Tras las críticas de la oposición, que versan en el sentido de que el gobierno federal pretende quedarse con los recursos de los empleados, a través de la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, titular de este organismo, indicó que los cambios propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, son cruciales, dado que en este ente existen muchos casos de corrupción ocurridos en sexenios anteriores.

En la mañanera, explicó como el caso Telra —extorsión judicial, de cómo la justicia se puede torcer para fabricar culpables y condenar inocentes sin sentencias de por medio— se fraguó con la triangulación de recursos entre las empresas contratadas por el Infonavit y una cuenta de un funcionario que fungió como asesor de David Penchyna Grub, director general del Infonavit de 2012 a 2018.

“Se han identificado 22 proyectos autorizados entre 2017 y 2018 que no han sido concluidos, ya que presenta adeudos vencidos con el Infonavit por 575 millones de pesos. Además, existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos; esto, como resultado de deficiencias en pagos y penalizaciones. Estas cantidades no incluyen inflación que si se calculan se duplican estos montos”, sostuvo Romero Oropeza.

FUERTE RED DELICTIVA

También dio a conocer que el gobierno federal detectó una red delictiva en la que se encuentran coludidos funcionarios del Infonavit, notarios, despachos y peritos, quienes se encargan de revender los créditos, mediante los cuales les quitan los ahorros a cientos de personas que laboran en el sector formal.

Indicó que hasta ahora se han revisado casos en 11 estados y se detectaron 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas, lo que significa que se comercializaron cuatro veces cada uno.

“Existe una red delictiva en la que intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Con la revisión a 11 estados, se detectaron 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas. (…) Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores cobrándoles hasta el 40 por ciento de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión asciende a más de mil 200 millones de pesos”, remarcó el titular del Infonavit.

SE VIGILARÁN RECURSOS

Con estos señalamientos, el extitular de Petróleos Mexicanos en el sexenio pasado, defendió la reforma al Infonavit, al asegurar que mediante estos cambios se “va a permitir mayor control y vigilancia de recursos” e incluso aseveró que se beneficiará a los trabajadores con menores ingresos y se creará desarrollo para los estados.

“Se va a reducir el tiempo, costo y el tiempo de vivienda mediante la compra consolidada de los principales materiales de construcción. Se le va a dar prioridad a la mano de obra de los estados a través de la subcontratación de empresas locales, coadyuvando al crecimiento regional y las viviendas, van a estar ubicadas en los centros de desarrollo urbano”, detalló.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, admitió que la iniciativa que presentó el jueves pasado puede tener mejoras, aunque enfatizó que el objetivo de reformar la ley del Infonavit busca generar transparencia y controles en el funcionamiento del organismo.

Y apuntó que en el mecanismo actual no se permiten auditorías ni revisar el uso de los recursos, lo cual es una situación compleja si se quiere garantizar acceso a un hogar digno.