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En medio de la reapertura de la una carpeta de investigación por presuntos actos de corrupción cometidos por el ministro Luis María Aguilar Morales, cuando fungía como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las investigaciones salpican también a una persona cercana al jurista, su secretaria particular: Martha Bertha Fernández.

Así lo refiere la periodista Lourdes Mendoza en su Sobremesa titulada “El poder detrás del trono en la SCJN”, en donde advierte que “quien también anda muy nerviosa es doña Berta”, quien ha acompañado al ministro desde que éste era magistrado de circuito.

Esta mujer ha colaborado con Aguilar desde 1988, cuando ingresó como secretaria del entonces magistrado, en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En abril de 1995, cuando Luis María Aguilar fue designado oficial mayor, ella siguió ocupando su puesto. Posteriormente, en octubre de ese año le dieron la plaza de coordinadora de asesores, cargo en el que estuvo hasta el 31 de mayo de 1999.

Bertha Fernández fue acompañando al jurista en su quehacer durante años, aunque pasó por otros cargos como coordinadora de áreas –de agosto de 2006 al 31 de noviembre de 2009–. En diciembre de 2009, fue promovida en la coordinación de la secretaría ejecutiva del pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aunque solo permaneció 15 días y se fue con Aguilar Morales, nuevamente como su secretaria particular.

Cuando Luis María Aguilar Morales asumió su cargo como presidente de la Corte, la mujer fue designada secretaria general de la presidencia, donde acumuló un “poder impresionante”, refiere Lourdes Mendoza, pues no solo realizaba funciones de la Corte, sino también en el Consejo de la Judicatura Federal, en el que la mayoría de los asuntos pasaban por su “visto bueno”.

Luego de que el ministro regresó a la ponencia, Fernández García sigue acompañándolo, con un cargo de secretaria de estudio y cuenta A (el más alto), con un sueldo mensual de 169 mil 435.44 pesos, sin que realice funciones del cargo, pues desde ese puesto, la funcionaria debería realizar proyectos de resolución; sin embargo, no existe ninguno con su nombre, ni tesis o jurisprudencias en las que haya participado.

Según registros citados por la periodista en su columna de El Financiero, la cercanía del ministro con su secretaria ha sido la de “la mano que mece la cuna”, dado que, afirma, ella controlaba todo, e incluso decidía que personas subían de puesto y a quienes se les pedía la renuncia.

“Fue la persona con más poder cuando Aguilar Morales estuvo en la presidencia de la SCJN; incluso era quien le presentaba el tema y después ella misma comunicaba la decisión y giraba las instrucciones respectivas”, refiere Mendoza.

Fuentes consultadas por la periodista refieren que las indagatorias de la FGR en contra de Luis María Aguilar Morales es por malos manejos, uso de prestanombres y adquisiciones de productos y servicios para la SCJN con tintes de corrupción, los cuales habrían ocurrido entre enero de 2015 y diciembre de 2018, cuando era presidente del máximo tribunal del país.

La dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero estaría buscando también abarcar con sus indagatorias la adquisición de productos y servicios para la SCJN, así como dinero encontrado en el vehículo de personal supuestamente ligado al ministro.

Cabe recordar que el 10 de enero de 2017, fueron hallados 3 millones 400 mil pesos en la cajuela de un automóvol estacionado afuera de la Judicatura Federal. Dicho monto fue confiscado a Francisco Javier Pérez Maqueda, quien en aquellos entonces era director general de Inmuebles y Mantenimiento del Poder Judicial.

Pérez Maqueda, quien fue inhabilitado (en 2019) por 20 años y obligado a pagar multas, se le acusó de haber liderado un esquema de corrupción institucional mientras el ministro Aguilar fungía como titular de la SCJN.

Además, siendo presidente de la Corte, se mandaron a construir salas orales donde no eran necesarias y a pesar de tener un costo de entre 50 y 100 millones, se reportaban gasto por 200 millones de pesos.

Las compañías aéreas deben estar obligadas a dar a conocer a los usuarios al momento de la compra del boleto, las indemnizaciones o compensaciones a la que serán acreedores, en caso de existir una demora o cancelación no notificada con anticipación, propuso el senador de Morena, Ricardo Velázquez Meza.

Tras reconocer el impacto negativo de la pandemia por Covid-19 en la economía del país, que afectó a casi todos los sectores productivos, incluidos al de la aviación, el legislador apuntó que las afectaciones alcanzaron también a los usuarios del transporte aéreo, quienes se vieron afectados en sus itinerarios de viaje.

“Si bien es comprensible que los contagios son, en cierto punto, casi inevitables y en algún momento todos habremos sido infectados, esto no exime de su responsabilidad a las compañías” de responder la demanda de los usuarios.

Al presentar un proyecto de reforma al artículo 47 Bis, fracción V de la Ley de Aviación Civil en México, Velázquez Meza reconoció que “un mal comportamiento de la economía nacional repercute en el sector aéreo, pero esta situación no fue exenta del rezago económico que se vivió durante el 2020 y 2021 en México, por la pandemia generada por el SARS-CoV-2”.

Explicó que las consecuencias económicas de la industria se vieron a finales del 2020, como consecuencia de la reestructuración de las aerolíneas, quienes redujeron personal, “cuestión que trascendió cuando un elevado número de personal, asistente o de tripulación, se contagió de Covid-19, por lo que tuvieron que aislarse, lo que provocó que las compañías se quedaran sin personal.

El senador acotó que esta consecuencia, más allá de generar un impacto negativo sólo en las aerolíneas, también se extendieron hacia los usuarios, “que vieron afectados sus itinerarios por no respetar los horarios previamente establecidos de vuelo y en algunas ocasiones, inclusive sufrieron cancelaciones de vuelo, notificadas minutos antes del abordaje”.

Por ello, expuso en el punto de acuerdo, las empresas de aviación tienen que estar obligadas a dar a conocer, por el personal de la compañía, las indemnizaciones o compensaciones al momento de realizar la compra del boleto.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que dialogará con todos los legisladores para reformar el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que los jóvenes que viven en el campo puedan trabajar en actividades agrícolas y evitar que “sean presa fácil de la delincuencia”.

En un mensaje que publicó en redes sociales, Monreal Ávila dijo que es necesario escuchar a los ciudadanos y sensibilizarse ante sus problemáticas. En ese sentido, dio a conocer que se reunió con jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, quienes le manifestaron sus necesidades, “las cuales llevaré al Senado”.

“Aquí, en San Quintín, hay un problema delicado con la Ley Federal del Trabajo, al igual que en el país, porque no se permite trabajar a jóvenes de 16 y 17 años, dado que se consideran actividades de alto riesgo o peligrosas”.

La queja de los dirigentes -advirtió-, es que esto ha permitido que los jóvenes sean presa fácil de la delincuencia, porque no pueden ser contratados por las empresas que hay en la localidad: en la empacadora, en la cosecha o en el cultivo.

“Y por esa razón nos hemos comprometido a platicar con todos los legisladores para modificar este artículo”.

“Tenemos que salir hacia el campo y hacia los lugares donde los legisladores necesitan escuchar y sensibilizarse frente a los reclamos ciudadanos”, manifestó el coordinador parlamentario.

El senador insistió en que es necesario modificar el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, para beneficio de los trabajadores, sobre todo de los jornaleros agrícolas y de sus familias.

San Quintín -destacó Ricardo Monreal Ávila-, es un ejemplo de organización y de colaboración entre empresarios y entre jornaleros.

“Aquí hay mucha gente de muchas partes del país que vinieron a trabajar, muchos se quedaron, y hay una gran expectativa de crecimiento, y los legisladores tenemos que ayudarles”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se encuentra dando seguimiento a la búsqueda de Pedro César Carrizales Becerra, “El Mijis”, desaparecido desde hace 14 días.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador sostuvo que pedirá a la titular de seguridad informar a los familiares del exdiputado sobre las acciones que se realizan por el caso.

“Estamos atendiendo este caso, Rosa Icela Rodriguez es la responsable y se trabaja en la búsqueda. Hoy le pediré a Rosa Icela que informe a sus familiares”, dijo el mandatario en Palacio Nacional.

Lo anterior, luego de que en conferencia mañanera, la periodista Frida Guerrera a nombre de Miriam Martínez Vargas, la esposa de Pedro Carrizales, le pidió información al Presidente por la desaparición del exlegislador local en San Luis Potosí.

“Estoy pidiendo lo que cualquier esposa pediría, ayúdeme a encontrarlo”, dice la carta firmada por la esposa del Mijis, quien despareció en Coahuila y la última geolocalización de su teléfono celular fue en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“El Mijis”, como se le conoce popularmente desapareció hace 13 días. Salió de Coahuila y se dirigía presuntamente a Tamaulipas. En los últimos mensajes que envió a su familia afirmó que lo detuvieron elementos policíacos (Los Gafes).

La última geolocalización de su teléfono celular revelaría que se situaba en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al momento de su desaparición fuentes cercanas al exlegislador potosino confirmaron esta versión. Las Fiscalías Generales de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí colaboran para dar con el paradero del militante de Morena.

Como se venía anticipando desde hace unos meses, el excandidato presidencial Ricardo Anaya faltó a su audiencia inicial por las acusaciones en su contra por presuntos delitos de corrupción, asociación delictuosa y lavado de dinero, siendo sus abogados los únicos que se presentaron en el Reclusorio Norte.

La defensa de Anaya llegó al Centro de Justicia Penal durante las primeras horas de este lunes, ya que la audiencia comenzaba en punto de las 9:00 horas.

“La acusación de Lozoya no tiene ni pies ni cabeza, es una acusación sin sustento. Tan es así que la Fiscalía solicitó 54 años de prisión para Lozoya”, comentó Eduardo Aguilar Sierra, abogado de Anaya antes de ingresar al Centro de Justicia.

Es de destacar que Eduardo Aguilar iba a acompañado de otros tres representantes legales de excanditato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN).

Además esta es la quinta ocasión que la Fiscalía General de la República (FGR) cita a Ricardo Anaya por las acusaciones en su contra en el entramado de Odebrecht, además de presuntamente recibir más de seis millones de pesos en sobornos para votar a favor de las reformas impulsadas por el expresidente Enrique Peña Nieto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que desconoce la razón del por qué hubo reacciones a la exhibición del supuesto salario de Carlos Loret de Mola y aseguró que debe transparentarse toda la información, porque “el que nada debe, nada teme”.

Durante su conferencia matutina, López Obrador dijo haberse sorprendido por las críticas recibidas tras haber dado a conocer el supuesto salario del periodista.

“Debe transparentarse todo, el que nada debe, nada teme. Yo no sé por qué se alebrestaron, se incomodaron, porque señalé aquí información sobre lo que gana Loret de Mola. Cómo no dar a conocer si este señor se dedica a ‘golpear’”, sostuvo.

Acusó que “este señor”, Loret de Mola, se dedica a golpear, no solo al Presidente sino al proyecto de transformación que encabeza. “No es conmigo, tampoco son mis hijos, es una reacción conservadora, golpista en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país”, dijo.

El medio Latinus y la organización, Mexicanos contra la Corrupción, presentaron un reportaje donde reseñaron que José Ramón López Beltrán y su esposa rentaron en Houston una residencia cuyo dueño era un ejecutivo de una firma que tiene contratos con Petróleos Mexicanos.

Cuestiona el #TodossomosLoret

López Obrador agradeció que se realizará un foro en Twitter sobre el tema y se burló del  #TodossomosLoret que se hizo tendencia en redes sociales: “Se me cae la cara de pena, de vergüenza”, dijo.

Al hablar de la escueta carta difundió José Ramón López Beltrán, el domingo por la noche, López Obrador confirmó que su hijo mayor trabaja en una empresa de los hijos de Daniel Chávez, quien, dice, lo ayuda en la supervisión del Tren Maya “sin cobrar nada”: no hay ningún problema de interés el no tiene ningún negocio con el gobierno.