Mes: octubre 2023

El diputado federal Brasil Acosta reprochó que el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024 no invierte recursos para el fomento a la lectura, el cine y otras artes y, por el contrario, sigue invirtiendo dinero público en obras como el Tren Maya.

A través de un video publicado en redes sociales, el integrante del Grupo Parlamentario del PRI explicó que la mayoría de los recursos se destinan al Instituto Nacional de Antropología e Historia para abonar al proyecto predilecto del Ejecutivo en el sur del país.

El legislador explicó para el cine, el fomento a la lectura, diversidad cultural, centros de capacitación, impresión de libros, televisión metropolitana, entre otras materias, se redujo el presupuesto de manera significativa.

“A este gobierno no le interesa la cultura”, exclamó el diputado del Estado de México, al referir que es necesario que se apueste a la cultura de nuestro país.

Conminó a tomar conciencia de la necesidad social de que haya presupuesto destinado a la cultura para elevar la sensibilidad de los mexicanos y hacer una patria más justa.

Es necesario tener un pacto entre todos los partidos políticos, donde nos pronunciemos contra el crimen organizado, que es el mayor enemigo de la democracia, porque no podemos soslayar que la mayor preocupación de la gente es la seguridad, aseguró el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez.

Al participar en la Mesa: “El Papel de las Autoridades Electorales Frente a la Intervención del Crimen Organizado en los Procesos Electorales”, el líder congresista aseveró es necesaria la participación de los partidos políticos, en un conversatorio donde nadie se sienta incómodo al hablar de la presencia del narcotráfico, pero, subrayó, sobre todo hacerlos responsables de la seguridad y de la postulación de los candidatos.

“Tenemos que hacer que los partidos tomen una posición pública en contra de la delincuencia, y eso incluye hasta darle seguimiento a propuestas engañosas que hacen apología del delito, porque dejan en desventaja a los otros”, enfatizó.

Expuso que los antecedentes de la participación del narcotráfico en las últimas elecciones obligan a establecer un protocolo con un apartado para los candidatos, contar con un mapa de riesgo, así como un observatorio y comisionado electoral que trabajen de manera coordinada con el Instituto Electoral Nacional (INE) y den seguimiento a lo que sucede en el proceso.

En materia de seguridad, Moreira Valdez puntualizó que la convocatoria no solamente debe ser para quienes ya actúan, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Nacional y la Guardia Nacional, sino también involucrar a los gobernadores, que juegan un papel importante en lo que pasa en los estados.

En la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Tercera Reunión de Colaboración Institucional con las Salas Regionales, el exgobernador de Coahuila matizó que estas acciones se tienen que ejecutar porque actualmente hay un número de homicidios increíbles, estados y ciudades con tasas altas de homicidios por cada 100 mil personas.

En ese sentido, consideró que el INE y el Tribunal Electoral son los actores fundamentales de la democracia, junto con los partidos, pero no son simples operadores, porque han cambiado el acontecer de las elecciones. Ahora, dijo, tienen que pensar en convenios con las autoridades de seguridad pública y las fuerzas políticas para blindar los procesos electorales.

Porque advirtió, en mi experiencia, el crimen, primero trata de ganar algo ilícitamente, por venta, por el tráfico; después empieza a meterse a la economía, y termina queriendo ser Estado, ofreciendo justicia y obras, como está pasando ahora en muchos municipios de Michoacán

En esta mesa de debate también participaron el Eduardo Guerrero Gutiérrez, Sandra Ley Gutiérrez, Joy Kathryn Lagnston, el magistrado David Avante Juárez y el magistrado Presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón.

La diputada federal María Elena Serrano hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación a informar el destino de recursos del Fideicomiso para el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos.

A través de un punto de acuerdo, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI solicitó a la Cámara de Diputados pedir a la dependencia federal, la emisión de un informe a la comunidad afectada, para que por medio de su portal en internet, dé a conocer detalles sobre el pago de adeudos a Braceros Rurales de 1942 a 1964.

La legisladora priista explicó que en el Parlamento Abierto realizado en la Cámara de Diputados, diversos especialistas y participantes se manifestaron a favor de la no desaparición del fideicomiso, además de extender el apoyo a los braceros.

Abundó que su solicitud se da porque no se reconoce que los apoyos entregados actualmente corresponden al total del despojo.

“Hoy en día no se sabe con certeza cuál es el adeudo exacto para cada persona, por lo que se requiere más investigaciones en torno al tema”, criticó la diputada migrante.

En ese sentido cuestionó si el titular del Ejecutivo está consciente del compromiso que el Estado Mexicano tiene con los Trabajadores Ex Braceros 1942-1964 de nuestro país.

María Elena Serrano reiteró su llamado a que a los ex trabajadores les sean devueltos los recursos del Fondo que con un gran esfuerzo y sacrificio constituyeron para su retiro.

El diputado José Guadalupe Buenrostro Martínez (PVEM) presentó una iniciativa para establecer como obligación que las maestras y los maestros del Sistema Educativo Nacional reciban anualmente capacitación en materia de protección civil, con el fin de fomentar la cultura de la prevención y la autoprotección ante una emergencia.

El proyecto, turnado a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, que adiciona una fracción VII al artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, plantea que las autoridades correspondientes, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deberán promover, en coordinación con las educativas, “que los docentes de educación básica del Sistema Educativo Nacional reciban anualmente capacitación en materia de protección civil”.

En su argumentación, el legislador establece que, si bien la Ley General de Educación ya contempla el fomento de la cultura de protección civil entre la comunidad escolar, resulta necesario incorporar a la Ley General de Protección Civil la capacitación en la materia para los docentes de primaria y secundaria al menos una vez al año.

Refiere que, por su estructura geográfica y morfológica, nuestro país es susceptible a diversos fenómenos perturbadores, naturales o no, como sismos, erupciones volcánicas, huracanes e incendios forestales, así como explosiones de depósitos y tuberías de gas o de combustible.

Por ello, sostiene Buenrostro Martínez, la cultura de la prevención de desastres tiene relevancia en todas las instituciones de la nación y, para fomentarla y promoverla, es necesario involucrar a las instancias de los tres órdenes de gobierno, pues debe ser parte importante de la educación integral de las niñas y los niños de México.

Añade que, fomentar la capacitación en materia de protección civil a la población, tiene efectos desde el nivel básico donde los docentes están día a día en convivencia con las y los alumnos; y es ahí donde prevalece la necesidad de incorporar las capacitaciones en la materia, a fin de conocer todas las señales, avisos, colores, formas y símbolos, de conformidad con lo estipulado por la NOM-003-SEGOB-2011.

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, integrante del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dio a conocer que la próxima semana se someterá a discusión una propuesta que busca darle al Congreso las facultades para emitir una ley general para poner fin a la extorsión y las modalidades que han surgido con el uso de las tecnologías.

La iniciativa que pretende reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión y delitos cometidos a través de tecnologías de la información, fue presentada por la legisladora Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y ha sido suscrita por diputadas y diputados de las distintas fracciones parlamentarias, entre ellos, destaca el coordinador de la bancada guinda Ignacio Mier Velazco.

Con la evolución de las tecnologías y la infraestructura digital, se explica en la iniciativa con proyecto de decreto, la delincuencia ha adaptado su modus operandi para para ampliar y diversificar sus actividades ilícitas, entre ellas, la extorsión: las bandas delincuenciales utilizan aparatos de comunicación para contactar a sus potenciales víctimas a través de llamadas o mensajes.

Entre las modalidades de extorsión de las que se valen los criminales se encuentran la obtención de supuestos premios, campañas publicitarias, otorgamiento de significativas líneas de crédito bancarias, donación a fundaciones altruistas, así como beneficios sociales y créditos a la palabra.

“Ese delito y cosas parecidas, hipótesis de conducta delictiva parecidas, es lo que más ha proliferado en los últimos años, es verdaderamente una preocupación”, alertó Robledo Ruiz al tiempo de informar que la actividad delictiva tiene una gran cifra negra, lo que significa que no puede ser cuantificable debido a que no se denuncia.

Por lo anteriormente expuesto, la iniciativa de reforma al artículo 73 de la Carta Magna plantea expedir la ley general en donde se establezcan los tipos penales y las sanciones para quien cometa extorsión y otros delitos vinculados cometidos a través de tecnologías de la información y la comunicación.

La diputada Norma Angélica Aceves García (PRI) presentó una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política, en materia de independencia y autonomía de las instituciones policiales y periciales para la investigación de los delitos del fuero federal.

La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, establece que la investigación de los delitos corresponde a las policías, “las cuales gozarán de autonomía técnica para realizar esta función. Los servicios periciales se organizarán de acuerdo con la ley, garantizando su autonomía técnica”.

Añade que la Federación contará con una institución denominada Instituto Federal de Servicios Periciales, de carácter civil, adscrita a la secretaría de despacho encargada de la seguridad pública, la cual gozará de autonomía técnica y presupuestal, cuya finalidad será proporcionar los insumos técnicos necesarios para la investigación y acusación del proceso penal, en asuntos del fuero federal.

En su argumentación, la legisladora considera necesario reconocer que el monopolio del proceso penal en sus dos etapas (investigación y acusación) por parte del Ministerio Público, facilita la corrupción, incrementa la impunidad y no favorece los principios constitucionales sobre el derecho a la justicia.

En consecuencia, subraya, es necesario romper esa prerrogativa para que dos instancias realicen el proceso: la policía deberá dedicarse a la investigación y el Ministerio Público a la acusación ante los tribunales.

Precisa que, lamentablemente, la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 para crear un sistema de justicia penal más eficiente y justo, no modificó algo que es crucial para ese objetivo, ya que es necesario separar las etapas del procedimiento penal con el actual monopolio que detenta el Ministerio Público.

Puntualiza que hoy día en México está vigente un sistema de justicia penal contradictorio, porque dice estar comprometido con el respeto a los derechos de las personas que son sometidas a un proceso penal acusatorio basado en el principio de presunción de inocencia, pero en la práctica sigue manteniendo ciertas estructuras que permiten la existencia de factores de riesgo.

Subraya que, en múltiples investigaciones, todas a cargo del Ministerio Público, primero se arma el caso y luego se investiga, tal fenómeno tiene lugar cuando los peritajes son moldeados para que todo el proceso cuadre, tal como se describe en la cinta “Presunto culpable”.

Es necesario tener un pacto entre todos los partidos políticos, donde nos pronunciemos contra el crimen organizado, que es el mayor enemigo de la democracia, porque no podemos soslayar que la mayor preocupación de la gente es la seguridad, aseguró el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez.

Al participar en la Mesa: “El Papel de las Autoridades Electorales Frente a la Intervención del Crimen Organizado en los Procesos Electorales”, el líder congresista aseveró es necesaria la participación de los partidos políticos, en un conversatorio donde nadie se sienta incómodo al hablar de la presencia del narcotráfico, pero, subrayó, sobre todo hacerlos responsables de la seguridad y de la postulación de los candidatos.

“Tenemos que hacer que los partidos tomen una posición pública en contra de la delincuencia, y eso incluye hasta darle seguimiento a propuestas engañosas que hacen apología del delito, porque dejan en desventaja a los otros”, enfatizó.

Expuso que los antecedentes de la participación del narcotráfico en las últimas elecciones obligan a establecer un protocolo con un apartado para los candidatos, contar con un mapa de riesgo, así como un observatorio y comisionado electoral que trabajen de manera coordinada con el Instituto Electoral Nacional (INE) y den seguimiento a lo que sucede en el proceso.

En materia de seguridad, Moreira Valdez puntualizó que la convocatoria no solamente debe ser para quienes ya actúan, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Nacional y la Guardia Nacional, sino también involucrar a los gobernadores, que juegan un papel importante en lo que pasa en los estados.

En la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Tercera Reunión de Colaboración Institucional con las Salas Regionales, el exgobernador de Coahuila matizó que estas acciones se tienen que ejecutar porque actualmente hay un número de homicidios increíbles, estados y ciudades con tasas altas de homicidios por cada 100 mil personas.

En ese sentido, consideró que el INE y el Tribunal Electoral son los actores fundamentales de la democracia, junto con los partidos, pero no son simples operadores, porque han cambiado el acontecer de las elecciones. Ahora, dijo, tienen que pensar en convenios con las autoridades de seguridad pública y las fuerzas políticas para blindar los procesos electorales.

Porque advirtió, en mi experiencia, el crimen, primero trata de ganar algo ilícitamente, por venta, por el tráfico; después empieza a meterse a la economía, y termina queriendo ser Estado, ofreciendo justicia y obras, como está pasando ahora en muchos municipios de Michoacán

En esta mesa de debate también participaron el Eduardo Guerrero Gutiérrez, Sandra Ley Gutiérrez, Joy Kathryn Lagnston, el magistrado David Avante Juárez y el magistrado Presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón.

La diputada federal María Elena Serrano hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación a informar el destino de recursos del Fideicomiso para el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos.

A través de un punto de acuerdo, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI solicitó a la Cámara de Diputados pedir a la dependencia federal, la emisión de un informe a la comunidad afectada, para que por medio de su portal en internet, dé a conocer detalles sobre el pago de adeudos a Braceros Rurales de 1942 a 1964.

La legisladora priista explicó que en el Parlamento Abierto realizado en la Cámara de Diputados, diversos especialistas y participantes se manifestaron a favor de la no desaparición del fideicomiso, además de extender el apoyo a los braceros.

Abundó que su solicitud se da porque no se reconoce que los apoyos entregados actualmente corresponden al total del despojo.

“Hoy en día no se sabe con certeza cuál es el adeudo exacto para cada persona, por lo que se requiere más investigaciones en torno al tema”, criticó la diputada migrante.

En ese sentido cuestionó si el titular del Ejecutivo está consciente del compromiso que el Estado Mexicano tiene con los Trabajadores Ex Braceros 1942-1964 de nuestro país.

María Elena Serrano reiteró su llamado a que a los ex trabajadores les sean devueltos los recursos del Fondo que con un gran esfuerzo y sacrificio constituyeron para su retiro.