Mes: agosto 2022

Heriberto Rojas Cruz

La minería en nuestro país representa una de las formas de saqueo más antiguas que existe, toda vez que se tiene registro que esta actividad se emplea como oficio desde hace 900 años aproximadamente, resultando en primer lugar la extracción de oro, en tiempos del imperio azteca; lo cual entre otras cosas, motivó a la Monarquía española a llevar a cabo la conquista de nuestro país. Asimismo, hay que recordar que varios estados de la república se han constituido y desarrollado gracias a la minería, como son el caso principalmente de Durango, Zacatecas y Chihuahua.

La industria minera en México se ha visto afectada en muchas ocasiones por la inestabilidad política y social del país, ya que después del periodo independentista y con la reorganización política que esto derivó, países como Estados Unidos, Alemania, Bélgica entre otros, se aprovecharon con los metales y minerales de tierras aztecas que extraían a manos llenas sin ningún tipo de limitantes; después vino la revolución mexicana, donde el desequilibrio político abrió una vez más la puerta a las empresas extranjeras para que se continuara con el saqueo de nuestras minas, pese a los reiterados intentos del Estado mexicano por impedir los abusos y  explotación de las mismas; pero no fue sino hasta 1961 que se creó la primera ley reglamentaria del artículo 27 constitucional referente a materia de minería, con la cual se intentó regular a las empresas extranjeras respecto a la extracción de minerales y metales de suelo mexicano.

Estando próximos a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México en 1992, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari expidió la nueva Ley Minera, con la cual se abría nuevamente la puerta a las empresas extranjeras para que pudieran saquear las minas de nuestro país, solo que en esta ocasión con pleno consentimiento de quienes se encontraban en el poder. Estas empresas se quedaron con más del 70% del total de las concesiones otorgadas, práctica que se intensificó con la llegada de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, periodos en los que la Secretaría de Economía otorgó más de 34 mil concesiones a empresas mineras, principalmente Canadienses y Estadounidenses, consintiendo con ello la explotación de más de 70.3 millones de hectáreas en suelo mexicano y lo peor aún, por largos períodos de tiempo, en algunos casos hasta por 50 años.

No cabe duda que la práctica de la minería resulta ser un negocio multimillonario para quienes lo ejercen, y es por eso que el saqueo de minas en nuestro país se lleva pese a cualquier circunstancia de riesgo que esto genere.

El pasado 03 de agosto la mina de carbón “El Pinabete”, ubicada en el Municipio de Sabinas, Coahuila, colapsó, dejando sin salida a 10 mineros que se encontraban laborando dentro de la misma y a 20 días de la tragedia, siguen sin poder ser rescatados desconociendo si continúan con vida, así como si cuentan con alimento o agua potable. A decir del gobierno federal, los intentos de rescate se han visto infructuosos debido a que la mina sigue llenándose de agua pese a las labores de extracción de la misma; al día de hoy según reportan, se han extraído más de medio millón de metros cúbicos de agua del interior de la mina.

Debemos recordar que no es el primer caso de este tipo de incidentes que se presenta en nuestro país; uno de los más sonados fue el ocurrido en 2006 en la mina de Pasta de Conchos, en donde 65 mineros quedaron atrapados luego de un derrumbe en la mina, de los cuales solo se pudieron rescatar los cuerpos de 2 de ellos.

Pero no debemos sorprendernos de que las tragedias y decesos de mineros ocurran, ya que las condiciones en las que quienes desempeñan este trabajo son deplorables; no cuentan con las condiciones ni herramientas necesarias para poder permanecer dentro de una mina, a decir de los propios mineros, en la mayoría de los casos sólo les dan un casco y una lámpara para trabajar, sin tomar en cuenta que los gases y diversos elementos químicos a que se encuentran expuestos provocan graves enfermedades y riesgos para la salud. Asimismo, las jornadas laborales resultan ser excesivas y los sueldos muy bajos.

Aunado a la protección integral personal de los mineros, se enfrentan a otro problema, las insuficientes medidas de seguridad dentro y fuera de las minas para prevenir accidentes; nos queda claro que las empresas no pretenden atender las problemáticas y reclamos de sus trabajadores, en lo que menos piensan es invertir en la integridad de los mineros, o en mejorar las condiciones de las personas que anualmente gracias a su trabajo les dan a ganar millones y millones de pesos, nos ha quedado claro desde hace muchos años que el mantenimiento y estabilización de pozos, túneles o áreas de trabajo no son su prioridad.

México siendo uno de los principales exportadores de plata y otros metales y minerales en el mundo y aunado a que actualmente cuenta con aproximadamente 190 mil trabajadores del sector minero, de manera increíble desde 1998 no se ha ratificado el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual  establece como prioridad al trabajador minero, que deberá contar con todas las medidas de protección para el desempeño de sus labores, así como el derecho de participar en la preparación y la aplicación de medidas de seguridad y salud relativas a los peligros y riesgos presentes en la industria minera.

También este acuerdo, obliga al Estado Mexicano a que siempre que sea posible, existan dos vías de salida desde cualquier lugar subterráneo de trabajo, cada una de ellas comunicada con una vía independiente de salida a la superficie; sin embargo, mientras no se dé la debida atención a los derechos de los mineros, los sindicatos no se pongan más estrictos a la hora de firmar los contratos colectivos de trabajo y se revisen a detalle los términos de las concesiones otorgadas a las empresas principalmente extranjeras, las tragedias seguirán llegando y con ello la muerte de más personas dedicadas a esta industria, quienes por contar con un recurso para el sostén de sus familias, aceptan los trabajos aun conociendo el riesgo que ello trae aparejado, muchos incluso, ni siquiera cuentan con las mínimas prestaciones de ley. Finalmente se esperaría que en este caso aplique el dicho de “una vez ahogado el niño, a tapar el pozo” y que en verdad se dé solución al problema.