PULSO

Eduardo Mraz

Mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes. Y esa parece ser la condición del presidente totalmente Palacio Nacional, que este día sufrió varios raspones en su ya no tan inmaculada investidura, como consecuencia de sus dichos y hechos siempre controvertidos.

Sobresale entre los tropezones cuatroteístas, la imprecisión en la definición de la apropiación gubernamental de activos de Ferrosur, haciendo sonar las alarmas en el sector privado, que tras casi cinco años de una actitud complaciente, parece poco dispuesto a mantenerse en ese modo.

Tanto el sindicato patronal, la Coparmex, como la Canacintra endurecieron su discurso frente a la acción “sorpresiva e inusitada” asumida por el mandatario sin palabra y sin nombre, sobre todo porque ni en el mismo cuatroteísmo se ponen de acuerdo se trata de una “expropiación”, una “ocupación temporal” o “recuperar una concesión”.

El tono puede amplificarse si “el acuerdo” con Germán Larrea -dueño de Ferrosur-no se sujeta a lo establecido por la ley o si predomina el método gandalla característico de la presente administración para obtener ventajas indebidas o “aportaciones” al movimiento, rumbo al proceso electoral de 2024.

¿Estaremos en víspera del hartazgo de los tamales de chipilín y próximos al ¡ya basta! de los empresarios?

Para bien, los mexicanos contamos con nuestro propio “detente” para frenar la pandemia de ilegalidades del cuatroteísmo. Sin necesidad de una deidad, contamos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le ha puesto freno al contagioso menosprecio por el orden jurídico de parte del ejecutivo.

Así ocurrió con su acuerdo de 2021, mediante el cual quería establecer un manto de oscuridad en el manejo del dinero de los contribuyentes destinados a las obras de infraestructura, bajo el pretexto de una supuesta “seguridad nacional”, con la cual quería expropiar a los ciudadanos el derecho a que el gobierno rindan cuentas.

Sin embargo, la Corte dio a conocer que su decisión de la semana pasada se reafirma y confirma la “invalidez total” del llamado decretazo qué invalidó. En otras palabras, desnudó la actitud abusiva del gobierno federal que con total desfachatez presume ser transparente como ningún otro.

Sabedor de ello, el innombrable mandatario envió un nuevo Decreto, casi copia calca del recién anulado, con miras a ganar tiempo y no salgan a la luz cochupos y abusos en el ejercicio del gasto público de sus obras emblemáticas, cuyo costo original ya se duplicó y aún no terminan, más allá de los graves daños ecológicos provocados en su edificación.

Y para completar el lunes negro presidencial, el Congreso de Perú acordó, por mayoría, nombrar “persona non grata” al mandatario mexicano por andar de entrometido en asuntos internos del país andino. Timbre de orgullo -dice el ejecutivo mexicano- que nadie había alcanzado, para vergüenza de la política exterior de México.

En cambio, cuando se trata de Estados Unidos, sus declaraciones de soberanía e independencia no corresponden con los hechos, pues prácticamente ha aceptado todos los requerimientos de su vecino norteño: poner un muro humano en las fronteras norte y sur, ser más eficiente y duro en el tráfico de fentanilo y otras drogas y, ahora, ofrecer visas temporales de trabajo a migrantes centroamericanos.

Mal empezó la semana en Palacio Nacional y no se ven condiciones para una mejoría.

He dicho.

 

EFECTO DOMINÓ

De acuerdo con el diario New York Times, el ejército mexicano ha espiado al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en relación con el caso Ayotzinapa y la Comisión de la Verdad. De acuerdo con el rotativo, en 2021 al menos 50 personas cercanas al mandatario están en la lista filtrada de posibles blancos de espionaje del spyware de Pegasus, entre quienes se encuentran su esposa y sus tres hijos mayores.

 

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@Edumermo

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