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Tranquilidad y buen ánimo rondan a la familia de Socorrito Romero Sánchez

México es un país de tradición familiar por excelencia. La base de una sociedad sana es la familia. Para Socorrito este conjunto social llamado familia era sagrado, siempre. Ha más de una década de la muerte de la Señorita, la familia Romero Celis, sus deudos y seres más cercanos, conservan la sacralidad familiar a toda costa.

Una vez que las persecuciones, de carácter político de los que fueron víctimas los Romero Celis, la familia resistió estoica y jamás emprendió acciones ilegales o ataques contra la familia de su oponente legal, la diputada Mónica Caballero Garci-Crespo, como sí lo hizo ella con su intimidación. El seguimiento a la familia afectó a la heredera, Estela Romero, de 84 años de edad, que forma parte de la población vulnerable por su edad. Los albaceas legales, Miguel y Alfonso Romero Celis, sus esposas y; lo más injusto, Alfonso Celis hijo, un total inocente se vio afectado en medio del conflicto hereditario.

La diputada que hoy todos conocen como Olga Lucía Romero Garci-Crespo pasa por encima de su propia familia. Ya negó al señor Caballero Albarrán como padre, sea o no su padre biológico, la sostuvo económicamente toda su vida, la heredó y le dio el amor de un padre diente. Amor que ella despreció y ultrajó al declinar su apellido, para ir a cazar otra herencia. La familia no es importante para la diputada, por lo tanto, está en contra de la preservación de la vida.

Y es que el conflicto hereditario de la Señorita Socorrito Romero es un conflicto familiar de los Celis Romero con una aparente sobria que, aunque fuera un lazo sanguíneo auténtico el que las une, no fue beneficiada con la herencia de Socorrito, como no lo fueron otros sobrinos, hermanos que no trabajaron en la industria avícola, por el solo hecho de la libertad de Socorrito para dejar su fortuna a quien ella quisiera, como sucedió.

 

Cada persona que Socorrito ayudó fue como los hijos que nunca tuvo

La Señorita Socorrito Romero Sánchez decidió permanecer soltera y aún así, su instinto materno fue más grande, que el de muchas madres biológicas

Hoy día, la maternidad es una elección. Pero en la década de los 50, casi el 90% de las mujeres tenía hijos sin cuestionarse si quería o no. Socorrito fue una singular mujer, adelantada a su tiempo en todos los aspectos. Decidió ir contra los estereotipos de la época y consagró su vida a la vocación religiosa y al trabajo arduo. Evitó casarse y tener hijos para ayudar a un sinfín de personas que, hasta hoy, viven agradecidos con la bondad de la Señorita.

Como una verdadera madre, Socorrito cuidó de muchas niñas sin hogar, sin madre biológica, se encargó de vestirlas, de educarlas, a través de las fundaciones casas-hogar que apadrinaba con recursos económicos. Además, miles de adultos recurrían a ella en busca de ayuda cuando tenían un problema, como el hijo que busca consuelo en su madre, una luz que guíe sus caminos. Socorrito en verdad fue madre de muchas personas, sin haber parido jamás un hijo.

Su heredera, Estela Romero Bringas, fue la hija que nunca tuvo; y sus sobrinos segundos, los nietos que nunca tuvo. El primogénito de Estela Romero fallecido al cuidado de Socorrito fue reivindicado en los miles de niños que la Señorita ayudó durante tantos años. La tragedia vio la luz en la sonrisa de muchos niños huérfanos.

En cada persona que Socorrito ayudó, chicos y grandes, Socorrito desplegó su instinto protector, y todo el cariño de madre que guardaba. Fue la madre de familiares y extraños, de niños desprotegidos y de muchas personas que hoy la recuerdan con cariño. Socorrito fue una madre que cuida, ayuda, guía, y que supo poner límites y llevar a los suyos por el camino del altruismo y el esfuerzo diarios.

 

 

Socorrito Romero y su vocación de madre en cada persona  que ayudó

La Señorita Socorrito Romero Sánchez eligió consagrar su vida a Dios y a su prójimo, pero su gran espíritu materno encontró maravillosas formas de expresarse.

Es cierto que no todas las mujeres deciden ser madres, hoy más que nunca, la maternidad es una elección. Pero en la década de los 50, Socorrito fue una mujer adelantada a su tiempo en todos los aspectos. Decidió ir contra la corriente, contra los estereotipos de la época. Consagró su vida a la vocación religiosa y al trabajo arduo. Evitó casarse y tener hijos para ayudar a un sinfín de personas que, hasta hoy, viven agradecidos con la bondad de la Señorita.

Socorrito disfrutó su vida al servicio de los desprotegidos. Y también gozó la vida con su riqueza y con su familia. Su heredera, Estela Romero Bringas, fue la hija que nunca tuvo; y sus sobrinos segundos, los nietos que nunca  tuvo.

En cada persona que Socorrito ayudó, desplegó su instinto protector, y todo el cariño de madre que guardaba. Fue la madre de familiares y extraños, de niños desprotegidos y otras muchas personas. Permaneció soltera pero fue madre de muchos.

 

 

 

• El presidente de la organización de la sociedad civil, Miguel Ángel Plata Mejía señaló que el uso de sellos públicos apócrifos en denuncias iniciales o denuncias repentinas, justo en el momento en que se dictan las sentencias, son cada vez más utilizados para manipular y forzar la separación de un hijo con alguno de sus progenitores.

 

 

 

 

Foto: Juez 11 Familiar Ericka Lorena Domínguez Pressier y abajo familia Hernández  Neri  separada por 4 años de una menor de edad en el Juzgados de Huixquilucan, Estado de México y en Ixtapaluca la denuncia con posibles sellos públicos apócrifos.

 

 

Es alarmante el incremento de denuncias falsas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que son usadas para obtener restricciones y beneficios en custodias de los hijos en juzgados familiares, señaló Miguel Ángel Plata Mejía, presidente de la organización de la sociedad civil MAAS Infancia Feliz.

 

Indicó que la aparición de estas denuncias repentinas, justo en el momento en que se dictan las convivencias parento-filiales o cuando se emiten las sentencias para compartir la crianza en los juzgados, son cada vez más utilizados para manipular y forzar la separación de un hijo con alguno de sus progenitores, como consta en la carpeta con número económico 282/22-M ubicada en el Ministerio Público de Huixquilucan, Estado de México.

 

El presidente de MAAS Infancia Feliz recordó  que este caso tiene que ver con la sentencia definitiva que se publicó el pasado 9 de febrero a favor de la hija de Antonio Hernández Neri, quien un día después recibió una llamada de su expareja para decirle que tenía una nueva denuncia que restringía las convivencias.

 

Aludió que este caso radica en el ministerio público de Huixquilucan, oficina a cargo de Mónica Hidalgo Calderón, quien es responsable de permitir este tipo de fabricación de culpables sin pruebas y, de manera errónea, pedir medidas de protección cuando se tiene la obligación de investigar a fondo lo que vislumbra posibles actos de corrupción.

 

“El intestino judicial cada vez más tiene enquistado un cáncer sobre  el actuar de algunos abogados sin escrúpulos, también de funcionarios públicos, auxiliares de la autoridad y jueces del orden familiar del Estado de México que tienen la responsabilidad de ser tomadores de decisiones para el presente y futuro de la niñez mexiquense y que al retrasar o hacerlas tardías no se privilegia ni prioriza el interés supremo de la niñez”, enfatizó.

 

Miguel Ángel Plata retomó el caso en el que se orbita la estabilidad de una menor de edad con identidad reservada y cuyo expediente es 340/2019 y su acumulado 572/2020, del juzgado Décimo Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, mismo que revela que desde junio de 2019 la madre de la menor de edad agotó los recursos legales con tal de que no se llevaran a cabo las convivencias filio parentales, además de trasladar a la infante al estado de Puebla, lo que vislumbra un posible delito de sustracción de menores.

 

 

 

Y es que a pesar de decretarse un régimen de convivencias en beneficio de la menor de edad cada 15 días, comenzando el día viernes las 9 de la mañana y terminando el domingo a las 2 de la tarde, algunas de estas convivencias jamás se llevaron a cabo ya que la señora Elsa Aide “N” impido y negó el mandato judicial. 

Miguel Plata reveló que eventualmente, con base a un acumulado de denuncias contra el padre de la infante por supuesta violencia familiar, se decretó un régimen de visitas dentro del Centro de Convivencia Familiar Supervisadas del Estado de México y donde, en la mayoría de las veces, la madre de la menor no la presentó.

 

Al respecto, Antonio Hernández Neri, padre de la hija en común con Elsa Aide “N” subrayó que su expareja “no presentaba a mi hija o la llevaba tarde, consta por medio de Informes del centro de convivencia… entra tiempo de pandemia y la madre de mi hija sigue sin permitir convivencia, el centro de convivencia emplea una modalidad de llamadas y videollamadas virtuales a las cuales no ingresaba ni contestaba, existen informes del centro de convivencia promovidos directo a juzgado”.

 

MAAS Infancia Feliz acentuó que en este caso se registraron varias medidas de apremio, reflejadas en más de 14 multas económicas, derivadas de la rebeldía de la madre de la menor por desobedecer a los ordenamientos del juez, y que incluso llegaron hasta una orden de arresto.

 

Esto solo aumento el enojo de la madre, quien buscó fabricar más denuncias para impedir a toda cosa que la menor de edad conviviera con su padre y su familia extensa, lo cual es un derecho prioritario y con alto impacto en el desarrollo sano y libre de la personalidad de la infante.

 

“Para muchas niñas, niños y adolescentes, el conflicto entre sus progenitores les impacta severamente con base a su edad y desarrollo cognitivo, así mismo la tardanza procesal que va desde los 2 años hasta los 10 años sin que un menor de edad conviva o vea a su madre o padre según el caso, y falta de sensibilidad de algunos jueces continúan lacerando a nuestra lastimada niñez mexicana a pesar de tener los elementos para tomar una decisión objetiva y haciéndose valer de sus años de experiencia como juzgador y de las periciales en psicología y dictámenes en psiquiatría que deben ser blindados de corrupción al tenerlas registradas en audio y video”, insistió Miguel Plata.

 

 

 

 

Antonio Hernández Neri apuntó que las probanzas constan en el expediente, en contra a determinaciones de sentencias de amparos de jueces federales en las que ellos determinan en sus considerandos: Que se comprueba que la mamá ha actuado en contra del interés superior de la menor y esto se puede comprobar con copias certificadas de las sentencias, videos , razones de notificares.

 

Miguel Plata se refirió a otro caso grave registrado en Ixtapaluca, Estado de México, donde se llevó a cabo una denuncia de supuesta violencia familiar en contra de Nayeli Herrera Mares, donde se evidencia la presencia de abogados sin ética quienes usan denuncias falsas y se destaca el posible uso apócrifo de sellos públicos para fabricar una carpeta de investigación, y con ello separar a otro infante de su madre.

 

Resaltó que próximamente se llevará a cabo una reunión más en las oficinas del Poder Judicial del Estado de México, a cargo del Magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuéllar, para coadyuvar en la búsqueda de justicia para la menor de edad y deslindar responsabilidades o identificar quien o quienes pudieron incurrir en un posible delito federal al hacer uso de sellos públicos aparentemente falsos.

 

Plata Mejía evidenció que en el caso de Nayeli Herrera Mares, quien fue separada de su hija menor de edad por casi de 4 años, se evidencia el uso de posibles sellos públicos falsos en el juzgado familiar y “coincidentemente” se da cuando la madre decide terminar la relación con el padre de la menor, siendo Oscar “N” quien se investiga, al orquestar estas irregularidades que obran en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y le antecede un contexto turbio y de posible tráfico de influencias.

 

La madre de la menor  agregó que estos hechos graves de uso de sellos públicos apócrifos en denuncias terminan desapareciéndolas se hace constar en la carpeta de investigación NIC: AME/IXA/03/MPI/610/00098/19/01 y NUC: CHA/AME/IXA/041/004396/19/01 de fecha 06 de enero de 2019 en IXTAPALUCA, Estado de México, cuya denuncia aparentemente apócrifa fue usada para atentar contra el sano desarrollo de la personalidad de la hija menor de NAYELI HERRERA MARES.

 

 

 

 

 

Miguel Ángel Plata Mejía recordó que la Asociación Civil MAAS Infancia Feliz, de referencia nacional, defiende los derechos de la infancia a convivir libre de interferencia y  manipulación parental, violencia y corrupción institucional, misma que se ha acercado  e invitado a los tres Poderes del Estado de México para ser visores de posibles irregularidades que han permitido que la menor de edad sea forzada a separarse de una de sus figuras parento filiales en la etapa, que se supone, es la más importante del ser humano: La infancia.

 

Se trata, enfatizó, de sumar a algunas instituciones de defensa de derechos humanos locales a poner el foco en las denuncias falsas y, de confirmarse falsas, garantizar que caerá todo el peso de la ley en contra de quien o quienes han afectado a sus propios hijos e hijas abusando de la buena fe de algunas autoridades.

 

Plata Mejía dijo que luego de que el comité de la asociación documentó estas anomalías, que calificó de severas, en los próximos días acompañará a los padres y madres para pedir juntos el apoyo del Estado a través de sus instituciones, con el objetivo de defender el derecho al sano desarrollo de la identidad de los menores, a convivir con ambas familias luego o durante una separación o divorcio judicializado

 

Un primer paso a la justicia y legalidad en Tehuacán

Grupo Socorro Romero Sánchez opera con normalidad

 

Fueron varios meses de hostigamiento y persecución ilegales afuera de la empresa Socorro Romero Sánchez y de los domicilios personales de doña Estela Romero Bringas, sus hijos, y hasta sus nietos, cuando estos últimos no tienen nada que ver. Al parecer los vehículos han cesado los intimidantes recorridos.

Tras esas acciones ilegales existe una clara intención de debilitar a la familia Romero Celis para que cedan en el conflicto hereditario que mantienen los Celis contra la diputada Garci-Crepo. No es la primera vez que la política usa su poder político para lograr sus ambiciosos fines. Ha realizado además auditorías ilegales en la empresa; junto con otros delitos de mayor relevancia.

En un principio se trataba de patrullas locales y estatales que circulaban día tras día en actitud sospechosa y; sobre todo, sin motivo justificado, pues la familia no estaba bajo ningún proceso legal. Cuando las patrullas fueron muy sospechosas, y los Celis presentaron las quejas legales correspondientes, aparecieron camionetas civiles que continuaron con la labor.

Fue hasta la semana pasada que el acoso y la vigilancia cesaron. Tal vez el gobierno de Puebla tomó cartas en el asunto, o quizá la diputada Garci-Crespo sí estaba detrás de estos rondines y decidió terminarlos mientras se encuentra amparada legalmente en el proceso de juicio hereditario.

Este descanso para doña Estela Romero Bringas y su familia, puede representar dos cosas: un primer paso hacia la legalidad y una muestra del restablecimiento de la justicia; o bien, la Monina regresará más peligrosa que nunca para reforzar sus persecuciones, como quien para a la mitad de camino para recuperar fuerzas y planear su siguiente estocada ¿A qué motivos obedece esta aparente muestra de justicia? El tiempo lo dirá…

 

La política se ha autonombrado, a conveniencia, Olga Lucía Romero Garci-Crespo. Su verdadero nombre es Mónica Caballero Garci-Crespo y, de resultar favorecida, la herencia de Socorrito Romero Sánchez sería la tercera que la diputada cobra, por medios sospechosos.

La política se ha dado a conocer entre sus paisanos tehuacaneros por su codicia y falta de escrúpulos. ¿Será que cuando cobró las otras herencias, también se valió de los mismos medios sucios y fuera de la ley para satisfacer su ambición?

La primera ocasión fue quizá la más lícita, puesto que cobro la herencia de su tía materna en primera línea, la Señora Leticia Garci-Crespo Rama, hermana de María de Lourdes Garci-Crespo Rama, de su tía, la diputada recibió algunos bienes y dinero.

Mientras la segunda herencia que cobró fue la del Señor Edmundo Caballero Albarrán, uno de sus padres adoptivos, quien le dio no sólo la herencia quien la reconoció como hija biológica, y a quien reconoció como padre durante 35 años, hasta que le convino buscar la herencia de Socorrito Romero y se cambió el nombre, aprovechando que su madre tuvo una relación amorosa con Francisco Romero Celis, sobrino de Socorrito. La diputada desconoció a don Edmundo, cuando ya había cobrado y disfrutado de una buena herencia.

La Monina Garci-Crespo tiene por costumbre acumular su fortuna por los medios que sea, incluso pasando por encima de la legalidad. Aparte de la costumbre de cobrar herencias, por eso ahora se empeña en cobrar la herencia de la Señorita Socorrito.

Mientras Socorrito Romero, hasta hoy, sigue siendo una de las personas más queridas y respetadas por los locales, quienes expresan abiertamente su agradecimiento por todas las bendiciones que Socorrito derramó sobre el municipio poblano; por eso hoy, los locales siguen indignados ante tal descaro e impunidad.

 

Mónica Caballero Garci-Crespo, hoy conocida por todos como Olga Lucía Romero Garci-Crespo, tiene por costumbre cobrar herencias por medios truculentos. La política ya ha cobrado al menos dos herencias más.

Es ampliamente sabido que el cambio de nombre de Mónica a Olga Lucía, obedece a su interés por cobrar la herencia de la Señorita Socorrito Romero Garci-Crespo. Pero esta es la tercera herencia que pelea la GarcI-Crespo.

La primera ocasión fue quizá la más lícita, puesto que cobro la herencia de su tía materna en primera línea, la Señora Leticia Garci-Crespo Rama, hermana de María de Lourdes Garci-Crespo Rama, de su tía, la diputada recibió algunos bienes y dinero.

Mientras la segunda herencia que cobró fue la del Señor Edmundo Caballero Albarrán, uno de sus padres adoptivos, quien le dio no sólo la herencia quien la reconoció como hija biológica, y a quien reconoció como padre durante 35 años, hasta que le convino buscar la herencia de Socorrito Romero y se cambió el nombre, aprovechando que su madre tuvo una relación amorosa con Francisco Romero Celis, sobrino de Socorrito.

La diputada desconoció a don Edmundo, cuando ya había cobrado y disfrutado de una buena herencia.

La Monina Garci-Crespo tiene por costumbre acumular su fortuna por los medios que sea, incluso pasando por encima de la legalidad. Aparte de la costumbre de cobrar herencias, por eso ahora se empeña en cobrar la herencia de la Señorita Socorrito.

La diferencia es que Socorrito, hasta hoy, sigue siendo una de las tehuacanenses más queridas y respetadas, los locales le profesan agradecimiento y cariño; por eso este abuso ha tomado dimensiones nacionales y se convirtió en un escándalo de gran proporción.

 

 

Es necesario aumentar el derecho social a la movilidad como parte de la recuperación tras la pandemia de Covid-19, señalaron especialistas participantes en la mesa de diálogo Desarrollo del transporte público; Estrategias más allá del Covid-19, llevada a cabo en el marco del 13º Congreso Internacional de Transporte (13CIT), que organizó la Asociación Nacional de Transporte y Movilidad (AMTM).

 

Propusieron que las autoridades restrinjan espacios públicos para vehículos privados, con el fin de devolverlos a la ciudadanía y pueda utilizarlos para la movilidad personal, además de generar una movilidad más activa, mediante la mejora de  los servicios y unidades

 

Sólo así, consideraron, será posible recuperar durante los próximos ocho años, a millones de personas que decidieron utilizar otras formas de traslado, como el automóvil o la bicicleta, además de quienes se han mantenido trabajando desde casa durante esta larga temporada que rebasa los dos años.

 

Martha Lucía Gutiérrez, secretaria Ejecutiva de Simus, Red especializada en movilidad urbana sustentable, líder en América Latina, habló de buscar mediante estas medidas reactivar el transporte público y con ello reducir el uso de los vehículos privados.

 

Dijo que eso generará importantes beneficios a la población, ya que se crea un efecto de seguridad en la salud y seguridad vial, además de promover modos alternativos de transporte, como la bicicleta  y la patineta.

 

Agregó que es necesario adoptar políticas públicas que desestimulen el uso del automóvil privado, a través de modernizar la gobernanza de las empresas y crear nuevos incentivos para la movilidad pública.

 

Además, dijo, se debe dar paso al transporte público eléctrico o de bajas emisiones, por lo que será necesario gestionar más unidades de ese tipo.

 

Por su parte, Sergio Avelleda, socio fundador de Urucuia Movilidad, especialista en Movilidad Urbana, puntualizó que durante los dos años de pandemia el transporte público tuvo la pérdida más grande de pasajeros en la historia reciente, por lo que expuso la preocupación de que, tras el paso de la pandemia, las personas desconfíen viajar en unidades públicas y opten por la compra de vehículos.

 

Ante ello planteó: “debe entenderse que no hay más espacio para tantos automóviles, urge extender zonas restringidas a su circulación y eliminar las plazas de estacionamiento, con el objetivo de desincentivar el uso de autos particulares”.

 

Consideró necesario que el sector privado se sume al nuevo modelo de gobernanza de las empresas, para comprometerlas con las demandas sociales, que en este caso, se refieren al uso de transporte público en todas su modalidades.

 

Avelleda se pronunció porque las autoridades restrinjan espacios públicos para vehículos privados, con el fin de devolverlos a la ciudadanía y pueda utilizarlos para la movilidad personal.

 

¿De dónde proviene el dinero que la diputada lava en sus restaurantes?

La diputada esconde más secretos sucios

El patrimonio de la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo es mucho mayor al que debería tener si sólo percibiera su sueldo como funcionaria pública, que oscila entre los 60 y 70 mil pesos mensuales, ya de por sí una cifra ostentosa. Ahora bien, los dos restaurantes de quien ahora se hace llamar Olga Lucía Romero Garci-Crespo se abrieron después de que la diputada entrara a su primer periodo legislativo en 2016.

Los restaurantes Leña y Vino, ubicado en la calle 5 de Mayo y Puerto Romero, ubicado en el Boulevard Socorro Romero ambos en Tehuacán, Puebla, sirven como pantalla para lavar dinero proveniente de otros ilícitos. Los restaurantes se especializan en alta cocina mar y tierra; por lo que son el medio ideal para camuflar altas sumas de dinero en sus facturas, y pasar desapercibida.  Los restaurantes tienen tan solo unos años de funcionamiento y comienzan a levantar sospechas entre los locales y personas que han dado seguimiento al escándalo hereditario de Socorrito Romero, por el acelerado y sospechoso éxito de estos establecimientos.

Ambos inmuebles fueron incluidos en su última declaración patrimonial, por lo que la diputada pensó que esa aparente transparencia la protegía del escándalo. Le duró poco el gusto, la verdad siempre sale a la luz.

Seguramente las facturas de estos dos restaurantes están alteradas, en algún punto, las cifras seguro no coinciden. Y eso es tan solo uno de sus negocios. Las investigaciones en contra de la funcionaria siguen en curso y están por evidenciarse las pruebas del segundo uso que le da la Monina a sus negocios “legales”. Cabe recordar que la política sigue en al frente de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, relacionada con las finanzas públicas del estado.

La diputada podría estar ligada al narcotráfico, a cualquier forma de tráfico ilegal, ser presta nombres de alguien más o, lo que es peor, ser la protagonista de una sórdida historia, que se anexaría a su cuestionado historial delictivo actual. El pequeño escándalo de su ambición desmedida y su necedad de adueñarse de la herencia de Socorrito Romero, palidece ante esta nueva sombra que se posa sobre Mónica Cabalero Garci-Crespo.