Categoría: Política

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se estima que, en México, hasta el segundo trimestre de 2022, residen 17 millones de personas con 60 años o más; lo que representa el 14 por ciento de la población total del país, informó la diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Ana Laura Bernal Camarena.

“La Ciudad de México destaca por tener el índice de envejecimiento más alto del país; es decir, hay 90 adultos mayores por cada 100 infantes menores de 15 años, por lo que se deben generar políticas públicas específicas para este sector de la población, a fin de garantizar que tengan buena calidad de vida”, señaló.

Por ello, la parlamentaria presentó un punto de acuerdo para exhortar a María del Rosario Castro Escorcia, directora general del Metrobús de la Ciudad de México, a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y al gobierno de la Ciudad de México, a otorgar la exención del pago de tarifa a personas adultas mayores a partir de los 60 años de edad.

Sostuvo que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce los derechos humanos universales de su población y uno de ellos es el derecho a la movilidad; no obstante, en la actualidad el servicio gratuito del Metrobús se da exclusivamente a los mayores de 70 años, a pesar de que se considera adulto mayor a quien tiene 60 años o más.

“Es contradictoria esta medida, ya que una persona adulta mayor se considera a partir de los 60 años de edad y no de los 70 años, por lo que esta medida podría verse como un acto discriminatorio, al no brindar la gratuidad de este servicio a todas aquellas personas que la ley considera como adultas mayores”, ahondó.

Bernal Camarena indicó que la entrada gratuita beneficiará a usuarios que pertenecen a ciertos grupos vulnerables de la sociedad, como las personas adultas mayores. “El Metrobús debería otorgar la exención del pago a quienes acrediten que tienen 60 años de edad, a fin de no contravenir otras normativas”.

Para crear la Fiscalía Especializada en Delitos de Autotransporte, que se encargaría de la investigación, persecución y el ejercicio de la acción penal de los delitos del orden federal previstos en el Código Penal Federal y la Ley de Vías Generales de Comunicación, relacionados con el autotransporte federal, el diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) impulsa una iniciativa.

El documento, que adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), y que analiza la Comisión de Justicia, destaca la importancia del autotransporte de carga y su impacto en la economía nacional, tanto en el Producto Interno Bruto como en la generación de empleos.

También señala que los delitos cometidos en su contra repercuten en el precio final que paga el consumidor por los productos, de ahí que es necesario tener una fiscalía especializada.

Con ello, añade, se lograría aumentar no sólo el número de consignaciones de personas detenidas por el robo al autotransporte de carga, sino conseguir sentencias condenatorias que ayuden a privar de la libertad a los delincuentes, para que ya no sigan cometiendo ese delito, pero que también sean elementos disuasorios para otras personas.

La creación de la Fiscalía se sugiere sea mediante movimientos compensados y, en su caso, el impacto presupuestal que tenga el puesto de fiscal especializado pueda ser absorbido con recursos del Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia en lo que resta del ejercicio fiscal.

Menciona que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los actos criminales y robos de carga en las vías terrestres de América Latina no sólo representan un problema de seguridad y provocan pérdidas económicas a sus dueños, sino tienen un efecto en el resto de la cadena logística y traen consecuencias para la competitividad nacional de los países.

Expone que el número de robos todavía es alto y tiene un impacto directo en la economía nacional. De conformidad con el Inegi, el transporte de carga tiene relación en 101 de las 262 ramas económicas, es decir que la afectación económica ocasionada por la inseguridad en el autotransporte tiene un impacto directo casi en la mitad de la economía nacional.

Estadísticas de robo al transporte de carga en 2020 elaborado por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), precisan que la mercancía más robada es la línea blanca con 19.29 por ciento, seguida de alimentos y abarrotes con 17.79 por ciento, en tanto que el robo de hidrocarburos está presente dentro de las mercancías más robadas.

Reconoce que las reformas al marco normativo han permitido que los delitos contra el robo de transporte de carga hayan disminuido y por ello es necesario seguir adecuando las instituciones de procuración de justicia, a efecto de fortalecer los procesos en materia penal para que este delito sea castigado y su comisión logre una sentencia condenatoria.

El diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) impulsa una iniciativa para adicionar el artículo 419 Ter al Código Penal Federal, con el propósito de establecer que se impondrá pena de seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de 200 a 2 mil días de multa a quien reproduzca o comercialice animales de compañía.

La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, también estipula que la sanción antes citada podrá exceptuarse únicamente cuando la finalidad de crianza sea para el cuidado, adiestramiento y entrenamiento de ayuda humanitaria de los animales de compañía en los lugares autorizados, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas en la materia.

El documento refiere que esta adecuación normativa permitirá luchar por el derecho de los animales, pues quienes realmente deseen criarlos para destinarlos a ayuda humanitaria y rescate en terremotos, accidentes y desastres naturales, apoyo emocional, servicio o asistencia para personas con discapacidad, lo realizan por el amor a su crianza y no por lucro.

Refiere que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare) 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México es uno de los países más “animalistas” de América Latina; sin embargo, estos datos contrastan con los más de 17 mil 600 reportes por maltrato animal que atendió el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, así como el incremento exponencial de abandono a los animales de compañía.

En este sentido, destaca que, según cifras del Inegi, el 70 por ciento de los caninos y felinos en el país no tienen hogar”, de los cuales los que más resienten el abandono son los perros en un promedio del 87 por ciento. Además, de acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se estima que al menos 500 mil animales de compañía son abandonados cada año en el país.

El diputado Castañeda Navarrete explica en su propuesta que los criaderos clandestinos o fábricas de mascotas son lugares en donde se dedican a criar y comercializar animales de manera ilegal, con pésimas condiciones y malas prácticas que ponen en riesgo su vida al ser tratados como si fueran objetos y no como seres vivos, ya que para ellos es un producto con el que realizan una transacción para su beneficio económico.

Asimismo, son casas distribuidoras que abastecen tiendas de mascotas para su respectiva venta, donde estas viven en condiciones de hacinamiento, crueldad, maltrato y ningún tipo de higiene, por lo cual cientos de animales mueren allí mismo debido a situaciones precarias y aquellos que no lo hacen sufren de enfermedades.

Concluyó que estos espacios suelen ser lugares carentes de salubridad, que no están diseñados para el esparcimiento ni para el desarrollo de los animales de compañía; por el contrario, su finalidad es que las hembras conciban camadas durante todo el año, destetando a los cachorros antes del tiempo adecuado y sin otorgarles nutrición y alimento tanto a las madres como a las crías. De ahí la necesidad de integrar al Código Penal Federal esta práctica para que sea sancionada.

“En las últimas décadas, México ha registrado un aumento en su temperatura promedio, al incrementarse en 0.85° Celsius en verano y 1.3° en temporada invernal, derivado del cambio climático; por lo que urge impulsar medidas que coadyuven a revertir esta problemática”, aseguró la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT).

Ante este panorama, la petista propuso exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a sus homologadas en los estados, a realizar campañas informativas sobre los beneficios de los huertos urbanos, destacando las problemáticas que podrían ayudar a combatir e incentivar su implementación en los hogares, así como la instalación y mantenimiento oportuno, impartiendo capacitación en materia de autoempleo.

“De acuerdo con el Patrón de Crecimiento Demográfico Urbano, en las próximas décadas el mayor crecimiento demográfico en México será urbano, lo que significa que para el 2030 el país pasará de 384 ciudades a 961, en las que se concentrará 83.2 por ciento de la población nacional”, explicó la congresista de la Ciudad de México.

La legisladora resaltó que la construcción de la megalópolis trae consigo retos importantes y, en ocasiones, preocupantes, debido al impacto negativo que pueden generar, como en el caso del cambio climático, ya que la presencia de edificios y superficies pavimentadas generan islas de calor urbanas, las cuales se dispersan lentamente como consecuencia de los materiales con las que están constituidas.

Agregó que es necesario adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos y los huertos urbanos resultan ser una excelente opción para desarrollar en las grandes ciudades, las cuales carecen de espacios para plantar árboles o cultivar diversas especies de hortalizas, que ayuden a mejorar el clima en dichas regiones.

“Los huertos urbanos son espacios cubiertos o al aire libre utilizados para el cultivo de flores, hierbas aromáticas, hortalizas y frutales a escala doméstica, de esta forma los balcones, terrazas, techos, paredes y traspatios de los edificios en las megalópolis se pueden convertir en lugares para sembrar”, detalló.

Finalmente, la petista afirmó que los huertos urbanos pueden contribuir a fortalecer la seguridad alimentaria y nutrición de los sectores vulnerables de la población, “además de atenuar las islas de calor en las megalópolis, lo que contribuirá a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y de esta forma podremos combatir el cambio climático”.

La diputada Margarita García García, del PT, presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para establecer la obligación de las personas que ejercen la medicina o que realicen actividades afines de dar aviso a las autoridades sanitarias cuando tengan un diagnóstico o sospecha de alguna enfermedad que consideren pueda provocar afectaciones a la población.

Asimismo, hace extensiva esa obligación a toda persona, particularmente a los jefes o encargados de laboratorios, de unidades médicas, escuelas, fábricas, talleres, asilos, oficinas, establecimientos comerciales o de cualquier otra naturaleza, que tenga conocimiento de alguna enfermedad de esa índole.

La propuesta modifica los artículos 137 y 138 de la Ley General de Salud, y fue turnada a la Comisión de Salud.

“Esta iniciativa lo que pretende es que los laboratorios y personal de salud en general den aviso a las autoridades sobre alguna detección de enfermedades que, aunque no se encuentren contempladas en la ley General de Salud en enfermedades transmisibles o consideradas por el Consejo de Salubridad General, y puedan causar afectaciones a la salud de la población”, señala la diputada García García.

La legislación menciona que el Gobierno Federal y las entidades federativas deben realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles,  enumeradas en los artículos 134 y 136, como cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis virales, influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones, meningocóccicas, enfermedades causadas por estreptococos, infecciosas del aparato digestivo, tuberculosis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubeóla y parotiditis infecciosa.

De igual forma, rabia, peste, brucelosis, zoonosis, fiebre amarilla, dengue, enfermedades virales transmitidas por artrópodos, paludismo, tifo, fiebre recurrente transmitida por piojo, rickettsiosis, leishamaniasis, tripanosomiasis, oncocercosis, sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano, enfermedades de transmisión sexual, lepra, mal del pinto, micosis profundas, helmintiasis intestinales, extraintestinales, toxoplasmosis, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y las consideradas por el Consejo de Salubridad General, los tratados y convenciones internacionales.

El texto advierte que el problema surge cuando se detectan enfermedades que no están contempladas en la ley o reconocidas por el Consejo de Salubridad y que se considera pueden traer afectaciones importantes a la población, lo que provoca que se salgan de control, ya que no se atiende a tiempo y pueden llegar a convertirse en epidemia o pandemia como la que se enfrentó recientemente y que ha causado muchas muertes a nivel mundial.

Menciona que el Titulo Décimo Octavo sobre las Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos en el Capítulo II de Sanciones Administrativas en el artículo 419, de la ley vigente, señala que se sancionará con multa de hasta 2 mil UMA a quienes incumplan con lo establecido en los artículos 137 y 138, por el impacto que estas enfermedades causan a la población.

La diputada Mirza Flores Gómez (MC) propuso que sean consideradas como personas defensoras de derechos humanos quienes defienden los derechos civiles, políticos, electorales y los de las mujeres.

En una iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la legisladora estima que existe un contexto sociocultural en el que prevalece el prejuicio de que los derechos político-electorales no forman parte de los derechos humanos; por tanto, las personas que los promueven no se consideran defensoras de éstos.

El documento, turnado a la Comisión de Derechos Humanos, plantea incluir en la definición de Persona Defensora de Derechos Humanos, “de manera enunciativa, pero no limitativa, a las mujeres defensoras de derechos humanos, a las personas defensoras de los derechos de las mujeres, en su diversidad, así como a las personas defensoras de los derechos civiles, políticos y electorales”.

Refiere que, aunque la norma no hace excepciones relativas a la protección, estas personas enfrentan, de manera consuetudinaria, múltiples resistencias y obstáculos para acceder a medidas y garantías que dispone la ley cuando se encuentran en riesgo.

Reconoce que, en la protección de los derechos políticos y electorales de las mujeres se han impulsado reformas constitucionales y legales para instituir la paridad, reconocer, tipificar y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

A partir de las reformas al marco jurídico en materia de paridad de género y de violencia política contra las mujeres en razón de género, las personas defensoras de los derechos políticos y electorales se han convertido en factor fundamental para favorecer el acceso a la denuncia y la justicia. Además, su papel ha contribuido a sentar importantes precedentes en esta materia, añade.

Refiere que, con base en datos del Instituto Nacional Electoral, al 12 de enero de 2023 hay 260 personas inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, de las cuales 215 son hombres y 45 mujeres.

Algunas de esas 260 personas han sido sancionadas en más de una ocasión. Los estados con mayor número de sancionados son Oaxaca, (82), Veracruz (36), Tabasco (29) Chiapas (18), Baja California (14), Baja California Sur (13) Sonora (12) y Chihuahua y Guanajuato con nueve cada uno; 211 corresponden al ámbito municipal, 47 al estatal y 36 al federal.

El diputado Ignacio Mier Velazco afirmó que se llegará en unidad a la definición sobre quién será coordinador de Defensa de la Transformación, porque Morena y el movimiento se inspiran en la fuerza política y moral del presidente Andrés Manuel López Obrador y su influencia siempre está presente.

Además, Mier Velazco enfatizó que el factor fundamental para la unidad, no sólo de Morena, sino de la Coalición Juntos Hacemos Historia, es la fuerza moral, la enseñanza política, el liderazgo y la consistencia de Andrés Manuel López Obrador.

“Yo lo digo, lo sostengo y estoy convencido, como fundador de Morena y como coordinador de las y los diputados federales de Morena, que siempre invocar la fuerza moral y la enseñanza política, el liderazgo, la consistencia de Andrés Manuel López Obrador es factor fundamental para la unidad, no solo de Morena y del movimiento, sino de la coalición Juntos Hacemos Historia”.

El líder parlamentario se pronunció sobre el proceso de selección de coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación y opinó que los ánimos, las pasiones y la vehemencia son propios de la política, pero advirtió que se llegará en unidad.

Sobre este ejercicio, dijo que Morena es un movimiento muy vivo que encuentra en el debate, en la discusión y en la asamblea pública, la unidad.

“Entonces, sí vamos a salir unidos, la fuerza política, la fuerza moral que tiene sobre el movimiento, sin lugar a dudas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pesa mucho, su influencia es muy muy grande aunque no esté presente siempre su fuerza política y moral sobre el movimiento se hace sentir”.

El representante federal opinó que se llegará a buen término respecto de quien dará continuidad a lo que inició el presidente López Obrador, en su tarea de transformar la vida pública de México en beneficio de las familias mexicanas.

“Acabar con la corrupción, mantener las finanzas con gran responsabilidad en todos los sentidos como tener una economía fuerte, abatir las desigualdades, el crecimiento económico”, destacó Mier Velazco.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la diputada Esther Martínez Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), recalcó ante representantes de diversas organizaciones civiles, la necesidad de informar verazmente a la ciudadanía sobre los efectos del cambio climático; problema que, calificó, es de atención prioritaria.

“Resulta indispensable ocuparnos en informar a las personas de temas como los devastadores efectos de la crisis climática, el aumento de la temperatura, la crisis alimentaria, el deterioro de la salud por la acción del cambio climático o el surgimiento de nuevas y más peligrosas pandemias”, detalló.

La petista recordó que la geografía de México hace vulnerable al país de los efectos del cambio climático; por tal razón, hizo énfasis en la urgencia de que el gobierno y la sociedad civil trabajen de manera conjunta y coordinada para encontrar soluciones que permitan revertir los efectos del calentamiento global.

“No debemos dejar de lado la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la migración al uso de energías renovables, el impulso de la agricultura orgánica, la necesidad de una mayor inversión pública y privada para mitigar los efectos del cambio climático y, por supuesto, la modernización de nuestro atlas de riesgo junto con la creación de un eficaz sistema nacional de protección civil”, afirmó.

La legisladora del GPPT hizo énfasis en la obligación de emprender acciones para el cumplimiento de las metas del Marco Mundial de Biodiversidad, para así hacer frente al reto que implica el aumento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos relacionados con el cambio climático.

“Es importante que visitemos nuestras comunidades para conocer más de cerca esta problemática, rescatar nuestros ríos de la contaminación, pero también buscar acciones ante la crisis hídrica”, finalizó Martínez Romano.

El diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del PVEM, impulsa una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para establecer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) supervisará que el contenido de los videojuegos dirigidos a la población infantil evite que estimulen o hagan apología de la violencia.

Plantea que los distribuidores de videojuegos adoptarán las medidas oportunas para advertir a la audiencia de contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes, harán del conocimiento del público la clasificación de los videojuegos y advertirán sobre determinados contenidos que puedan resultar impropios o inadecuados para los menores.

La propuesta de reforma define como videojuego al “dispositivo electrónico que permite, mediante mandos apropiados, simular juegos en las pantallas de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico”.

Señala que el Instituto supervisará que su contenido respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución Política, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en esta Ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil.

El concesionario que preste servicios de radiodifusión o televisión restringida deberá presentar en pantalla los títulos de los programas, videojuegos y su clasificación al inicio y a la mitad de los programas, añade.

En la exposición de motivos, menciona que durante la pandemia por Covid el tejido social se dañó, y una de las poblaciones más vulnerables fueron los niños, las niñas y adolescentes, pues con el encierro quedaron susceptibles a lo que se escuchaba en los medios de comunicación, redes sociales y, desgraciadamente, a los videojuegos como una salida a las restricciones que les impedían realizar ciertas actividades.

Con el aislamiento, sostiene Natale Gutiérrez, la utilización de los videojuegos se incrementó considerablemente, ya que estos, junto a las redes y la televisión, eran para muchos la única alternativa de diversión.

Por ello, se debe enfrentar la realidad que lo que se trasmite en la televisión abierta, en las redes y en internet no siempre es apto para las niñas, niños y adolescentes, ya que contienen demasiada violencia y no son nada educativos.

Precisa que el desconocimiento de la información lleva a cometer errores que se podrían subsanar simplemente con poner de una manera clara y precisa las clasificaciones de los programas o videojuegos que pueden ver o jugar los menores conforme a su edad.

Por lo anterior, considera necesario hacer las reformas pertinentes con la finalidad de homologarlas con las regulaciones internacionales y que el país cuente con mecanismos adecuados de clasificación en los contenidos de los videojuegos.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transporte, para su estudio y dictamen, adiciona una fracción LXXII al artículo 3, reforma la fracción LX del artículo 15, la fracción III del artículo 216, el primer párrafo, la fracción III y el último párrafo del artículo 226, primer y segundo párrafo del artículo 227 y primer párrafo del artículo 228, todos de dicha ley.