Hasta febrero de 2022, solo 43,823 personas trabajadoras del hogar habían sido afiliadas al IMSS por parte de sus empleadores bajo la modalidad del “Programa Piloto para la Incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social”, iniciativa iniciada el 1 de abril de 2019. Esa cifra equivale al 1.8% de las 2,336,518 personas trabajadoras del hogar contabilizadas por el INEGI, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del IBD.

La investigación titulada “Actualidad del trabajo doméstico remunerado en México: La segunda fase del Programa Piloto para la Incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social”, elaborada por Ernesto David Orozco Rivera, detalla que la primera fase cerró con 27,640 personas trabajadoras del hogar inscritas, mientras que durante el primer mes de operación de la segunda, se registró un descenso de poco más del 5% (equivalente a cerca de 1,500 personas), para cerrar con 26,193 afiliaciones al 30 de noviembre de 2020.

Desde entonces, apunta el estudio, el Programa ha mantenido un comportamiento similar al registrado durante la primera fase, pues a excepción de febrero de 2021 se ha registrado una tendencia al alza en el número de afiliaciones, superando el umbral de 30,000 y 40,000 en marzo y octubre de 2021, respectivamente, así como un máximo histórico mes tras mes desde marzo de 2021

El documento del IBD señala que, ante este panorama, la organización no gubernamental “Nosotrxs ha presentado diversas recomendaciones para mejorar el programa, entre las que destacan: la afiliación obligatoria de las personas trabajadoras del hogar al seguro social, realizar campañas de comunicación y otorgar incentivos fiscales para las personas empleadoras.

Tomando en cuenta estas y otras recomendaciones, tras celebrar un parlamento abierto en noviembre de 2021, el pleno del Senado de la República aprobó el 16 de marzo de 2022 diversas reformas a la Ley del Seguro Social con el fin de facilitar el acceso a la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar, minuta que se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados.

La investigación concluye que aún se requieren políticas públicas para asegurar un trabajo digno y que respalden el cumplimiento de los derechos que han ido ganando.