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Posponen para el 6 de diciembre discusión de reforma electoral

“Por prudencia y dar tiempo para el análisis del dictamen de reforma electoral, aprobado en comisiones, los coordinadores de la Coalición Juntos Hacemos Historia acordamos pedir a la Mesa Directiva de la @Mx_Diputados que dicho proyecto sea abordado el próximo martes”, informó el Coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco.
A través de sus redes sociales, el coordinador del partido guinda agregó que se acordó que la discusión y votación de la Reforma Electoral se posponga para el próximo martes 6 de diciembre.
Según el político poblano, se decidió esta postergación, con el objetivo de dar al resto de las bancadas más tiempo para el análisis de los cambios constitucionales previstos en la iniciativa presidencial, entre los que destaca la reducción presupuestaria del Instituto Nacional Electoral (INE), así como su cambio de nombre a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), además de la reducción de legisladores plurinominales.
Cabe señalar que ayer las Comisiones Unidas de Reforma Política Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De este modo será hasta el 6 de diciembre se subirá al pleno de San Lázaro para su eventual votación, en donde se contempla modificaciones a 17 artículos constitucionales, pero Morena y aliados del PT y PVEM no cuentan con los votos necesarios para que este anhelo se avalado, toda vez que sólo reúne 276 sufragios y al ser una reforma constitucional requiere de mayoría calificada; es decir, 334 votos si es que los 500 diputados asisten a la sesión.

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Diputados aprueban Presupuesto de Egresos de la Federación 2023

Luego de una maratónica sesión en la que se discutieron más de 2 mil reservas, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, y lo remitió al titular del Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El documento se avaló en lo particular con 270 votos a favor, 219 en contra y una abstención, y prevé un gasto neto total de 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos.

La sesión inició el 8 de noviembre y concluyó el 11 de noviembre, con una duración total de 40 horas, 3 minutos y 38 segundos; se presentaron 386 oradores en tribuna, para un total de 2 mil 264 reservas.

En lo aprobado, el PEF 2023 representa un incremento del 11.6 por ciento con respecto al aprobado en 2022

El monto total representa un incremento en términos reales de 11.6 por ciento, respecto a lo aprobado para 2022; contempla un déficit presupuestario de un billón 134 mil 140.7 millones de pesos.

Durante el análisis y discusión del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se presentaron 2 mil 264 reservas por parte de las y los diputados de los diversos grupos parlamentarios, quienes hicieron uso de la tribuna.

El Pleno aceptó cuatro modificaciones: la primera, al segundo párrafo del artículo Décimo Segundo Transitorio; adición al artículo 24 en su fracción IV; adición del Artículo Décimo Tercero, y adición del Artículo Décimo Cuarto Transitorio.

Posteriormente, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda, señaló que, con fundamento en el reglamento de la Cámara de Diputados, “las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria”.

Enseguida, levantó la sesión y citó para la que tendrá lugar el martes 15 de noviembre del año en curso, a las 11:00 horas, en la modalidad semipresencial.

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Vamos a concluir la aprobación de la minuta sobre la GN y abordaremos reformas constitucionales de igualdad sustantiva: Mier

• Propondrá a la Junta de Coordinación Política que se habilite el día miércoles para sesionar de manera presencial y atender pendientes legislativos de reformas constitucionales de igualdad sustantiva.
• Además, propondrá que se incluya la discusión del dictamen sobre doble remolque, y ya con esto, avanzar para que la próxima semana inicie el análisis del Paquete Económico.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dijo que esta semana concluirán la aprobación de la minuta que envió el Senado sobre ampliar el periodo de la Guardia Nacional en labores de seguridad, asimismo planteará que se incluya la reforma para garantizar la igualdad sustantiva, que representa modificar 50 artículos de la Constitución.

Adelantó que será una semana intensa de trabajo legislativo, ya que además propondrá a las y los integrantes de la Jucopo que haya tres sesiones de Pleno para desahogar los pendientes que existen en la Cámara de Diputados.

La intención es dar trámite a algunas reformas constitucionales, como el 5o transitorio de la Guardia Nacional y un paquete relativo a la igualdad sustantiva. Además, propondrá que se incluya la discusión del dictamen sobre doble remolque, y ya con esto, avanzar para que la próxima semana inicie el análisis del Paquete Económico.

Ignacio Mier afirmó además que va a someter a discusión y aprobación la propuesta de fechas y el formato para que puedan acudir a comparecer los funcionarios federales con motivo del Cuarto Informe del Gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«El trabajo de esta semana será extenuante, tenemos varios pendientes por eso calculamos que podrían llevarse a cabo tres sesiones, pero estamos conscientes de la necesidad del trabajo legislativo para sentar las bases de un mejor país, darle a la gente la garantía de que habrá seguridad y que sus familias puedan estar tranquilas. Además de la certeza jurídica y administrativa que tendrán más Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad», expuso el legislador por Puebla.

Confió en que quienes han venido apoyando la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional refrenden su voto a favor, y ahora «pedirles nuevamente a quienes se han opuesto, a que reflexionen y acompañen a las y los senadores que decidieron cambiar de opinión y vieron la necesidad de darle al país y a las familias el derecho a vivir seguros. Cerrarle el paso a la impunidad y la violencia y para ello se requiere eficientar a las policías estatales, pero con el acompañamiento sin duda de las Fuerzas Armadas».

«Qué bueno que en esta ocasión los partidos opositores han estado escuchando a sus gobernadores y presidentes, quienes en su mayoría opinan que no se retire la Guardia Nacional de sus localidades o que permanezca más años en las calles. De eso se trata la reforma, que no se piense que está propuesta es de un partido político o de un gobernante, para nada, es una necesidad de todas las familias mexicanas», manifestó Mier Velazco.

“Si eso es lo que quiere el pueblo de México, hay que ser más empáticos con el pueblo y menos con la opinión de dos dirigentes nacionales de partidos, PAN y PRD, que viven en su propio mundo”, criticó.

«El 80 por ciento de los mexicanos quiere a la Guardia Nacional, quiere que se profesionalice, que se capacite, que no incurra en los actos de corrupción que incurrió la Policía Federal, y que realmente tengamos un instrumento para garantizar la seguridad del patrimonio y de la integridad física de las personas”, finalizó el diputado federal por Puebla.

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Proponen que el INAH realice inventarios físicos nacionales y extranjeros de los bienes arqueológicos

• El objetivo es contrarrestar los delitos de robo, saqueo y tráfico, señala el diputado Atanacio Luna (PT) en una iniciativa

El diputado Raymundo Atanacio Luna, del PT, propuso una iniciativa, cuyo objetivo es facultar al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para llevar a cabo, al cierre de cada ejercicio fiscal, inventarios físicos nacionales y extranjeros de los bienes arqueológicos, históricos y paleontológicos propiedad de la nación.

Estos inventarios, que se realizarán en coordinación con las 32 entidades federativas y la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberán contener información general según la clasificación del bien, el lugar en el que se encuentren situados, así como el estado que guardan.

La iniciativa, que adiciona una fracción XXII al artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía, menciona que en los últimos años el INAH tuvo conocimiento de más de un centenar de subastas y venta de bienes arqueológicos que fueron sustraídos ilegalmente de México.

Dichas piezas, que son parte del patrimonio histórico de nuestro país, se encuentran denunciadas en su totalidad ante la Fiscalía General de la República, y desde 2018 comenzó la misión de rescate de distintos bienes arqueológicos e históricos que pertenecen a la nación, pero que están en el extranjero, agrega.

Considera que es imprescindible llevar a cabo periódicamente la práctica de inventarios físicos, nacionales y extranjeros de los bienes muebles e inmuebles arqueológicos, históricos y paleontológicos propiedad de la nación, con el objetivo de contrarrestar los delitos de robo, saqueo y tráfico.

Destaca que México cuenta con infinidad de bienes muebles e inmuebles por destino, los cuales forman parte importante de nuestro patrimonio cultural, de conformidad con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Estos bienes, explica, son monumentos que están clasificados como arqueológicos e históricos, además de los paleontológicos, muchos de ellos albergados en zonas arqueológicas o en recintos de carácter religioso, como templos, monasterios, conventos, capillas, arzobispados, casas culturales, seminarios, o bien en museos, archivos y bibliotecas.

Se trata, en suma, de bienes culturales de la nación, cuya protección se lleva a cabo a través de los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes y Literatura, así como de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, dependientes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, puntualiza.

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Avanza con reformas para abatir la desigualdad y la violencia de género: Gutiérrez Luna

La Cámara de Diputados aprobó 37 asuntos en materia de equidad, justicia e inclusión

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que este órgano del Congreso de la Unión ha avanzado de manera determinante para abatir, a través de reformas, cualquier manifestación de desigualdad y violencia de género en los distintos ámbitos del país.
Muestra de ello, destacó, son los más de 37 asuntos en estas materias aprobados en el Pleno de la Cámara para contribuir a derribar las barreras de desigualdad, discriminación y violencia que afectan a la sociedad, principalmente a los grupos más vulnerables, y que las y los legisladores de las distintas bancadas han impulsado por consenso.
También, resaltó que durante el Primer Año de Sesiones Ordinarias de la LXV Legislatura se alentó la participación de todas y todos los legisladores que, con total libertad, plantearon desde la máxima tribuna de la nación sus ideas, propuestas, argumentos y, mediante la construcción de acuerdos, fue posible impulsar reformas a las leyes en beneficio de la sociedad.
Durante esta Legislatura denominada de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad, subrayó, quedó demostrado el avance en materia de equidad que se refleja, incluso, en la conformación de esta Cámara que por primera vez está integrada por 250 diputadas e igual número de diputados.
Gutiérrez Luna destacó algunos de los dictámenes aprobados en lo que va de la presente Legislatura, como la denominada Ley Ingrid, que tiene que ver con la reforma del Código Penal Federal, y que busca castigar con hasta diez años de prisión a quienes difundan, fotografíen, copien o publiquen imágenes, videos, audio, documentos o evidencia de una investigación penal o información relacionada con una víctima.
Asimismo, el que modifica la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que trata de impedir, negar, restringir o condicionar el acceso a establecimientos públicos de personas con discapacidad, así como de animales de apoyo o acompañantes. También, señala la eliminación de cualquier obstáculo que impida su acceso en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones.

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Proponen que 12 de octubre se visibilice a los pueblos indígenas

Busca PT establecer este día como descanso obligatorio

La diputada del PT, Ana Laura Bernal Camarena, propuso reformar el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de establecer el 12 de octubre como día de descanso obligatorio para visibilizar a los pueblos originarios y con ello evitar su exclusión de la sociedad.
La propuesta, turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen, refiere que México se caracteriza por ser un país multicultural y pluriétnico, que lo hace una nación con gran riqueza cultural.
Subrayó que el Día de la Raza es una de varias denominaciones que se le da al 12 de octubre, fecha en que se conmemora la navegación y exploración del continente americano por Cristóbal Colón y su tripulación en 1492.
Este día, añade la propuesta de la petista, se rememora la nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los conquistadores españoles, además de la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano.
El documento indica que en la actualidad varios países de América Latina consideran esta fecha como el Día de la Resistencia Indígena, donde los pueblos originarios reivindican sus derechos territoriales y agrarios, defienden sus recursos naturales, tierras, identidades culturales, lenguas y su autodeterminación.
De ahí la importancia de esta reforma legislativa, toda vez que busca que los indígenas tengan una fecha en la que se reconozca su lucha y reivindicación de sus pueblos y comunidades.
Subraya que esta modificación abre la oportunidad para que las y los indígenas del país levanten la voz para tomar en sus manos la historia, reinterpretarla y construir su presente y las decisiones que les afectan a partir de la descolonización de los saberes, visiones alejadas del eurocentrismo.
Finalmente, señala que de concretarse esta propuesta, el 12 de octubre se convertiría en una jornada de representación de diversas manifestaciones culturales para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena y reconocer la constancia, la lucha por su dignidad y la diversidad de los pueblos originarios.

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Exhortan a dependencias federales atender problemas de salud mental en menores

* Según “The Lancet”, en julio de 2021 México se ubicó como el país con más niñas y niños que enfrentaron la pérdida de uno o ambos padres

La diputada federal Karina Barrón Perales (PRI) solicitó a las secretarías de Salud y de Educación Pública atender y dar seguimiento a la salud mental de los menores que cursan la educación básica en el país, y que se han visto afectados por la contingencia sanitaria del Covid-19, la inseguridad, la orfandad, situación económica, la desintegración, entre otros factores.

En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la parlamentaria señaló que las dependencias federales deben implementar un programa que permita detectar la afectación psicológica en menores y brindar atención oportuna y dé seguimiento de estos casos,

“Nuestros pequeños necesitan con urgencia y prioridad que atendamos y comprendamos sus necesidades; requieren ser tomados en cuenta y ser parte de las grandes e importantes decisiones en el país, que deben procurar construir un ambiente favorable, de paz y protección para lograr su desarrollo pleno”, señaló en un comunicado.

En ese sentido, manifestó su preocupación por dicha situación y sostuvo que se debe realizar una acción inmediata con el eminente regreso presencial a clases; “no es sólo que las escuelas estén fuera de provocar contagios, de contar con los materiales y herramientas necesarias para la impartición, sino que también se sientan seguros en estos espacios y que recuperen su tranquilidad y su salud mental”.

Dicho exhorto se da en un contexto en el que, según el informe de la revista cientifica “The Lancet”, en julio de 2021 México se ubicó como el país con más niñas y niños que enfrentaron la pérdida de uno o ambos padres por Covid-19, con 178 mil, o de sus cuidadores más cercanos, 275 mil 800; mientras que el DIF proporcionó la cifra aproximada de 118 mil niñas y niños en orfandad por esta enfermedad, pero sin que se pudiera verificar la fuente de esta información.

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Impulsan iniciativa que prohíbe el cobro de comisiones por retiro de pensiones para personas adultas mayores

• Hay un universo aproximado de más de 5.1 millones de personas jubiladas y pensionadas en México

Con la finalidad de proteger los derechos de las personas adultas mayores, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) planteó eliminar el cobro de comisión por disposición de efectivo de la red de cajeros automáticos de todas las instituciones bancarias en el país.

Queda prohibido el cobro de cualquier tipo de comisión por concepto de disposición de efectivo en cajeros automáticos o en ventanilla en cualquier institución bancaria cuando dicho movimiento sea efectuado para el cobro de pensiones por jubilación, haberes de retiro y pensiones vitalicias, se indica en la propuesta.

Esta prohibición también aplicaría para otras formas de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por invalidez, incapacidad, cesantía, vejez y muerte, así como cualquier beneficio o programa destinado al apoyo económico para personas adultas mayores.

En la reforma a las leyes del Banco de México, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de Instituciones de Crédito, se menciona que algunos bancos cobran más comisiones que otros, cuando la realidad es que ninguno debería cobrar por concepto de retiro de pensiones para las personas adultas mayores.

Haro Ramírez relata que las pensiones que reciben las personas adultas mayores por el concepto de jubilación son producto de un periodo generalmente extenso en el que cotizaron y pagaron sus impuestos en tiempo y forma.

Actualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social alberga en su registro de personas jubiladas y pensionadas un universo poblacional de más de 3.9 millones de personas hasta 2021, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado registra en su padrón de personas jubiladas y pensionadas más de un millón 230 mil personas.

Precisa que se tiene entonces un universo aproximado de más de 5.1 millones de personas jubiladas y pensionadas en México, lo que representa una masa poblacional considerablemente amplia que debe ser atendida debidamente.

Además, expone que las personas adultas mayores que gozan del programa federal “Pensión del Bienestar”, pero si no retiran su pensión en las sucursales del Banco del Bienestar tienen que pagar la comisión impuesta.

Detalla que aún después de haber pasado por todo el proceso y solventado los trámites para acceder a su pensión, deben destinar parte del monto que han ganado y merecen disfrutar para el pago de comisiones que no deben existir, pues la pensión es un derecho que no debe estar condicionado el acceso a su goce de ninguna forma.

Añade que una persona adulta mayor que no pueda desplazarse la distancia necesaria para ir al banco al que pertenece su tarjeta, ya sea por alguna discapacidad motriz o porque su cuerpo ya no resiste tal desplazamiento, tendrá que pagar una comisión en el banco que le quede más cerca, situación que resulta injusta y hasta se puede configurar como un acto discriminatorio y que a todas luces vulnera sus derechos.

La iniciativa fue turnada para dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Seguridad Social.

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Propone PVEM crear registro de centros particulares de rehabilitación de adicciones

* De 2 mil 200 centros que hay en el país, 81.82 por ciento, opera sin ninguna regulación y los internos reciben tratos inhumanos y humillantes, señala el diputado Marco Antonio Natale

El diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (PVEM) propuso reformar la Ley General de Salud, a fin de crear un registro obligatorio de los centros particulares de rehabilitación para personas con adicciones, y con ello garantizar un trato digno y respetuoso a los usuarios y sus familiares.

Mencionó que dichos centros, mejor conocidos como anexos o granjas, en su mayoría no cuentan con un protocolo de manejo y atención bien definido, y casi siempre son dirigidos y atendidos por adictos rehabilitados que no tienen capacitación legal, psicológica, ni médica para llevar a cabo estas actividades.

En un comunicado, resaltó que, de acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), en México hay unos 2 mil 200 centros de atención residencial, pero mil 800 (81.82 por ciento), lo hacen sin ninguna regulación, pese a la existencia de las normas oficiales que establecen lineamientos para atender a personas adictas a sustancias.

Esta situación, dijo Natale Gutiérrez, provoca que la mayoría de las veces los internos reciban tratos inhumanos y humillantes, en condiciones de presión, privados de su libertad y con poca sanidad.

Señaló que por lo anterior, la presente iniciativa pretende que cualquier centro de rehabilitación que no pertenezca al Sistema Nacional de Salud, tenga la obligación de registrarse y tramitar una cédula de cumplimiento de los requisitos básicos de manejo y protocolos sanitarios, de atención, seguridad y operativos para el sitio.

Asimismo, deberá tramitar, ante Protección Civil de su entidad, un dictamen de seguridad y contratar, por lo menos a una persona correspondiente a personal médico para la atención de los usuarios.

El legislador ecologista comentó que “los anexos o granjas, al operar fuera de la ley, no reportan sus actividades ni resultados a nadie, trabajan bajo la informalidad, un día pueden cerrar un centro y al día siguiente abrir otro en otro lugar, sin mostrar responsabilidad con las personas que tienen a su cargo.”

Por ello, insistió en la necesidad de establecer, de forma clara, el registro obligatorio de estos lugares, así como de llevar a cabo procesos de verificación y supervisión de manera constante de las instalaciones, y así salvaguardar la integridad física y emocional de los usuarios, además de desincentivar actividades fuera de la ley.

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Plantean incluir el Protocolo Alba al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

• Agente del MP que no active Alerta Amber o dicho protocolo será sancionado, destituido e inhabilitado por 8 años

A fin de adicionar como una herramienta más del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Protocolo Alba para la búsqueda inmediata y localización de mujeres, niñas, niños y adolescentes desaparecidos, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) presentó una iniciativa.

La propuesta de reformas a las leyes General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y de la Fiscalía General de la República, fue remitida a las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia.

Define el Protocolo Alba como el mecanismo operativo profundo de coordinación inmediata para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y/o ausentes en el territorio mexicano.

Considera a la Alerta Amber como el programa que establece una herramienta eficaz de difusión, que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito.

De igual modo, señala que en tanto no exista disposición en contrario prevista por el Sistema Nacional de Búsqueda, todos aquellos registros, programas, plataformas y base de datos que no se encuentren previstos expresamente en esta Ley, pero que tengan la finalidad de contribuir a la búsqueda, localización e identificación inmediata de personas desaparecidas o no localizadas, serán coordinados en su operación por la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En la Ley de la Fiscalía General de la República prevé como facultades de las personas agentes del Ministerio Público de la Federación, el activar la Alerta Amber en caso de menores desaparecidos y el Protocolo Alba para su búsqueda inmediata, cuando reciba denuncia de la probable comisión de un delito relacionado con esos hechos.

Menciona que al agente o agentes del Ministerio Público de la Federación, que por acción u omisión entorpezca con dolo, mala fe o notoria negligencia en el acceso a la procuración y administración de justicia, se les impondrán de tres a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil quinientas Unidades de Medida de Actualización; además, serán destituidos e inhabilitados de cuatro a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público.

En la iniciativa, Pérez Díaz refiere que el incremento en las tendencias sobre las desapariciones de mujeres en el país ha llegado a porcentajes históricos y tan solo de 2016 a 2020 se convirtió en el periodo donde más mujeres han desaparecido. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre el 1 de enero y el 14 de abril de 2022 se han reportado 748 mujeres desaparecidas.

Además, de 2015 a enero de 2022 se han registrado 5 mil 790 víctimas de feminicidio en México, la expresión más grave de violencia contras las mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Expone que el Protocolo Alba es un proceso para la atención, reacción y coordinación entre los tres niveles de administración (local, estatal y federal) cuando existe el extravío de mujeres, niñas, niños y adolescentes, inicialmente implementado en Ciudad Juárez y posteriormente en otros estados.

Por ello, añade, “el Estado mexicano está obligado a implementar búsquedas de oficio sin dilación alguna, a establecer un trabajo coordinado entre diferentes dependencias para dar con el paradero de la persona, así como investigar efectiva y adecuadamente las desapariciones de estas personas, deberes que se conjugan con los de prevenir y sancionar los delitos”.