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El sistema de registro de asistencia y votación a distancia de la Cámara de Diputados es ejemplo para congresos estatales

La Cámara de Diputados y el Congreso del Estado de Nuevo León lograron un acuerdo de colaboración para que este último conozca y adopte el sistema Aplicación Portátil para el Registro de Asistencia y Votación (APRAV) en sus labores legislativas.

La APRAV, creada por la Cámara de Diputados, es una aplicación móvil que integra herramientas de biometría para el reconocimiento facial, acompañado de pruebas de vida para autenticar la identidad de los legisladores al momento de votar y con ello facilitar a las y los diputados su participación desde cualquier ubicación remota.

Además, la Cámara mantiene diálogos con los congresos de otras entidades, como Guanajuato y Tabasco, y también con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para establecer acuerdos sobre la utilidad de la APRAV.

La Secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, señala que este intercambio se realiza con la finalidad de reforzar la alianza entre distintos órdenes gubernamentales y optimizar la entrega de servicios públicos para el beneficio común.

La APRAV se desarrolló en 2020 como solución para seguir realizando el trabajo parlamentario durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, pues permite a las diputadas y los diputados votar a través de su celular con la certeza y garantía de que únicamente ellos ejerzan el voto.

La APRAV fue generada en la Cámara de Diputados con el apoyo de la firma mexicana INCODE, reconocida globalmente como líder en seguridad biométrica. Esta tecnología garantiza que no se puedan utilizar fotos, videos o máscaras, y asegura que la persona correspondiente a la imagen esté presente y viva.

Con esta aplicación las y los diputados tienen la capacidad de acceder al tablero de asistencia y votación desde cualquier punto de México mediante dispositivos móviles, siempre y cuando dispongan de conexión a Internet.

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Cámara de Diputados conmemorará el 90 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en votación económica el acuerdo de la Junta Coordinación Política (Jucopo) para celebrar el 25 de octubre una sesión solemne con motivo del 90 aniversario de la creación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El acuerdo establece el formato de la sesión solemne, la cual será: declaración de quórum y apertura; uso de la palabra de la presidencia de la Comisión de Educación hasta por 5 minutos y participación del titular de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León hasta por 5 minutos.

También habrá intervención de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, en orden ascendente, hasta por 5 minutos y mensaje de cierre por parte de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Enseguida, se procederá a entonar el Himno Nacional con el acompañamiento del Sistema de Orquesta Municipal de Apodaca, Nuevo León, y finalmente se someterá a discusión el acta de la sesión para dar paso a su clausura.

El documento menciona que en 1933 se fundó la Universidad Autónoma de Nuevo León; tuvo como base la Escuela de Jurisprudencia que surgió en 1824 en las aulas del Real y Tridentino Colegio Seminario de Monterrey, de acuerdo con el decreto del Soberano Congreso Constituyente del 13 de octubre de 1823, que dio facultades a los colegios de la nación que no la tuvieran “para establecer cátedras de Derecho Natural, Civil y Canónico, y de conferir los grados menores”.

Añade que esta disposición civil se aplicó en una institución eclesiástica porque era la única de educación superior que existía en el noreste de México.

De esta manera, una medida del régimen mexicano independiente, como fue la creación de una carrera profesional, se vinculó con otra de la antigua Corona Española, como el Seminario, cuya fundación fue alentada por las reales cédulas de Carlos III de agosto de 1768.

Su detonante fue el proyecto de regionalización de la educación   superior emprendida a partir de 1921 por la Secretaría de Educación Pública encabezada por José Vasconcelos.

Ese año una importante representación de la sociedad regiomontana formada por empresarios, profesionistas y maestros presentó la iniciativa de establecer en Monterrey una de las cuatro universidades que la Federación pretendía crear en la nación. Sin embargo, la concreción de la Universidad Autónoma del Noreste quedó relegada ante la inestabilidad política, social y económica que enfrentó el gobierno estatal en la década de los 20.

Puntualiza que el proyecto pudo retomarse hasta consolidarse   en el poder el grupo sonorense. El gobernador Aarón Sáenz Garza preparó las condiciones para que la administración de Francisco A. Cárdenas acometiera su creación. Por un lado, promulgó una nueva Ley de Instrucción Pública que estableció la enseñanza universitaria dentro del sistema educativo y, por otro, gestionó ante el secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, un comisionado encargado de las tareas preliminares de la organización de la Universidad de Nuevo León.

Cierre de la sesión

Posteriormente, la Mesa Directiva informó que, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Enseguida, se levantó la sesión y se citó para la próxima que tendrá lugar el martes 24 de octubre, a las 11:00 horas, en modalidad presencial.

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Aprueba pleno reserva presentada por Lilia Aguilar para fortalecer finanzas de PEMEX

En el marco de la discusión en lo particular del dictamen con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2024, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reserva a los artículos 1° y 22, presentada por la diputada federal, Lilia Aguilar Gil.

La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) detalló que, con la finalidad de fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) en su posición financiera y que exista un mejor perfil de la deuda de la paraestatal para que se estabilice la caída de la producción observada en años previos, se bajará el derecho de utilidad compartida del 54 al 30 por ciento, lo que significaría quitarle una carga a Pemex.

Al respecto, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), sostuvo que, con esta modificación, se podrán mejorar las perspectivas a futuro y se crearán mayores ingresos a la actividad petrolera, es decir, será una inversión que generará grandes rendimientos a favor de esta importante empresa mexicana, a la soberanía energética del país y al pueblo de México.

“Quiero decirles a los que iniciaron con el Pacto por México, el amasiato del PRIAN, que quiso destruir Pemex, hoy les estamos diciendo que era posible rescatarla; lo estamos haciendo, lo hacemos por los mexicanos y ustedes se equivocaron. El tiempo nos dio la razón y se ha demostrado que ustedes querían robarse la paraestatal”, aseveró.

Reiteró que se podrán sanear las finanzas de Pemex y evitar la destrucción de toda capacidad de desarrollo técnico-energético en el país que se dio en el periodo neoliberal que fue totalmente extractivo y no invirtió en capacidades productivas ya que tenía clara la apuesta de destruir a esta empresa pública, así como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Por más que hayan dicho que estaba destruida, que no tenía capacidad y que habría de abrirle las puertas a la iniciativa privada porque era la única salvación, se les demostró que no es cierto; ahí están los ingresos y Pemex está creciendo en esta Cuarta Transformación, en este movimiento”, concluyó la congresista.

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Defender al Poder Judicial es defender el futuro de México: PAN

“López Obrador sabe que la autonomía, el profesionalismo, el conocimiento y dominio de las leyes que distinguen al Poder Judicial puede arruinar sus planes de hacer un auténtico cochinero en las próximas elecciones para imponer a su sucesora”, aseveró el Secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del CEN del PAN, Fernando Rodríguez Doval, al hacer un llamado a la ciudadanía a defender el futuro de México defendiendo al Poder Judicial.

Rodríguez Doval explicó que para nadie es un secreto que AMLO nunca ha dejado de estar en campaña pese a que asumió el poder, y que todo lo que hace –o deja de hacer- es una estrategia electoral. En el presupuesto, destacó, premia a quienes le son afines y castiga a los que cumplen la ley y no sus caprichos.

El exsecretario general del PAN dijo que al concretarse la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, se atropellan los derechos de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no solo de los ministros de la Corte, a quienes AMLO y sus seguidores han acusado de querer mantener supuestos privilegios.

“López Obrador sabe que no ha logrado infiltrar este Poder y a él no le gustan los contrapesos. AMLO sabe que si extingue los fideicomisos del Poder Judicial matará dos pájaros de un tiro: debilitará a las instituciones que lo conforman a un grado que podrían quedar inoperantes y, por otro, se hará de una gran bolsa de dinero para la campaña de Claudia Sheinbaum”, enfatizó.

El plan que tiene la 4T de “democratizar” el poder judicial, acusó el también exlegislador federal y local, es un absurdo, pues, detalló, elegir a los integrantes del PJF politizaría ese poder de la Unión y abriría la puerta a la corrupción ante la necesidad de recursos económicos para hacer campañas.

“La hipocresía de Morena es absoluta, pues ni ellos mismos eligen democráticamente a sus líderes ni candidatos, pues todo se reduce a lo que un solo hombre, López Obrador, decide”, puntualizó.

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Con unidad a Morena le irá bien en Jalisco: Antonio Pérez Garibay

  • Morena se encuentra en primer lugar antes de iniciar la contienda electoral en la entidad, hace falta una candidatura sólida.
  • Todos los aspirantes pueden aportar al proyecto de Claudia Sheinbaum rumbo a la presidencia en 2024.

Una vez definido el mecanismo por el que Morena establecerá las coordinaciones de los Comités en Defensa de la 4T en las entidades que renovarán gubernatura en el proceso electoral 2023-2024, el diputado federal, Antonio Pérez Garibay, aspirante por Jalisco, se manifestó a favor de la unidad pues consideró que hay una gran oportunidad de ganar el estado y que la transformación llegue en beneficio de la gente.

Ante medios de comunicación y durante la sesión de este martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, explicó que en la contienda jalisciense no hay que voltear a ver a los otros partidos pues Morena se mantiene en primer lugar en preferencias, situación que debe aprovecharse con la mejor candidatura, sea mujer u hombre, aseguró al referir que la marca Morena se encuentra mejor posicionada que los otros partidos.

El también empresario dejó en claro que su labor en la 4T es de encargos y no de cargos, por lo que se quedará con el proyecto del presidente, Andrés Manuel López Obrador, hasta el final de la gestión y si le toca colaborar con la nueva presidenta lo hará con orgullo; así mismo, en caso de no ser elegido para coordinar los Comités en Jalisco apoyará a quien tenga esa encomienda.

Rechazó que tras el proceso interno sea necesaria una operación cicatriz en Jalisco, pues quienes aspiran a la coordinación firmaron el acuerdo de unidad en presencia de la líder moral del movimiento y acordar apoyar a quien obtenga el cargo.

Principal objetivo, presidencia de Claudia Sheinbaum

Antonio Pérez Garibay reiteró que su principal objetivo es que la Doctora, Claudia Sheinbaum llegue a la presidencia en 2024, por lo que se sumó al llamado de unidad que la exmandataria capitalina hizo este lunes al presentar el modelo de encuestas para definir las coordinaciones.

Expuso que si se mantiene la unidad entre los aspirantes de las diferentes entidades se puede aportar más a la causa de Sheinbaum Pardo, siempre con la mirada hacia adelante y por la gente, “ir por las tres ´H´; humildad, humanismo y honestidad”.

Sobre la última recomendación del INE para moderar las actividades proselitistas de Claudia Sheinbaum, se pronunció por que la Coordinadora Nacional de los Comités en Defensa de la 4T y el INE caminen por buen puerto, pues en tiempo de elecciones se debe tener tranquilidad y los pies en la tierra, aunque hay que reclamar lo que es justo. Celebró, sin embargo, que gracias al diálogo se pueda llegar a un acuerdo sin prohibir los eventos.

Consideró que con diálogo se pude tener un mejor México, con un mejor futuro. En el mismo sentido se pronunció sobre la actual discusión sobre el Poder Judicial, por diálogo y política de altura, pues abrir flancos no beneficia a nadie.

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Se reúne el gobernador con el presidente Andrés Manuel López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este lunes, en su despacho de Palacio Nacional, al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya con quien acordó apoyar los proyectos estratégicos en beneficio de las y los tamaulipecos.

El gobernador Villarreal Anaya expuso por más de una hora al presidente, los proyectos prioritarios de su gobierno, mismos que el mandatario instruyó al gabinete para que se atendieran.

“Revisamos agendas y acordamos seguir resolviendo juntos asuntos de interés público en beneficio del pueblo de Tamaulipas”, expuso el presidente en sus redes sociales.

Desde el inicio de la actual administración estatal, el presidente de México ha realizado seis visitas a territorio tamaulipeco y ha expresado todo su apoyo a obras en el sector energético, la construcción y rehabilitación de hospitales, la ampliación de los puentes internacionales y la construcción de la Agencia Nacional de Aduanas, en Nuevo Laredo, entre otros proyectos prioritarios.

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Nacho Mier reta a ministros a que demuestren que eliminación de fideicomisos afecta a trabajadores del Poder Judicial

• Que les digan realmente la verdad a los 55 mil 800 trabajadores, si alguno de los fideicomisos está vinculado a los derechos laborales, manifestó el diputado.

El diputado federal Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, desafió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a demostrar que la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación afecta a sus trabajadores.

“Yo reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que demuestren, de cara a los mexicanos, si es falso que los fideicomisos, que suman 6 mil millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de 11 ministros actualmente en funciones y 22 en retiro”, dijo.

Consideró que utilizar a los trabajadores del PJF es una mala estrategia de la presidenta de la Corte, Norma Piña, pues subrayó que la iniciativa no pone en riesgo de ninguna manera la situación laboral, ni de contraprestación, de los trabajadores.

“Que le digan realmente la verdad a los 55 mil 800 trabajadores, si alguno de los fideicomisos, que son por más de 9 mil millones de pesos, está vinculado a los derechos laborales y sociales adquiridos por ellos. Es falso”, manifestó.

Comentó que conversó con dirigentes sindicales para decirles que, de todos los fideicomisos, sólo hay uno, de 69.3 millones de pesos, destinado a cubrir las enfermedades de los trabajadores operativos al servicio del Poder Judicial.

El líder morenista expresó que la iniciativa busca acabar con estos mecanismos utilizados únicamente para mantener los privilegios de altos mandos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México.

“Son fideicomisos sólo para compensaciones extraordinarias en materia de pensiones jubilaciones, gastos médicos y otros, todos ellos ubicados fuera de lo que la ley establece y que los tienen garantizados”, declaró.

Recordó que la propuesta ya fue aprobada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

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Poder Judicial no puede ser juez y parte en diferendo sobre Presupuesto de Egresos

  • Los 11 ministros de la Suprema Corte deben declinar el caso, ya que se consideran afectados por la reducción de presupuesto: Monreal

  • Consulta popular o plebiscito propone para resolver los que sería una “Hipercontroversia constitucional” con Poderes Judicial y Legislativo

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no deberían resolver una probable acción de inconstitucionalidad, derivada de la eliminación de fideicomisos y de una parte del presupuesto para áreas no sustantivas del Poder Judicial, ya que serían juez y parte, advirtió Ricardo Monreal Ávila.

Ante la complejidad del escenario, “si el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación genera una controversia con el Poder Judicial, debería resolverse en última instancia por un plebiscito, un referéndum, o una consulta ciudadana”, sugirió.

Ello para que el pueblo o la ciudadanía sea quien determine a quién asiste la razón, si a los legisladores o a los ministros, dijo el senador con licencia.

Lo anterior, señaló, porque lo más probable es que el 33 por ciento de legisladores federales de oposición activen la acción de inconstitucionalidad para defender lo que consideran un ataque frontal al Poder Judicial Federal.

Pero así se inicia un problema constitucional mayor, aclaró, al ser el Poder Judicial juez y parte, ya que quien resolvería la acción serían precisamente los mismos ministros que se consideran afectados en sus percepciones económicas por el recorte presupuestal de la mayoría legislativa, además de que argumentan una extralimitación de otro poder.

Indicó que para este tipo de controversias existen dos alternativas, una de ellas es a través del Consejo de la Judicatura, que depende jerárquica y presupuestalmente del Presidente y de los ministros de la Corte, pero nunca se ha dado el caso de que este Consejo investigue a sus superiores, refirió.

Agregó, que otra vía para resolver las controversias es generalmente con el Legislativo, sin embargo, también es una parte interesada.

Señaló que los fideicomisos a cargo del Poder Judicial y a punto de ser eliminados por la mayoría en el Poder Legislativo, ascienden a los 15 mil millones de pesos.

Cuando alguien es juez y parte de una acción o decisión pública, donde además resulta que es el principal beneficiario aquí y en China, a esa situación anómala se le llama conflicto de intereses, subrayó Ricardo Monreal.

Ante ese escenario, indicó, la legislación y el sentido común indican que los 11 ministros deben declinar de conocer el caso y permitir que sea otra instancia quien resuelva.

En este caso de “hipercontroversia constitucional” procedería, a decir de Monreal, que ambos poderes en conflicto se sujeten a la fuente directa del poder originario de los poderes constitucionales: la voluntad mayoritaria del pueblo o de la ciudadanía.

“Así como ningún presidente de la República ni ningún legislador estamos por encima del escrutinio popular, así tampoco debe estarlo ningún integrante, ningún poder judicial u órgano autónomo”, subrayó.

Indicó que no se trata de populismo judicial, es ciudadanización de la justicia cotidiana que tanta falta le hace al país en estos tiempos.

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Presentan reforma constitucional para incorporar la prisión preventiva oficiosa en casos de extorsión

Con el fin de establecer prisión preventiva oficiosa en los casos del delito de extorsión y facultar al Congreso de la Unión a legislar y expedir una ley general en la materia que coadyuve a combatir y erradicar ese ilícito, el diputado José Antonio García García (Morena) presentó una iniciativa que reforma los artículos 19 y 73 de la Constitución Política.

El documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, precisa que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos extorsión, y faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, en materia de extorsión.

Refiere que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la extorsión es un delito de alto impacto que consiste en que una persona, asociación u organización con ánimo de lucro (para sí o para un tercero), a través de engaños, amenazas y/o violencia, obliga a cualquier otra persona a dar, hacer o dejar de hacer algo, a efecto de dañar su patrimonio y su esfera emocional.

Expone que, en México, el delito de extorsión ha sido un problema que ha causado graves afectaciones a la ciudadanía, siendo un ilícito que ha venido al alza.

Desafortunadamente, pese al esfuerzo y estrategia de seguridad del actual Gobierno Federal, este delito continúa siendo un problema que es necesario atender para inhibir su comisión.

De acuerdo con el estudio “El fraude en México: daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo”, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, cada día se registran 13 mil extorsiones.

García García relata que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022 se cometieron 4.7 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 5 mil 56 por cada 100 mil habitantes.

El estudio señala que la extorsión se convirtió en el ilícito más frecuente en los estados de Baja California, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco.

En tanto, datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana revelan que el 51.2 por ciento de las empresas en el país ha sido víctima de un delito en el último año, siendo el de la extorsión el segundo mayor ilícito que más sufren los empresarios.

Por ello, es fundamental reformar los artículos 19 y 73 de la Carta Magna para establecer prisión preventiva oficiosa por el delito de extorsión y facultar al Congreso a expedir una ley general en la materia, lo que abonaría a garantizar la seguridad de la ciudadanía y cumplir el Objetivo 16 de la Agenda 2030, referente a promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, precisó.

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3 millones de adultos mayores no cuentan con servicios de salud; necesario revertir esta situación: Karina Rojo

En México, tres millones de persona adultas mayores no están afiliadas a alguna institución de servicios de salud, debido a que la tasa de actividad económica en este sector es apenas del 29 por ciento, de los cuales el 47% trabaja por cuenta propia, lo que les impide tener acceso a la seguridad social, lamentó la diputada Karina Rojo Pimentel.

En ese sentido, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) resaltó que este grupo va en aumento, pues en 1990 representaba el 6 por ciento de la población total, mientras que para 2020, ya son el 12%; es decir, en 30 años se duplicó el porcentaje.

Ante este panorama, la legisladora federal presentó una iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política, a fin de expedir una ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de derechos de las personas adultas mayores.

“Estas estadísticas dejan de manifiesto la importancia de que las y los legisladores redoblemos esfuerzos para generar el marco jurídico necesario que garantice los derechos de este sector, pues es claro que la vulnerabilidad de esta población crece por la dificultad de encontrar un empleo, que provoca exclusión y rechazo social”, abundó.

Enfatizó la importancia de proteger los derechos de las personas adultas mayores y reconoció que en la materia existen diversos instrumentos legales; sin embargo, todavía quedan importantes problemáticas que deben resolverse, como son: pobreza, discriminación, falta de acceso a empleos e insuficiencia de pensiones.

“En la bancada del Partido del Trabajo estamos comprometidos con nuestro país y asumimos el reto de crear la legislación que atienda las necesidades y problemáticas de la población adulta mayor presente y futura”, concluyó.