Mes: marzo 2022

El Partido Revolucionario Demócrata (PRD) acusó que AMLO dio inicio a un camino hacia la dictadura, luego de buscar quitar atribuciones al Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Así lo acusó mediante sus redes sociales el representante del partido en el INE, Ángel Ávila, quien denunció que “Borrar de tajo los avances democráticos que hemos tenido en nuestro país, y no reconocer que el ejercicio del poder público tiene límites” es una clara muestra del rumbo democrático que el presidente busca.

El consejero del PRD indicó que la cuestión es de máxima preocupación ya que AMLO quiere controlar los procesos electorales, “cambiando a los actuales consejerxs y magristradxs debe ponernos en alerta ciudadana máxima”.

En una serie de tuits, dijo que:

“El camino a la dictadura está a la vista. Será el sistema de pesos y contrapesos que impera en nuestra Constitución, la única salida para detener esta intentona de @lopezobrador_ de querer dar un cuasi-golpe de estado, al querer controlar desde Palacio los procesos electorales”

Afirmó que confía que el Congreso de la Unión no pase la iniciativa que anunció este martes López Obrador, comentó que el INE y el TEPJF cuentan con la confianza de los ciudadanos, por ello mencionó “es nuestro deber defenderlos”.

Los gobernadores de la 4T y la jefa de gobierno de la Ciudad de México tienen tres horas para bajar de sus redes sociales decenas de publicaciones que fueron consideradas como propaganda gubernamental en plena veda electora.

Así lo determinó la Comisión de Quejas y Denuncias del INE luego de las denuncias presentadas por Movimiento Ciudadano (MC) quien denunció más de 80 tuits de material prohibido por parte de Claudia Sheinbaum y de los titulares del Ejecutivo de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Se consideró que difundieron propaganda gubernamental en tiempo prohibido, además de hacer uso indebido de recursos públicos, transgresión al principio de imparcialidad y promoción personalizada.

Esto, alertó el INE es señal de provocación y una campaña sistemática de desacato a sus deberes constitucionales.

La Comisión de Quejas declaró procedentes las medidas cautelares en por lo menos 48 tuits que exhiben propaganda indebida por incluir fotografías y transmisiones en vivo de acciones de gobierno, inauguración o supervisión de obras, así como las visitas a sus entidades del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El consejero Ciro Murayama advirtió que exhiben una campaña sistemática, pues incluso algunas de estas denuncias incluyen tuits sobre el desplegado de las y los gobernadores de la Cuarta Transformación que ya se había ordenado eliminar.

Senadores del Partido Acción Nacional presumieron una versión Lego de la llamada “Casa Gris” donde vivieron en Houston, Texas, Carolyn Adams y su esposo José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante una conferencia de prensa, Xóchitl Gálvez prometió un viaje a Houston a la persona que mejore el diseño de la llamada “casa gris”, y advirtió que “éste juguete no es para ciudadanos que trabajan duro”.

Junto a legisladores de su partido, la hidalguense comentó que este producto de grandes dimensiones (puede tener entre mil 500 a 5 mil piezas) incluye la alberca.

“Más de 25 millones de pesos. Construye y destruye tu país cuantas veces quieras. Cine privado, múltiples cuartos y muchas mentiras.

“La casa como la que tiene el hijo del Presidente no incluye el ganso, no vino, pero es gratis con la concesión de contratos en Pemex”, ironizó; además, es un “juguete hecho 100% por Morena. El BMX se vende por separado”, dice Gálvez.

José Ramón López Beltrán se apunta para comprar la casa Lego

En su cuenta de Twitter, José Ramón López Beltrán se burló de la versión Lego que presentaron los panistas.

Incluso señaló que le comprará el juguete a “Salo”, su pequeño hijo.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, cuyo objetivo es reducir el número de muertes en accidentes de tránsito, garantizando el derecho constitucional a la movilidad bajo condiciones de seguridad vial.

Con 357 votos a favor, 26 en contra y 106 abstenciones, los diputados aprobaron en lo particular y en lo general el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que reconoce el derecho a la movilidad como el derecho de toda persona a trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente, accesible, de igualdad y sostenibilidad.

La nueva ley establece la jerarquía de movilidad, dando la máxima prioridad de paso a los peatones, ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados. El tercer lugar de preferencia es para los usuarios y prestadores del servicio de transporte público, prestadores de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías, y finalmente los conductores de vehículos particulares.

A través de esta Ley, se crea el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, un mecanismo que coordinará a autoridades municipales, estatales y federal de los tres órdenes de gobierno en materia de movilidad y seguridad vial, con el objetivo de priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías, con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad.

El nuevo ordenamiento prevé establecer velocidades máximas, accesibilidad a los espacios públicos y medidas como el uso obligatorio del cinturón de seguridad, casco para motociclistas, prohibición del uso del teléfono móvil y alcoholímetro permanente en todo el país.

También determina que los vehículos nuevos que se comercialicen en el territorio nacional deberán cumplir e incorporar con los dispositivos, sistemas y estándares de seguridad basados en criterios internacionales.

Además, garantiza a las víctimas de siniestros de tránsito y sus familiares, la recepción de atención médica y psicológica de manera integral y reparación del daño.

Tras su aprobación en el pleno de San Lázaro, el dictamen por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial pasó al Senado de la República, en efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) y a su titular Verónica Hernández Giadáns tras documentar detención arbitraria, imputación indebida de hechos, así como vulneración al debido proceso y a la debida diligencia en contra de José Manuel del Río Virgen.

El organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra, señaló que el exsecretario técnico del Senado “fue aprehendido en territorio veracruzano el 22 de diciembre por un grupo de ocho personas quienes apuntaban con armas largas al vehículo y no le notificaron a tiempo el motivo de su detención, además de que lo venían vigilando desde Tuxtepec, Oaxaca, adonde había ido de paseo con su familia”.

Cabe recordar que Del Río Virgen fue vinculado a proceso por el homicidio de René Tovar candidato a alcalde de Cazones de Herrera, previo a las elecciones pasadas.

Al respecto, la CNDH señaló que el exfuncionario fue enviado a prisión bajo el argumento de que investigaciones realizadas del 19 de junio al 9 de diciembre de 2021 aportaran “nuevos elementos de prueba” en su contra por probable participación en el homicidio.

Empero, el organismo señaló que esos “elementos” no fueron más que ampliaciones de declaraciones de testigos, mismas que se rindieron el 20 de octubre de 2021, pero entre la fecha de esos testimonios y la solicitud de la orden de aprehensión, en ningún momento se citó a comparecer a José Manuel para que pudiera ejercer el derecho a una defensa adecuada dentro del Proceso Penal.

Además, hasta el 22 de diciembre, Del Río Virgen tuvo conocimientos de los delitos que se le imputaban, por lo que además de que la autoridad de justicia local no realizó una valoración objetiva de las evidencias que se alegó, “en ningún momento se desprende la participación de José Manuel del Río Virgen en la comisión de un delito, por lo que resulta en una flagrante imputación indebida de hechos”.

La CNDH señala que existen evidencias suficientes para establecer que en el caso de Del Río Virgen hubo violación al derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia por parte de la autoridad de justicia local, que supuso la integración de nuevos elementos en su contra para solicitar la privación de la libertad, pues vulneró el derecho al debido proceso y a la debida diligencia.

Finalmente, la Comisión recomendó a la FGEV y a su titular reparar el daño a José Manuel del Río Virgen y personas que presenciaron y han padecido su detención arbitraria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el día de hoy se reunirá con los gobernadores de Nuevo León, Samuel García y de Jalisco, Enrique Alfaro, para tratar el tema del agua pues aseguró que es un asunto que se debe de priorizar.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario descartó en primera instancia que se vaya a transportar agua del río Pánuco en Veracruz para abastecer de agua a Nuevo León.

“Hoy tengo reunión con el gobernador de Nuevo León y el de Jalisco y en los dos casos, el tema principal es el del agua, más en Nuevo León (…) En el caso de Nuevo León hay un plan conjunto que se ha venido aplicando, nosotros ya hemo invertido como 2 mil millones para el abasto de agua”, apuntó.

Apuntó que continuarán trabajando en conjunto con el gobierno estatal, pero no está contemplado lo del Pánuco, ya que es un proyecto que se impulsó hace años, no obstante, se canceló porque hay oposición en Veracruz, en Tamaulipas e Hidalgo.

En ese sentido aseguró que se están buscando otras opciones y reiteró que el Gobierno Federal está apoyando la presa Libertad.

“Ahí la inversión que se está destinando tiene que ver con la presa Libertad y otros proyectos. Ha habido reuniones con el director de Conagua y hoy voy a recibirlo. Hemos estado cumpliendo, vamos a atender, si se necesita con más recurso para resolver el problema del abasto del agua y también que se priorice sobre la necesidad y uso del abasto del agua, que antes que nada, que la gente tenga agua”, concluyó.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León Samuel García comunicó este martes a los medios de comunicación que tal y como lo adelantó el presidente, tendrán una reunión para hablar sobre diversos temas pero el principal es el asunto del agua.

Refirió que hay muchos proyectos siendo analizados, incluso ya los han discuto con Conagua que es la autoridad competente para que “a la brevedad” se apliquen a Nuevo León y poder a volver a gozar de agua potable.

“Hay muchos proyectos, el primero de ellos es la presa Libertad, tenemos que terminarla para que cuando haya agua de lluvia poderla captar. Tenemos proyectos muy novedosos de primer mundo como es el tratamiento terciario que es el reciclaje de toda el agua que hoy tiene la segunda ciudad más poblada que es Monterrey”, señaló.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este martes que instituciones de su gobierno hayan ocultado información clave sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014 a la comisión de expertos independientes creada para investigarla, que denuncia una “simulación” en las pesquisas.

“Se está entregando toda la información, se ha entregado, se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada”, dijo el mandatario durante su habitual rueda de prensa matutina.

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 los 43 jóvenes, normalistas de Ayotzinapa, desaparecieron en la localidad de Iguala (estado de Guerrero, sur), previo a unas manifestaciones estudiantiles.

López Obrador añadió que su gobierno está comprometido “a dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa“.

Pero el lunes, una comisión de expertos acusó a autoridades mexicanas de haber ocultado información clave sobre el caso, uno de los peores episodios de violación de derechos humanos en el país, que en su momento generó una amplia condena internacional.

Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un órgano creado en 2014 para indagar el caso, dijo que ha habido una “simulación” por parte de algunas autoridades para hacer creer que cumplen la instrucción de López Obrador de facilitar las averiguaciones.

“Hubo personas que generaron una simulación a la orden de entregar los documentos. Hoy todavía hay instituciones que no entregan” ese material, dijo al presentar el tercer informe de trabajo del GIEI.

El 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes se dirigieron a Iguala para hacerse con autobuses que querían usar en unas manifestaciones.

Según la llamada “verdad histórica” que planteó el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes del Cártel Guerreros Unidos al ser confundidos con integrantes de una banda enemiga.

Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con esa tesis, rechazada por familiares de las víctimas, el gobierno de López Obrador, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El GIEI dijo también que miembros de la Marina participaron en la manipulación de pruebas durante las primeras investigaciones del caso en el basurero de Cocula.

En respuesta, López Obrador agregó que se investigará a los líderes de la Marina que participaron en ese operativo.

“Se dio la instrucción de que investigara a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la fiscalía todos los que participaron”, señaló.