Categoría: Política

La diputada Margarita García García propuso reformar el artículo 29 de la Carta Magna, para prohibir a cualquier autoridad de la federación, entidad federativa, municipal o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México decrete toque de queda, debido a que esta figura no está reconocida en la ley y, por lo tanto, su implementación resulta inconstitucional.

La integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) recordó que durante los primeros meses de la emergencia sanitaria derivada por la Covid-19, algunos gobiernos municipales decretaron toques de queda, en ciertos casos con pleno desconocimiento de la ley, pero en otras situaciones con un franco abuso de autoridad.

“Debemos recordar que desde los inicios de la contingencia sanitaria, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue claro en que su gobierno no llevaría a cabo ninguna medida que implicara una restricción a los derechos de las personas; no obstante, algunos gobiernos estatales y municipales decretaron medidas que constituyen claras limitaciones a los derechos de las personas”, resaltó.

La parlamentaria por Oaxaca agregó que los toques de queda se han implementado a consecuencia de la contingencia sanitaria y, también, en situaciones de violencia e inseguridad que, a pesar de su gravedad, resultan insuficientes como argumento para convalidar la limitación de derechos de las personas.

Detalló que ante estas medidas adoptadas por gobiernos estatales y municipales se debe ser claro y suscribir en la Carta Magna que los toques de queda son inconstitucionales.

“La presente iniciativa propone establecer, mediante la adición de un sexto párrafo al artículo 29, la prohibición expresa de los toques de queda o de cualquier otra figura análoga que implique suspensión o restricción de derechos en contravención a la propia Constitución”, abundó.

Finalmente, la petista señaló que en la modificación también se incluye que cualquier autoridad de la federación, las entidades federativas, los municipios o las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que decrete un toque de queda, será sujeta a las sanciones que determina el título cuarto de la propia Constitución.

Con el propósito de que los prestadores de servicios turísticos dispongan de personal capacitado en primeros auxilios y atención médica en sus instalaciones, el diputado Francisco Favela Peñuñuri (PT) presentó una iniciativa que adiciona una fracción al artículo 58 de la Ley General de Turismo.

La propuesta adiciona la fracción XII a dicho precepto para establecer que es obligación de los prestadores de servicios turísticos “disponer de personal capacitado en primeros auxilios y atención médica en las instalaciones o realizar algún convenio con una institución médica para actuar y manejar una situación de emergencia”.

En su fundamentación, señala que generalmente cuando se habla de seguridad turística la referencia son los cuerpos policiales que protegen a los ciudadanos de algún accidente o altercado; sin embargo, ésta va más allá, ya que también contempla aspectos como la seguridad médica al visitante durante su estancia.

Subraya que diariamente miles de turistas están expuestos a situaciones que pueden afectar su salud y por ello se necesita promover una cultura de atención y prevención dentro de las instalaciones turísticas, la cual representa grandes beneficios, como el ahorro financiero.

La iniciativa de Favela Peñuñuri, turnada a la Comisión de Turismo para dictamen, precisa que los primeros auxilios se pueden aplicar en muchas circunstancias, como desmayos, fracturas, mordeduras o picaduras de insectos, choques y quemaduras de sol, entre otras.

Resalta que para nuestro país la actividad turística se ha consolidado como uno de los principales motores de crecimiento económico y generación de empleos, ya que de acuerdo con los “Resultados de la Actividad Turística junio 2023”, de enero a junio de este año llegaron a México 20 millones 98 mil turistas internacionales, de los cuales se obtuvieron ingresos por 15 mil 577 millones de dólares.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi reveló que, al segundo trimestre de 2023, la población ocupada en el sector turismo ascendió a 4 millones 713 mil personas.

Además, en ese mismo periodo hubo un incremento de 34 mil 763 personas empleadas en la parte de bienes y servicios turísticos, lo que representó el 8.9 por ciento de los espacios laborales a nivel nacional.

De acuerdo con los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística del Inegi, en el primer trimestre de este 2023 el Producto Interno Bruto Turístico representó el 8.4 por ciento, lo que convirtió a esta actividad como una de las principales fuentes de ingreso.

“Con base en ello, como país tenemos una importante responsabilidad para que la estancia y la seguridad de los turistas sea placentera, por lo que es necesario fortalecer la infraestructura y mejorar los servicios brindados a los turistas”, concluye Favela Peñuñuri.

Tenemos que fortalecer el impulso que los organismos autónomos han dado a nuestra vida republicana y democrática, por lo que debemos iniciar el debate para descubrir vías que robustezcan su vida institucional, garantizar su solvencia y ponerlos a salvo de vaivenes y apetitos de la coyuntura política que amenazan con debilitarlos, afirmó Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Es nuestra obligación analizar si conviene una legislación que aborde las pautas de su independencia, autogestión, autonomía de operación, jerarquía, inviolabilidad, solvencia presupuestaria, mecanismos de control, fiscalización, así como su relación con el Congreso”.

Guerra Castillo subrayó que no continuar con las reformas que demanda el régimen republicano, podría llevar a caer en los problemas propios de los países que han visto cómo se deterioran sus instituciones.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acentuó que los organismos constitucionales autónomos ofrecen una mejor arquitectura constitucional, contribuyen a una gobernabilidad más eficiente, plena y abierta, porque han generado la actualización del presidencialismo para favorecer una relación más adecuada entre la autoridad y la sociedad, con un ejercicio más transparente de la administración pública.

“La estabilidad monetaria responde a la autonomía del Banco de México; la credibilidad en nuestras elecciones al INE y la transparencia y rendición de cuentas al INAI, ahí está la importancia de fortificar a los organismos autónomos, para continuar elevando la calidad de nuestra democracia”.

En ese sentido, señaló que es positivo que, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pueda ejercer sus atribuciones y competencias constitucionales, para resolver los miles de asuntos que tiene pendientes.

Con el objetivo de incluir a los prestadores de servicios de Internet entre los sujetos obligados a atender mandamientos judiciales o administrativos, el diputado Javier López Casarín (PVEM), presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Plantea modificar el artículo 189 a fin de señalar que “los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones, contenidos y prestadores de servicios de Internet, están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes’”.

También propone agregar el párrafo ll Bis al Artículo 190 de dicha ley, “para establecer a los a proveedores de servicios de Internet la obligación de conservar un registro y control de las comunicaciones que se realicen a través de cualquier tipo de línea. Éstos deberán conservarse durante 12 meses en sistemas que permitan su consulta en tiempo real, por parte de las autoridades competentes. Después de ese plazo, los datos podrán resguardarse en sistemas de almacenamiento electrónico durante 12 meses.  En este caso, los proveedores tendrán hasta 48 horas para proporcionar la información solicitada, a partir de su notificación”.

El proyecto indica que, además de detallar el tipo de datos que se requieren, se pide garantizar su conservación, cuidado, no manipulación ni acceso ilícito, así como apegarse a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Destaca que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contiene diversos preceptos prescriptivos en materia de seguridad y justicia, pero no contempla entre los sujetos obligados, a los prestadores de servicios de acceso a Internet, lo cual, indica el documento, problematiza el flujo de información que se les requiere por parte de las autoridades competentes.

Con esta reforma, añade, se busca subsanar ese vacío y coadyuvar con las autoridades competentes en el combate a los delitos que se realizan a través de las plataformas digitales, o aquellos que aprovechan la Internet para engañar y atentar contra la integridad de las personas.

Concluye que los ciberdelincuentes “intentan apropiarse del ciberespacio para instaurar nuevas modalidades de cometer conductas delictivas, por lo que se requiere regular los deberes de los prestadores del servicio de acceso de Internet, en materia de procuración de justicia y seguridad pública”.

La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) presentó una iniciativa que plantea incluir la Inteligencia Artificial (IA) como supuesto medio para realizar algún tipo de violencia digital contra las mujeres y establecer que, si se manipulan imágenes de contenido íntimo aplicando IA, se impondrá la pena de tres a seis años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de Medida Actualizada (UMA).

El proyecto, turnado a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Justicia para dictamen, modifica varios artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el 199 Nonies del Código Penal Federal.

En su exposición de motivos, Vargas Camacho afirma que la violencia contra la mujer que se vive hoy por las tecnologías de la información y la comunicación es real e impacta a las víctimas de forma psicológica, emocional y profesional, pues miles de ellas han sufrido este tipo de violencia y en, muchas ocasiones, son revictimizadas por las propias autoridades.

Considera que la tipificación de las conductas cometidas a través de los medios digitales es una necesidad imperante ante casos de mujeres que han sido afectadas en su vida privada, al darse a conocer por dichas vías imágenes, audios o videos de su intimidad sexual sin su consentimiento.

Señala que, se entiende como violencia digital aquellas acciones que expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido íntimo de una persona a través de medios tecnológicos y que, por su naturaleza, atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres, causando daño psicológico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además del daño moral, tanto a ellas como a sus familias.

Destaca que con esta iniciativa se asegura y protege el espacio digital para sancionar a todas aquellas personas que violenten, divulguen, compartan o comercien imágenes, audios o videos íntimos de una persona sin su consentimiento, utilizando la IA.

La reforma al artículo 199 Nonies del Código Penal Federal establece que las “imágenes que hayan sido manipuladas a través de la Inteligencia Artificial” también serán sancionadas con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de 500 a mil UMA.

Vargas Camacho manifiesta que un principio fundamental de la Inteligencia Artificial debe ser el respeto a la dignidad humana, desde el inicio de su existencia hasta su muerte natural, y este principio debe estar dentro de la esfera ética evitando que sea violentado por las tecnologías “autónomas”.

Añade que no regular o legislas las prácticas de la IA generativa, puede propiciar contenidos escritos, imágenes y videos falsos o maliciosos, que podrían utilizarse en fraudes o en la suplantación de identidades y personas.

En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, el diputado Armando Corona Arvizu, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, propuso una iniciativa que busca fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, a través de la reforma y adición de las fracciones VI y VII al artículo 3o. Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

“Hoy estamos aquí para discutir y reflexionar sobre un tema de vital importancia, como lo es la protección y el reconocimiento a los derechos fundamentales de nuestros adultos mayores”, afirmó.

Corona Arvizu señaló que la iniciativa tiene como objetivo reconocer la “violencia por abandono” como una forma específica de violencia hacia las personas adultas mayores, es decir, el desamparo de un adulto mayor por una persona que había asumido la responsabilidad de proporcionarle cuidados, o bien por la persona a cargo de su custodia – tutor legal -.

“La desatención se perpetúa en el aislamiento, en la depresión y en el sufrimiento innecesario, nos impide aprender de sus experiencias y de su sabiduría, nos roba la oportunidad de demostrar gratitud para todo lo que han hecho por nosotros”, indicó.

De acuerdo con el legislador federal: “4 de cada 10 personas mayores dijeron que en los últimos 5 años se les negó injustificadamente alguno de sus derechos, 4 de cada 10 personas mayores aseguraron haber sido discriminadas al momento de buscar empleo, 7 de cada 10 mujeres de 60 años de edad declararon que fueron discriminadas por su edad”.

Por ello, dijo que se busca alinear la legislación mexicana con las normativas internacionales relacionadas con los derechos de las personas mayores.

“De aprobar esta iniciativa no solo estaremos cambiando leyes, sino también cambiaremos vidas. Estamos sembrando la semilla de amor y comprensión, para que así podamos crecer y florecer como humanidad”, expresó.

Finalmente, comentó que con la aprobación de la iniciativa se permitiría una mayor protección legal y sanciones para quienes abandonan a las personas mayores a las que están legalmente obligados a cuidar.

A lo largo de la historia, en México han existido grupos de personas con demandas o exigencias de respetar los derechos humanos, o inconformes con el orden político y social que la mayoría de veces fueron reprimidos con violencia por agentes vinculados con el Estado.

En este sentido, el diputado Carlos Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para establecer en la Carta Magna el derecho a la verdad, ya que a la fecha “cientos de personas continúan desaparecidas”.

Indicó que “conocer la verdad contribuye a poner punto final a capítulos de obscuridad y sufrimiento. Es una forma de recuperar la dignidad humana y exigir rendición de cuentas a las autoridades encargadas de la seguridad y protección”.

Recordó actos como la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, ocurrida el 28 de junio de 1995, donde fueron asesinados 17 campesinos y 23 más resultaron heridos por presuntos policías estatales; y la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, caso en el que a 9 años “no se conoce la verdad de lo ocurrido, y los padres de familia aún esperan conocer el paradero de sus hijos”.

Por ello, Sánchez Barrios subrayó que “es imperante establecer como garantía constitucional el derecho a conocer la verdad” y propuso adicionar la fracción VIII, Apartado C, al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, cuando se cometan violaciones a los derechos humanos en las que los perpetradores sean agentes del Estado o personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, se considerará como víctima a la sociedad en su conjunto, y se le reconocerá y protegerá el derecho a conocer la verdad, para lo cual el Estado dictará todas las medidas para esclarecer los hechos en un plazo razonable y perentorio.

El legislador añadió el incluir un artículo transitorio para señalar que después de la aprobación de la reforma constitucional, se emita una ley reglamentaria donde se señalen todos los mecanismos para el esclarecimiento de los hechos.

Al respecto, el diputado Carlos Sánchez Barrios resaltó que “la buena voluntad no basta” y llamó al Congreso a no eludir responsabilidades y establecer en la Constitución el derecho a la verdad.

“Nuestra aportación a la historia se aplicará no solo en el caso de Ayotzinapa, sino que permitirá el replanteamiento de pendientes y mayor certeza en eventualidades afines no esperadas ni deseadas. No repartamos culpas, cumplamos con lo que nos toca”, apuntó.

Con el objetivo de que la Secretaría de Educación Pública incluya la opinión de representantes de personas con discapacidad en la determinación de planes y programas de estudio, el diputado Pedro Salgado Almaguer (PAN) impulsa una iniciativa para reformar Ley General de Educación.

Los cambios a los artículos 23, 29 y 30 de dicha legislación también proponen establecer que los planes y programas de estudio serán universales al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, eliminar toda forma de discriminación y exclusión que se conviertan en barreras al aprendizaje, a fin de contribuir a la construcción de una sociedad con un enfoque donde se reconozcan los derechos de las mujeres, hombres y personas con discapacidad y ejerzan en igualdad en igualdad de oportunidades .

Asimismo, que los contenidos de los planes y programas de estudio reconozcan la diversidad de capacidades de las personas, a partir del fomento, enseñanza y aprendizaje obligatorios del uso de la Lengua de Señas Mexicana dentro de la formación docente y de alumnos de educación básica, para fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas.

El documento, turnado a las comisiones de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables, argumenta que en México existen 2.4 millones de personas que padecen discapacidad auditiva y más de 84 mil son menores de 14 años, de los cuales, el 46 por ciento no asiste a la escuela.

Ellos, continúa, se suman a los más de 124 mil jóvenes sordos de 15 a 29 años, de los cuales el 28 por ciento no tuvieron ningún tipo de educación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica.

Afirma que el rezago educativo es uno de los grandes obstáculos a los que se enfrentan las personas sordas, lo cual repercute en su desarrollo profesional, ya que únicamente tres de cada 10 jóvenes sordos obtienen recursos para vivir mediante un trabajo fijo, y el 67 por ciento restante tienen que buscar otros ingresos para subsistir.

El diputado Salgado Almaguer resalta que muchas personas sordas abandonan la etapa escolar porque les genera ansiedad sentirse apartados de sus compañeros por la falta de apoyo para fortalecer el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana a nivel educativo.

Las niñas y los niños que conocen la lengua de signos, precisa, tienen una mejor autoestima, su seguridad aumenta y, en consecuencia, son más felices, debido a que mejoraran sus habilidades comunicativas.

Por ello, concluye el legislador, es urgente que el lenguaje de señas se implemente desde la educación básica y extender su aprendizaje a todos los alumnos, para que desde edad temprana exista una comunicación inclusiva.