El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene dificultades para notificar al Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Orador, sobre las medidas interpuestas en su contra, con el propósito de evitar posicionamientos electorales tras sus declaraciones contra Xóchitl Gálvez.

El obstáculo radica en que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República ha suspendido los plazos debido a su primer periodo vacacional.

El pasado 13 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó medidas contra el Presidente de la República, exigiendo que se abstenga de realizar pronunciamientos de esta naturaleza. Además, se ordenó el retiro de las conferencias matutinas correspondientes a los días 3, 4, 5 y 7 de julio.

No obstante, un día después de dicha resolución, la Consejería Jurídica de la Presidencia, liderada por María Estela Ríos, publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para suspender los plazos y términos legales de todas las actividades y trámites, incluyendo unidades administrativas, del 14 al 31 de julio, con motivo del primer periodo vacacional.

Dicho acuerdo establece que “la suspensión incluye la práctica de trámites, actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos, como recepción de documentos e informes, acuerdos, inicio, substanciación, audiencias, resoluciones, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de información o documentos y medios de impugnación, entre otros”.

En consecuencia, el INE no ha podido entregar la notificación a la Presidencia tras la emisión del acuerdo. Según fuentes de la autoridad electoral, el titular del Ejecutivo ha argumentado que no ha recibido la resolución que le impide hacer comentarios sobre el tema en cuestión.

Sin embargo, la cédula de notificación correspondiente al acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias ha sido emitida por estratos, con el objetivo de notificar la resolución a todas las partes involucradas.

La senadora y aspirante a encabezar el Frente Amplio opositor, Xóchitl Gálvez, presentó una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por sus pronunciamientos hacia ella en sus conferencias de prensa matutinas.

Ante esta situación, la autoridad electoral advirtió que las expresiones de López Obrador “podrían incidir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral federal próximo a iniciarse”.

Estos acontecimientos se dan después de que el Presidente se refiriera a la senadora del PAN como “la candidata de la mafia del poder”, que “forma parte de los conservadores” y que “es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio X. González y de otros traficantes de influencia; es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros porque quieren seguir saqueando al país”.