierte que el superior jerárquico de López Patolzin no realizó ninguna acción para proteger su integridad a pesar de saber que participaría en las actividades de los normalistas.

Tampoco activó los protocolos de búsqueda del Ejército una vez que se supo de su desaparición, “pese a que su deber, cómo lo establece el protocolo para militares desaparecidos, obliga a los mandos implementar medidas contundentes a fin de coadyuvar en la búsqueda localización y en su caso rescate del personal militar desaparecido”, se menciona en el informe.

Milenio refiere que la identidad del segundo militar fallecido en los hechos, fue confirmado al diario por Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la entonces Procuraduría General de la República.

“Había dos integrantes del Ejército que estudiaban en la normal rural Raúl Isidro Burgos”, señaló en una entrevista de 2014.

Vínculos con Guerrero Unidos

La Secretaría de la Defensa (Sedena) fue obligada en este sexenio a a proporcionar toda la información al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI)  referente al caso de la desaparición y búsqueda de los 43 normalistas.

Entre varios documentos, informes y evidencias, en agosto de 2019, el Ejército amplió la información sobre la colusión de funcionarios estatales con Guerreros Unidos, de policías municipales de Iguala y Cocula con antecedentes castrenses, y la información de militares relacionados con el grupo criminal que se sabe ordenó el secuestro y desaparición de los estudiantes.

Un juez del Sistema Procesal Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México, emitió una orden de aprehensión en contra del exsubsecretario de Turismo federal Simón Levy, por el delito de “responsabilidad de los directores corresponsables de obra” en agravio de María del Carmen Olvera, Arturo Pablo Peña, Valeria Magdalena y Emma Yolanda Santos.

En noviembre del año pasado, el también empresario fue acusado de agredir y amenazar a Emma Yolanda Santos, mujer de la tercera edad.

“Todo termina por caer por su propio peso Q pasó Simon Levy? Sera q hoy se ofrecen 500 dólares, pero por tu paradero?”, expresó la periodista Lourdes Mendoza Peñaloza en Twitter.

A través de un video que se viralizó en redes sociales, se puede ver a Levy-Dabbah golpeando la puerta de un edificio y lanzando amenazas.

“Está haciendo mucho ruido y me está golpeando la puerta. Están golpeando a la puerta, llama a la policía por favor”, se escucha decir a la adulta mayor identificada como Emma Santos, de 65 años de edad.

Sobre las amenazas, la víctima explicó en su momento que se derivaron de un presunto incumplimiento de contrato.

“Él y yo  hicimos un contrato en el cual él ha incumplido todas las reglas que tiene que cumplir. Cada vez que yo le gano una demanda él se pone muy agresivo y va y me vuelve a gritar que soy una vieja, que soy una decrépita, que me va a matar, y todas las cosas que ya no quiero seguir repitiendo”, señaló.

“Él en las redes sociales pasa como una persona muy agradable, muy correcta, una persona que nunca ha hecho nada, pero nada más se da la vuelta y es una persona contraria, doble cara. Les pido que me ayuden, y lo hago responsable a él de mi vida, si algo me pasa él es responsable”, dijo.