Categoría: Política

La diputada Karina Marlen Barrón Perales (PRI) plantea reformar el Código Penal Federal para aumentar las sanciones por maltrato animal, al doble de las ya establecidas, particularmente para quienes causen sufrimiento o provoquen la muerte a animales en situación de abandono o de calle.

Mediante una iniciativa, la legisladora propone adicionar una fracción VII al artículo 419 Bis del Código, para estipular que en esos casos específicos de maltrato animal las penas se aumentarán al doble de las que fija la ley vigente, que son de 12 meses a 10 años de prisión y el equivalente de 200 a 2 mil días multa.

La fracción propuesta señala que las penas se aplicarán a quien “utilice, emplee, tome o sustraiga a un animal que se encuentre en situación de abandono, sin el resguardo y protección de sus propietarios o sus poseedores, o que deambulen libremente por la vía pública sin que porten alguna placa de identificación, para causarle cualquier acto que lo dañe, lo maltrate, de crueldad, sufrimiento o termine con su vida”.

Menciona que el propósito es avanzar en la erradicación del maltrato y la crueldad animal, principalmente de los animales domésticos en situación de calle, como son los perros y gatos.

Resalta que México ocupa el tercer lugar mundial en maltrato animal y el primero en Latinoamérica en cuanto a animales que se encuentran en situación de calle, por lo que es necesario que se trabaje en políticas que permitan a la sociedad brindar un trato digno y de respeto hacia los animales domésticos y de todos los que viven en situación de calle.

Indica que hablar sobre el maltrato animal significa dialogar sobre las diversas acciones que comete la ciudadanía en contra de los animales y que, por desgracia, persisten en nuestra sociedad y se agravan día con día, no sólo por la actitud agresiva de quien lo hace sino la intención de hacer un grave daño y que lamentablemente se realiza de manera reiterada.

Considera que se ha dejado a un lado que los animales también son seres vivos que merecen respeto y ser tratados de manera digna, aún a pesar de vivir en abandono y sin ningún propietario que los cuide.

La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, advierte que no se puede pasar por alto un acto de tal naturaleza porque sin duda, alguien que no se detuvo para sacrificar la vida de un canino, podrá ser capaz de cualquier cosa en cualquier momento. Por ello, se debe tipificar en el Código Penal Federal para que sean sancionados con el mismo impacto con que se realizó la acción.

En nuestro país, a partir de 1978 se reconoció la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, pero del 70 por ciento de los perros en situación de calle, 7 de cada 10 sufren de crueldad y maltrato, y cada año mueren 60 mil animales a causa de los actos que reciben.

A pesar de que la figura del maltrato o crueldad en los animales está considerado como un delito en casi todos los estados del país, esta situación sigue siendo un grave problema que cada día presenta nuevas acciones dolosas las que les causan la muerte a muchos de ellos, principalmente de aquellos que están en situación de calle.

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, que preside el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), aprobó dos dictámenes a iniciativas que reforman la Ley Federal de Protección al Consumidor, relativas a la venta de boletos para espectáculos públicos, y la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, en materia de igualdad de género.

El dictamen que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor se aprobó por 24 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones y tiene como objetivo proteger los derechos de los consumidores en la compra de boletos para espectáculos públicos que se comercializan por cualquier medio autorizado, incluyendo internet o cualquier otra forma digital

Establece que, en caso de cancelación de cualquier espectáculo público, quien haya realizado la venta de boletos de acceso, independientemente de su calidad de organizador o intermediario, deberá reintegrar al consumidor el importe completo cobrado por el servicio de entretenimiento, incluyendo el precio del boleto y los cargos por cualquier tipo de servicio.

El reembolso se verificará dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha del anuncio de la cancelación, mediante reembolso al consumidor adquirente por el mismo medio de pago utilizado en la compra sin que se requiera solicitud alguna por parte del consumidor, salvo que el prestador del servicio carezca de datos para identificar al consumidor o la cuenta de éste para procesar el reembolso.

En ese caso, el consumidor tendrá un plazo de 30 días naturales a partir del anuncio de la cancelación para solicitarlo, debiendo proporcionar al proveedor la información para identificarlo y emitirle el reembolso a través de instituciones de crédito, a efecto de que el proveedor emita el reembolso dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud.

Señala que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancionará el acaparamiento de boletos y la reventa no autorizada de boletaje para espectáculos públicos que se ofrezcan o comercialicen a través de internet o cualquier otro medio físico o digital.

Asimismo, aumenta las sanciones contenidas en el artículo 128 para establecer multas que van desde 895.63 pesos hasta 3 millones 502 mil 944.91 pesos.

Plantea que los proveedores de servicios destinados al ofrecimiento de espectáculos públicos deberán garantizar la entrada de los consumidores que cuenten con algún medio válido para su acceso, cuando éste haya sido emitido por el proveedor del servicio o el tercero autorizado para ello.

Define como espectáculo público toda aquella representación, función, acto, evento, espectáculo o exhibición de cualquier índole artística, cultural o deportiva, ofertada por una persona física o moral en cualquier lugar o tiempo y por la cual ésta recibe un pago en dinero o en especie.

Los proveedores no podrán ofrecer accesos que sobrepasen el número de lugares disponibles en los sitios donde se lleve a cabo el evento, espectáculo o exhibición que sea ofertado; en caso de que por cualquier causa legítima se realice el reemplazo de boletos o accesos, el proveedor deberá realizar la cancelación inmediata de los boletos o accesos entregados por primera vez al consumidor, que son sustituidos.

Además, por ningún motivo se podrá condicionar o negar la entrega al consumidor con boletos o accesos válidos cuando hayan sido emitidos por el proveedor del servicio de entretenimiento o por el tercero designado por éste.

También estipula que el proveedor, cuando se trate de venta de boletos para espectáculos públicos en taquillas, puntos de venta físicos, líneas telefónicas, a través de internet o cualquier medio físico o digital que haya sido autorizado por el proveedor, deberá emitir al consumidor, al momento de realizar el cobro, un boleto (físico o electrónico) con las debidas medidas de seguridad, confiabilidad e inviolabilidad, que permitan y garanticen el acceso al mismo, sin necesidad de acudir a sitios físicos, sucursales o tiendas que generen gastos adicionales al comprador.

En el caso de ventas digitales, podrá ponerse a disposición del consumidor el servicio opcional de expedición de un boleto físico para ser entregado en la localidad en que se realice el evento y, en su caso, del envío al domicilio señalado por el consumidor.

Agrega que el proveedor de boletos digitales deberá informar de manera precisa y certera en su página digital de términos y condiciones el costo total de sus servicios, cargos o comisiones. Además, se deberán implementar protocolos de prevención y denuncia para evitar el acaparamiento y la reventa no autorizada de boletos.

El documento adiciona una fracción XIII Bis al artículo 24, un artículo 62 Bis, un artículo 65 Quater, una fracción VIII al artículo 76 Bis, un artículo 76 Bis 2, y reforma el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El presidente de la Comisión explicó que el dictamen incluye diversas iniciativas impulsadas por los diputados Luis Arturo González Cruz (PVEM), Juan Francisco Espinoza Eguia y Yerico Abramo Masso, ambos del PRI, Shamir Fernández Hernández (Morena), Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) y Jorge Álvarez Máynez, de MC.

El diputado Enrique Godínez del Río (PAN) propuso estipular en el artículo 65 Quater que “todos los actores que hayan recibido una parte proporcional del dinero por la venta de los boletos, tendrán la obligación de reembolsar la cantidad de dinero recibida o cobrada”.

De Morena, la diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz, dijo que al comprar un boleto se obliga al consumidor a pagar la totalidad de su costo, por lo que los proveedores deben devolver esa misma cantidad en 30 días naturales en caso de cancelación del evento.

Laura Patricia Contreras Duarte, diputada del mismo grupo parlamentario, señaló que con estas reformas se atiende el problema que enfrentan los consumidores de espectáculos, cuando se cancela un evento, pues “atraviesan todo un viacrucis para solicitar algún reembolso” y es necesario que quienes intervengan en el proceso de compra y cobro de boletos, sobre todo con tarjeta de crédito, se hagan responsables de regresar el 100 por ciento del dinero.

Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional

También se aprobó con 33 votos a favor y cero en contra, el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a efecto de incluir la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y mujeres en la política nacional de fomento económico.

El dictamen se deriva de la iniciativa de la diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM), que reforma los artículos 1, 3 y 8 de dicha ley para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres y se promuevan las mismas oportunidades entre ambos.

Argumenta que, según el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 2020 la población ascendió a 126 millones 14 mil 24 personas, de las cuales 64 millones 540 mil son mujeres y 61 millones 473 mil 390 son varones. Refiere que las mujeres enfrentan más la desigualdad y la exclusión, que se sistematizan, intensifican y multiplican en el ámbito económico, por lo que es necesario modificar esta ley.

Una vez aprobados, los dictámenes fueron remitidos a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.

En la primera jornada regional del Parlamento Abierto “Hacia una vivienda adecuada”, organizado por la Comisión de Vivienda, se llevó a cabo el foro “Especulación Inmobiliaria. Capítulo Mérida, Yucatán”, en esa entidad federativa, para analizar el fenómeno de la especulación, sus causas, actores y acciones, a fin de identificar cómo se desarrolla en México y proponer productos legislativos que prevengan, abatan y contrarresten sus efectos.

La presidenta de la instancia legislativa, diputada Lilia Aguilar Gil (PT), consideró necesario sacar de la Ciudad de México al Congreso federal, para que las y los diputados conozcan las problemáticas y las soluciones que se están implementando a nivel local; hoy en Yucatán, dijo, hay avances en movilidad, vivienda y política verde.

Indicó que el Parlamento Abierto tiene el carácter vinculatorio y obligatorio con el Congreso General. Este es el primer foro de siete que se realizarán en Morelia, Monterrey, Oaxaca, Guadalajara, Tepic, Chihuahua, y está programado ampliarlo a Cuernavaca y Puebla.

Argumentó que la especulación no es la misma en cada parte del país, pues la Ciudad de México tiene una característica muy específica a la que existe en Yucatán. Destacó que se debe incluir a los más necesitados en las políticas de vivienda.

La diputada Socorro Irma Andazola Gómez (Morena) se congratuló por este foro. “Vamos a llevar esto al Congreso federal porque es un tema para todo el país; en Tijuana, también tenemos muchos problemas y debemos solucionarlos”.

Rosalinda Domínguez Flores, diputada de Morena, señaló que es vital visibilizar la especulación inmobiliaria en el derecho humano de acceso a una vivienda, determinar sus alcances económicos y sociales, así como las consecuencias para quienes especulan. “Debemos trabajar de manera conjunta porque somos un Congreso plural y lograr reformas en beneficio de los que menos tienen”.

La diputada María Rosete Sánchez (PT) comentó que en la Ciudad de México hay problemas lamentables de esta índole que requieren de atención prioritaria, pues ha provocado el desplazamiento de las personas más pobres y con menos recursos. El modelo de la gentrificación que ocasiona la migración de la población se extiende aceleradamente y va en detrimento de las familias que deben abandonar sus lugares de origen. “Los gobiernos tienen que invertir en infraestructura de servicios básicos”.

María Sierra Damián, diputada de Morena, indicó que el alto costo de la vivienda y la percepción de bajos ingresos generan en México la incapacidad de adquirirla porque se habla que un costo mínimo que pudiera pagar la ciudadanía sería de un millón 500 mil pesos. “En ocasiones piden un préstamo bancario o institucional donde el que vende ya recuperó su costo, pero el que compró, debido a que lo va pagar mediante el préstamo, ve incrementado el costo de su vivienda”.

La regulación debe ser de los tres niveles de gobierno

En la inauguración, José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, consideró que regular, normar, fomentar, facilitar y gestionar la vivienda, así como vigilar el cumplimiento de la ley debe ser trabajo de los tres niveles de gobierno; los componentes de una vivienda adecuada están relacionados con el entorno, lo que va desde su ubicación y accesibilidad, hasta los servicios y su certeza jurídica. “Tristemente Yucatán se ha vuelto la capital de la especulación inmobiliaria”.

Explicó que entre las estrategias de la especulación inmobiliaria está la incorporación de suelo rústico que no es apto para el desarrollo urbano, como son los lotes de inversión que tienen un valor ambiental y productivo, así como retención de terrenos dentro de áreas urbanas. “Muchas veces compran el suelo barato, gestionan con las autoridades, incluso hacen tratos por debajo de la mesa”.

Carlos Francisco Viñas Heredia, presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda A.C., destacó la importancia de tener una vivienda adecuada para el sector más desprotegido. En Yucatán, dijo, se han otorgado más de 26 mil acciones de vivienda en los 106 municipios, construyendo un cuarto adicional, baño o cocina ecológica, a fin de disminuir el hacinamiento, y con el Gobierno Federal se impulsan acciones para evitar la inaccesibilidad por la especulación.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, diputado Erik José Rihani González (PAN), dijo que el acceso a la vivienda adecuada es un derecho humano y se debe hacer lo necesario para garantizarlo. “Es importante que intercambiemos propuestas para seguir creciendo y comprometer los recursos para las próximas generaciones”.

Aref Miguel Karam Espósitos, secretario de Obras Públicas del Estado de Yucatán, aseguró que el tema de la vivienda adecuada incide diariamente en la vida en familia, además de que tiene múltiples implicaciones en materia de uso de suelo, desarrollo urbano, espacio público, así como aristas en lo ambiental, lo que lo vuelve complejo. “Estos foros serán un espacio que ayude a entender las necesidades y cómo lograr alinear una normativa en este rubro”.

Panel 1. La especulación inmobiliaria

Sayda Melina Rodríguez Gómez, secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Yucatán, celebró la realización de estos foros para generar propuestas que ayuden a cambiar y desarrollar en Yucatán una forma verde y sostenible. En la planeación de una ciudad, expresó, si no se tienen los demás instrumentos como programas de ordenamiento local, territorial y regional, no se tendrá la posibilidad de contar con una regulación.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura del Congreso de Yucatán, diputado Rafael Alejandro Echazarreta Torres (Morena), consideró importante la construcción de las leyes porque a partir de ello se desarrollan las políticas públicas. “Van a generar los elementos de acotación para que, a través de la capitulación y escucha, sea una ley multidisciplinaria que no tenga temporalidad, sino una regulación como eje”.

Roberto Eibenshutz Hartman, especialista en Producción Social de Vivienda de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), mencionó que la especulación es el motor que mueve a las ciudades en sentido contrario al beneficio social; genera superconcentración de inversiones en ciertos espacios de las ciudades, principalmente en función de la altura de los edificios, cuya rentabilidad es más grande y el valor del suelo también, lo que conlleva a la expulsión de la población de bajos recursos.

Edgardo Bolio Arceo, director del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, apuntó que la especulación inmobiliaria tiene beneficios de desarrollo urbano, pues lo que hoy cuesta 10 pesos mañana puede costar 100. Lo que le compete a la autoridad, dijo, es legislar por el bien común; se requiere fortalecer los modelos de gestión y hacer ejercicios innovadores.

Panel 2. Fortalecimiento y coordinación institucional de los tres órdenes de gobierno para el combate a la especulación inmobiliaria

La diputada Yohanet Teodula Torres Muñoz (PVEM), presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, en el Congreso de Quintana Roo, informó que han presentado una iniciativa sobre lotes irregulares y han propuesto realizar un registro de asentamientos regulares para evitar que la ciudadanía adquiera aquéllos fuera de la ley. Aseguró que detener la especulación es detener la oferta y demanda, así como el crecimiento económico.

Carla Luisa Escoffie Duarte, directora del Centro de Derechos Humanos, Facultad Libre de Derecho de Monterrey, comentó que si no hay un diagnóstico sobre porqué surgen los asentamientos en cada ciudad no se puede saber cómo evitar que sigan creciendo, ya que no avanzan de la misma forma en todas las ciudades. “Un problema que se tiene es que hasta la fecha el Instituto Nacional de Estadística y Geografía no ha generado información sobre asentamientos informales”.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Yucatán, Sergei López Cantón, dio a conocer que el desarrollo inmobiliario que ellos promueven va sobre la premisa de otorgarle a la gente una vivienda porque en México existe un rezago habitacional muy importante con muchas necesidades y familias que aún no cuentan con una vivienda.

Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta, investigador del Colegio Mexiquense, sugirió reconocer el derecho a la naturaleza y afirmó que en la zona metropolitana de Mérida hay una cantidad de suelo en proceso de negociación, y rebasa por mucho la expectativa de que llegue más gente y haya más actividad, lo cual se reproduce en Veracruz, San Luis Potosí, Chihuahua, Manzanillo, Guadalajara, Valle de Toluca, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. “Es un problema grave y la palabra clave es especulación inmobiliaria”.

El profesor de la Facultad de Urbanismo, Ignacio Kunz Bolaños, aplaudió este foro, ya que el gran problema del desarrollo urbano es la especulación. Los esquemas legales y la forma en que se han planeado son incentivos a la especulación, pues le abre la puerta, y la especulación opera al amparo de la corrupción; por eso, “las autoridades se oponen a que se implementen ciertos tipos de instrumentos. La especulación genera costos sociales, ambientales, públicos y encarece el suelo”.

Panel 3. La vivienda y la especulación inmobiliaria

La titular de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Estado de Campeche, Elvira de la Peña Abreu, indicó que hablar de vivienda es referirse a seguridad y patrimonio y la especulación inmobiliaria afecta a los que menos tienen. “Considero que la especulación no va a desaparecer, por lo que debemos buscar mecanismos para ayudar a los afectados, mejorar la regularización y generar una vigilancia. Se debe educar a la población para que sepa dónde comprar”.

Salvador Gómez Rocha, catedrático del Posgrado de Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que “es difícil afirmar que estamos viviendo una burbuja inmobiliaria porque, aunque los precios crecen de manera acelerada, no hay un crecimiento importante de los créditos”. Mencionó que se ha hablado poco del mercado del suelo; por tanto, se requiere entrar a la discusión de la función social de la vivienda.

Claudia Nataly Mondragón Rivera, especialista en Urbanismo Participativo en ONU-Habitat, expuso que el poder adquisitivo de la población ha disminuido entre un 20 y 30 por ciento, y eso hace que una clase media, que hace 10 años buscaba comprar una casa de 200 metros cuadrados, ahora sólo puede comprar la de 150 o 120 metros cuadrados. “América Latina está invirtiendo en proyectos de vivienda nueva mediante una asignación del 70 por ciento de su presupuesto y sólo el 30 o 28 por ciento se va para la mejora de la vivienda”.

El diputado Mauricio Cantú González (Morena) propuso establecer en la ley que la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe promover el hábito de la lectura desde la educación básica, facilitando libros y temas adecuados a la edad y entorno de los estudiantes.

Para ello, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa que reforma la fracción I del artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, la cual se remitió a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen.

Es evidente, expone el documento, que esta práctica va en declive, por lo que uno de los principales retos que enfrenta el país en esta materia es lograr que las niñas y los niños encuentren placer en el libro y forjen dicho hábito.

Puntualiza que a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno, ésta no es una actividad cotidiana; además, el desinterés por la lectura tiene su origen en el entorno familiar y revela una falta de cultura.

Añade que las tabletas, computadoras y videojuegos han desplazado a los libros, lo que genera que este sector se incline y se interese más por los avances tecnológicos dejando de lado la práctica de la lectura.

La propuesta subraya que la lectura ayuda a desarrollar habilidades comunicativas, así como el lenguaje; es una herramienta esencial para formar ciudadanos críticos, participativos y, en consecuencia, una sociedad más democrática.

Considera vital facilitar libros adecuados a la edad y entorno, así como temas de interés con el fin de lograr que la niñez se inicie en el mundo de la lectura, porque, afirma, obligarlo a leer cosas ajenas a su realidad es un error.

La iniciativa de Cantú González destaca la importancia de promover este hábito de forma congruente con el entorno y edad porque sólo así se logrará acabar con el rezago de lectores, al fomentar la lectura en todos los espacios posibles y acercar a la niñez y juventud a las bibliotecas, talleres de lectura y ciclos literarios, entre otras actividades.

La diputada Dionicia Vázquez García alertó que México ocupa el tercer lugar en maltrato animal en América Latina. Además, diversos estudios destacan que existe una fuerte relación entre la violencia hacia las mascotas y la violencia doméstica, por eso urge aumentar y homologar las penas para castigar estos actos.

La integrante del Partido del Trabajo (PT) argumentó que a pesar de que en cada estado existe una legislación para sancionar estos hechos, la necesidad de una reforma a nivel federal que intensifique las medidas punitivas para el maltrato animal es evidente.

“El fortalecimiento del Código Penal Federal en materia de crueldad hacia los animales de compañía es fundamental para establecer medidas de sanción más rigurosas y homogéneas en todo el país; por ello, propongo reformar esta normatividad, para imponer pena de uno a dos años de prisión a quien inflija daño físico, cause sufrimiento psicológico, abandone o muestre negligencia en el cuidado de un animal de compañía”, indicó.

Agregó que en los casos en que el maltrato resulte en la muerte del animal de compañía, la pena correspondiente se aumentará en una tercera parte en su mínimo y en su máximo y cuando la muerte sea provocada con crueldad, sadismo o de manera deliberada, la pena será de 7 a 15 años de prisión.

La parlamentaria mexiquense resaltó que la importancia de aumentar las penas por maltrato hacia los animales de compañía, no es un simple cambio en las sanciones, sino un llamado a la conciencia social y ética de la población y se envía el mensaje claro a la sociedad de que estas deleznables prácticas no serán toleradas.

“Al endurecer las penas por maltrato animal, damos un paso hacia una sociedad más justa. La crueldad hacia las mascotas puede indicar la existencia de otros crímenes violentos, por lo tanto, se debe tratar este delito con la seriedad que merece, ya que de esta forma también se pueden disuadir comportamientos antisociales”, sentenció.

“Necesario garantizar el acceso a una vida plena a todas las personas con discapacidad en México. A fin de lograrlo, se requiere incluir en la ley a los perros de apoyo emocional, para que puedan acceder a espacios públicos, comercios privados, instituciones y áreas de recreación, ya que actualmente los lugares donde se les permite estar es limitado”, lamentó la diputada Ana Laura Bernal Camarena.

La congresista sonorense explicó que el confinamiento que se dio por la pandemia por la Covid-19, derivó en gran parte de la población en episodios severos de depresión, ansiedad o psicosis; ante ello, diversos estudios concluyeron que existe un efecto terapéutico positivo con los perros de compañía; no obstante, la gente en ocasiones no puede acceder con ellos a diversas áreas.

Ante este panorama, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) propuso reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de incluir a los perros de asistencia, a fin de asegurar el acceso de estos caninos en todo lugar, ya que éstos son de apoyo vital para muchas personas.

Abundó que actualmente el marco legal sólo contempla a los perros guía y a los animales de servicio como acompañantes válidos, dejando fuera a los caninos de terapia, de instalación y de apoyo emocional, los cuales generalmente brindan apoyo emocional a una persona con una condición de trastorno emocional, pero no tienen los mismos derechos de acceso público que uno de asistencia.

“Es por ello que reconocer a este tipo de perros de asistencia en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad asegurará el acceso de todo canino que sea de apoyo vital en cualquier lugar”, concluyó.

La diputada Taygete Irisay Rodríguez González (MC) promueve una iniciativa para que la atención materno-infantil considere la identificación y diagnóstico del VIH/Sida y de otras infecciones de transmisión sexual en mujeres embarazadas, con el propósito de brindar un servicio oportuno y evitar la transmisión por la vía perinatal.

El objetivo es lograr la eventual erradicación de la transmisión del VIH por dicha vía, agrega la propuesta de reforma a la fracción I Bis del artículo 61 de la Ley General de Salud, turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

Refiere que actualmente dicha fracción establece que la atención materno-infantil comprende “la atención de la transmisión del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal”

Sin embargo, la diputada considera que es ambiguo hablar de “la atención de la transmisión del VIH/Sida”, ya que, aunque implícitamente se deduce que la intención de dicho enunciado es mencionar las medidas de prevención de transmisión del VIH a través de su atención y detección oportuna, no queda especificado en el texto a qué tipo de atención se refiere.

Considera que para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.3 “Poner fin a las epidemias del Sida”, una de las claves es un firme compromiso del gobierno para erradicar la transmisión del VIH por vía perinatal y una de las formas es mediante una reforma a la Ley General de Salud, en donde se refuercen sus disposiciones acerca de la prevención del VIH.

En el caso de México, añadió, el decreto por el cual se creó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable quiere decir que todos los objetivos de dicha agenda forman parte de la Ley Suprema Nacional, incluyendo el objetivo de erradicar la epidemia de VIH/Sida para el año 2030.

Por ello, es necesario armonizar las leyes nacionales con los compromisos adquiridos por el gobierno respecto a dicha Agenda; en este caso, corresponde a la Ley General de Salud garantizar el cumplimiento de ese objetivo.

Destacó que la lucha contra el VIH y el Sida ha demostrado cómo la humanidad, coordinada y organizada a través de los gobiernos nacionales y los poderes internacionales, es capaz de poner bajo control a un agente patógeno que de otro modo sería capaz de arrasar con toda la raza humana.