Categoría: Política

La prisión preventiva oficiosa se ha convertido en una medida que no sólo refleja, en muchos casos, la incompetencia o insuficiencia de los ministerios públicos, sino que se puede utilizar, de manera dolosa, para encarcelar a personas con fines políticos, advirtió el senador Juan Manuel Fócil Pérez.

El legislador del PRD propuso reformar el artículo 19 de la Constitución para eliminar esta figura, que menoscaba la dignidad de las personas al ser tratadas como delincuentes, sin haber recibido una sentencia condenatoria previa.

Actualmente, agregó, esta medida se traduce en una pena anticipada para quien puede ser inocente y que, sin haber cometido delito alguno, enfrente “tratos crueles, inhumanos y degradantes, que afectan su vida pública y privada”.

Fócil Pérez dijo que la prisión preventiva oficiosa no es necesaria para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, ya que existe la institución jurídica de prisión preventiva como medida cautelar.

En esta última figura, explicó el senador, la autoridad, a través de la deliberación proporcional, determina si existe un verdadero riesgo que amerite la me dida cautelar, pero no se aplica automáticamente, para evitar que se violente el debido proceso y la presunción de inocencia.

Como política pública para desincentivar la comisión de delitos, afirmó el legislador, la prisión preventiva oficiosa también ha fracasado, porque los índices delictivos no han mostrado un cambio sustancial en aquellos delitos previstos en la norma, catalogados dentro de esta figura jurídica.

En consecuencia, los sistemas penitenciarios se han sobrepoblado, en la mayoría de los casos, con ciudadanos inocentes que no tuvieron acceso a una adecuada y digna defensa, porque son personas de escasos recursos.

Según estudios recabados por la Organización de la Sociedad Civil “Reinserta”, del total de personas que se encuentran privadas de su libertad, 35.8 por ciento son mujeres que no cuentan con sentencia, y 14 por ciento de hombres se encuentra en las mismas condiciones.

La prisión preventiva oficiosa fue creada como una medida excepcional, que sólo se aplicaría en casos específicos, en los que otras medidas cautelares no fueran efectivas, pero con su aplicación automática, ahora se violenta el principio de presunción de inocencia y múltiples derechos, explicó Fócil Pérez en la iniciativa que fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

En este contexto, el senador propuso modificar los artículos 19 y 20 de la Carta Magna, a fin de eliminar la prisión preventiva oficiosa y, en el caso de la prisión preventiva, cuando ya se cumpla el plazo máximo de pena que fije la ley al delito que motiva al proceso y no se haya emitido sentencia, el imputado sea puesto en libertad mientras continue el proceso.

Con el fin de atender y prevenir los factores de riesgo psicosocial, la violencia laboral y promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso propuso reformar el artículo 3 de la Ley General de Salud y los artículos 132 y 513 de la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior, con el objetivo de incorporar el síndrome de desgaste ocupacional dentro de la prevención, orientación, control y vigilancia de los elementos y efectos nocivos en materia de salud mental en el ámbito laboral.

Al fundamentar la propuesta, la senadora Cora Cecilia Pinedo explicó que el síndrome de desgaste ocupacional, también conocido como Síndrome Burnout, genera angustia, agotamiento emocional, trastornos en los ritmos de alimentación, actividad física y descanso.

Además, señaló que el estrés laboral prolongado está asociado a diferentes tipos de afecciones crónicas, entre ellas enfermedades cardiovasculares y reumáticas y trastornos psicológicos.

Cora Pinedo enfatizó que en México se estima que el 18 % de la población urbana en edad productiva, de 15 a 64 años, sufre algún tipo de trastorno como ansiedad, depresión o fobia, pero lo más preocupante es el incremento en el número de suicidios que reporta el Inegi, con mediciones que van de 1994 a 2020, en el primer año referido se registraron 2 mil 603 suicidios y para 2020, 7 mil 896.

“El día de hoy el Sistema de Atención de Salud Mental en México carece de una política integral e insuficientes recursos, a pesar de la alta prevalencia, sólo una pequeña proporción de las personas con problemas de salud mental recibe tratamiento, es decir, apenas el 17.7 %”, sostuvo.

Además, está considerado como uno de los países con más fatiga por estrés laboral, pues al menos 75% de las personas trabajadoras sufren esta condición, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, superando los niveles de otros países, como China (73%) y Estados Unidos (59%).

Por lo que llamó a preocuparse por la salud mental de las y los trabajadores, promover relaciones laborales sanas y funcionales a través de los instrumentos legales.

En este sentido, la legisladora por Nayarit enfatizó que los centros de trabajo necesitan generar conciencia social, jurídica y humana y así evitar cualquier daño o deterioro en la salud de los colaboradores.

“Es fundamental encontrar la forma de cuidar a los trabajadores en el marco jurídico correcto, permitiendo que las negociaciones obrero-patronales sigan funcionando y den cumplimiento a las normas, pero, sobre todo, contribuyan con el desarrollo integral de sus miembros para que de esta manera, los éxitos profesionales también formen parte del crecimiento personal”, apuntó.

La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo informó que este año entró en vigor la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud, en la que se incluye al Burnout, por lo que es necesario que México lo considere como un padecimiento laboral.

Finalmente, Cora Pinedo subrayó que la salud mental determina en gran medida la salud física, ambos rubros inciden en el desempeño y entorno laboral que promueva un entorno saludable y permita que las personas exploten de forma positiva sus talentos y capacidades, incrementándose la productividad.

A una década de que se reconociera en la Constitución Política Mexicana el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, aún no se ha logrado expedir la Ley General de Aguas, por lo que es necesario la creación de una comisión especial para concluir con este proceso legislativo, aseguró la bancada del Partido Verde en el Senado.

Mediante un Punto de Acuerdo, los legisladores ecologistas solicitaron a la Junta de Coordinación Política conformar una Comisión Especial para la expedición de la Ley General de Aguas.

Explicaron que la naturaleza de esta comisión es para dar continuidad al análisis y la discusión en el Congreso de la Unión de las acciones que se requieren para garantizar este derecho. Asimismo, realizar mesas de trabajo presenciales y remotas que permitan la participación de todos los sectores y con representantes de las 32 entidades federativas involucrados en el desarrollo de esta ley.

Se busca, especificaron, coadyuvar con la Cámara de Diputados para trabajar en la elaboración, análisis y consenso en relación al Presupuesto de Egresos de la Federación, para que se etiqueten recursos suficientes que garanticen el derecho humano al agua, así como dar seguimiento, resolver las solicitudes y consultas que sometan a esta Comisión, las Comisiones y Grupos Parlamentarios, así como las asociaciones y demás organismos relacionados con el derecho al agua.

Plantearon que dicha comisión se integre por representantes de las Comisiones de Recursos Hidráulicos; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, y de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República.

Comentaron que desde septiembre de 2012 a la fecha se han presentado 14 iniciativas para expedir una Ley General de Agua y en enero de 2022, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa de carácter absoluto en competencias de ejercicio obligatorio, al no haber emitido la Ley General de Aguas, a que se refiere el artículo 4°, párrafo sexto, de la Constitución.

Advirtieron que el plazo dado por la SCJN vence al término de la LXV Legislatura para ambas cámaras del Congreso. Por lo que es trascendental actuar de forma inmediata, analizando la pertinencia de los trabajos realizados en las legislaturas anteriores.

“No debemos dejar pasar más tiempo para que este Senado de la República comience el análisis de una Ley General de Agua, es imprescindible el trabajo conjunto entre ambas cámaras, pero debemos retomar nuestra responsabilidad y lograr los acuerdos necesarios para que esta Legislatura expida la Ley que garantice el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, concluyeron.