La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, refrendó la importancia del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), que ha permitido un intenso comercio, lo cual ha llevado al desarrollo e integración de cadenas de valor productivo.

Este instrumento, considerado uno de los más modernos del mundo debido a su integralidad y profundidad, debe seguirse revisando, como recientemente pasó al incluirse la materia de comercio electrónico o e-commerce, reglas de origen y patentes, para que en un futuro próximo siga desarrollando todo su potencial.

La presidenta de la Cámara de Diputados destacó la necesidad de fomentar mayor inversión en la frontera común, para convertirla en una zona segura, eficiente y moderna.

En el caso específico de la relocalización industrial, llamó a aprovechar el momento histórico; “se necesita más y mejor infraestructura, así como energía suficiente y adecuada para recibir la inversión extranjera directa”, reconoció la diputada Marcela Guerra.

“Nuestras naciones tienen aciertos de cooperación e intereses, pero también numerosos desafíos como el cambio climático, la falta de desarrollo en algunas regiones, el trasiego de drogas, el tráfico de armas, la seguridad y la migración. Para atenderlos es indispensable seguir fortaleciendo el diálogo político e institucional, para construir una estrategia de responsabilidad y prosperidad compartida”, dijo la diputada Guerra.

“En ese sentido, ante el problema del fentanilo, debemos trabajar en conjunto y hacer grandes esfuerzos para que esa nueva droga no dañe a nuestras sociedades”.

Sobre la migración, refrendó que ésta debe ser segura, ordenada y regular sobre la base del respeto pleno a los derechos humanos y aprovecharse como un motor de desarrollo.

Guerra Castillo indicó que desde “la Cámara de Diputados podemos incidir, por medio de la diplomacia parlamentaria, dentro de la política interna, para discutir los problemas de vital importancia, sobre todo cuando se trata de nuestro principal socio y vecino”.

El diputado Jesús Alberto Velázquez Flores (PRD) propone reformar el artículo 23 de la Ley General de Cambio Climático, a fin de incluir el principio de paridad de género en la convocatoria pública que se realice para la designación de las y los consejeros de la Coordinación de Evaluación, instancia encargada de valorar la Política Nacional en materia de Cambio Climático.

La iniciativa busca establecer que las y los consejeros serán designados por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a través de una convocatoria pública que deberá realizar el titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) “respetando siempre el principio de paridad de género”.

La ley señala que la Coordinación de Evaluación se integra por el titular del INECC y seis consejeros sociales, representantes de la comunidad científica, académica, técnica e industrial, con amplia experiencia en materia de medio ambiente, particularmente en temas relacionados con el cambio climático, mismos que durarán cuatro años en el cargo y sólo podrán ser reelectos por un periodo.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad para dictamen, y a de Igualdad de Género para opinión, indica que la paridad de género es un principio constitucional que se refiere a la participación equilibrada, justa y legal, que asegura que al igual que los hombres las mujeres tengan una participación y representación igualitaria en los puestos de poder y de toma de decisiones en las esferas de la vida política, económica y social.

Estos avances respecto a los derechos y representatividad de las mujeres vieron su origen hace casi 70 años en México, y son el resultado de la lucha de las organizaciones feministas, un camino largo lleno de dificultades y luchas que van desde lograr que se les reconociera el derecho a votar y ser votadas por primera vez en 1955, hasta el principio de paridad en el registro de candidaturas con la reforma constitucional de 2014.

Refiere que en junio de 2019, como resultado de las luchas de las mujeres y el compromiso de la primera legislatura paritaria de la historia de México, se aprobaron reformas a la Constitución Política para incorporar la paridad en todo.

Ello, representó un logro sin precedentes hacia la consolidación de una verdadera democracia representativa, participativa e incluyente, pues nos tocó presenciar un momento histórico que coloca nuevos horizontes para las mujeres, al establecer que ocuparán la mitad de los cargos de decisión en los tres poderes del Estado,  órdenes de gobierno, organismos autónomos, candidaturas de partidos políticos, así como en la elección de representantes en los municipios con población indígena.

La diputada María Elena Limón García (MC) propone que los nietos de asegurados o pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) menores de 18 años, queden protegidos por la seguridad social que brida la institución.

Con ese objetivo, presentó una iniciativa que adiciona las fracciones X y XI al artículo 84 de la Ley del Seguro Social, para establecer que quedan amparados por el IMSS los nietos del asegurado o pensionado “menores de 18 años que vivan en el hogar de éste, se encuentren en situación de estado de hijos frente al abuelo o a la abuela o cuando, en ausencia de los padres, los abuelos ejerzan la patria potestad de los mismos”.

El documento, turnado a la Comisión de Seguridad Social, argumenta que, de acuerdo con el informe “La orfandad ocasionada por la pandemia”, México tiene 131 mil 325 menores de edad que perdieron a su madre, padre o ambos por cuestiones relacionadas con la Covid-19, colocándolo en el primer lugar de América Latina.

“Estos miles de niños quedarán al cuidado de sus abuelos, convirtiéndolos en población vulnerable y que necesitan de la protección que sólo el Estado puede garantizar”, precisa la legisladora en su exposición de motivos.

Señala que la seguridad social es un derecho humano protegido por la Constitución Política, y que la protección de la salud y la seguridad social son derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en la ley; “sin embargo, en el país se les ha quedado a deber cuando éstos se encuentran bajo el cuidado de sus abuelos; si bien la dinámica familiar es diversa, esto no significa que no se deba garantizar su protección”.

Subraya que al no permitir que los abuelos puedan afiliar a sus nietos cuando ellos son los responsables de su cuidado, se lesiona el derecho fundamental de igualdad, así como los derechos jurídicos de los menores establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Refiere que las familias en México son diversas y cientos de miles de niñas y niños están al cuidado de sus abuelos; por ello, “es fundamental realizar una modificación a la ley para garantizar los derechos humanos a la protección de la salud y la seguridad social, prevaleciendo en todo momento el interés superior de la niñez”.

La diputada Limón García menciona que el entorno de las familias en México es muy complejo, ya que dentro de los hogares no sólo se encuentran la madre, el padre e hijos, en muchos de ellos la familia se compone también por las y los abuelos y los nietos.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 28 de cada 100 hogares familiares son ampliados o extensos, es decir se encuentran integrados por abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines.