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Con el objetivo de frenar la violencia familiar, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa que otorga al Ministerio Público la facultad de solicitar la desocupación inmediata del domicilio familiar por parte del agresor, sin importar si es propietario, poseedor o arrendatario, resguardo la seguridad de las víctimas y garantizando su derecho a un hogar seguro.

Esta propuesta, que reforma el artículo 343 Quárter del Código Penal Federal, establece que las órdenes de protección incluyan el retiro forzoso del agresor del domicilio conyugal, de pareja o familiar, asegurando que la víctima permanezca en un espacio seguro.

“Es inaceptable que las víctimas sean quienes deban huir y dejarlo todo atrás, mientras los agresores permanecen en la casa. Debemos cambiar esta realidad y garantizarles seguridad en su propio hogar”, afirmó la senadora Corona Nakamura.

Datos recientes revelan que en México se registran entre 10 y 11 feminicidios diarios, muchos de ellos precedidos por episodios de violencia doméstica. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública (SESNSP), en el 2021 se reportaron más de mil feminicidios, además de dos mil 747 muertes clasificadas como “homicidios dolosos”.

“Es por ello, que esta reforma busca no solo sancionar este delito, sino también prevenirlo mediante acciones concretas que incluyan la reubicación de los agresores, permitiendo a las víctimas permanecer en su domicilio”.

Con esta medida, aseguró Corona Nakamura, se busca enfrentar el problema que representa la violencia familiar y priorizar la seguridad de las víctimas. Por eso, debemos tomar medidas y asumir acciones que ayuden a prevenir la violencia doméstica en nuestro país”, afirmó la senadora Corona.

Las senadoras y senadores de Acción Nacional reafirmamos nuestro compromiso con la premisa de que “la Patria es primero”. Por ello, expresamos nuestro firme rechazo a la imposición unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos, una medida que no solo contraviene el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino que también podría impactar gravemente la economía de las familias mexicanas.

La relación comercial con Estados Unidos es fundamental para México, ya que más del 80% de nuestras exportaciones tienen como destino ese país. Estas exportaciones son la base de millones de empleos en nuestra nación, y es esencial protegerlas.

Reprobamos enérgicamente esta decisión, la cual se origina en la inacción de los gobiernos de Morena frente al crimen organizado y es resultado de la fallida política de “abrazos” a los criminales.

Además, como país nos coloca en una situación por demás compleja ante la absurda reforma al poder judicial, justo en el momento en que requerimos de certeza jurídica para garantizar inversiones y mejores empleos.

Es alarmante que, durante el sexenio anterior, se hayan registrado más de 200 mil homicidios, un reflejo trágico de la inseguridad y violencia que enfrenta nuestro país.

Exigimos que deben ser aclaradas las graves acusaciones realizadas por el presidente de Estados Unidos, sobre presuntos vínculos del gobierno con grupos criminales, obligan al gobierno a presentar resultados contundentes en materia de combate a la corrupción y la impunidad de servidores públicos vinculados con la delincuencia organizada.

Acción Nacional ha denunciado esta situación a nivel internacional, tanto en la Organización de Estados Americanos como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Exigimos que se establezca un acuerdo de colaboración conjunta para frenar de manera efectiva la violencia y el terror que genera el tráfico de armas y de drogas en ambos países.

Desde el Grupo Parlamentario del PAN, reiteramos nuestro compromiso de trabajar en beneficio de México, defendiendo nuestros intereses y promoviendo políticas que aseguren el bienestar de las familias.

El diputado Raúl Lozano Caballero (MC), a través de una iniciativa, propone adicionar la fracción V al artículo 64 de la Ley General de Salud, a fin de que se instalen cambiadores de pañales en sanitarios de instituciones públicas y privadas.

La reforma plantea que las autoridades sanitarias lleven a cabo acciones para garantizar que todos los sanitarios de las instituciones públicas o privadas al servicio de las personas, sin importar el género, cuenten con cambiadores de pañales que garanticen la seguridad, comodidad, privacidad e higiene de los usuarios.

En la exposición de motivos, la iniciativa señala que se debe seguir trabajando en propuestas encaminadas a la igualdad de género, ya que para el desarrollo de cualquier sociedad el involucramiento de los hombres promueve relaciones igualitarias, primordialmente en actividades relacionadas con la paternidad.

Lozano Caballero menciona que los hombres que cumplen con su rol de padre se enfrentan muchas veces al problema de la infraestructura adecuada, pues tanto en el ámbito privado como en el público se carece en la gran mayoría de los baños de cambiadores de pañal, “lo que muchas veces los obliga a improvisar o incluso tener que realizar esta actividad recargados en los lavabos”.

Considera que se debe cambiar esta problemática y subraya que en el país se ha ido logrando cada vez más el involucramiento de los hombres en diversas actividades mediante la educación; por ende, es de vital importancia seguir impulsado propuestas que ayuden a eliminar brechas de género.

Precisa que los roles de género son las funciones que eran asignadas socialmente para mujeres y hombres; a pesar de ello, se ha comprobado que esto es completamente falso, ya que cualquier persona puede desarrollar las mismas funciones sin importar su género biológico.

Refiere que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su informe “Datos y propuestas por la igualdad” menciona que en nuestro país 17.2 millones de mujeres se dedican exclusivamente a las tareas del hogar, y que de acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic) de 2022, 75.1 por ciento de la población que brindó cuidados en su hogar fueron mujeres.

​“Situación que claramente muestra un desequilibrio entre hombres y mujeres en nuestro país, a pesar de que en la Carta Magna en su artículo 4° establece la igualdad entre hombres y mujeres”.

De ahí la importancia de la presente propuesta que busca cambiar esta problemática, puntualiza la iniciativa enviada a la Comisión de Salud.

La diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena) impulsa una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Defensoría Pública, con el fin de que las personas sean orientadas, representadas y defendidas en materia de salud y medio ambiente, para salvaguardar sus derechos en la materia.

Para ello, plantea incluir en la ley que los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a una eficaz representación ante la salvaguarda del derecho a la salud y al ambiente sano.

Precisa que los servicios de asesoría jurídica se prestarán preferentemente a las personas a las que se les afecte o pongan en riesgo esos derechos, derivado de conductas que dañan o ponen en riesgo el ambiente.

​Entre otros cambios, indica que la Escuela Nacional de Formación Judicial tendrá la atribución de llevar a cabo la capacitación de los asesores jurídicos que asumirán la orientación y representación de las personas afectadas en esos derechos.

La reforma, turnada a la Comisión de Justicia, busca contribuir al fortalecimiento de la justicia en nuestro país, al proporcionar un espacio de defensa pública que haga efectivos derechos constitucionales de primera relevancia para la existencia humana, tanto de las generaciones presentes como de las futuras.

Se alinea a los propósitos vigentes de la actual política de investigación científica del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que se ejecuta a través del programa Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, el cual promueve agendas de investigación e incidencia que impulsan los derechos colectivos a la salud, ambientales y territoriales, y mejoran las condiciones salubres, la calidad de vida y el bienestar de las comunidades afectadas, así como la restauración de los ecosistemas dañados.

Refiere que las personas expuestas a agentes contaminantes, como el asbesto, ven violentado su derecho constitucional a la salud y medio ambiente sano, sin que cuenten con los recursos legales ni económicos que les permita una debida orientación, representación y defensa.

Por ello, el objeto de la defensoría pública se debe ampliar al grado de ser el ente público que se solidarice con las personas afectadas por agentes tóxicos y contaminantes en salvaguarda a sus derechos a la salud y a un ambiente sano.