Mes: julio 2023

En una decisión que ha generado polémica, el subsecretario Hugo López-Gatell, actual presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, anunció la cancelación de 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM), lo que ha provocado preocupación y alerta por el “enorme” debilitamiento del sector salud.

Así lo advirtió el ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, quien señaló que esta medida podría abrir la puerta a una avalancha de litigios presentados por pacientes descontentos con la calidad de la atención médica que reciban, especialmente si consideran que la eliminación de las normas contribuyó a un tratamiento inadecuado.

El foro “Las NOMs y la ruta de la regulación en el sector salud”, organizado por la Academia Nacional de Medicina en colaboración con EL UNIVERSAL-Su Médico, el jurista asegura que el gobierno del presidente López Obrador se ha visto envuelto en una contradicción, pues, por un lado, propuso y aprobó la Ley de Infraestructura de la Calidad con el objetivo de garantizar la aplicación de normas, mientras que del otro, la eliminación es percibida como parte de un proceso “neoliberal”.

Asimismo, podría llevar a la pérdida de capacidades regulatorias del Estado en el ámbito de la salud, apuntó.

Las Normas Oficiales “no son adornitos que estén en el orden jurídico mexicano, están establecidas en una ley recientemente aprobada, derivada de un tratado internacional, y que esas normas oficiales han sido aceptadas e incluidas en el orden jurídico mexicano”, dijo Cossío.

Para Cossío esta medida podría tener el efecto de restringir las posibilidades de participación y competencias de las autoridades en el sector salud. La cancelación de las normas podría eximir a ciertos actores de responsabilidades, lo que podría resultar en un escenario incierto cuando se requiera rendir cuentas.

“Viendo lo mal que va el sector salud en el país, uno podría suponer que esas decisiones están tomando para restringir las posibilidades de participación, o las competencias, o las actividades de la autoridad en el propio sector salud, es decir, la autoridad quita normas y en consecuencia se quita obligaciones, se quita compromisos y, consecuentemente, cuando se le exijan estos compromisos y estas obligaciones, dirá que no los tiene porque no existen las normas”, señaló .

Por otro lado, German Fajardo Dolci, presidente de la Academia Nacional de Medicina, plantea la necesidad de analizar si la desaparición de las NOMs es realmente pertinente o si, en cambio, deberían actualizarse. Estas normas son consideradas como una base mínima para garantizar la seguridad y la calidad en la atención a los pacientes, y su eliminación podría generar inseguridad en los servicios de salud.

Cabe mencionar que a pesar de la importancia de este tema, representantes de la Secretaría de Salud (SSa) no asistieron al foro donde se discutió la polémica cancelación de las Normas Oficiales Mexicanas.

Durante la gestión de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entre 2021 y 2023, se ha observado un significativo incremento en las denuncias por presuntos actos de corrupción por parte de servidores públicos.

Según un informe remitido al Senado de la República, en el primer semestre del año actual, la CNDH ha atendido un total de 537 expedientes de investigación, los cuales se originaron por quejas o denuncias recibidas en el Órgano Interno de Control.

De estos casos, 45 corresponden a 2021 y 233 a 2022, mostrando una tendencia preocupante en el período.

En cuanto al estado de los expedientes, se informó que 166 de ellos fueron concluidos debido a la falta de elementos de posible responsabilidad administrativa. Por otro lado, 53 casos han sido remitidos al Área de Responsabilidades, Situación Patrimonial y Defensa Jurídica, mientras que 314 aún están en proceso de tramitación.

La CNDH ha llevado a cabo 150 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales 77 ya han concluido con diferentes resultados. En 25 casos, se logró acreditar la responsabilidad administrativa de las personas implicadas, lo que condujo a diversas sanciones.

Las sanciones impuestas en estos casos incluyen la suspensión del empleo, cargo o comisión por cinco días en un expediente, en otros 11 se aplicó una amonestación pública, y en 7 casos se determinó una inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones por un período de tres meses.

En 3 casos adicionales, se optó por la abstención de sancionar según lo establecido en el artículo 77 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

También se identificaron tres expedientes en los que múltiples personas estaban involucradas, y cada una recibió diversas sanciones.

Las fallas sancionadas incluyeron casos de nepotismo, utilización indebida de información privilegiada obtenida con motivo de sus funciones, abuso de funciones y cohecho, así como abuso de funciones y uso de información privilegiada, lo que indica una serie de prácticas corruptas presentes entre los servidores públicos.

Además de estas cifras y resultados, la CNDH sigue de cerca una denuncia presentada en 2022 por probables hechos delictivos en materia de combate a la corrupción, la cual fue interpuesta por una ex servidora pública de mando superior.

Es importante destacar que estos datos reflejan una situación preocupante en el ámbito de la corrupción durante la gestión de Rosario Piedra al frente de la CNDH, y ponen de relieve la necesidad de seguir combatiendo este problema en el servicio público.