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Para incentivar la denuncia de las víctimas de violencia familiar, senadores de todos los partidos aprobaron la propuesta de reforma a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Ricardo Monreal que tiene por objeto el establecimiento de mecanismos que permitirán la presentación de denuncias por medios digitales o remotos.

Éstos deberán garantizar en todo momento la seguridad y confidencialidad de los datos personales y formarán parte de los modelos de atención, prevención y sanción destinados a proteger a las víctimas de este tipo de violencia.

El senador Monreal Ávila argumentó que el 64.1 por ciento de las víctimas de delitos no denuncian por causas atribuibles a la autoridad, “principalmente porque lo consideran una pérdida de tiempo, porque representa un trámite largo y complicado, por desconfianza o actitud hostil de la autoridad y por el temor a ser extorsionadas”.

“Situación que aumentó con la pandemia, especialmente para las mujeres, porque que existía temor de romper las órdenes de cuarentena y restricciones sanitarias y de circulación, a causa de sus roles de cuidado y protección”, señaló.

Al discutir el dictamen, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, destacó que, con esta reforma, cuando las víctimas no puedan acudir ante las autoridades para denunciar las agresiones, lo podrán hacer por medio de la tecnología.

Mientras que en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, su presidenta, Ana Lilia Rivera Rivera, agregó que se trata de garantizar acceso oportuno y eficaz a la impartición de justicia, con la promoción de denuncias o querellas a distancia, que eviten el aislamiento y el desistimiento de las denunciantes.

Mientras que el PT, en voz de la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso celebró que con estos mecanismos se preservará, en todo momento, la seguridad, confidencialidad y protección a los datos personales de quienes fueron agredidas.

Alejandra del Carmen León Gastélum, senadora del Grupo Plural, afirmó que se requieren instrumentos jurídicos ágiles que garanticen a las mujeres, víctimas de violencia, la atención de sus denuncias de forma oportuna y eficaz, por medios digitales o remotos, “con el fin de que sus voces no sean silenciadas por sus victimarios ni por la propia autoridad, como sucede en algunos casos”.

La reforma establece además que los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas y los municipios, deben instaurar canales alternativos de denuncia que garanticen el acceso a la atención oportuna y eficaz de las víctimas que no cuentan con la oportunidad de acceder a servicios de Internet o dispositivos electrónicos.

En conferencia de prensa, el senador Antonio García Conejo, presidente de la Comisión de Turismo, informó que integrantes de dicho órgano legislativo realizarán los días 17 y 18 de marzo, una visita a la “obra emblemática” del Tren Maya, en Quintana Roo.

Destacó que como se acordó el pasado 23 de febrero, visitarán el lugar donde se construye dicha obra, así como las oficinas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que es la instancia responsable de los trabajos.

García Conejo destacó que en 2019 se etiquetaron seis mil 769 millones de pesos; en el 2020 fueron tres mil 287 millones de pesos; y en el 2021, se etiquetaron 36 mil 267 millones de pesos para el proyecto.

Y en este año, asentó, se han etiquetado 63 mil 231 millones de pesos, es decir, el 94 por ciento del presupuesto, destinado al sector turístico, que normalmente se asignaba a la Secretaría de Turismo.

El legislador del PRD acotó que acudirán a Quintana Roo para conocer los avances de la construcción del Tren Maya, y recoger las opiniones de los sectores involucrados que serán beneficiados, como los prestadores de servicios, hoteleros y medios de transporte, entre otros.

Tenemos que ir para comprobar que la inversión que realiza el Ejecutivo Federal en dicha obra, denominada “de gran calado”, sea en beneficio del desarrollo del sur-sureste y el sector turístico de dicha región.

García Conejo mencionó que dicha visita esta apegada al derecho, a lo que establece la Ley Orgánica del Senado y a la Constitución, por lo que no se trata de una ocurrencia, “porque estamos obligados a informar a la ciudadanía”.

A la pregunta sobre el daño ecológico y ambiental que ocasiona la construcción, el legislador enfatizó que primero deben ir y conocer bien la situación, porque no pueden adelantar información que no tienen, ni adelantar juicios; “primero debemos ir a platicar y escuchar a los diferentes sectores y luego informar”.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruíz, comentó que acompañará a los integrantes de la Comisión de Turismo para visitar este proyecto, a fin de atender las denuncias por parte de comunidades indígenas, que han sido seriamente afectadas.

“Vemos que se tiraron 24 mil árboles y resulta que el tren no pasará por ese lugar, ahí hay un daño ambiental terrible, por lo que debe de haber consecuencias legales para quienes cometieron este ilícito; además de que se cuestionará a Fonatur por los presuntos desvíos de dinero, registrados en el proyecto”, expresó.

El senador Rogelio Márquez Valdivia, de Morena, afirmó que irán a Quintana Roo con el fin de no dar opiniones en base a especulaciones, sino ir de manera concreta y objetiva a verificar el proyecto, sus avances y los impactos ambientales, que se pueden registrar en cualquier construcción,

“Veremos directamente cuál es el costo-beneficio de este proyecto tan ambicioso, el cual puede tener repercusiones favorables para la entidad y la península”, agregó.

En tanto, Mayuli Latifa Martínez, senadora del PAN, precisó que esta visita “nos ayudará a tener información más amplia, sobre un proyecto que inició hace más de tres años y que, por supuesto, lo que queremos, en mi caso para Quintana Roo, es seguir siendo líderes en turismo a nivel nacional”.

Por unanimidad, 107 votos a favor, el Senado aprobó un proyecto que impulsó el senador Ricardo Monreal Ávila, para que, dentro de los modelos de atención, prevención y sanción destinados a proteger a las víctimas de violencia familiar, se instauren mecanismos que permitan la presentación de denuncias por medios digitales o remotos.

Desde la presentación de la iniciativa, el 23 de junio de 2021, el coordinador parlamentario de Morena advirtió que previo a la pandemia de la Covid-19, la situación de violencia en contra de la mujer ya mostraba una tendencia creciente.

Con la emergencia sanitaria, las medidas de aislamiento y confinamiento para frenar los contagios agravaron las condiciones de violencia en contra de este sector de la población.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan el aumento en el número de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, pues pasaron de 197 mil 693, en 2019, a 260 mil 67 en 2020, cuya cúspide fue en marzo, mes en el que fueron implementadas las medidas de confinamiento preventivo.

Este panorama se recrudece en un contexto en el que 64.1 por ciento de las víctimas de delitos no denuncian por causas atribuibles a la autoridad, “principalmente porque lo consideran una pérdida de tiempo, porque representa un trámite largo y complicado, por desconfianza o actitud hostil de la autoridad y por el temor a ser extorsionadas”.

Por ello, con 107 votos, el Pleno del Senado aprobó el dictamen que adiciona una fracción VII al artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Se trata de que los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas y los municipios, instauren procedimientos que permitan la atención oportuna y eficaz de las víctimas por medios digitales o remotos, preservando en todo momento su seguridad, confidencialidad y protección de sus datos personales.

Así como canales alternativos de denuncia que garanticen el acceso a la atención oportuna y eficaz de las víctimas que no cuentan con la oportunidad de acceder a servicios de Internet o dispositivos electrónicos, o bien, su acceso a los mismos es limitado.

Ricardo Monreal explicó en su momento que lo que se busca con esta propuesta es promover las denuncias, así como generar las condiciones legales y políticas públicas, que permitan a las mujeres obtener una respuesta eficaz a través de herramientas que funcionen a distancia.

Con estas disposiciones, se facilitará la interposición de denuncias, se reforzarán los mecanismos existentes a través del uso de la tecnología y se respaldará a las víctimas, afirmó el senador.