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FILANTROPÍA/ Impacto social de las organizaciones civiles

Por Felipe Vega, Fundador de CECANI, empresa de divulgación de las organizaciones no gubernamentales y sociedades sin fines de lucro.
La mayoría de los seres humanos en algún momento de nuestras vidas hemos querido aportar a una o varias causas sociales, pero, verdaderamente sabemos lo que conlleva realizar una organización civil legalmente constituida y el impacto social que esta causa.
Actualmente en México se mantienen 80 mil asociaciones civiles registradas de acuerdo con INEGI 40 mil de ellas cuentan con clave única de inscripción (CLUNI) y solo 10 mil son donatarias autorizadas, las cuales se encuentran verificadas en el anexo 14 del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Las principales acciones de la Sociedad Civil Organizada son ayudar a que la democracia funcione, apoyar a los grupos vulnerables o grupos de la población, no empresas ni gobiernos. También ayudan a cumplir con las promesas de gobierno, evitar el abuso de poder, promover los valores cívicos y sociales y, en sí, hacer de este mundo uno mucho mejor.
Ahora, una Organización No Gubernamental puede ser una donataria autorizada, que implica múltiples beneficios como tributar para efectos fiscales como personas morales con fines no lucrativos, la posibilidad de recibir donativos sin límite, ya sea en efectivo o en especie, de residentes en el país o en el extranjero y aplicar a convocatorias nacionales e internacionales para la obtención de recursos mediante proyectos sociales
Sin embargo, siempre deben expedir los comprobantes respectivos, llevar el correcto proceso de constitución y considerar que las donaciones son deducibles del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya que no se genera utilidad.
Las personas morales que apoyan a la donataria pueden deducir los donativos hasta por el 7% de la utilidad fiscal.
Una de las formas más eficientes para generar la sustentabilidad de las asociaciones es contar con un departamento de procuración, que tenga la capacidad para diseñar y ejecutar diversas estrategias.
En este tipo de organizaciones la profesionalización es crucial para lograr apoyos reales y sustanciales a las causas sociales previstas, transparentar los procesos y asegurar una recaudación que permita la sustentabilidad.
Existen tres áreas fundamentales de profesionalización:
Formación académica en marketing social, publicidad o comunicación. Muchas ONGs tienen un área de acción social. Es decir, tratar de difundir su causa y conseguir personas que la compartan. Su capacidad de influencia incide directamente en los procesos de captación de fondos. Los perfiles profesionales muy orientados a la comunicación son necesarios. Muchas de las organizaciones del tercer sector que conocemos tienen una figura que se encarga de la visibilidad en el exterior y otra que esta más centrada e la gestión de proyectos.
Formación relacionada con el sector de trabajo de la ONG. Así pues, la visión, valores y objetivos de la ONG determinarán el tipo de perfiles profesionales que busquen. No obstante, los perfiles más buscados son los de graduados en Biología, Derecho, Veterinaria, Medicina, Educación Primaria, Trabajo Social o Relaciones Internacionales.
Formación similar a la de otros sectores. Al igual que muchas otras organizaciones los profesionales de las ONGs necesitan manejarse con un Excel, hablar idiomas, tener competencias de gestión de equipos, gestionar proyectos, gestionar su tiempo o trabajar previniendo riesgos laborales. Es decir, necesitan estar formados en todo aquello que tiene que ver hoy en día con el ámbito del trabajo cotidiano.

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Economía

GOBIERNO DE CALIDAD/ Los mejores países del mundo

Por Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista y director general de Gobierno de Calidad, consultoría de políticas públicas
Suiza vuelve a encabezar la lista de los mejores países en el ranqueo de News and World Report para 2023. Es la sexta vez que la nación centroeuropea ocupa el primer lugar en los ocho años que tiene de existencia esta lista comparativa.
David Reibstein, profesor de marketing de Wharton quien ayudó a crear las clasificaciones, asegura que las naciones que encabezan los primeros diez sitios de los mejores países del mundo son económicamente estables, tienen una gran educación y es uno de los principales países en los que la gente dice que le gustaría vivir.
Canadá ocupa un segundo lugar, subiendo desde el tercer lugar el año pasado. Suecia, Australia y Estados Unidos completan los cinco primeros, respectivamente. A pesar de sus altas calificaciones, es difícil vencer a Suiza, que también obtuvo puntajes perfectos por estar «abierta para los negocios» y ofrecer «una jubilación cómoda».
La lista de 2023 mide las percepciones sobre 87 naciones elegidas porque contribuyen más al PIB mundial. Se pidió a más de 17,000 personas en todo el mundo que evaluaran a los países en función de 73 atributos que van desde la estabilidad política hasta la equidad racial y la conciencia de la salud. Un tercio de los encuestados eran líderes empresariales, un tercio eran personas con educación universitaria que eran de clase media o superior y un tercio eran de la población general.
Más que una trivialidad interesante, la lista se convierte en una especie de competencia para muchos países porque se basa en el análisis de datos científicos. Incluso, con frecuencia es contactado por representantes de países que preguntan qué pueden hacer sus naciones para mejorar su rango general.
Estados Unidos cayó del cuarto al quinto lugar este año y está rondando el mismo lugar desde que comenzó la clasificación en 2016. La excepción fue su punto más bajo del octavo lugar en 2018. Se atribuyó esa caída por la polémica elección presidencial de Donald Trump, que cambió las percepciones globales sobre Estados Unidos.
Este año, Estados Unidos alcanzó las calificaciones más altas en agilidad, espíritu empresarial y poder, pero ocupó el puesto 23 para la calidad de vida y un sorprendentemente bajo 59 sitio en su apertura a los negocios.
A Canadá le fue mucho mejor en esas subclasificaciones y logró un puntaje general de 99.3, que está muy cerca del perfecto 100 de Suiza.
Existen dos naciones europeas que luchan por escalar en la lista: el Reino Unido y Francia.
El Reino Unido ocupó el tercer lugar cuando se estrenó la lista y disminuye constantemente. Es el número 9 este año. La causa probable es la agitación en torno al Brexit y el liderazgo político. El país está en su cuarto primer ministro, Rishi Sunak, en ocho años.
Francia cayó del top 10 por primera vez. Aterrizó este año en el No. 12, detrás de Noruega. Parte de eso se debe a todos los conflictos políticos que ocurren en el país y los actos terroristas que ahí se escenificaron.
Alemania, que era el número 1 cuando se estrenó el ranking rebota alrededor del top 10 desde entonces. Parte de eso fue cambiar el liderazgo, parte es recibir inmigrantes. Están en este momento en el número 7, que es el más bajo en los ocho años del estudio.
China cayó del número 17 el año pasado al número 20 este año, pero ocupó el segundo lugar detrás de Estados Unidos en el poder, un reflejo de su fuerte influencia política y económica en el mundo.
En el Top 10 está en primer lugar Suiza seguida de Canadá, Suecia, Australia, Estados Unidos, Japón, Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos.

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CONSULTORÍA EMPRESARIAL/ La “moda” de los capitalistas de riesgo

Por Julio César Briseño Cruz, CEO de Cénit, consultoría empresarial y banca de desarrollo
El capital de riesgo es una asignatura que gana interés día tras día, no sólo en el ámbito académico sino en la práctica profesional. De alguna manera, los inversores se convierten en los nuevos héroes de la narrativa social.
¿Qué es verdad en esta peligrosa profesión, cuáles son las conductas estandarizadas que se siguen y que falacias imperan en esta actividad?
En general, los inversores miran al equipo, el mercado y la tecnología. El problema serán los puntos de enfoque. Para evaluar las inversiones se emplea el método de las cuatro P. Esto implica fijarse en personas, problema, progreso y precio.
En las personas, por ejemplo, se analiza si el equipo tiene experiencia en el dominio, habilidades complementarias y capacidades especiales o sobresalientes.
En cuanto al problema se determina si la starup va tras un gran mercado, si se especializará en un nicho y si resulta atractivo el panorama competitivo.
El progreso identifica grado de avance y un modelo de adquisición de clientes repetible, mientras el precio implica evaluar si son justos los términos del acuerdo.
Ahora, el mayor error que cometen los fundadores es que pueden rehuir lo que perciben como temas difíciles, como ingresar a un panorama competitivo. En lugar de esto resulta más conveniente explicar las posibles soluciones y los puntos positivos de la gran competencia, que podría ser un gran mercado potencial, por ejemplo.
Ahora, es realmente importante para los fundadores, y especialmente para aquellos que no conocen a un montón de inversores de startups, ser específicos al pedir ayuda y facilitar que las personas ayuden. El cliché de “vamos a tomar un café” no funciona. Conviene ser muy específicos y puntuales: ¿me puedes presentar a X ó Y que está en tus redes sociales para plantearle una inversión que puede reportarle beneficios en el corto plazo?
Navegar en “linkedín” puede ser una buena opción para prospectar y encontrar posibles inversionistas de riesgo.
A éstos, lo que les interesa es cómo será el abordaje de mercado y cuáles son los planes de expansión, más que la novedad de un producto o servicio en un mercado acotado o la genialidad que podrá representar una solución disruptiva. Después de todo, lo importante es recuperar las inversiones y asegurar ganancias.
Los inversionistas de riesgo, vale remarcarlo, son empresarios, no cazadores de talentos y su misión no es encontrar genios potenciales o ideas fuera de serie, sino soluciones capaces de escalar en el mercado y multiplicar las inversiones.

 

 

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Economía

SEGURIDAD INTEGRAL/ Capacitación contra la violencia

Por Arturo Ortíz, CEO del grupo CIPI Protección, empresa de capacitación en seguridad
La principal preocupación de los habitantes de Latinoamérica, por encima incluso de la pobreza y el desempleo, es la inseguridad y violencia. A través de estos fenómenos ven peligrar la integridad física de ellos y sus familias. A la par, son condiciones que pulverizan su patrimonio.
El ascenso de crímenes económicos y de alto impacto social es multifactorial. Sin embargo, juega un rol primordial un alto nivel de impunidad. Simplemente, en la desaparición de personas en México, por ejemplo, es del 99% según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Hay quienes atribuye el aumento delincuencial a la rápida y desordenada urbanización, los niveles de pobreza, la desigualdad, el desarrollo del crimen organizado y el acceso a las armas de fuego.
Asimismo, la criminalidad tiene impactos significativos en los costos directos de tipo médico legal, policial, penitenciario, correccional y de seguridad privada. A la par, los costos indirectos del crimen se ven reflejados en la pérdida de ganancias y vida, baja en el capital humano, productividad, menor inversión y costos psicológicos entre muchos otros.
Simplemente, la pérdida de productividad asociada a la violencia, en la región alcanza el 0.74% del Producto Interno Bruto según distintos estudios.
La violencia presenta un trazo ascendente. El uso deliberado de la fuerza física o el poder para causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación de la libertad es multifactorial. Presenta diversa naturaleza, motivación, ámbito y víctimas. Conocer tales factores es crucial para prevenirla.
Para combatir la violencia y delincuencia puede optarse por medidas represivas o un enfoque preventivo. En el primero se opta por el control del Estado y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. La opción preventiva, en cambio, establece los límites de las instituciones de seguridad y el papel que puede y debe jugar la ciudadanía.
En general la represión es reactiva, resulta más onerosa y menos efectiva que la prevención mientras el involucramiento de la ciudadanía implica el romper el paradigma de la seguridad pública para transitar al de seguridad ciudadana donde se asume una corresponsabilidad social para minimizar la violencia y actos delictivos.
El enfoque preventivo, que implica mayor participación ciudadana, requiere capacitarnos para comprender la violencia familiar y juvenil, establecer un diagnóstico, diseñar estrategias, monitorear y evaluar y permitir que los participantes que se capacitan en estos temas puedan diseñar y presentar estrategias.
No se trata, en suma, de abandonar el rol de proactividad social y dejarlo todo a manos de un Estados represor, sino de involucrarse en soluciones de problemáticas comunes y aportar desde la capacitación y el conocimiento.

 

 

 

 

 

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Nacional Nacionales Portada

CONTEXTOS/ Anteproyectos de investigación

Por Teófilo Benítez Granados, Rector del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC)

En este momento, diversos personajes de la vida pública enfrentan controversias por supuestos plagios para obtener sus títulos de licenciatura, maestrías y doctorados. Independientemente de que se esgrima falta de probidad y ética, en el fondo se evidencia el desconocimiento de los anteproyectos de investigación.

Éste debe contener un tema y el objeto de estudio debe tener una delimitación temporal y espacial.

En el planteamiento del problema deben enunciarse los antecedentes del problema de investigación, el problema de investigación en sí, la justificación y objetivos generales y específicos así como la hipótesis con sus respectivas variables, dependientes e independientes, y la pregunta general de investigación.

Posteriormente aparece el diseño de investigación que contempla el diseño experimental y no experimental y que debe poseer un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. En este apartado debe describirse la investigación de campo y una descripción detallada de la investigación.

Posteriormente un capitulado tentativo, la bibliografía inicial y el cronograma de las actividades.

La rigurosidad científica planteada en un anteproyecto, es una herramienta de organización para ser objetivos, disciplinados y concretos.

Los productos de la investigación, mostrados en artículos y libros, se espera que tengan un impacto relevante. Desde ese punto se parte para la participación y organización de coloquios, mesas redondas, conferencias y foros de difusión donde se confronten y discutan los resultados obtenidos.

Ahora, la educación en todos los niveles tiene como principal objetivo la preparación del individuo, misma que está orientada a su desarrollo como persona y como integrante de una sociedad. Por tanto, lo ideal sería proporcionarle los elementos necesarios para ello.

Vale mencionar que el objetivo de una investigación es estimular la vitalidad y creatividad de los grupos científicos, propiciar su integración a grupos de investigación para enriquecer la superación académica y, principalmente, procurar la participación de los estudiantes.

Al fortalecer el quehacer científico y docente de alto nivel, se apoya a la sociedad en general y se robustece a las instituciones de educación superior.

Asimismo, es ampliamente reconocido el hecho de que la mejora educativa y la mayor inversión económica en investigación fomentarían en México la acumulación de capital humano y reduciría el grado de desigualdad en los ingresos.

Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se que la amplia brecha del PIB per cápita en México en relación con la mitad superior de la OCDE se debe a un bajo nivel y una baja tasa de crecimiento de la productividad laboral. Una prioridad para México es aumentar el logro educativo y, en este contexto, la investigación resulta esencial.

 

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Diputada priista Sue Ellen Bernal busca que impuestos de comida chatarra, alcohol y tabaco se destinen a salud

La diputada federal Sue Ellen Bernal presentó una iniciativa para que la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por conceptos de bebidas alcohólicas, tabaco y de alimentos con alta densidad calórica, se destine al gasto en salud pública.

Desde Tribuna, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI explicó que con la aprobación de esta propuesta se puede garantizar que estos recursos se usen para la prevención y atención de enfermedades crónicas como obesidad, tabaquismo y alcoholismo.

Criticó que actualmente, el sistema de salud mexicano enfrente la falta de acceso a servicios de salud, el incremento de enfermedades crónicas y la falta de presupuesto asignado a este importante rubro.

La legisladora priista expuso que su planteamiento también se da, debido a que únicamente se destina menos de la mitad del seis por ciento del PIB, a la salud de las y los mexicanos, un porcentaje muy por debajo de la inversión que hacen países vecinos.

“El gasto público en salud representa una mínima parte del presupuesto que se ejerce y esto se traduce en un sistema de salud insuficiente para atender las necesidades de la población”, reprochó.

En ese sentido, expuso que en México el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se ha aplicado a productos que se consideran perjudiciales para la salud, con el objetivo de desincentivar su consumo.

Sin embargo, el destino específico de los recursos obtenidos por este impuesto no se encuentra determinado en la ley.

Por ello, reiteró la necesidad de garantizar una aplicación efectiva y transparente de estos recursos y, sobre todo, destinarlos para atender causas que beneficien a los mexicanos.

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Diputada del PT propone prohibir a autoridades estatales y municipales decreten toques de queda

La diputada Margarita García García propuso reformar el artículo 29 de la Carta Magna, para prohibir a cualquier autoridad de la federación, entidad federativa, municipal o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México decrete toque de queda, debido a que esta figura no está reconocida en la ley y, por lo tanto, su implementación resulta inconstitucional.

La integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) recordó que durante los primeros meses de la emergencia sanitaria derivada por la Covid-19, algunos gobiernos municipales decretaron toques de queda, en ciertos casos con pleno desconocimiento de la ley, pero en otras situaciones con un franco abuso de autoridad.

“Debemos recordar que desde los inicios de la contingencia sanitaria, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue claro en que su gobierno no llevaría a cabo ninguna medida que implicara una restricción a los derechos de las personas; no obstante, algunos gobiernos estatales y municipales decretaron medidas que constituyen claras limitaciones a los derechos de las personas”, resaltó.

La parlamentaria por Oaxaca agregó que los toques de queda se han implementado a consecuencia de la contingencia sanitaria y, también, en situaciones de violencia e inseguridad que, a pesar de su gravedad, resultan insuficientes como argumento para convalidar la limitación de derechos de las personas.

Detalló que ante estas medidas adoptadas por gobiernos estatales y municipales se debe ser claro y suscribir en la Carta Magna que los toques de queda son inconstitucionales.

“La presente iniciativa propone establecer, mediante la adición de un sexto párrafo al artículo 29, la prohibición expresa de los toques de queda o de cualquier otra figura análoga que implique suspensión o restricción de derechos en contravención a la propia Constitución”, abundó.

Finalmente, la petista señaló que en la modificación también se incluye que cualquier autoridad de la federación, las entidades federativas, los municipios o las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que decrete un toque de queda, será sujeta a las sanciones que determina el título cuarto de la propia Constitución.

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Buscan que prestadores de servicios turísticos tengan personal de primeros auxilios en sus instalaciones

Con el propósito de que los prestadores de servicios turísticos dispongan de personal capacitado en primeros auxilios y atención médica en sus instalaciones, el diputado Francisco Favela Peñuñuri (PT) presentó una iniciativa que adiciona una fracción al artículo 58 de la Ley General de Turismo.

La propuesta adiciona la fracción XII a dicho precepto para establecer que es obligación de los prestadores de servicios turísticos “disponer de personal capacitado en primeros auxilios y atención médica en las instalaciones o realizar algún convenio con una institución médica para actuar y manejar una situación de emergencia”.

En su fundamentación, señala que generalmente cuando se habla de seguridad turística la referencia son los cuerpos policiales que protegen a los ciudadanos de algún accidente o altercado; sin embargo, ésta va más allá, ya que también contempla aspectos como la seguridad médica al visitante durante su estancia.

Subraya que diariamente miles de turistas están expuestos a situaciones que pueden afectar su salud y por ello se necesita promover una cultura de atención y prevención dentro de las instalaciones turísticas, la cual representa grandes beneficios, como el ahorro financiero.

La iniciativa de Favela Peñuñuri, turnada a la Comisión de Turismo para dictamen, precisa que los primeros auxilios se pueden aplicar en muchas circunstancias, como desmayos, fracturas, mordeduras o picaduras de insectos, choques y quemaduras de sol, entre otras.

Resalta que para nuestro país la actividad turística se ha consolidado como uno de los principales motores de crecimiento económico y generación de empleos, ya que de acuerdo con los “Resultados de la Actividad Turística junio 2023”, de enero a junio de este año llegaron a México 20 millones 98 mil turistas internacionales, de los cuales se obtuvieron ingresos por 15 mil 577 millones de dólares.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi reveló que, al segundo trimestre de 2023, la población ocupada en el sector turismo ascendió a 4 millones 713 mil personas.

Además, en ese mismo periodo hubo un incremento de 34 mil 763 personas empleadas en la parte de bienes y servicios turísticos, lo que representó el 8.9 por ciento de los espacios laborales a nivel nacional.

De acuerdo con los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística del Inegi, en el primer trimestre de este 2023 el Producto Interno Bruto Turístico representó el 8.4 por ciento, lo que convirtió a esta actividad como una de las principales fuentes de ingreso.

“Con base en ello, como país tenemos una importante responsabilidad para que la estancia y la seguridad de los turistas sea placentera, por lo que es necesario fortalecer la infraestructura y mejorar los servicios brindados a los turistas”, concluye Favela Peñuñuri.

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Marcela Guerra Castillo llamó a iniciar el debate para robustecer a los organismos constitucionales autónomos

Tenemos que fortalecer el impulso que los organismos autónomos han dado a nuestra vida republicana y democrática, por lo que debemos iniciar el debate para descubrir vías que robustezcan su vida institucional, garantizar su solvencia y ponerlos a salvo de vaivenes y apetitos de la coyuntura política que amenazan con debilitarlos, afirmó Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Es nuestra obligación analizar si conviene una legislación que aborde las pautas de su independencia, autogestión, autonomía de operación, jerarquía, inviolabilidad, solvencia presupuestaria, mecanismos de control, fiscalización, así como su relación con el Congreso”.

Guerra Castillo subrayó que no continuar con las reformas que demanda el régimen republicano, podría llevar a caer en los problemas propios de los países que han visto cómo se deterioran sus instituciones.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acentuó que los organismos constitucionales autónomos ofrecen una mejor arquitectura constitucional, contribuyen a una gobernabilidad más eficiente, plena y abierta, porque han generado la actualización del presidencialismo para favorecer una relación más adecuada entre la autoridad y la sociedad, con un ejercicio más transparente de la administración pública.

“La estabilidad monetaria responde a la autonomía del Banco de México; la credibilidad en nuestras elecciones al INE y la transparencia y rendición de cuentas al INAI, ahí está la importancia de fortificar a los organismos autónomos, para continuar elevando la calidad de nuestra democracia”.

En ese sentido, señaló que es positivo que, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pueda ejercer sus atribuciones y competencias constitucionales, para resolver los miles de asuntos que tiene pendientes.

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Piden que proveedores de Internet estén obligados a atender mandamientos judiciales o administrativos

Con el objetivo de incluir a los prestadores de servicios de Internet entre los sujetos obligados a atender mandamientos judiciales o administrativos, el diputado Javier López Casarín (PVEM), presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Plantea modificar el artículo 189 a fin de señalar que “los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones, contenidos y prestadores de servicios de Internet, están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes’”.

También propone agregar el párrafo ll Bis al Artículo 190 de dicha ley, “para establecer a los a proveedores de servicios de Internet la obligación de conservar un registro y control de las comunicaciones que se realicen a través de cualquier tipo de línea. Éstos deberán conservarse durante 12 meses en sistemas que permitan su consulta en tiempo real, por parte de las autoridades competentes. Después de ese plazo, los datos podrán resguardarse en sistemas de almacenamiento electrónico durante 12 meses.  En este caso, los proveedores tendrán hasta 48 horas para proporcionar la información solicitada, a partir de su notificación”.

El proyecto indica que, además de detallar el tipo de datos que se requieren, se pide garantizar su conservación, cuidado, no manipulación ni acceso ilícito, así como apegarse a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Destaca que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contiene diversos preceptos prescriptivos en materia de seguridad y justicia, pero no contempla entre los sujetos obligados, a los prestadores de servicios de acceso a Internet, lo cual, indica el documento, problematiza el flujo de información que se les requiere por parte de las autoridades competentes.

Con esta reforma, añade, se busca subsanar ese vacío y coadyuvar con las autoridades competentes en el combate a los delitos que se realizan a través de las plataformas digitales, o aquellos que aprovechan la Internet para engañar y atentar contra la integridad de las personas.

Concluye que los ciberdelincuentes “intentan apropiarse del ciberespacio para instaurar nuevas modalidades de cometer conductas delictivas, por lo que se requiere regular los deberes de los prestadores del servicio de acceso de Internet, en materia de procuración de justicia y seguridad pública”.