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Con la finalidad de fomentar el valor, preservación y cuidado de la naturaleza, así como el aprendizaje en la subsistencia nutritiva y el cultivo de alimentos, el senador Alejandro González Yáñez propuso crear huertos escolares.

El legislador del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para reformar el artículo 30 de la Ley General de Educación, a fin de reforzar la enseñanza ambiental sostenible y asequible en el país, a través de huertos escolares.

González Yáñez manifestó que a medida que crece la preocupación por el daño ambiental y se incrementan los problemas de salud relacionados con la alimentación y la nutrición, el Estado tiene que encontrar soluciones a estos problemas.

La educación, la alimentación y el cuidado del medio ambiente, asentó, son ejes medulares para mejorar la calidad de vida, tal como lo especifica la Agenda 2030.

En el proyecto, que fue turnado a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, el senador destacó que los huertos escolares son esenciales para la promoción de la alimentación, la educación nutricional y el fomento de técnicas de subsistencia.

Incluso, agregó, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estableció que su principal objetivo es que las y los estudiantes aprendan sobre la siembra, cultivo y consumo de frutas, verduras, hortalizas y hierbas de olor.

Además, estás estrategias permitirían a los alumnos desarrollar capacidades agrícolas, que generen espacios de integración y convivencia entre la comunidad, y permitan mejorar los hábitos alimenticios de la población infantil, así como disminuir costos del servicio de comida en las escuelas beneficiadas.

González Yáñez asentó que actualmente ya hay algunos huertos escolares en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán, donde se cultiva jitomate, lechuga, brócoli, rábano, cilantro, chile, frijol, maíz y cebada.

Por lo que, subrayó, varios proyectos de esta naturaleza han influido en los huertos familiares, dando como resultado que no sólo niñas y niños aprendan sobre la agricultura, sino que las familias también lo hagan y que tengan una mejor alimentación.

El “cobro de piso” a productores agrícolas en Guerrero y Michoacán, por parte de grupos criminales, ha generado un incremento exacerbado en el precio del aguacate y el limón desde finales de 2021, situación que se agudizó en lo que va de este año, advirtió el senador Ricardo Velázquez Meza.

El legislador de Morena presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Guardia Nacional que, en un plazo no mayor a 15 días, informe al Senado los alcances de la estrategia para proteger a los productores limoneros y aguacateros del país.

Velázquez Meza dijo que los extorsionadores no sólo cobran cuotas en cada etapa de la siembra, sino que también imponen el precio de los productos “cantando” los montos a productores, cortadores, empacadores y transportistas.

Con esas advertencias, agregó, los campesinos no pueden bajar los precios, en parte por miedo a las represalias de los delincuentes, así como por la necesidad de obtener ganancias de sus cosechas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en diciembre de 2021 el limón registró un alza de 46.11 por ciento con respecto al mes previo y, en la valoración quincenal, subió 38.84 por ciento; en el caso de las papas y tubérculos el aumento asciende a 11.62 por ciento.

Esos cobros ilegales, agregó, hacen variar en demasía y de manera arbitraria los precios de los productos del campo, como en el caso del limón, que a principios de 2022 se vendía a 80 pesos y para mediados de enero, los supermercados lo ofertaron en 120 pesos.

Ricardo Velázquez advirtió que los productores aguacateros de los municipios de Tancítaro, Uruapan, Peribán, Los Reyes, Salvador Escalante, Tacámbaro, Ario de Rosales y Nuevo Parangaricutiro, también sufren extorsiones.

Dicha situación, expuso, derivó en el aumento de 230 por ciento de este producto de diciembre de 2021 a enero del presente año y, en consecuencia, se estima que el precio de este fruto pasó de 40 a 132 pesos, aproximadamente.

La exigencia de cuotas por parte del crimen organizado, en cada etapa del producto, ha provocado el abandono de parcelas, pues los montos que exigen los delincuentes van desde 500 hasta ocho mil pesos, dependiendo de la cantidad de la cosecha, subrayó.

El aumento de las extorsiones, a inicios del año, en contra de estos productores se debe a que la exportación hacia Estados Unidos también incrementa por la alta demanda derivada del evento deportivo del Super Bowl, que se celebra en el mes de febrero.

Sin embargo, afecta la imagen del agro mexicano y agrava el desabasto alimenticio nacional, concluyó el legislador en el punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública.

En la sesión del pasado 2 de febrero, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto para eliminar las desventajas que tienen las mujeres, que habitan en medio rural, sobre los derechos agrarios, así como para asegurar su patrimonio y el de sus familias.

Se trata de una reforma a los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, que fue aprobada con 95 votos y que incorpora el término “hijas” para referirse a quienes, además de los hijos, se puede elegir para suceder derechos ejidales.

De esta manera, el ejidatario podrá designar al cónyuge, concubina o concubinario, a una de sus hijas o unos de sus hijos, para sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario.

Con ello, las y los legisladores pretenden reconocer los derechos de las mujeres como sujetos agrarios, en igualdad de condiciones que el género opuesto, abonar al proyecto de nación en materia de equidad y género, y avanzar en el cumplimiento de los tratados internacionales que buscan un equilibrio entre hombres y mujeres.

Al presentar el proyecto, que fue enviado al Ejecutivo Federal, el senador Ángel García Yáñez, presidente de la Comisión de Reforma Agraria, señaló que la redacción de los artículos vigentes genera discriminación, pues dan a entender que sólo el hombre cuenta con ese derecho.

El senador Ovidio Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario de Morena, destacó que actualmente las mujeres están limitadas en su certeza jurídica, sin posibilidad de asegurar su patrimonio y el de sus familias.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN, destacó la urgencia de contar con políticas públicas para el reconocimiento de las mujeres a la titularidad sobre la tierra y para su acceso a recursos en beneficio de sus familias.

Adicionalmente, la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum aseguró que esta reforma registra, de manera clara y concreta, el papel relevante de las mujeres en la vida agraria y en el desarrollo de sus comunidades.

A 15 años de que se prohibió cualquier actividad que afecte el flujo hídrico de los manglares, el Partido Verde en el Senado de la República exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a realizar mesas de trabajo virtuales, como espacios de diálogo y cooperación para generar acciones que aseguren la continuidad hídrica en los Humedales y el equilibrio natural de estos ecosistemas.

“Recordemos que los manglares al ser filtros naturales, ayudan a mantener la calidad del agua, por ello, cuando se dañan o pierden, ya no retienen contaminantes, nutrientes, y el líquido no se purifica”, mencionaron los ecologistas.

Ejemplificaron que como ya lo ha mencionado el responsable del Laboratorio de Restauración Ambiental, del Instituto de Ecología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, “Si urbanizamos o deforestamos una cuenca en donde se recarga un acuífero que alimenta un humedal, se reduce la cantidad de agua disponible. En Morelia, el humedal de Mintzita aporta 40 por ciento del agua de la ciudad; no obstante, aún continúa su destrucción”.

“Estamos comprometidos con el continuo trabajo que permita seguir cumpliendo los objetivos de mantener, cuidar y preservar los humedales a través de políticas que coadyuven en la sustentabilidad del medio ambiente. Este 2022 se cumplen 15 años de la prohibición de cualquier actividad que afecte el flujo hídrico del manglar, establecido en el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, lo cual nos compromete a analizar, los alcances y logros de esta reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de febrero de 2007, declararon.

Es por ello que exhortaron a la SEMARNAT junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión del Agua para que lleven a cabo mesas de diálogo con las 32 entidades federativas, las cuales cuentan con humedales en sus territorios para generar acciones a favor estos espacios naturales.

De acuerdo con especialistas, en México, los estados con mayor superficie de humedales son Campeche, (26 %); Tabasco (16 %); y Chiapas y Veracruz, (9 % cada uno). Los que están en mayor riesgo son los de la zona norte, por ser los más raros: están en zonas áridas o semiáridas, como Cuatro Ciénegas, Coahuila; pero también corren peligro muchos ubicados en las costas.