La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por posibles amenazas a la libertad de información en México en el marco del debate legislativo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR).

A través de un comunicado, la entidad consideró que hay falta de certezas sobre las consecuencias de lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (…) en relación con las obligaciones a las que están sujetos los concesionarios mexicanos de radio y televisión en aspectos centrales que inciden sobre la libertad de expresión.

Por ello, exhortó al Congreso a que en su discusión sobre el proyecto impulse un debate abierto, plural y apegado a los principios de libertad de expresión y de prensa.

Mencionó que las posibles medidas permitirían al Estado obligar a los medios electrónicos a que diferencien espacios de opinión e información, impondría códigos de ética oficiales y restablecería las defensorías de Audiencias, las que podrían imponer criterios editoriales a los medios.

Aunado a la intromisión en los contenidos, que restaría independencia a los medios, existe el riesgo de la viabilidad de estas empresas de comunicación, por cuanto las autoridades podrán sancionarlas con multas de hasta el 3% de sus ingresos y clausurarlas por faltas reiteradas.

Por ello, el presidente de la SIP Jorge Canahuati, expresó preocupación “ante la posible amenaza de poner límites a derechos universales que garantizan la libertad de información y opinión en los medios, bajo la excusa de velar por los derechos de las audiencias”.

Señaló que sería desastroso que se censuren las libertades prensa y expresión en en país, o que se alineen esas disciplinas a la voluntad de alguna ideología partidaria o política.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, recordó que “los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y El Salvador crearon leyes y decretos disfrazados de ventajas para la población, pero que terminaron con un efecto bumerán en contra de los medios y el derecho del público a la información”.