La Agenda De

En rueda de prensa, la Senadora Martha Márquez Alvarado presentó un punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Fiscalía Anticorrupción de Aguascalientes, del Órgano Interno de Control del municipio, de la Auditoría Superior de la Federación y al de la Unidad de Inteligencia Financiera a esclarecer los agravios por los contratos relaciones con la compra de luminarias y paneles fotovoltaicos en el municipio de Aguascalientes.

Martha Márquez indicó que la corrupción debe combatirse en todas las esferas, por lo que denunció la compra de luminarias y paneles fotovoltaicos y a sobreprecio, mismas que refirió causarán un daño al erario público que se estima en más de 20 mil millones de pesos.

“20 mil millones de pesos son la mitad de lo que tenía el Fondo de Protección para gastos catastróficos, un recurso que pudiera estar en los tratamientos de las niñas y los niños con cáncer hoy está en los bolsillos de los encargados de hacer los contratos del Municipio de Aguascalientes” explicó.

Además, señaló que Marko Cortés, dirigente de Acción Nacional, es uno de los beneficiados de este desfalco, pues en una de las empresas contratadas aparece como socia Jovita Morín Flores, titular de la Comisión de Justicia del PAN.

Agregó que esta última ha intentado deslindarse del tema, argumentando que fue ante un corredor público para renunciar a su participación en esa empresa, cuando debió acudir ante un notario público

“Garanticemos justicia, y que se castigue a las y los servidores públicos que ha-yan autorizado o haya omitido hacer algo con esos contratos.” concluyó.

---

Ciudad de México, 23 de febrero de 2022

Conferencia de prensa ofrecida por la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del PT, referente a la corrupción en el municipio de Aguascalientes

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado (MCMA): Agradezco a las y los medios de

comunicación presentes, muy amables.

Hoy vengo a denunciar el más grande daño al erario público por parte de la anterior administración municipal en el ayuntamiento de Aguascalientes.

En mi estado algunos se han llenado los bolsillos con un desfalco histórico en el que está inmerso el municipio de Aguascalientes, escuchen bien: más de 20 mil millones de pesos, la mitad de lo que contenía el Fondo de Gastos Catastróficos, en un negocio de luminarias y paneles fotovoltaicos.

La gran pregunta es ¿quiénes se están y se estarán enriqueciendo con este negocio? Hoy vengo a decirles que si en este Senado se va hablar de corrupción, hay que hablar de este gravísimo problema en Aguascalientes.

Compraron luminarias que exceden 8 veces su costo, y que terminarán de pagar las y los hidrocálidos por nueve años las luminarias y los paneles a 30 años, y peor aún, que no tienen garantía de seguir siendo útiles cuando se terminen de pagar.

20 mil millones de pesos son la mitad de lo que tenía el Fondo de Protección para gastos catastróficos, un recurso que pudiera estar en los tratamientos de las niñas y los niños con cáncer, hoy está en los bolsillos de los encargados de hacer los contratos del Municipio de Aguascalientes y sus comparsas, como Jovita Morín quien ha intentado deslindarse argumentando que fue ante un corredor público para renunciar a su participación en esa empresa; cuando siendo abogada la verdad es que debería saber que debió acudir a un notario público.

¡Basta ya de lastimar a las familias de Aguascalientes!

Presenté un punto de acuerdo para que los titulares de la Fiscalía Anticorrupción en Aguascalientes, así como el titular del Órgano Interno de Control, el titular de la Auditoría Superior de la Federación y al de la Unidad de Inteligencia Financiera esclarezcan estos hechos a la brevedad.

Garanticemos justicia, y que se castigue a las y los servidores públicos que hayan dañado las finanzas del municipio de Aguascalientes o que hayan omitido hacer algo con esos contratos.

El punto de acuerdo ya se presentó, se turnó a la Comisión de Anticorrupción del Senado de la República.

Y pues bueno, seguiré trabajando para que estos hechos no queden impunes.

Muchas gracias.

Las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el proyecto de decreto que busca garantizar el derecho de las y los trabajadores a una vida laboral sin violencia.

El dictamen, que reforma diversos ordenamientos, define el concepto de violencia laboral, como la serie de acciones, omisiones, comportamientos, prácticas o amenazas, que tengan por objeto intimidar, excluir, opacar, amedrentar “o consumir emocional o intelectualmente a la persona trabajadora”, con lo que se le causa un daño físico, psicológico, económico, patrimonial y laboral-profesional.

También establece que son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para la persona trabajadora, que las o los empleadores incurran en actos de violencia laboral.

La reforma prohíbe a las personas empleadoras o a sus representantes realizar actos de violencia laboral; así como permitir, tolerar estas conductas o fallar en atender, sancionar y reparar los mismos.

Este proyecto modifica las leyes Federal del Trabajo; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; el Código Penal Federal y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El dictamen fue avalado por unanimidad en ambas comisiones, conjunta cinco iniciativas en la materia y recoge criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la definición de la violencia laboral.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, explicó que toda persona trabajadora tiene derecho a sentirse segura y a desarrollarse profesionalmente en espacios libres de cualquier acto de discriminación y acoso.

Señaló que, en el país, 22.6 por ciento de mujeres laboralmente activas son declaradas víctimas de algún tipo de violencia laboral, de las cuales 19.3 por ciento han sido víctimas de acoso.

Aunado a esto, la invisibilización de la violencia y el hostigamiento normalizado, así como el miedo a perder el empleo y otros, que influyen en los procesos de reporte o denuncia, podría acrecentar la cifra.

Asimismo, el senador detalló que se trabaja para visibilizar y establecer instrumentos que aseguren a las personas trabajadoras una vida libre de violencia y acoso.

Las comisiones también aprobaron el dictamen a la minuta que adiciona el artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de prevención de riesgos de trabajo, a través del uso de tecnologías y herramientas innovadoras que apoyen las labores de seguridad en los centros laborales.

Al respecto, el senador Gómez Urrutia destacó que se busca otorgar plena seguridad a las y los trabajadores al plantear uso obligatorio de herramientas tecnológicas, cuyo uso es fundamental para evitar accidentes de trabajo.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, en el país ocurren diariamente mil 100 accidentes que, en su mayoría se deben a condiciones de riesgo en equipos, maquinaria, herramientas e instalaciones, en actividades como construcción, soldadura, mantenimiento y otras industrias.

Por este motivo, aseguró, es necesario que a través de la innovación tecnológica se salvaguarde la vida de las personas trabajadoras.

Cabe destacar que las y los senadores se comprometieron a que, una vez avalado el dictamen por el Pleno, se presente una reforma para modificar lo relativo al lenguaje incluyente, pues consideraron inminente su aprobación ante la necesidad de proteger a las personas trabajadoras, porque por encima de todo está su vida y salud.

Adicionalmente, se aprobó el dictamen a la minuta que reforma el artículo 204 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se establece que los patrones deberán conceder a los trabajadores el tiempo necesario para ejercer su derecho a participar en los procesos de revocación de mandato.

Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de reducir y remover las barreras que impiden la participación laboral de las personas con discapacidad.

El dictamen avalado con 101 votos, establece la obligación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en coordinación con las autoridades de trabajo en las entidades federativas, desarrolle programas dirigidos a promover políticas públicas, el acceso a bolsas de trabajo y fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Asimismo, se delinean las políticas y principios en las relaciones de trabajo de las personas con discapacidad y las obligaciones de las autoridades, tanto locales como federales, así como de los patrones o empleadores para con las personas de este sector de la población.

También se regulan los temas de contratación, capacitación, formación y profesionalización de los trabajadores que tienen alguna discapacidad.

Se incorpora el derecho de las personas con discapacidad a solicitar ajustes razonables a sus empleadores, lo que les permitirá tener un mejor desempeño de sus funciones y una mayor productividad.

De igual forma establece acciones afirmativas para los procesos de convocatorias, selección y contratación de los puestos de trabajos vacantes, para que sean publicadas en diferentes fuentes de reclutamiento a las cuales pueda acceder cualquier tipo de persona.

En el dictamen, también se precisa que los centros de trabajo con más de 20 trabajadores, deberán ofrecer más de cinco por ciento de sus empleos a personas con discapacidad.

Además, los centros de trabajo deberán contar con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de las actividades de las personas de este grupo social.

Al presentar el proyecto, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, dijo que el dictamen no es una muestra de buena voluntad, sino un acto indispensable de justicia, ya que más del seis por ciento de la población en México vive con una discapacidad, por lo que “es momento de derribar los muros que marginan a millones de personas del empleo y con ello saldar la deuda que tiene el Estado mexicano con esta población”.

En tribuna, la senadora del PAN, Estrella Rojas Loreto, destacó que la propuesta está encaminada a incrementar la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad, así como atender los problemas a los que se enfrenta este sector de la población para acceder a un empleo.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, aseguró que el dictamen está apegado a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y aborda una perspectiva que permitirá que este grupo social pueda alcanzar su autonomía y desarrollo, ya que garantiza mayores oportunidades para que accedan a un empleo.

De Movimiento Ciudadano, la senadora Verónica Delgadillo García expresó que México no es un país donde las personas con discapacidad tengan las condiciones mínimas e indispensables para tener un pleno desarrollo, por lo cual, agregó, es fundamental saldar la deuda con este sector de la población.

Del Grupo Plural, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo argumentó que este dictamen busca proteger y salvaguardar uno de los derechos más elementales para la subsistencia de las personas con alguna discapacidad.

Elvia Marcela Mora Arellano, senadora del PES, indicó que este tipo de iniciativas son necesarias, porque en México sólo algunas empresas contratan a personas con alguna discapacidad, pero la discapacidad es un asunto de todos.

Posteriormente, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza Longoria presentó una reserva al artículo 180 C), a efecto de establecer el fomento de la inclusión laboral y promisión profesional de las personas con discapacidad en el mercado abierto y accesible de trabajo, y proporcionar asistencia a estos para su contratación y permanencia en el empleo, misma que fue aprobada por la Asamblea por 98 votos.

En este sentido, el dictamen aprobado por el Pleno del Senado, por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, fue remitido a la Cámara de Diputados.