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Después de un mes de diligencias, una juez federal ordenó esta madrugada la liberación provisional de ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa, quienes estaban procesados por delitos de delincuencia organizada.

Los militares beneficiados con esta decisión son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz.

La medida de libertad provisional fue otorgada bajo la condición de que cada uno de los militares pague una garantía de

A pesar de que la Guardia Nacional había determinado un alto nivel de riesgo de fuga, la Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raquel Duarte Cedillo, decidió cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a libertad provisional para los ex integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería en Guerrero.

La juez determinó que la prisión preventiva justificada a la que estaban sometidos no era adecuada, necesaria ni proporcional, por lo que impuso la libertad provisional con el pago de una garantía y el compromiso de firmar periódicamente en el juzgado.

Además, se establecieron otras medidas cautelares, como la entrega de pasaportes, la prohibición de salir del país y la restricción de acercarse a víctimas o testigos relacionados con el caso Ayotzinapa.

Se espera que, una vez que cubran la fianza impuesta, los militares abandonen el Campo Militar Número 1.

Es la seguna ocasión en la que los ocho militares obtinene la libertad provisional, dado que enfrentan dos procesos distintos, uno por desaparición forzada y otro por delincuencia organizada.

En el primero, están acusados de estar implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, mientras que en el segundo se les atribuye colaboración o complicidad con el grupo criminal Guerreros Unidos.

“El poder militar afecta al esclarecimienton del caso”

Luego de que se diera a conocer el cambio de medida cautelar de los ocho militares, el Centro Prodh se pronunció acusando que hubo un criterio parcial y sesgado del juzgado.

Refirió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “sigue litigando a favor de los militares acusados en el caso Ayotzinapa, lo que se suma a su reticencia a entregar todos los documetnos de sus archivos.

En su breve comunicado, compartido en las redes sociales del Centro, apuntó que la resolución de la jueza “confirma lo que hemos visto en los últimos años: el Poder militar, sin contrapesos, afecta a la justicia y al esclarecimienton del caso.

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