Categoría: Política

La diputada Fátima Almendra Cruz Peláez (PVEM) promueve iniciativa para adicionar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de regular el ruido ocasionado por los estallidos o estruendos, así como el humo que emite el uso de la pólvora en los fuegos artificiales o artículos pirotécnicos, con el propósito de evitar daño a la salud humana y al medio ambiente.

El documento, enviado a la Comisión de Defensa Nacional incorpora a dicha ley el Título Quinto, “De la Pirotecnia”, con un Capítulo Único, “De las actividades y operaciones con fuegos artificiales y artíficos pirotécnicos”, integrados por 11 artículos.

Prohíbe la fabricación artesanal o industrial de fuegos artificiales o artíficos pirotécnicos que no utilicen o empleen pólvora sin humo y que, al ser detonados, rebasen los decibeles de los estallidos, estruendo o ruido permitidos, de conformidad con los dispuesto en los artículos 155 y 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

También, impide su uso, comercialización al mayoreo o menudeo y la detonación de fuegos artificiales o artificios pirotécnicos que no cumplan con lo establecido en la ley. Asimismo, señala que sería obligación de las entidades federativas, municipios y alcaldías implementar un programa de recolección, transporte y disposición final de los artículos pirotécnicos y de fuegos artificiales en su territorio, lo cual deberá realizarse observando las normas ambientales vigentes.

Establece que quien haga uso de fuegos artificiales o artificios pirotécnicos de los permitidos por la ley o sea el responsable del espectáculo o de la demostración en que se usen estos, está obligado a realizar la recolección de los desechos y residuos de estos productos que hayan quedado en la zona, así como de los artíficos sin detonar.

De igual modo, busca prohibir que en las Áreas Naturales Protegidas se realicen espectáculos públicos o privados con fuegos artificiales y artificios pirotécnicos, así como la producción, almacenamiento y comercialización de los mismos, y limita que en los establecimientos industriales o artesanales donde se elaboraren o fabriquen se empleen o estén presentes menores de edad.

Faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a negar, suspender o cancelar los permisos por el incumplimiento a las condiciones de fabricación o producción de fuegos artificiales o artificios pirotécnicos. Además, será la dependencia encargada de aplicar las sanciones correspondientes, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles y fiscales.

Considera como fuegos artificiales o artificios pirotécnicos todo producto elaborado con sustancias químicas destinadas a producir combustión o explosión produciendo efectos luminosos, luces y sonidos acústicos.

La diputada Cruz Peláez argumenta que la elaboración de los mismos es una actividad de la cual dependen económicamente alrededor de 80 mil familias en el país, quienes, incluso, han recibido premios internacionales por su trabajo artesanal.

No obstante, los estallidos ocasionan graves daños acústicos, afectando a personas autistas, de la tercera edad, enfermos de asma u otros padecimientos pulmonares y del sistema respiratorio de menores.

Puntualiza que la falta de pericia a la hora de detonar o encender cohetes o juegos pirotécnicos puede causar mutilaciones e inclusive la muerte de personas, así como incendios y daños al patrimonio, a animales y vegetales.

Ante ello, expone la diputada del PVEM, es necesario regular la producción y el uso de fuegos artificiales y pirotécnicos que producen estruendo, ruido, estallido, y humo, en defensa de la vida humana y silvestre.

Menciona que actualmente, el artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula a la pirotecnia sin más disposiciones o especificaciones técnicas en el empleo de las sustancias químicas en la materia.

Por ello, la legislación resulta ambigua al no contemplar que el ruido ocasionado por los estallidos o estruendos, así como el humo que emite su uso dañan la salud y el medio ambiente. Además de ser contradictoria con el artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que prohíbe la emisión de ruidos por arriba de los niveles permitidos.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, refrendó la importancia del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), que ha permitido un intenso comercio, lo cual ha llevado al desarrollo e integración de cadenas de valor productivo.

Este instrumento, considerado uno de los más modernos del mundo debido a su integralidad y profundidad, debe seguirse revisando, como recientemente pasó al incluirse la materia de comercio electrónico o e-commerce, reglas de origen y patentes, para que en un futuro próximo siga desarrollando todo su potencial.

La presidenta de la Cámara de Diputados destacó la necesidad de fomentar mayor inversión en la frontera común, para convertirla en una zona segura, eficiente y moderna.

En el caso específico de la relocalización industrial, llamó a aprovechar el momento histórico; “se necesita más y mejor infraestructura, así como energía suficiente y adecuada para recibir la inversión extranjera directa”, reconoció la diputada Marcela Guerra.

“Nuestras naciones tienen aciertos de cooperación e intereses, pero también numerosos desafíos como el cambio climático, la falta de desarrollo en algunas regiones, el trasiego de drogas, el tráfico de armas, la seguridad y la migración. Para atenderlos es indispensable seguir fortaleciendo el diálogo político e institucional, para construir una estrategia de responsabilidad y prosperidad compartida”, dijo la diputada Guerra.

“En ese sentido, ante el problema del fentanilo, debemos trabajar en conjunto y hacer grandes esfuerzos para que esa nueva droga no dañe a nuestras sociedades”.

Sobre la migración, refrendó que ésta debe ser segura, ordenada y regular sobre la base del respeto pleno a los derechos humanos y aprovecharse como un motor de desarrollo.

Guerra Castillo indicó que desde “la Cámara de Diputados podemos incidir, por medio de la diplomacia parlamentaria, dentro de la política interna, para discutir los problemas de vital importancia, sobre todo cuando se trata de nuestro principal socio y vecino”.

El diputado Jesús Alberto Velázquez Flores (PRD) propone reformar el artículo 23 de la Ley General de Cambio Climático, a fin de incluir el principio de paridad de género en la convocatoria pública que se realice para la designación de las y los consejeros de la Coordinación de Evaluación, instancia encargada de valorar la Política Nacional en materia de Cambio Climático.

La iniciativa busca establecer que las y los consejeros serán designados por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a través de una convocatoria pública que deberá realizar el titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) “respetando siempre el principio de paridad de género”.

La ley señala que la Coordinación de Evaluación se integra por el titular del INECC y seis consejeros sociales, representantes de la comunidad científica, académica, técnica e industrial, con amplia experiencia en materia de medio ambiente, particularmente en temas relacionados con el cambio climático, mismos que durarán cuatro años en el cargo y sólo podrán ser reelectos por un periodo.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad para dictamen, y a de Igualdad de Género para opinión, indica que la paridad de género es un principio constitucional que se refiere a la participación equilibrada, justa y legal, que asegura que al igual que los hombres las mujeres tengan una participación y representación igualitaria en los puestos de poder y de toma de decisiones en las esferas de la vida política, económica y social.

Estos avances respecto a los derechos y representatividad de las mujeres vieron su origen hace casi 70 años en México, y son el resultado de la lucha de las organizaciones feministas, un camino largo lleno de dificultades y luchas que van desde lograr que se les reconociera el derecho a votar y ser votadas por primera vez en 1955, hasta el principio de paridad en el registro de candidaturas con la reforma constitucional de 2014.

Refiere que en junio de 2019, como resultado de las luchas de las mujeres y el compromiso de la primera legislatura paritaria de la historia de México, se aprobaron reformas a la Constitución Política para incorporar la paridad en todo.

Ello, representó un logro sin precedentes hacia la consolidación de una verdadera democracia representativa, participativa e incluyente, pues nos tocó presenciar un momento histórico que coloca nuevos horizontes para las mujeres, al establecer que ocuparán la mitad de los cargos de decisión en los tres poderes del Estado,  órdenes de gobierno, organismos autónomos, candidaturas de partidos políticos, así como en la elección de representantes en los municipios con población indígena.

La diputada María Elena Limón García (MC) propone que los nietos de asegurados o pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) menores de 18 años, queden protegidos por la seguridad social que brida la institución.

Con ese objetivo, presentó una iniciativa que adiciona las fracciones X y XI al artículo 84 de la Ley del Seguro Social, para establecer que quedan amparados por el IMSS los nietos del asegurado o pensionado “menores de 18 años que vivan en el hogar de éste, se encuentren en situación de estado de hijos frente al abuelo o a la abuela o cuando, en ausencia de los padres, los abuelos ejerzan la patria potestad de los mismos”.

El documento, turnado a la Comisión de Seguridad Social, argumenta que, de acuerdo con el informe “La orfandad ocasionada por la pandemia”, México tiene 131 mil 325 menores de edad que perdieron a su madre, padre o ambos por cuestiones relacionadas con la Covid-19, colocándolo en el primer lugar de América Latina.

“Estos miles de niños quedarán al cuidado de sus abuelos, convirtiéndolos en población vulnerable y que necesitan de la protección que sólo el Estado puede garantizar”, precisa la legisladora en su exposición de motivos.

Señala que la seguridad social es un derecho humano protegido por la Constitución Política, y que la protección de la salud y la seguridad social son derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en la ley; “sin embargo, en el país se les ha quedado a deber cuando éstos se encuentran bajo el cuidado de sus abuelos; si bien la dinámica familiar es diversa, esto no significa que no se deba garantizar su protección”.

Subraya que al no permitir que los abuelos puedan afiliar a sus nietos cuando ellos son los responsables de su cuidado, se lesiona el derecho fundamental de igualdad, así como los derechos jurídicos de los menores establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Refiere que las familias en México son diversas y cientos de miles de niñas y niños están al cuidado de sus abuelos; por ello, “es fundamental realizar una modificación a la ley para garantizar los derechos humanos a la protección de la salud y la seguridad social, prevaleciendo en todo momento el interés superior de la niñez”.

La diputada Limón García menciona que el entorno de las familias en México es muy complejo, ya que dentro de los hogares no sólo se encuentran la madre, el padre e hijos, en muchos de ellos la familia se compone también por las y los abuelos y los nietos.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 28 de cada 100 hogares familiares son ampliados o extensos, es decir se encuentran integrados por abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines.

El diputado José Guadalupe Buenrostro Martínez (PVEM) propuso que las secretarías de Cultura y de Educación Pública realicen anualmente una semana cultural de fomento a la lectura de libros, con el fin de acercar esta actividad a un sector más grande de la población.

Para ello, plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley de Fomento para la Lectura del Libro, a fin de establecer que “ambas secretarías se coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, con los diversos órdenes de gobierno e instituciones privadas. para realizar anualmente una semana cultural de fomento a la lectura de libros, de conformidad con la disposición de los programas y los tiempos establecidos por las secretarías”.

La iniciativa, turnada a las Comisiones Unidas de Educación, y de Cultura y Cinematografía para dictamen, señala que el hábito de la lectura en México ha ido al alza en virtud del fomento que se hace de ésta por parte de las instituciones educativas públicas y privadas.

Indica que la cultura de leer se ve en algunas regiones del país más desarrollada que en otras; sin embargo, es menester contribuir de manera eficaz a generar un hábito sólido y constante de lectura entre la población.

Resalta que este hábito tiene diversas ventajas y aspectos positivos, como estimular la creatividad, ejercitar la memoria, lo cual es importante para evitar que las personas sufran enfermedades neurodegenerativas y demencia; también desestresa y fomenta la actividad mental de las personas en las etapas de la vida.

Indica que, en el caso de las semanas culturales que se desarrollan en las diversas instituciones educativas en los diferentes estados de la República, resalta el hecho de que su realización está sujeta a disponibilidad y a las necesidades de fomento de cada centro educativo.

En estos eventos participan los alumnos de las universidades y público en general; sin embargo, es importante que los diversos órdenes de gobierno emprendan esfuerzos para instituir espacios que permitan acercar la lectura y los libros a un sector más grande de la población en general.

El legislador añade que, aunque en la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro se hace hincapié en la importancia de promover la lectura, es necesaria la celebración anual de una semana cultural a nivel nacional, a fin de obtener un beneficio social y cultural en cada comunidad del país.

La diputada Norma Angélica Aceves García (PRI) presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, con el objetivo de establecer que serán prioritarios y de interés público los programas sociales destinados a reducir la vulnerabilidad de las mujeres, derivada de la brecha de género.

Asimismo, que la Política Nacional de Desarrollo Social tenga como propósito reducir, bajo el principio de progresividad de los derechos humanos, las carencias sociales de los grupos en situación de vulnerabilidad empleando, entre otras opciones, las acciones afirmativas.

Además, que las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, que fomenten las actividades productivas para promover la generación de empleos e ingresos, destinen acciones afirmativas para reducir la brecha de género, en particular reconocer las desventajas que enfrentan las familias encabezadas por mujeres.

También, estipula que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres, contemplen lineamientos para la medición de la pobreza de las familias con perspectiva de género, comparando las desventajas entre familias encabezadas por mujeres.

La iniciativa, turnada a la Comisión Bienestar, refiere que “México tiene un número considerable de jefas de familia y su situación resulta preocupante, debido a que enfrentan un panorama desigual e injusto, producto de un sistema sexo/género que produce condiciones y posiciones sociales diferenciadas entre hombres y mujeres”.

Las jefas de familia, añade, tienen “doble trabajo”, ya que deben encargarse del papel económico y, al mismo tiempo, ocuparse de la crianza de los hijos, lo que provoca un desgaste físico y emocional mayor.

Agrega que existe un mundo laboral injusto porque hay una valorización diferenciada que se ve reflejada en los salarios y trabajos ofertados. Por ello, regularmente las mujeres ingresan en el “trabajo informal”, lo que reduce su potencial de crecimiento y exacerba la desigualdad, tal como se refleja en la ausencia de seguridad social, seguro de vida, prestaciones y bonos.

Ante ello, indica la legisladora, las reformas a la Ley General de Desarrollo Social tienen la finalidad de incorporar a las jefas de familia como un grupo prioritario de atención para la política social, para que la autoridad correspondiente diseñe y ejecute acciones y programas encaminados a reducir sus carencias sociales, principalmente en su ingreso, acceso a una vivienda digna y reconocimiento de sus actividades remuneradas.

En el Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados, la Comisión de Bienestar, que preside la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), realizó el Foro V “Rumbo a la Ley General de Derechos de las Personas Mayores”, donde se abordó el tema de los adultos mayores frente a la administración e impartición de justicia.

La diputada Rojo Pimentel dijo que es compromiso de las y los legisladores renovar el marco jurídico en materia de protección para brindar certeza y futuro a este sector. “Queremos plasmar en la ley la vida diaria de la gente mayor, para que sea una legislación cercana a sus necesidades, y se respeten sus derechos”.

Al inaugurar el evento de carácter regional (Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala) la diputada aseveró que para la construcción de esta nueva legislación se tomarán como referencia las preocupaciones cotidianas de las personas adultas mayores. “Con este propósito hemos convocado a estos foros para tener una visión amplia de lo que acontece en el país”.

Mencionó que cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de nueva edición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que en México hay alrededor de 18 millones de personas de 60 años y más, lo que representa el 14 por ciento de la población total del país.

“Se calcula que en los siguientes años el incremento sea mayor y para 2050 habrá 33.4 millones de personas mayores; además, los derechos también languidecen conforme las personas crecemos, derechos como el acceso al empleo, vivienda y justicia decaen en la discriminación y marginación”. Ante este panorama, puntualizó que es relevante construir una legislación que ayude a transitar a una sociedad generosa y plena de derechos.

Un marco legal adecuado y prever una vida libre de violencia

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT) refirió que en los foros realizados se han abordado las diversas problemáticas que enfrentan las personas adultas mayores. Y el tema de hoy sobre la administración e impartición de justicia es de gran importancia y se debe atender con mucha sensibilidad porque “en la generalidad de la ley luego se dejan a la interpretación y nosotros tenemos que poner por delante la garantía de los derechos y la protección”.

Enfatizó que las y los diputados “tenemos la oportunidad de plasmar en la ley de las personas adultas mayor todas las circunstancias que se pudieran presentan y que nos permitan, a través de un marco legal adecuado”, prever que tengan una vida libre de violencia, de todos los tipos: psicológica, económica y física, y que sea visibilizada y erradicada.  Mencionó que, como en todo tipo de violencia, ésta proviene de alguien cercano y esta población por muchas circunstancias empieza a perder habilidades para ser autosuficiente y eso los pone en una situación de desventaja.

Garantizar que personas adultas no sean víctimas de violencia

La diputada María Rosete Sánchez (PT) subrayó que es importante garantizar que las personas adultas mayores no sean víctimas de violencia y despojos; también, agregó, que tengan estabilidad, integridad y patrimonio; “esto sólo se puede hacer a través de instrumentos legales y jurídicos que se puedan establecer en la ley”.

Refirió que los casos de violencia no son aislados ni tienen estatus social y subrayó que es necesario legislar de acuerdo a la realidad que se vive. Se congratuló por la realización de estos foros que están encaminados a una ley de protección. “Las leyes tienen que evolucionar y sólo con responsabilidad y visión futura se puede lograr. Las diputadas y los diputados estamos comprometidos con los cambios”.

Luchar por su bienestar

Irma Yordana Garay Loredo, diputada del PT, mencionó que las personas adultas mayores son la base, la raíz, en México, por lo que “desde esta trinchera se seguirá luchando por el bienestar y porvenir de las familias. “La edad no es lo que los caracteriza o dice la gente, sino la grandeza y valor de sus corazones y su mente”

Resaltó que las personas adultas mayores son testimonio vivo del humanismo mexicano y guardianes de la historia; de ahí, que “hoy más que nunca la sociedad las necesita, ya que representan un legado de vida y enseñanza para futuras generaciones. Una sociedad está condena si no reconoce la importancia de cuidarlas”.

Personas adultas mayores tienen mucho que aportar

En tanto, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez (PT) señaló que las personas adultas mayores no sólo son de edad, sino de experiencia, conocimiento y amor a sus familias, y que tienen mucho que aportar. Afirmó que se está dando una lucha para que esta población tenga más derechos y que no solamente estén plasmados en la ley, sino que sean una realidad.

Sostuvo que “el trabajo de las diputadas y los diputados es hacer que la vida de las personas sea mejor. Reconoció la participación de los ponentes en este foro porque con la información que brinden las personas adultas mayores podrán conocer más sobre sus derechos y que existen asesorías gratuitas.

Medidas cautelares para proteger de abusos

Yaopol Pérez Amaya Jiménez, magistrado de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, indicó que es importante que desde la ley se defienda, proteja y prevengan abusos contra las personas adultas mayores; los principales van desde físicos y emocionales, negligencia o abandono, así como abuso financiero, robo de dinero y pertenencias.

Desde el Poder Judicial, dijo, se realizan medidas cautelares para proteger de los abusos a las personas adultas mayores, y en la nueva ley deben ser inmediatas para cualquier autoridad y no estar sujetas a factores de competencia.

Importante, abordar la regularización de condominios familiares

Arturo Sobrino Franco, vicepresidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, destacó la importancia de que esta ley general aborde temas como la regularización de los condominios familiares y la irregularidad de los inmuebles. “Me refiero al pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles, y al pago de los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, entre otros trámites; es importante otorgarles subsidios”.

Otro tema es el de la voluntad anticipada, la cual tiene el fin de que el adulto que se encuentre en enfermedad terminal determine que ya no se le apliquen procedimientos que prolonguen su vida. “Es un tema en el que hemos intervenido los notarios porque los familiares no se ponen de acuerdo, subrayó.

Acceso a la justicia, tema vedado y de difícil acceso

Verónica Montes de Oca Zavala, coordinadora del Seminario Universitario interdisciplinario sobre envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México, resaltó que la perspectiva de género es fundamental en los derechos humanos de las personas adultas mayores porque envejecen diferente los hombres y las mujeres. Asimismo, destacó la importancia de la interseccionalidad que significa que las personas tienen distintas desigualdades que determinan o condicionan su envejecimiento.

Otra característica fundamental, dijo, es el papel de la interculturalidad porque envejecer para las poblaciones indígenas y afrodescendiente es diferente y su esperanza de vida es menor que de la población mestiza.

Consideró que el acceso a la justicia es uno de los derechos que se debe trabajar más porque parece un tema vedado y de difícil acceso. Destacó que la ley general tiene que decantar en las leyes estatales con perspectiva gerontológica y que aborde las desigualdades que han vivido muchas generaciones.

Impulsar un envejecimiento saludable

Mediante plataforma digital, Ariadne García Hernández, en representación de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, pugnó por proteger los derechos de esta población con una visión interseccional, ya que el envejecimiento viene acompañado de grandes desafíos y se calcula que en 30 años en América Latina y el Caribe la población de personas adultas mayor se duplique, lo que significa retos para los gobiernos a fin de tener un envejecimiento de forma saludable y evitar enfermedades crónicas.

Mencionó que los principales maltratos que enfrentan son: físico, sexual, psicológico, negligencia o falta de atención adecuada y explotación financiera. Por ello, la legislación nacional debe tomar en cuenta todos los factores que vulneren sus derechos, ya que en muchas ocasiones se ven desamparadas para acudir a las instancias pertinentes.

“Que las políticas públicas sean incluyentes, con perspectiva de género y con una protección total desde lo Federal, estatal y municipal, ya que en México hay 10.9 millones de personas adultas mayores y en 2050 representarán el 28 por ciento de la población total”.