El juez de Distrito en Saltillo, Coahuila, Miguel Luna, expresó su preocupación respecto a la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual plantea que ministros, jueces y magistrados sean seleccionados mediante voto popular.
Luna subrayó la complejidad de alcanzar su posición, pues destacó que le tomó 14 años desde que inició su carrera como abogado, lo que implica la rigurosidad y alta competencia en el proceso actual de selección.
Durante una entrevista para Grupo Radio Fórmula, Luna explicó que los exámenes para ser juez son sumamente exigentes.
Detalló que en su caso, aproximadamente 2 mil personas presentaron el examen, pero solo 120 lograron pasar, y los puntajes aprobatorios superaban los 90 puntos.
Luna enfatizó que este proceso busca asegurar que solo los más capacitados lleguen a ocupar estos puestos en el sistema judicial, lo cual podría verse comprometido con una elección popular.
El presidente López Obrador, en su propuesta enviada al Congreso de la Unión en febrero, argumentó que el Poder Judicial está alejado de la sociedad mexicana, lo que ha favorecido la impunidad y la falta de justicia.
La reforma incluye una serie de modificaciones significativas a 16 artículos de la Constitución, entre las cuales se encuentra la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9 y la eliminación de las dos salas actuales para operar solo en sesiones plenarias públicas.
Uno de los puntos más controversiales de la reforma es la elección de los representantes del Poder Judicial por voto ciudadano. De acuerdo con esta iniciativa, las elecciones se realizarían cada tres años, concurrentemente con las elecciones federales.
Los candidatos serían propuestos por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial.
Si la reforma se aprueba en septiembre, la primera elección se llevaría a cabo en 2025, con periodos escalonados para los ministros electos que finalizarían en 2033, 2036 y 2039.
La reforma también contempla la creación de dos nuevos órganos regulatorios para supervisar la administración del sistema judicial y las denuncias contra funcionarios judiciales, así como la regulación de los plazos para la resolución de casos, estableciendo un máximo de seis meses para la emisión de sentencias.
