Arturo Fernández Tovanche ha presentado todas las pruebas que junto con su esposa lo acreditan como legal y auténtico propietario del inmueble ubicado en la Avenida Central 242 de la Colonia Prohogar en esta capital, de la que fue echado mediante la violencia y amenazas de muerte por el dirigente de una presunta organización social ligado a René Bejarano y los partidos PRD y ahora Morena, pero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no actúa porque Gabriel Mayorga presume tener la protección de los funcionarios de esa dependencia encargada de procurar justicia.
“Ya demostramos que somos los legítimos propietarios. ¿Qué más debemos hacer para que nos devuelvan nuestra propiedad?”, dijo esta mañana en rueda de prensa el afectado, quien ya quiere regresar a la casa donde vivían porque él como su esposa, que se encuentra postrada por una grave enfermedad, se han pasado ya seis años viviendo en un asilo y algunos días con su hijo fuera de la ciudad.
El hombre de 85 años de edad, quien reitera “sólo queremos que nos hagan justicia”, fue junto con su esposa Lourdes Hernández Bernal a visitar a su hijo y cuando volvieron a su hogar el 16 de abril de 2016, ya no pudieron entrar porque estaba tomado por el Bloque Urbano Popular que lidera Mayorga, debido a que uno de los inquilinos que tenían los señores para allegarse de recursos por su edad avanzada y ya sin condiciones para trabajar, le dio entrada a la organización dirigida por Mayorga.
“El 17 de abril de 2016, aproximadamente a las 16:00 horas, al llegar mi señor padre a su domicilio (…) vio que se encontraba una manta con varios logotipos, entre ellos uno del Gobierno de la Ciudad de México: ‘CDMX, 190 años? Que dice: ‘Este inmueble está protegido y resguardado por el Bloque Urbano Popular’ en el que también indica que el señor Gabriel Mayorga es coordinador nacional”, expresa la denuncia de hechos realizada por Arturo Fernández Hernández, hijo de la pareja despojada.
Tras cinco años desde que se inició la carpeta de investigación CI-FAZ/AZ-1/UI/2S/D/01782/03-2017 en febrero de 2017, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR), no ha podido dar una resolución al asunto y ayer 6 de junio, por enésima ocasión dejaron en la indefensión a Fernández Tovache y su esposa los funcionarios Carlos Alfredo Frausto Martínez, director General de Derechos Humanos de la FGJCDMX y Luis Gerardo Fuentes Muñiz, director de enlace C de la misma DGDH, además de Sergio Miranda Martínez, asesor del secretario particular de la fiscal Ernestina Godoy, quienes no asistieron a la reunión que tendrían con el fiscal especializado Fausto Amador.
Fernández Tovache afirmó que a lo largo del proceso, miembros del Movimiento Urbano Popular, como Gabriel Mayorga, la dirigente en la zona de Azcapotzalco, Arlette Rangel Barragán y otros de sus miembros los han amenazado y dicho que nunca van a volver al lugar porque ya pertenece a esa organización.
“Son unos invasores. Nosotros tuvimos que demostrar que somos dueños, que estas personas cometieron el delito. Todo eso está realmente comprobado en las carpetas (de investigación), todo se ha investigado y los funcionarios de aquí me han dicho que ya está todo, que ya no más está listo, que para que se haga justicia, pero no se hace”, exclamó el anciano de 85 años, quien agregó que “¿cómo es posible que a unos delincuentes los estén apoyando en contra de unos viejos como nosotros que estamos, además, enfermos”.
El abogado Jorge Cruz Elizalde, advirtió que probablemente exista un halo de protección desde la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que dirige Ernestina Godoy para el grupo afín a los intereses partidistas del partido que hoy gobierna la capital del país, ya que la agente del Ministerio Público que lleva el caso le había solicitado candados para realizar el pasado martes 31 de mayo el aseguramiento del bien inmueble despojado, pero horas antes de llevar a cabo la diligencia, fue notificado que no se llevaría a cabo.
Desde la defensa de los propietarios del inmueble, Jorge Cruz Elizalde solicita que se judicialice la carpeta de investigación para que, en el caso de que les sea negativo el fallo, puedan continuar el procedimiento jurídico con más posibilidades de intervención de otras autoridades, porque de otra forma, podrían llevarse muchos años más para resolver el caso, que al parecer es lo que esperan.
Tras afirmar que existe protección a Gabriel Mayorga y el Bloque Urbano Popular desde la Fiscalía, expresó que tras una de sus recientes visitas para impulsar que se judicialice la carpeta de investigación, “aún no pasaba una hora y Gabriel Mayorga me habló para amenazarme de muerte a mí y que me iba a levantar a mí y a mi familia”, concluyó.
Gabriel Mayorga ha sido identificado como uno de los muchos “dirigentes sociales” ligados cercanamente al también líder social y político René Bejarano y su esposa Dolores Padierna, así como a Miguel Ángel Mancera el sexenio pasado.
