El juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en Almoloya de Juárez “El Altiplano”, Gregorio Salazar Hernández, ordenó la libertad de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo.

Lo anterior tras revocar la medida de prisión preventiva durante una audiencia que inició el 19 de noviembre a las 18:00 horas y concluyó el 20 de noviembre a las 01:10 horas. La resolución del juez se debió a que la autoridad ministerial no acreditó las causas que motivaron la prisión preventiva.

Según el juez, no se señalaron hechos relacionados con la extradición ni investigaciones en curso contra Cárdenas Martínez en México. Además, se determinó que no existe un riesgo de evasión, por lo que impuso su presentación cada semana ante el presidente municipal de matamoros, Tamaulipas; un pago por cinco millones de pesos; le prohibió salir del país sin autorización judicial; que entregue cualquier pasaporte y visas; prohibición de acercarse a la embajada de estados unidos de américa, víctimas y/o familiares de trabajadores; vigilancia de autoridad supervisora; y la portación de un brazalete electrónico.

El juez ordenó la inmediata libertad en un plazo de 24 horas a partir de la notificación al director del Reclusorio Oriente de la CDMX y concedió 5 días para cumplimiento de las nuevas medidas, bajo apercibimiento de revocarlas en caso de inobservancia.

Resoluciones ‘polémicas’ del juez Salazar

El juez Gregorio Salazar ha sido cuestionado por otras resoluciones: En enero de 2023, fue señalado por el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez, por ordenar la libertad de Mario Alberto Cárdenas Medina, también sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.

También determinó «sobreseimiento» del caso de cinco de 31 científicos acusados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción.

En mayo de 2023, ordenó la liberación de Jesús Óscar Navarro Gárate, exdirector de Administración y Finanzas de SEGALMEX, y dos exfuncionarios de Liconsa acusados de desviar 400 millones de pesos.

En septiembre de 2024, Rosa Icela Rodríguez criticó su decisión de liberar a Janette Miriam Martínez, excolaboradora de Genaro García Luna.

Ese mismo mes, cesó el caso contra el exdirigente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.