Categoría: Política

El riesgo es muy alto o alto en 10 entidades de la República; hasta el 14 marzo ya se habían registrado 611 incidentes de este tipo: Sánchez García

La senadora Cecilia Margarita Sánchez García solicitó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe sobre las acciones que la dependencia lleva a cabo para prevenir, reducir y controlar incendios forestales, atribuibles a actividades humanas en toda la República Mexicana.

En el punto de acuerdo, que fue turnado para su análisis a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, la legisladora del PRI señaló que las altas temperaturas que se registran en la República son preocupantes, al igual que las sequías que afectan a presas, ríos, lagos y arroyos.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional apuntó que el riesgo de incendios forestales, por las condiciones meteorológicas, es “muy alto” en Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México; con un nivel “alto” en Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán y Veracruz; mientras que, en el Norte, Noreste, Occidente, Centro y Sur del país el riesgo es “medio”.

Por otra parte, monitoreos detallaron que entre el 1 de enero y el 14 de marzo de este año, se registraron 611 incendios forestales en 23 entidades federativas de México, lo que afectó una superficie de más de 18 mil 500 hectáreas.

Al respecto, Sánchez García precisó que, a veces, los incendios se inician por alguna actividad relacionada con los seres humanos, como las fogatas que no se apagan correctamente, las quemas agropecuarias, que habitualmente se realizan entre enero y mayo, o las de basureros que no tienen un control o no son supervisadas de manera adecuada.

También pueden iniciarse por vidrios rotos que funcionan como lupas sobre el pasto o la hierba seca, lo que provoca que se enciendan e, incluso, pueden ser de origen natural, por la caída de un rayo en un árbol, la chispa generada por la caída de algunas rocas o por el material incandescente que se libera por alguna erupción volcánica.

“El fuego causado en forma natural, accidental o intencional consume los combustibles naturales como hojas y ramas secas situados en el nivel inferior de bosques y selvas; sin embargo, las llamas pueden quemar los troncos y las ramas secas de arbustos y árboles, convirtiéndose en un incendio de gran dimensión”, acotó la senadora.

Sánchez García pidió estar atentos a los incendios forestales, pues contribuyen al calentamiento global y, en las áreas donde se registran, se incrementa la erosión del suelo, disminuye la cobertura vegetal y quita la protección del impacto de las lluvias, lo que incrementa las inundaciones.

Advirtió que las emisiones a la atmósfera como dióxido de carbono, ozono o partículas muy pequeñas que se quedan suspendidas en el aire, pueden incrementar los problemas relacionados con enfermedades respiratorias o en ocasiones cardiovasculares.

Además, dijo, hay pérdida de biodiversidad y los incendios pueden calcinar pueblos, casas y vehículos, desapareciendo todo por donde pasan e, incluso, en algunos casos llegan a cobrar vidas humanas.

El Senado de la República aprobó un dictamen para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que analice los resultados definitivos del Censo Agropecuario 2022, con el propósito de revisar si las políticas públicas dirigidas hacia el sector primario atienden las necesidades de las unidades de producción agrícola, pecuaria y forestal.

Además, pidió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía que revise, justifique metodológicamente y, en su caso, recomiende la periodicidad de mínimo cinco años y máximo 10 años con la que deben realizarse los censos agropecuarios, a fin de que su ejecución sea considerada en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año respectivo.

En el documento avalado, las y los legisladores explicaron que el INEGI ofrece con estos censos información oportuna sobre las actividades agrícolas, ganaderas y forestales en las áreas rurales del país.

Los datos arrojan información como la siembra y la cosecha de especies agrícolas, cría y explotación de animales, así como producción, autoconsumo, destino de la producción, sistemas de riego, uso de fertilizantes, maquinaria y equipo, mano de obra, crédito y seguro.

Además, evidencian los problemas que enfrentan las y los productores, programas de apoyo, y acciones para proteger el medio ambiente. También, temas que se relacionan con el aprovechamiento forestal, como el volumen de madera obtenido, la reforestación y la deforestación.

Estos resultados, enfatizaron, son útiles porque mediante ellos, el gobierno obtiene indicadores para las políticas públicas, ya que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Del mismo modo, las empresas que prestan servicios agropecuarios pueden definir sus políticas de mercado; las organizaciones de productores pueden conocer las características de sus asociados; los investigadores realizar estudios de las actividades del campo; y los productores y la sociedad en general saber qué, cuánto y cómo se produce.

El Censo Agropecuario 2022 es el noveno estudio que se realiza, el que lo precedió fue el de 2007 y en los 15 años de diferencia se realizaron encuestas nacionales en la materia y una actualización del Censo Agropecuario en 2016.

El pasado 12 marzo, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que preside el senador Rafael Espino de la Peña, aprobó un dictamen por el que se busca prohibir, en la elaboración, importación y comercialización de productos cosméticos, el uso de microplásticos añadidos intencionalmente para exfoliar, pulir o limpiar.

A este proyecto se le dio trámite de primera lectura en la sesión del 21 de marzo, por lo que está inscrito en la Gaceta Parlamentaria. El dictamen deriva de una minuta enviada por la Cámara de Diputados, para modificar la Ley General de Salud.

La reforma define a los microplásticos como las partículas sólidas de plástico de hasta cinco milímetros de diámetro.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, dichas partículas, compuestas de polímeros y aditivos, son potencialmente tóxicas, y gran parte de los desechos plásticos mal-gestionados a nivel global acaban en vertederos y cuerpos de agua, por lo que contaminan el medio ambiente, especialmente el mar.

Las y los senadores destacaron en el dictamen que el impacto en la salud de los microplásticos está asociado con diversas enfermedades, principalmente relacionadas con alteraciones en el sistema endocrino.

Refirieron que en los productos cosméticos también se pueden encontrar una infinidad de estos materiales, y aunque se sabía que sólo era en productos de higiene y limpieza como exfoliantes, pastas de dientes o detergentes, no se había identificado su presencia en la mayoría de los maquillajes.

El rímel, los pintalabios, las bases y los polvos faciales, que entran en contacto cercano con los ojos y la boca, pueden contener muchos microplásticos, según una reciente investigación de Greenpeace Italia.

Además de que, por cada baño cosmético con las esferas exfoliantes que dejan tersa la piel, se colocan cien mil partículas en el desagüe que llega al mar, donde serán involuntariamente tragadas por peces, moluscos o crustáceos, que más tarde pueden estar en los alimentos que consumimos.

Los senadores afirmaron que esta propuesta ayudará a cumplir con el objetivo de prohibir en los productos cosméticos el uso de microplásticos, crear conciencia y tomar acciones que sumen al esfuerzo global de frenar el grave deterioro ambiental.

Uno de los principales problemas para usuarios de carreteras son los congestionamientos en las plazas de cobro: García Conejo

El pago electrónico de peaje se implementó para aumentar la capacidad de tránsito de las casetas, así como para reducir los retrasos y la contaminación; sin embargo, a 32 años de haberse establecido en las carreteras de México no se ha reducido el tiempo para el cobro de peaje en el país, señaló el senador Antonio García Conejo.

En un punto de acuerdo, el legislador del PRD precisó que los congestionamientos en las plazas de cobro, sobre todo en épocas de gran demanda, son uno de los principales problemas que padecen los usuarios de las carreteras o puentes de cuota.

Aunado a ello, advirtió, las personas que utilizan los sistemas electrónicos para el pago de peaje denuncian cobros desconocidos, dispositivos marcados como inválidos o sin saldo, el que haya comisiones por recargas de saldo y que los proveedores de dichas unidades no realizan rembolsos por bonos no aplicados.

García Conejo explicó que muchos retrasos también se deben a que, para poder cruzar por una caseta, los sistemas electrónicos deben contar con un mínimo de saldo, lo que provoca que muchos usuarios tengan que sufrir el inconveniente de echarse de reversa, con una enorme fila de autos detrás de ellos, porque su pago no pasó.

Para que todo usuario de una autopista de peaje reciba un mejor servicio, expresó, es necesario que para el cobro se utilice tecnología innovadora de última generación.

Por tal motivo, el legislador presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a que implemente en las casetas sistemas de movilidad inteligentes de última generación, para el cobro digital del peaje, que permita agilizar y disminuir el tiempo de tránsito de vehículos en carreteras federales.

En el documento, enviado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, se precisa que el peaje de flujo libre permite tener más continuidad en el viaje y sin retenciones, pues se paga de manera inmediata.

En el caso de los operadores, este sistema les sirve para identificar y validar cada vehículo, evitar fugas, automatizar la gestión de los pagos, eficientar costos del proceso y ofrecer una mejor experiencia a los usuarios.

Recordó que países como Argentina, Chile y Portugal han implementado nuevos sistemas electrónicos conocidos como “free flow” o peaje sin barreras, que cuentan con un sistema de cobro que permite realizar el pago de la tarifa mediante una transferencia automática, sin la necesidad de hacer una transacción física.

Las concesionarias que operan en las carreteras tienen la obligación y responsabilidad de construir, conservar, mantener y desarrollar infraestructura, así como de brindar servicios para los usuarios, y esta tecnología posibilita realizar desplazamientos masivos que sean cada vez más cómodos, rápidos, seguros y respetuosos con el medio ambiente, concluyó.

Senadores del Grupo Parlamentario del PRI presentaron un punto de acuerdo, para pedir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los Grupos Aeroportuarios de México que evalúen la posibilidad de exentar el cobro de la Tarifa de Uso de Aeropuerto a los pasajeros que viajen desde o hacia Acapulco, durante el proceso de su reconstrucción.

El documento fue suscrito por los senadores Manuel Añorve Baños, Claudia Edith Anaya Mota, Claudia Esther Balderas Espinoza, Nancy De la Sierra Arámburo, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, Nadia Navarro Acevedo, Beatriz Paredes Rangel, Cecilia Sánchez García y Mario Zamora Gastélum.

Ante la emergencia que representó el paso del huracán Otis, los senadores explicaron que se deben encontrar medidas viables para que el puerto pueda volver a brillar, como lo hacía antes de este desastre natural.

Mencionaron que desde el 1 de enero de 2024 se actualizó la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la principal terminal aérea de nuestro país, un impuesto federal cobrado al pasajero por el uso de las instalaciones de los aeropuertos.

En México, agregaron, 70 por ciento del precio de un boleto de avión corresponde a costos que no dependen de las aerolíneas, de los cuales 42 por ciento es de TUA, 22 por ciento de combustible y el resto a otros factores.

De igual forma, explicaron que la actualización de la TUA en el AICM contempla un incremento de 3.2 por ciento en vuelos nacionales, es decir, se coloca en 28.95 dólares; mientras que, en vuelos internacionales, el incremento asciende a 54.96 dólares.

Sin embargo, ese no es el único incremento que el AICM aplicó a las aerolíneas que operan en sus terminales aéreas, sino que, incorpora ajustes en cuatro conceptos de servicios aeroportuarios: tarifa de aterrizaje, plataformas de embarque y desembarque de pasajeros, tarifa de pernocta de aeronaves y tarifas de revisión de pasajeros.

Lo que suma un incremento total de 77 por ciento en los costos operativos en el aeropuerto, que, aunque no serán pagados directamente por los usuarios, afectarán indirectamente el precio de los boletos de avión.

Por lo anterior, los legisladores argumentaron que estos aumentos repercutirán en múltiples áreas de la industria aérea y turística del país, particularmente en el puerto de Acapulco, que se resiste a morir tras el paso del huracán “Otis” y que navega contra corriente para recuperar los niveles previos a la tragedia, a pesar del poco apoyo de la Federación.

La propuesta fue inscrita en la Gaceta Parlamentaria del pasado 12 de marzo y turnada de manera directa a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y dictamen correspondiente.