Categoría: Nacionales

• Personas con menos recursos económicos suelen recibir trato injusto.
• Mujeres enfrentan obstáculos en casos de violencia de género.
• Urge educación legal accesible y comprensible

“La justicia para todos no es imposible. Puede construirse con acciones que modifican la cultura de legalidad en diversas comunidades y países”, dijo Rufino H. León Tovar, Magistrado Presidente de la Primera Sala en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

León advirtió que la impartición de justicia puede ser impactada por diversos sesgos, a menudo involuntarios, pero que “tienen consecuencias significativas en la equidad del sistema judicial”.

Entre los principales sesgos que afectan la impartición de justicia en México se encuentran los de clase social. “Las personas con menos recursos económicos suelen enfrentar barreras para acceder a abogados de calidad, pagar procesos judiciales o entender el lenguaje técnico del derecho. Esto perpetúa desigualdades y dificulta que reciban un trato justo”, dijo el jurista.

El Magistrado advirtió sobre la inequidad en distintos grupos de personas. Por ejemplo, “en muchos sistemas las mujeres enfrentan obstáculos en casos de violencia de género o disputas familiares debido a prejuicios o estereotipos que minimizan sus experiencias. Al mismo tiempo, las comunidades marginadas pueden ser tratadas de manera desigual, desde la aplicación de leyes hasta los fallos judiciales”.

León aseguró que para estos y otros sesgos son importantes acciones como educación legal accesible y comprensible y el usos de tecnología e inteligencia artificial responsable.

Informar y empoderar a la población sobre sus derechos mediante campañas educativas masivas, usando un lenguaje claro y adaptado a cada comunidad es esencial porque cuando la gente conoce sus derechos, puede exigir justicia, enfatizó el jurista.

Asimismo, desarrollar sistemas tecnológicos que puedan agilizar los procesos judiciales y, al mismo tiempo, asegurarse de que eviten sesgos implícitos es imprescindible, dijo H. León.

Mencionó que en México, actualmente, algunos sistemas favorecen a ciertas partes, como entidades gubernamentales o grandes corporaciones, en detrimento de los ciudadanos comunes y las diferencias culturales “pueden no ser comprendidas o valoradas en procesos judiciales, especialmente cuando se tratan tradiciones o prácticas que no se alinean con las normas predominantes”.

Asimismo, H. León Tovar reconoció que “aunque no sea intencional, todos los actores del sistema como jueces, abogados y jurados pueden tener prejuicios implícitos que afectan su toma de decisiones”.

También aseveró que la presión o influencia mediática en casos mediáticos puede distorsionar la percepción pública y, en consecuencia, afectar la imparcialidad de los involucrados en la impartición de justicia.

Por ello, el Abogado dijo que se necesitan revisar y modernizar las leyes existentes para eliminar elementos discriminatorios o ambiguos que favorezcan interpretaciones sesgadas, así como capacitar constantemente a jueces y abogados y establecer el acceso universal al sistema de justicia.

León, asimismo, mencionó la importancia de fomentar la justicia restaurativa. Es decir, implementar prácticas que privilegien la reparación del daño y la reconciliación, en lugar de solo enfocarse en el castigo. Esto puede ser especialmente eficaz en casos comunitarios o sociales.

Conviene, asimismo, establecer comités de vigilancia compuestos por ciudadanos y expertos independientes que puedan evaluar de manera continua el desempeño del sistema judicial.

Por Rufino H. León Tovar, Magistrado Presidente de la Primera Sala en Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

El dios del mar en la mitología griega, Proteo, representa la innovación constante que se vive en los organismos vivos, como el poder judicial.

A lo largo de la historia y en diversas geografías, los sistemas judiciales son un reflejo de los valores, necesidades y realidades de las sociedades que los implementan. Cuando un pueblo modifica su poder judicial, generalmente lo hace por una combinación de factores: cambios sociales y culturales, progreso político, respuestas a crisis o conflictos, presión internacional e innovaciones tecnológicas.

El poder judicial es un organismo vivo dentro de cualquier sociedad, moldeado continuamente por las fuerzas internas y externas.

En México la Reforma Judicial busca concretamente siete objetivos:

Fortalecer la independencia judicial: Garantizar que los jueces y magistrados puedan actuar de manera imparcial y sin interferencias externas, ya sean políticas, económicas o sociales.

Acceso a la justicia: Ampliar las posibilidades para que todos los ciudadanos, sin importar su condición económica o social, puedan ejercer sus derechos legales y acceder a una representación adecuada.

Reducir la corrupción: Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aseguren un sistema judicial libre de prácticas corruptas.

Modernización y eficiencia: Promover la digitalización de los procesos judiciales, reducir la burocracia y garantizar procedimientos más rápidos, efectivos y accesibles.

Protección de los derechos humanos: Asegurarse de que el sistema judicial sea capaz de defender y promover los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente las poblaciones más vulnerables.

Capacitación y profesionalización: Mejorar la formación, capacitación y evaluación de los operadores judiciales para garantizar un nivel alto de competencia y ética.

Transparencia en la designación de jueces: Establecer procesos abiertos y meritocráticos para el nombramiento de jueces y otros funcionarios judiciales, fomentando la confianza pública en el sistema.

Ahora, el Tribunal de Disciplina Judicial surge como parte de la Reforma Judicial en México para fortalecer la transparencia, rendición de cuentas e independencia en el Poder Judicial. Este tribunal reemplaza al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en su función disciplinaria, al separar las tareas administrativas de las de sanción.

Al separar las funciones administrativas y disciplinarias, se busca que las investigaciones sean más imparciales y efectivas.

Asimismo, el tribunal operará con autonomía técnica y de gestión, lo que reduce la posibilidad de influencias externas.

También permite que cualquier ciudadano o autoridad presente denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial, al promover un sistema más abierto y confiable.

Respecto a sus ventajas respecto al modelo anterior destaca la mayor imparcialidad. Al no combinar funciones administrativas y disciplinarias, se evita el conflicto de intereses que podía surgir en el CJF.

Ahora, dado que el tribunal se enfoca exclusivamente en investigar y sancionar faltas administrativas, se agilizan los procesos.