Mes: mayo 2022

Con el objetivo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México, el senador Israel Zamora Guzmán, inauguró la Expo Empresarial “iMPULSARTE” espacio para facilitar el intercambio entre proveedores y compradores del sector legal, médico, diseño de interiores, de inversión y turístico.

El legislador del PVEM dijo que los negocios de la Ciudad de México requieren apoyo integral de autoridades locales y federales, por lo que hizo un llamado a las secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Económico de la Ciudad de México para capacitarlos de forma permanente.

“No basta con otorgarles financiamiento, requieren capacitación y formación profesional para descubrir clientes y generar nuevos contactos. Los dueños de negocios requieren brincar de pequeños a medianos y grandes empresarios”, señaló.

Durante el evento realizado en la Plaza Manuel Tolsá, en el Centro Histórico de la Ciudad de México aseguró que se busca motivar a las autoridades para que implementen programas que faciliten la vinculación entre oferentes y demandantes a largo plazo y no solo esquemas esporádicos o cortoplacistas.

El senador del Verde Ecologista destacó la relevancia que tienen las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) para el desarrollo y competitividad del país porque generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 72% del empleo formal.

Israel Zamora aseguró que la Expo Empresarial representa una oportunidad para interactuar y generar nuevos contactos. Llevar a los empresarios a los espacios públicos, dijo, sirve como una herramienta de marketing diseñada para acelerar la creación de relaciones y ventas, al vincular compradores y vendedores.

Detalló que en esta primera edición se contó con la participación de 73 expositores, de una red de 620 empresarios de diversos rubros que se han integrado al programa “Impulsarte” que encabeza el legislador desde el Senado de la República.

El senador Rafael Espino de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para otorgar a la Auditoría Superior de la Federación autonomía en el ejercicio de sus funciones y administración.

Se trata, explicó, de reformar la Constitución Política para “eliminar la subordinación y dependencia” que tiene la ASF de la Cámara de Diputados, pues es “otra institución sujeta a fiscalización y rendición de cuentas por parte de la Auditoría”.

De este modo, en el proyecto, que fue enviado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, el legislador propuso que la Cámara de Diputados sólo pueda coordinarse con la ASF, como entidad autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración, para los efectos de llevar a cabo la revisión de la Cuenta Pública.

También sugirió que el Presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, designe al titular de la Auditoría Superior de la Federación, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Espino de la Peña destacó que es fundamental que se reconozca que la Auditoría, “pese a su corta edad y limitadas capacidades presupuestarias, ha acreditado relativa eficacia en el desempeño de su actividad, adquiriendo un papel cada vez más importante en el control de la discrecionalidad de los recursos públicos federales”.

Es por ello, indicó, que su autonomía en el ejercicio de sus funciones y administración representa una condición indispensable, para garantizar que su trabajo se lleve a cabo de manera imparcial, frente a todos los Poderes de la Unión y entes que ejerzan recursos públicos.

El Sistema Nacional de Fiscalización, dijo, se debe apuntalar como un subsistema consolidado y autónomo, que funcione como eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, de tal forma que las acciones emprendidas por el Estado para prevenir y sancionar la corrupción, no se lleven a cabo de forma aislada o fragmentada, sino como un sistema integral articulado.

Es necesario, puntualizó, promover las normas que prevengan y sancionen las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, sea que éstas deriven del ejercicio indebido de los recursos públicos, o bien, del incumplimiento de responsabilidades que no se vinculan con la hacienda pública.

El Senado pidió a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad informar sobre los lineamientos, Normas Oficiales Mexicanas, planes, programas y demás disposiciones generales vigentes en materia de exploración y extracción de agua geotérmica para la generación de energía en el país.

En un dictamen que aprobó el Pleno, este órgano legislativo manifestó que una de las fuentes de abastecimiento más importantes para lograr la transición energética, son los yacimientos geotérmicos y los geotérmicos hidrotermales.

La transición energética, enfatizaron las y los senadores en el documento aprobado, debe ser un objetivo basado en la generación de energía a partir de fuentes renovables, por lo que actualmente, se aprovechan diversas fuentes como la eólica, hidráulica, solar, biomasa y geotérmica.

Ésta última, con un gran potencial a nivel mundial, en el que México tiene grandes oportunidades de generación debido a su elevada actividad tectónica.

También destacaron que actualmente en México hay cuatro proyectos en operación de energía geotérmica para el servicio público: Cerro Prieto, en Baja California; Los Azufres, en Michoacán; Los Humeros, en Puebla; y Tres Vírgenes, en Baja California Sur.

De acuerdo con el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, hay en total 14 proyectos de geotermia terminados o en licitación y 254 considerados para licitaciones futuras hasta 2027.

Además, un mapa de proyectos geotermoeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad muestra que, salvo la península de Yucatán, el resto del territorio mexicano tiene un gran potencial geotérmico por la actividad tectónica y volcánica que caracteriza al país.

Hasta febrero de 2022, solo 43,823 personas trabajadoras del hogar habían sido afiliadas al IMSS por parte de sus empleadores bajo la modalidad del “Programa Piloto para la Incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social”, iniciativa iniciada el 1 de abril de 2019. Esa cifra equivale al 1.8% de las 2,336,518 personas trabajadoras del hogar contabilizadas por el INEGI, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del IBD.

La investigación titulada “Actualidad del trabajo doméstico remunerado en México: La segunda fase del Programa Piloto para la Incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social”, elaborada por Ernesto David Orozco Rivera, detalla que la primera fase cerró con 27,640 personas trabajadoras del hogar inscritas, mientras que durante el primer mes de operación de la segunda, se registró un descenso de poco más del 5% (equivalente a cerca de 1,500 personas), para cerrar con 26,193 afiliaciones al 30 de noviembre de 2020.

Desde entonces, apunta el estudio, el Programa ha mantenido un comportamiento similar al registrado durante la primera fase, pues a excepción de febrero de 2021 se ha registrado una tendencia al alza en el número de afiliaciones, superando el umbral de 30,000 y 40,000 en marzo y octubre de 2021, respectivamente, así como un máximo histórico mes tras mes desde marzo de 2021

El documento del IBD señala que, ante este panorama, la organización no gubernamental “Nosotrxs ha presentado diversas recomendaciones para mejorar el programa, entre las que destacan: la afiliación obligatoria de las personas trabajadoras del hogar al seguro social, realizar campañas de comunicación y otorgar incentivos fiscales para las personas empleadoras.

Tomando en cuenta estas y otras recomendaciones, tras celebrar un parlamento abierto en noviembre de 2021, el pleno del Senado de la República aprobó el 16 de marzo de 2022 diversas reformas a la Ley del Seguro Social con el fin de facilitar el acceso a la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar, minuta que se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados.

La investigación concluye que aún se requieren políticas públicas para asegurar un trabajo digno y que respalden el cumplimiento de los derechos que han ido ganando.