Decenas de pacientes del ISSSTE en León, Guanajuato, denunciaron la venta irregular de lentes intraoculares a precios excesivos, a pesar de que estos insumos están contemplados como gratuitos en el sistema de salud pública.
De acuerdo con testimonios, el personal administrativo y médicos del Hospital Regional exigen pagos que triplican el costo comercial de los dispositivos, bajo la advertencia de que, sin el pago, la cirugía no se realizaría.
Según reportes, esta práctica ha estado en marcha desde al menos 2022 y continuaría operando como un esquema de corrupción dentro de la institución.
Medios nacionales señalaron que estas irregularidades se registraron mientras Gabriel Cortés Alcalá dirigía el hospital, aunque no se ha determinado si persisten tras su gestión.
Todo comienza cuando un paciente es diagnosticado con cataratas y es canalizado al Área de Oftalmología de la clínica. Ahí, los médicos les informan que, aunque la cirugía está cubierta por el ISSSTE, los lentes intraoculares deben ser adquiridos por su cuenta.
Sin embargo, la opción de comprarlos por fuera a mejor precio es solo una ilusión: si los pacientes no acuden a los consultorios privados de los mismos médicos del ISSSTE, las cirugías se postergan indefinidamente. “Si no compras los lentes donde ellos te dicen, te dan largas y no te operan”, relató un afectado que prefirió mantener su identidad en reserva.
Mientras en el mercado los lentes intraoculares cuestan entre 2 mil y 2 mil 500 pesos, los pacientes del ISSSTE en León deben pagar hasta 6 mil 500 pesos por el mismo producto.
En investigaciones difundidas por medios locales se detalla que a los pacientes se les exige, además, un pago adicional de 750 pesos por estudios preoperatorios que, irónicamente, se realizan en los consultorios privados de los especialistas.
“El estudio se efectúa en la Torre Médica Campestre número 3, en el consultorio 401. Ahí mismo se paga el lente”, explicó una asistente del doctor Eugenio Treviño Mendoza, coordinador de operaciones en el ISSSTE León.
Los pacientes prefieren no arriesgarse a comprar los lentes en otro lugar. “A una señora le dijeron que podía comprar el lente donde quisiera, pero le dieron el número del consultorio del médico. Ella lo compró en otro lado, y aunque era el mismo modelo, el día de la cirugía la dejaron al final y no la operaron”, contó otro afectado.
Esta práctica no solo viola los derechos de los derechohabientes, sino que también evidencia una red de complicidades que involucra desde los médicos, administrativos, al sindicato del ISSSTE hasta sus altos directivos, como Gabriel Cortés Alcalá, quien ya ha sido vinculado a otra redes de corrupción en el instituto.
Entre abril de 2023 y septiembre de 2024, durante su gestión como director del Hospital Regional, Cortés Alcalá habría beneficiado con contratos a empresas fantasmas, según consta en una denuncia presentada ante la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control del ISSSTE y la Dirección General del instituto por Martha Karina Rodríguez Lizola, actual Directora del Hospital Regional del ISSSTE en León.
En el documento se involucra a la ex Subdirectora de Atención Hospitalaria, Silvia Ibarra Sánchez, a la actual Subdirectora Administrativa Ericka Adriana Muñoz Anda, y a Ana Rosa Quiroz Ramírez, Coordinadora de Recursos Financieros, así como a Héctor Javier Tenorio Luna, Coordinador de Mantenimiento del Hospital. Todos estos funcionarios considerados personal de confianza dentro de la estructura administrativa del ISSSTE.
La última polémica de Gabriel Cortés fueron los cambios al interior la Secretaría de Salud de Guanajuato, que generaron un éxodo de médicos y funcionarios de probada eficacia en puestos clave a otros estado, lo que provocó una crisis operativa en la materia para la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.
A pesar de las denuncias, las autoridades han hecho poco para detener este tipo de abusos. Las primeras denuncias del más reciente escándalo en el ISSSTE comenzaron hace dos años, cuando se reportaron las primeras quejas, y los directivos y el sindicato solo pidieron a los médicos que fueran “más discretos” al enviar a los pacientes a sus consultorios privados.
Mientras autoridades federales y estatales permanecen indiferentes, los pacientes de cataratas no tienen más opción que someterse a este esquema de extorsión. Para muchos, pagar los sobreprecios es la única manera de recuperar la vista. Este caso no solo revela la corrupción que permea en el sistema de salud pública, sino también la impunidad que permite que estas prácticas sigan vigentes, afectando a quienes más dependen de un servicio que, por ley, debería ser gratuito y accesible.
