Categoría: Política

El diputado federal Reynel Rodríguez Muñoz presentó a la Cámara de Diputados un exhorto para que el gobierno federal implemente las acciones necesarias para la restauración de viviendas, carreteras y negocios de las zonas afectadas en el estado de Guerrero por el paso de la Tormenta Tropical Max, que tocó tierra el pasado 10 de octubre.

A través de un Punto de Acuerdo, el integrante del Grupo Parlamentario del PRI expuso que la localización geográfica del estado de Guerrero, propicia que año con año sea uno de los más afectados por desastres naturales. En esta ocasión el fenómeno natural pegó en el municipio de Petatlán, en la Costa Grande.

Detalló que a su paso dejó inundaciones, derrumbes de viviendas, cortes carreteros, deslaves, caídas de bardas, árboles, postes, ríos desbordados, y lo más lamentable personas lesionadas y desaparecidas. Indicó que hasta el momento se han contabilizado 37 derrumbes de los cuales 12 son de Acapulco, 14 de Atoyac de Álvarez, cinco en Petatlán, uno en Coyuca de Benítez y uno en Tecpan de Galeana.

El legislador señaló que además se han registrado lluvias fuertes en 17 municipios, en los días posteriores a la Tormenta Tropical, así como daños severos en el tramo federal Acapulco-Zihuatanejo y el camino que va desde la comunidad de El Paraíso en Atoyac de Álvarez, hasta Lindavista en San Miguel Totolapan el cual quedó destruido.

Lamentó que estas contingencias evidencian la fragilidad en que se vive en Guerrero, pero, subrayó, es más criticó que ya no exista el Fideicomiso de Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que en gran parte era el que hacía frente a este tipo de fenómenos.

Por ello, Rodríguez Muñoz reiteró que es urgente brindar el apoyo para la región de la Costa Grande de Guerrero y todas las zonas afectadas. Sostuvo que esta población subsiste por medio de la agricultura y como segunda actividad principal tienen a la ganadería, por lo tanto, con este tipo de fenómenos naturales sus ingresos quedan totalmente a la deriva y en estos momentos las actividades se encuentran paralizadas.

El diputado Salvador Caro Cabrera (MC) propuso incluir en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores el concepto de violencia institucional, y definirla como todos aquellos actos u omisiones de personas servidoras públicas que ejerzan maltrato, daño, sufrimiento, abuso o discriminación en contra de las personas adultas mayores, al vulnerar, dilatar, obstaculizar o impedir el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

El objetivo de estas reformas es promover, proteger y reconocer, en condiciones de igualdad, el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores y, con ello, contribuir a su plena inclusión, integración y participación social.

Caro Cabrera destaca que las cifras de violencia hacia las personas adultas mayores son alarmantes en México y superan el promedio mundial, ya que entre 8.1 y 18.6 por ciento sufre maltrato, aunque las agresiones pueden superar el 30 por ciento entre quienes dependen de cuidados permanentes.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, también plantea establecer el principio de integración, como la inserción de las personas adultas mayores en todos los órdenes de la vida pública.

Además, garantizar a esta población los derechos a una vida libre de violencia y a no ser sujetos de agresiones en su integridad física, dignidad, honor y reputación; a ser oídas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

Asimismo, recibir la atención necesaria y acompañamiento especializado, cuando la autoridad advierta alguna limitante psicológica, de movilidad, de comunicación o de cualquier otra naturaleza, que dificulte el acceso a la justicia; a decidir sobre la tutela de su persona y bienes, la debida diligencia y tratamiento preferencial para tramitar, resolver y ejecutar decisiones en procesos administrativos y judiciales; y que la actuación judicial sea particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo su salud o su vida.

En la exposición de motivos señala que lo que se busca es vigilar el cumplimiento del derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia de estas personas, a la independencia y a la autonomía, a la privacidad y a la intimidad, y a la privacidad en los actos de higiene y en las actividades que desarrollen.

Establece que corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) garantizar a las personas adultas mayores víctimas de violencia, programas de prevención y protección para incorporarlas al núcleo familiar o albergarlas en instituciones adecuadas; además, favorecer la separación y alejamiento del agresor y el otorgamiento de apoyo psicológico y legal especializado y gratuito.

Refiere que, al presentar una denuncia por maltrato o violencia contra personas adultas mayores, las autoridades competentes deberán notificar al DIF para brindarles la asesoría jurídica correspondiente.

Explica que este ordenamiento debe brindar mayor seguridad de los derechos y garantías a este sector de la población, ya que la actual legislación tiene carencias significativas en el reconocimiento de la violencia hacia este sector.

El diputado Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) presentó una iniciativa que plantea reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones ofrezcan al usuario final una aplicación (APP) para el control del consumo de datos que le permita monitorearlo, con la capacidad de interrumpir su uso mediante la selección del beneficiario.

La propuesta, turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, adiciona una fracción II Bis al artículo 3, para precisar que la APP se entenderá como la aplicación informática utilizada en dispositivos móviles y tabletas.

Además, añade una fracción X al artículo 118 y reforma la fracción V del artículo 118 y las fracciones XX y XXI del artículo 191 de dicha ley, a fin de señalar que los concesionarios se abstendrán de realizar cargos por concepto de fianza para la prestación de estos servicios.

Establece como un derecho de los usuarios que en los contratos de servicios móviles se transparente el desglose por prestación de llamadas y de datos, los cuales deberán contener el detalle de consumo por APP.

De igual modo, en caso de que el beneficiario promueva una revisión de los conceptos cobrados, el concesionario deberá dar respuesta en un tiempo no mayor a tres días, sin que se cancele el servicio o se obligue al pago por parte del usuario.

Torres Rosales detalla en su iniciativa que esta modificación permitirá que los contratos de servicios móviles se transparenten mediante el desglose por servicios de llamadas y de datos móviles, los cuales deberán contener el detalle de consumo por aplicación y por día.

El diputado sostiene que estas adecuaciones normativas son fundamentales, toda vez que el acceso a la telefonía celular en el primer trimestre del 2023 se contabilizó en 129.5 millones de líneas telefónicas, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2022.

Apuntó que, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en promedio, los usuarios de servicios de telefonía móvil gastan 300 pesos mensuales por este servicio para cumplir con sus necesidades de comunicación y conectividad; sin embargo, existen prácticas por parte de los proveedores que dejan en indefensión al usuario.

Mencionó que al inhibir que las compañías telefónicas móviles realicen cobros por mantener las líneas en un plan y establecer el desglose del consumo de datos por medio de una aplicación traerá grandes beneficios para de la población.

La diputada federal de Morena, Teresita de Jesús Vargas Meraz ha advertido la necesidad de una normatividad punitiva que sancione la nueva violencia sexual infantil, que se genera de las llamadas deepfakes, o falsas imágenes producidas por la Inteligencia Artificial (IA).

Por ello, ha propuesto una iniciativa con la que busca penalizar la generación, reproducción y utilización del fotografías, videos o audios, para crear por medio de la IA contenido sexual de menores de edad, la cual reforma los artículos 202 y 199 del Código Penal Federal.

“Esto con el objetivo de penalizar las nuevas violencias sexuales y poder avanzar hacia un paradigma más amplio del respeto a la libertad sexual”, acotó.

En ese tenor, la diputada por el estado de Chihuahua apuntó que derivado del gran desarrollo tecnológico que ha sufrido la Inteligencia Artificial, hoy es usada en múltiples aplicaciones, lo que también ha significado nuevos problemas que atender, como la creación de contenido pornográfico, que afecta la integridad de las personas involucradas.

Además, de referir que este tipo de creaciones virtuales, genera un comercio ilegal de imágenes sexuales infantiles, que “pedófilos utilizan para crear y vender material que simulan situaciones sexuales”.

Ante este panorama, Vargas Meraz puntualizó que “sería incorrecto alegar que no se causa daño a alguien por el hecho de que ningún menor real está representado en este tipo de imágenes sintéticas”, pues indicó, un pedófilo puede progresar en su conducta, del consumo de imágenes sintéticas a perpetrar un abuso real.

“Ante esta nueva forma de violencia sexual, se presentan nuevos retos, modificar nuestras leyes para evitar que la inteligencia artificial se use de mala manera, pues mujeres, niñas y niños no deben ser objeto de consumo”, expresó.

También argumentó que en la actualidad los recursos legales con los que cuenta México contra las deepfakes con contenido sexual no son efectivos, pues no se considera en el Código Penal Federal, en consecuencia, no se aplica ningún castigo.

Contrario a lo que se puede observar en países como Reino Unido, o a nivel de legislaciones europeas, donde existe una propuesta de ley que regula el uso de la Inteligencia Artificial.

Con el fin de reconocer y mejorar los derechos humanos de las personas de edad avanzada, la diputada Catalina Díaz Vilchis, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley de Vías Generales de Comunicación en materia de acceso a los servicios de los adultos mayores.

Enfatizó la necesidad de quitar la restricción de dos espacios asignados a personas de la tercera edad en el servicio de transporte de pasajeros porque “si hay más adultos mayores, se deben esperar a otra corrida para ser beneficiarios de dicho programa. Si tomamos en cuenta que el porcentaje de personas mayores es cada vez más alto, sería adecuado ampliar estos apoyos”.

Recordó que en 1982 se aprobó un acuerdo sobre la tarifa especial para ancianos afiliados al Instituto Nacional de la Senectud que obliga a empresas autotransportistas de pasajeros a otorgar el 50 por ciento de descuento en el precio del pasaje para personas de 60 años o más; y que el descuento es para el viaje de dos ancianos por vehículo en corridas normales.

Al respecto, Díaz Vilchis sostuvo que “México requiere prepararse para una cambiante realidad demográfica que implica múltiples desafíos, exige nuevas acciones y un cambio de actitud, de políticas y prácticas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores”.

Señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición, en el segundo trimestre de 2022 se estimó que había 17 millones 958 mil 707 personas de 60 años y más (adultas mayores). Esta cifra representa 14 por ciento de la población del país. En los hombres, este porcentaje es de 13, y en las mujeres, de 15.

Y que, de acuerdo con algunas estimaciones, se prevé que en 2030 las personas adultas mayores representarán 15 por ciento de la población y alrededor de 23 en 2050.

En este sentido, la diputada Catalina Díaz Vilchis propuso modificar el artículo 59 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para que la expedición de tarifas reducidas hasta en un 50 por ciento de la cuota ordinaria “a adultos mayores con credencial del Inapam sea sin restricción de espacios por corrida”.

Lo anterior, dijo, como una responsabilidad desde el Legislativo de “adecuar y prever las necesidades de las personas de edad adulta, a las condiciones actuales de servicios”.

Así como para garantizar “su movilidad y los beneficios que otorguen su libre derecho a tener los descuentos sin limitantes”, puntualizó la legisladora.

Frente al planteamiento de recortes presupuestales al Poder Judicial, el diputado federal Alan Castellanos señaló que este tijerazo es un paso más en el desmantelamiento de los pilares democráticos de nuestro país y advirtió que con ello, se afectarían las capacidades institucionales para reducir la impunidad.

El legislador sugirió que con la propuesta del gobierno federal y de Morena, existiría una violación a la Constitución, por trasgredir la división de poderes y, con ello, la pérdida de vigencia del Estado democrático constitucional de derecho.

Explicó que el partido oficialista busca extinguir 13 de los 14 fideicomisos que opera el Poder Judicial de la Federación argumentando que tienen opacidad, pero cuando se les cuestiona a donde los desean transferir los recursos, Morena no sabe a qué rubros o sectores destinarlos.

Además de que se plantea recortar entre 15,000 y 25,000 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación para 2024, mismo que dijo, podría ocasionar la inoperancia del sistema, pues entre 60 y 70 por ciento de sus órganos jurisdiccionales quedarían imposibilitados para atender sus obligaciones constitucionales, internacionales y legales.

El diputado mexiquense, expuso que este planteamiento, es un intento de venganza y el único perjudicado será la ciudadanía que busca justicia.

En ese sentido, hizo un llamado a las y los diputados de todos los partidos a actuar con sensatez poniendo por delante los intereses y las necesidades de la ciudadanía.

“Si queremos que México y su impartición de justicia crezcan necesitamos que los 3 poderes de la Unión se consoliden y robustezcan. Es mucho lo que está en juego, que no se olvide: No hay ni habrá “transformación” si no hay justicia”, remarcó.

La Comisión de Gobernación y Población, presidida por el diputado federal Alejandro Moreno, aprobó con 24 votos, iniciativas del coordinador Rubén Moreira Valdez, el diputado Elias Lixa, la diputada Araceli Celestino y del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que el año 2024, sea dedicado a “Felipe Carrillo Puerto”.

El líder congresista destacó que este personaje, merece un gran reconocimiento, pues dijo, fue un mexicano excepcional que encabezó grandes batallas a favor de la igualdad de mujeres y hombres en el uso de los derechos políticos.

Refirió que el Apóstol de la Raza, cumplirá 100 años de haber sido asesinado por defender a su pueblo, por lo que manifestó, la importancia de enaltecer su nombre y su lucha.

El coordinador de los diputados federales del PRI recordó que se fraguó un levantamiento armado orquestado por integrantes de la derecha conservadora y aquellos que odiaban al político por haber reivindicado al pueblo maya. La insurrección concluyó con el asesinato de Carrillo Puerto, sus dos hermanos y colaboradores.

Precisó que sus opositores lo llamaban “El Tigre Rojo de los Ojos color de Jade”, por sus ojos claros y por ser un destacado miembro del llamado socialismo yucateco.

Felipe Carrillo Puerto, fue un visionario de la política, un hombre adelantado a su tiempo, gobernador de Yucatán que su primer discurso lo pronunció en lengua maya. Progresista en todos los aspectos, impulsó el reparto de tierras y la socialización de la producción de ejidos, y estableció el salario mínimo en la ciudad de Mérida. Además, promulgó leyes de previsión social y del trabajo, creó cooperativas de producción y consumos, y reconoció los derechos políticos de la mujer.

Por estas razones, el exgobernador de Coahuila manifestó su interés para que las bancadas parlamentarias acompañen en el Pleno la iniciativa que reconoce la obra del gran político, quien asumió la responsabilidad de gobernador de Yucatán en 1922 y sus esfuerzos revolucionarios, forman parte de la consolidación de las bases políticas y democráticas de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su postura crítica frente a la existencia de los 13 fideicomisos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Poder Judicial, señalando que no son más que fondos para mantener los privilegios de altos funcionarios.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el mandatario destacó que el monto acumulado en estos fideicomisos, cercano a los 15 mil millones de pesos, podría ser reorientado para ofrecer becas a familias en situación de pobreza.

“El fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa. Es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos”, enfatizó López Obrador.

El presidente expresó su optimismo al considerar que los ministros podrían tomar la decisión de redireccionar estos fondos para apoyar la educación, un acto que calificó como “extraordinario“.

Su propuesta sugiere que los recursos de estos fideicomisos, al ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, podrían destinarse a becas para estudiantes de educación básica.

Por otro lado, el mandatario aclaró que la eliminación de estos fideicomisos no repercutirá en los trabajadores del Poder Judicial, una afirmación que anteriormente fue cuestionada por la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña.

Reforzando su punto, el presidente recordó una frase de Benito Juárez sobre la necesidad de que los funcionarios vivieran “en la justa medianía“.

1. En ese sentido cuestionó la disparidad salarial al comparar un ingreso de 700 mil pesos mensuales que tienen los altos mandos en el Poder Judicial contra el promedio nacional de 16 mil pesos mensuales.

Finalizando, López Obrador reafirmó su compromiso: “No se van a quedar sin sueldos, sin prestaciones básicas, no se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie”, en caso de que se decida, desde la Cámara de Diputados, recortar los 13 fideicomisos del Poder Judicial.

La diputada federal Sue Ellen Bernal presentó una iniciativa para que la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por conceptos de bebidas alcohólicas, tabaco y de alimentos con alta densidad calórica, se destine al gasto en salud pública.

Desde Tribuna, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI explicó que con la aprobación de esta propuesta se puede garantizar que estos recursos se usen para la prevención y atención de enfermedades crónicas como obesidad, tabaquismo y alcoholismo.

Criticó que actualmente, el sistema de salud mexicano enfrente la falta de acceso a servicios de salud, el incremento de enfermedades crónicas y la falta de presupuesto asignado a este importante rubro.

La legisladora priista expuso que su planteamiento también se da, debido a que únicamente se destina menos de la mitad del seis por ciento del PIB, a la salud de las y los mexicanos, un porcentaje muy por debajo de la inversión que hacen países vecinos.

“El gasto público en salud representa una mínima parte del presupuesto que se ejerce y esto se traduce en un sistema de salud insuficiente para atender las necesidades de la población”, reprochó.

En ese sentido, expuso que en México el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se ha aplicado a productos que se consideran perjudiciales para la salud, con el objetivo de desincentivar su consumo.

Sin embargo, el destino específico de los recursos obtenidos por este impuesto no se encuentra determinado en la ley.

Por ello, reiteró la necesidad de garantizar una aplicación efectiva y transparente de estos recursos y, sobre todo, destinarlos para atender causas que beneficien a los mexicanos.