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Exhortan a dependencias federales atender problemas de salud mental en menores

* Según “The Lancet”, en julio de 2021 México se ubicó como el país con más niñas y niños que enfrentaron la pérdida de uno o ambos padres

La diputada federal Karina Barrón Perales (PRI) solicitó a las secretarías de Salud y de Educación Pública atender y dar seguimiento a la salud mental de los menores que cursan la educación básica en el país, y que se han visto afectados por la contingencia sanitaria del Covid-19, la inseguridad, la orfandad, situación económica, la desintegración, entre otros factores.

En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la parlamentaria señaló que las dependencias federales deben implementar un programa que permita detectar la afectación psicológica en menores y brindar atención oportuna y dé seguimiento de estos casos,

“Nuestros pequeños necesitan con urgencia y prioridad que atendamos y comprendamos sus necesidades; requieren ser tomados en cuenta y ser parte de las grandes e importantes decisiones en el país, que deben procurar construir un ambiente favorable, de paz y protección para lograr su desarrollo pleno”, señaló en un comunicado.

En ese sentido, manifestó su preocupación por dicha situación y sostuvo que se debe realizar una acción inmediata con el eminente regreso presencial a clases; “no es sólo que las escuelas estén fuera de provocar contagios, de contar con los materiales y herramientas necesarias para la impartición, sino que también se sientan seguros en estos espacios y que recuperen su tranquilidad y su salud mental”.

Dicho exhorto se da en un contexto en el que, según el informe de la revista cientifica “The Lancet”, en julio de 2021 México se ubicó como el país con más niñas y niños que enfrentaron la pérdida de uno o ambos padres por Covid-19, con 178 mil, o de sus cuidadores más cercanos, 275 mil 800; mientras que el DIF proporcionó la cifra aproximada de 118 mil niñas y niños en orfandad por esta enfermedad, pero sin que se pudiera verificar la fuente de esta información.

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Propone Dulce María Silva etiquetado de advertencia para cosméticos

La diputada Dulce María Silva Hernández (Morena) suscribió una iniciativa para establecer un etiquetado que advierta a la población de los riesgos que representa el uso de ciertos cosméticos.

En un comunicado, la legisladora explicó que los cosméticos contienen ingredientes de distintos orígenes, entre los cuales hay químicos que tienen efectos negativos en la salud de las personas y el ambiente, como es el caso de los parabenos.

Manifestó que aunque en el país cada vez son más los productos que anuncian estar libres de esta sustancia, no todas las personas tienen claridad de qué son ni de los problemas que conlleva su consumo, o si efectivamente están libres de éstos.

“Los parabenos de cadena corta son los conservadores más utilizados en la industria cosmética y corresponden a una familia de compuestos químicos derivados del ácido p-hidroxibenzoico, reconocidos por sus propiedades bactericidas y fungicidas, usados también en alimentos y fármacos”, explicó.

Señaló que diversos estudios vinculan a estas sustancias con problemas reproductivos y endócrinos, por lo que es necesario “emprender acciones decididas, a fin de prevenir enfermedades en la población, así como realizar todo lo contundente para fomentar nuevos hábitos de consumo orientados a la salud y el bienestar de las y los mexicanos”.

Recordó que México es uno de los cinco países que más produce artículos de cuidado personal a escala global, por lo que es importante fomentar la responsabilidad social de la industria cosmética para contribuir a la salud de sus consumidoras y consumidores, mediante artículos seguros y con buenos estándares de seguridad.

Puntualizó que se pretende establecer en el artículo 272 de la Ley General de Salud que todos los cosméticos comercializados tengan un etiquetado que indique si contienen parabeno o si fueron utilizados en los insumos para su elaboración, y en procesos vinculados a su elaboración.

Detalló que este etiquetado tendrá el objetivo de garantizar los derechos de las personas consumidoras, por lo que será de un tamaño adecuado, a fin de que sea visible y claro.

Asimismo, se señala a la Secretaría de Salud como la dependencia encargada de emitir las bases para la regulación del uso de parabenos en la industria cosmética, así como la normatividad para su etiquetado.

La parlamentaria afirmó que la propuesta busca reformar y adicionar diversas disposiciones de este marco legal para salvaguardar la salud y los derechos de las y los consumidores de productos cosméticos.

Comentó que también se pretende avanzar en la adecuada regulación y etiquetado de estos productos, lo cual, sin lugar a dudas, contribuirá al cuidado del medio ambiente.

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Impulsan iniciativa que prohíbe el cobro de comisiones por retiro de pensiones para personas adultas mayores

• Hay un universo aproximado de más de 5.1 millones de personas jubiladas y pensionadas en México

Con la finalidad de proteger los derechos de las personas adultas mayores, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) planteó eliminar el cobro de comisión por disposición de efectivo de la red de cajeros automáticos de todas las instituciones bancarias en el país.

Queda prohibido el cobro de cualquier tipo de comisión por concepto de disposición de efectivo en cajeros automáticos o en ventanilla en cualquier institución bancaria cuando dicho movimiento sea efectuado para el cobro de pensiones por jubilación, haberes de retiro y pensiones vitalicias, se indica en la propuesta.

Esta prohibición también aplicaría para otras formas de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por invalidez, incapacidad, cesantía, vejez y muerte, así como cualquier beneficio o programa destinado al apoyo económico para personas adultas mayores.

En la reforma a las leyes del Banco de México, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de Instituciones de Crédito, se menciona que algunos bancos cobran más comisiones que otros, cuando la realidad es que ninguno debería cobrar por concepto de retiro de pensiones para las personas adultas mayores.

Haro Ramírez relata que las pensiones que reciben las personas adultas mayores por el concepto de jubilación son producto de un periodo generalmente extenso en el que cotizaron y pagaron sus impuestos en tiempo y forma.

Actualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social alberga en su registro de personas jubiladas y pensionadas un universo poblacional de más de 3.9 millones de personas hasta 2021, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado registra en su padrón de personas jubiladas y pensionadas más de un millón 230 mil personas.

Precisa que se tiene entonces un universo aproximado de más de 5.1 millones de personas jubiladas y pensionadas en México, lo que representa una masa poblacional considerablemente amplia que debe ser atendida debidamente.

Además, expone que las personas adultas mayores que gozan del programa federal “Pensión del Bienestar”, pero si no retiran su pensión en las sucursales del Banco del Bienestar tienen que pagar la comisión impuesta.

Detalla que aún después de haber pasado por todo el proceso y solventado los trámites para acceder a su pensión, deben destinar parte del monto que han ganado y merecen disfrutar para el pago de comisiones que no deben existir, pues la pensión es un derecho que no debe estar condicionado el acceso a su goce de ninguna forma.

Añade que una persona adulta mayor que no pueda desplazarse la distancia necesaria para ir al banco al que pertenece su tarjeta, ya sea por alguna discapacidad motriz o porque su cuerpo ya no resiste tal desplazamiento, tendrá que pagar una comisión en el banco que le quede más cerca, situación que resulta injusta y hasta se puede configurar como un acto discriminatorio y que a todas luces vulnera sus derechos.

La iniciativa fue turnada para dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Seguridad Social.

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Propone PVEM crear registro de centros particulares de rehabilitación de adicciones

* De 2 mil 200 centros que hay en el país, 81.82 por ciento, opera sin ninguna regulación y los internos reciben tratos inhumanos y humillantes, señala el diputado Marco Antonio Natale

El diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (PVEM) propuso reformar la Ley General de Salud, a fin de crear un registro obligatorio de los centros particulares de rehabilitación para personas con adicciones, y con ello garantizar un trato digno y respetuoso a los usuarios y sus familiares.

Mencionó que dichos centros, mejor conocidos como anexos o granjas, en su mayoría no cuentan con un protocolo de manejo y atención bien definido, y casi siempre son dirigidos y atendidos por adictos rehabilitados que no tienen capacitación legal, psicológica, ni médica para llevar a cabo estas actividades.

En un comunicado, resaltó que, de acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), en México hay unos 2 mil 200 centros de atención residencial, pero mil 800 (81.82 por ciento), lo hacen sin ninguna regulación, pese a la existencia de las normas oficiales que establecen lineamientos para atender a personas adictas a sustancias.

Esta situación, dijo Natale Gutiérrez, provoca que la mayoría de las veces los internos reciban tratos inhumanos y humillantes, en condiciones de presión, privados de su libertad y con poca sanidad.

Señaló que por lo anterior, la presente iniciativa pretende que cualquier centro de rehabilitación que no pertenezca al Sistema Nacional de Salud, tenga la obligación de registrarse y tramitar una cédula de cumplimiento de los requisitos básicos de manejo y protocolos sanitarios, de atención, seguridad y operativos para el sitio.

Asimismo, deberá tramitar, ante Protección Civil de su entidad, un dictamen de seguridad y contratar, por lo menos a una persona correspondiente a personal médico para la atención de los usuarios.

El legislador ecologista comentó que “los anexos o granjas, al operar fuera de la ley, no reportan sus actividades ni resultados a nadie, trabajan bajo la informalidad, un día pueden cerrar un centro y al día siguiente abrir otro en otro lugar, sin mostrar responsabilidad con las personas que tienen a su cargo.”

Por ello, insistió en la necesidad de establecer, de forma clara, el registro obligatorio de estos lugares, así como de llevar a cabo procesos de verificación y supervisión de manera constante de las instalaciones, y así salvaguardar la integridad física y emocional de los usuarios, además de desincentivar actividades fuera de la ley.

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Rusia presume victoria “total” en Mariúpol

Rusia mantiene su acoso en el este de Ucrania tras declarar el viernes la “liberación total” de la ciudad de Mariúpol (sureste) con la rendición de los últimos defensores atrincherados desde hace semanas en la acería Azovstal.

Tras resistir en precarias condiciones en el laberinto de túneles subterráneos de esta fábrica, el medio millar de combatientes ucranianos que quedaban allí se rindieron el viernes, anunció el Ministerio de Defensa ruso.

Desde el lunes, un total de 2.439 combatientes se rindieron ante las tropas de Moscú, terminando con el último reducto de resistencia de esta ciudad portuaria del mar de Azov, devastada por meses de bombardeos.

El ministro ruso de Defensa, Serguei Shoigu, comunicó al presidente Vladimir Putin “el fin de la operación y la liberación total del complejo [de Azovstal] y de la ciudad de Mariúpol”, dijo un portavoz.

Las autoridades ucranianas, que habían ordenado a sus soldados deponer las armas para “salvar” la vida, confían en un intercambio de prisioneros con soldados rusos, aunque las autoridades rebeldes de la región amenazan con juzgarlos.

El portavoz del Pentágono estadounidense, John Kirby, reclamó que “todos los prisioneros de guerra sean tratados de acuerdo con la Convención de Ginebra y el derecho de la guerra”.

Ataques en el Donbás
La toma de Mariúpol es clave en la estrategia de Moscú de conquistar el este y el sur de Ucrania con esta invasión lanzada el 24 de febrero y plagada de acusaciones de crímenes de guerra por parte de Kiev y de las potencias occidentales.

La ofensiva se centra en la región oriental del Donbás, una cuenca minera controlada parcialmente desde 2014 por separatistas respaldados al Kremlin, donde numerosas ciudades llevan semanas acosadas por bombardeos rusos.

De acuerdo con el ministro ruso de Defensa, sus tropas están “cerca de completar” la liberación de Lugansk, una de las dos regiones junto con Donetsk que conforman esta cuenca minera.

“Los intentos de atacar el Donbás continúan. Han arruinado completamente Rubizhne, Volnovaja, igual que Mariúpol”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el viernes por la noche.

Y “están intentando hacer lo mismo con Severodonetsk y muchas otras ciudades”, añadió.

Según el gobernador de esa región, 12 personas murieron y otras 40 resultaron heridas por bombardeos rusos en esta urbe industrial en pleno frente, sometida a constante fuego de artillería.

Más al oeste, en la región de Járkov, donde Ucrania asegura estar recuperando terreno, las autoridades informaron de ocho heridos, incluido un niño, por misiles lanzados contra un centro cultural en la ciudad de Lozova.

Con más de 12 mil investigaciones abiertas por crímenes de guerra, la justicia ucraniana debe emitir el lunes el veredicto del primero de estos casos que llega a juicio.

En el banco de los acusados se sentó Vadim Shishimarin, un soldado ruso de 21 años, que reconoció haber matado a un civil desarmado al principio de la invasión. “Realmente lo siento”, declaró ante el tribunal de Kiev.

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Plantean incluir el Protocolo Alba al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

• Agente del MP que no active Alerta Amber o dicho protocolo será sancionado, destituido e inhabilitado por 8 años

A fin de adicionar como una herramienta más del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Protocolo Alba para la búsqueda inmediata y localización de mujeres, niñas, niños y adolescentes desaparecidos, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) presentó una iniciativa.

La propuesta de reformas a las leyes General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y de la Fiscalía General de la República, fue remitida a las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia.

Define el Protocolo Alba como el mecanismo operativo profundo de coordinación inmediata para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y/o ausentes en el territorio mexicano.

Considera a la Alerta Amber como el programa que establece una herramienta eficaz de difusión, que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito.

De igual modo, señala que en tanto no exista disposición en contrario prevista por el Sistema Nacional de Búsqueda, todos aquellos registros, programas, plataformas y base de datos que no se encuentren previstos expresamente en esta Ley, pero que tengan la finalidad de contribuir a la búsqueda, localización e identificación inmediata de personas desaparecidas o no localizadas, serán coordinados en su operación por la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En la Ley de la Fiscalía General de la República prevé como facultades de las personas agentes del Ministerio Público de la Federación, el activar la Alerta Amber en caso de menores desaparecidos y el Protocolo Alba para su búsqueda inmediata, cuando reciba denuncia de la probable comisión de un delito relacionado con esos hechos.

Menciona que al agente o agentes del Ministerio Público de la Federación, que por acción u omisión entorpezca con dolo, mala fe o notoria negligencia en el acceso a la procuración y administración de justicia, se les impondrán de tres a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil quinientas Unidades de Medida de Actualización; además, serán destituidos e inhabilitados de cuatro a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público.

En la iniciativa, Pérez Díaz refiere que el incremento en las tendencias sobre las desapariciones de mujeres en el país ha llegado a porcentajes históricos y tan solo de 2016 a 2020 se convirtió en el periodo donde más mujeres han desaparecido. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre el 1 de enero y el 14 de abril de 2022 se han reportado 748 mujeres desaparecidas.

Además, de 2015 a enero de 2022 se han registrado 5 mil 790 víctimas de feminicidio en México, la expresión más grave de violencia contras las mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Expone que el Protocolo Alba es un proceso para la atención, reacción y coordinación entre los tres niveles de administración (local, estatal y federal) cuando existe el extravío de mujeres, niñas, niños y adolescentes, inicialmente implementado en Ciudad Juárez y posteriormente en otros estados.

Por ello, añade, “el Estado mexicano está obligado a implementar búsquedas de oficio sin dilación alguna, a establecer un trabajo coordinado entre diferentes dependencias para dar con el paradero de la persona, así como investigar efectiva y adecuadamente las desapariciones de estas personas, deberes que se conjugan con los de prevenir y sancionar los delitos”.

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Revictimización y omisiones de autoridades obstaculizan la justicia para mujeres desaparecidas: Lilia Aguilar

* La diputada del PT presentará una iniciativa de reforma que castigue a aquellos servidores públicos que no realicen una correcta investigación de estos crímenes por discriminación en razón de género

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) lamentó que la revictimización y las omisiones por parte de las autoridades durante investigaciones relativas a la desaparición de mujeres, sean grandes obstáculos para brindarles justicia, tanto a ellas como a sus familiares, situación que les ocasiona más daños y es una forma de abuso de poder.

Derivado de esta circunstancia, la legisladora informó que presentará en fechas próximas una iniciativa de reforma que castigue a los servidores públicos que omitan o se abstengan, injustificadamente, de realizar la averiguación de hechos delictuosos, así como de obstaculizar las garantías de las víctimas.

Asimismo, dijo en un comunicado, se actualizará una agravante cuando se compruebe que incurrió en cualquiera de los supuestos, motivado por discriminación en razón de género.

“Es urgente que todas las personas que han sido perjudicadas por estas agresiones vean respetados sus derechos de acceso a la justicia y al mismo tiempo, erradicar estas prácticas dañinas que atentan contra la dignidad de las personas y contra la igualdad con la que deben llevarse a cabo las investigaciones relativas a estos delitos”, sostuvo.

Aguilar Gil reiteró que la incapacidad o negligencia de las autoridades nunca hacen tanto daño como en los casos de desaparición; especialmente cuando responsabilizan a la víctima, al poner en tela de juicio la calidad moral o modo de vida de ella y su familia, lo que marca el principio de una batalla de la que difícilmente salen avantes.

“La falta de perspectiva de género es responsable, múltiples veces, de la impunidad. Se ha hablado y denunciado de mil formas esta situación. Todos los días hay un caso que confirma lo anterior. El problema es que sigue sucediendo”, concluyó la parlamentaria.

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Dan otros 62 años de cárcel a “El Monstruo de Toluca” por feminicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 62 años y 6 meses de prisión para Oscar García Guzmán, alias “El Monstruo de Toluca”, por el feminicidio de una joven de 25 años en la colonia Villas Santín, en 2019.

Con este proceso, “El Monstruo de Toluca” suma seis condenas: una por violación, una por desaparición de personas, una por homicidio y tres más por feminicidio, con las cuales suma más de 150 años de cárcel, además de que aún enfrenta otros proceso penal por feminicidio.

En una nueva audiencia, la autoridad del Distrito Judicial de Tenango del Valle le dictó esta condena, además le fijó una multa de 331 mil 623 pesos y la cantidad de 1 millón 267 mil 350 pesos por concepto de reparación del daño.

El feminicidio por el cual fue condenado García Guzmán se registró el 12 de febrero de 2019, al interior de un inmueble ubicado en la colonia Villa Santín, en Toluca, donde privó de la vida a la víctima y luego ocultó el cuerpo en dicho domicilio.

El pasado 20 de abril, “El Monstruo de Toluca” fue condenado a prisión vitalicia por el feminicidio de una mujer de 27 años.

Además, el 1 de abril fue condenado a 62 años y 6 meses de cárcel por el homicidio de un hombre en Xonacatlán; el 30 de marzo, fue condenado a 62 años y 6 meses de prisión por el feminicidio de una joven de 23 años.

En septiembre de 2021, “El Monstruo de Toluca” fue sentenciado a 12 años y 6 meses de prisión por la violación de una mujer en Toluca, además fue condenado a 17 años y 6 meses de cárcel por su participación en delitos vinculados a la desaparición de una joven en dicho municipio.

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Cumple el IPN 86 años de vida

En los últimos 8 años, la matrícula escolar se incrementó a más de 221 mil estudiantes

A 86 años de la fundación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el 127 aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas, dicha casa de estudios ratifica su capacidad de investigación, desarrollo tecnológico e innovación,para fortalecer la soberanía científica del país, aseguró el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval.
En la ceremonia del Día del Politécnico, declaró que “hoy podemos afirmar que hemos atendido con gallardía y firmeza la visión de su fundador, el general Lázaro Cárdenas, quien concibió al IPN como un actor estratégico en México, para promover el desarrollo nacional y atender a todos los grupos sociales, sobre todo a aquellos de escasos recursos”.
El titular del Politécnico afirmó que el IPN acompaña el desarrollo del país con 90 unidades académicas de investigación y vinculación y de apoyo, diseminadas en 34 municipios de 23 entidades federativas.
Informó que de 2014 a 2022, el IPN ha tenido un crecimiento importante en su matrícula, pues de más de 180 mil estudiantes en 2014, en ocho años se incrementó a más de 221 mil alumnas y alumnos.
Resaltó que en 2022 la institución aumentó su matrícula en nueve mil 208 estudiantes con respecto al año pasado, lo que implica un aumento global de 4.35 por ciento.
Reyes Sandoval hizo un reconocimiento especial a las mujeres politécnicas que impulsaron y participaron en la creación del IPN y a quienes retomaron sus anhelos de forjar la historia de una de las grandes instituciones de educación superior del país.
Durante la pandemia, informó que el IPN aumentó su oferta educativa a 301 programas académicos y fue reconocido con el Premio U-Gob 2020, en la categoría de Innovación en Educación, por la infraestructura y soporte tecnológico, para transitar de un sistema presencial a uno virtual y dar continuidad a los trabajos educativos.
Sostuvo que se conformaron 33 Brigadas Voluntarias de Vacunación, con la participación de 959 jóvenes politécnicos, quienes contribuyeron a las acciones del gobierno de México y de la Secretaría de Salud en la campaña de vacunación contra COVID-19.
Resaltó que la internacionalización del IPN avanza para que los proyectos científicos y las innovaciones accedan a oportunidades de inversión de la Unión Europea (UE) y apoyos económicos de instancias mundiales.

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Piden ayuda para localizar a Darinka Guadalupe, desaparecida en Azcapotzalco

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Darinka Guadalupe Huerta Negrete, una adolescente de 16 años que desapareció el 8 de mayo en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con la denuncia, la menor de edad fue vista por última vez el domingo pasado, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Nueva Santa María, y se encontraba en compañía de su madre, a solo unos metros de distancia de su vivienda.

Según lo señalado por los familiares de la adolescente, las autoridades capitalinas han entorpecido los trabajos de búsqueda de Darinka, pues acusan que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) se ha limitado ha proporcionar todas las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en las calles aledañas a la zona de su desaparición.

“Al ver que no aparece, mi madre la empieza a buscar, se levanta la denuncia y la llevan al C5 de la CDMX, pero solo le enseñan los videos de la calle Begonias y se ve que da vuelta en calle Nueces, pero no enseñan las grabaciones de dicha calle y hasta hoy seguimos sin saber de ella” acusa Salvador, el hermano de la víctima.

No obstante, también acusan que, al solicitar a la fiscalía capitalina apoyo para agilizar el proceso de búsqueda del Darinka, la autoridad pone trabas en su servicio, así como en la entrega de las grabaciones faltantes.

Cabe destacar que, el día de su desaparición, Darinka vestía un pantalón de mezclilla color azul, una playera negra con el logotipo de la marca Adidas en color blanco y unos tenis tipo choclo color durazno.

Como señas particulares, la adolescente tiene una cicatriz en el dorso de una mano, así como un lunar del lado derecho de la comisura de la boca. Es de complexión robusta y mide 1.52 metros de altura.

Para cualquier información que ayude a localizar a la menor, las autoridades capitalinas solicitan comunicarse a los teléfonos: 5553455080 / 5553455082 / 5553455067.