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Alberto Sentíes Palacio, asesor financiero con más de 30 años de experiencia, comparte con nosotros algunas reflexiones relacionadas con los sobrecostos en la contratación de obra pública. El experto en financiamiento para entidades privadas y públicas nos hace ver que deben existir mayores controles y mecanismos de transparencia en el procedimiento de la modificación contractual que prevea una adecuación en montos y plazos, así como contar con una fianza de entre 10 y 20 por ciento, equivalente al monto total ejercido de los trabajos que garantice el cumplimiento de la obra en tiempo y forma.

“Las empresas que obtengan contratos para obra pública deben cumplir por ley con la fecha pactada de entrega de obra y no aumentar el costo en un porcentaje desmesurado”, apuntó Alberto Sentíes Palacio.

“Una práctica común en el sector público es que las empresas que reciben contratos no cumplen y dejan tiradas las obras. Por eso se debe cuidar mucho a quién se convoca para la construcción de éstas; las empresas que tenga obras tiradas, es decir, que hayan dejado obras en proceso, que no hayan cumplido, esas empresas no se les debe permitir participar”, afirmó Alberto Sentíes Palacio.

De acuerdo con investigaciones publicadas en diferentes medios de comunicación, muchos de los procesos licitatorios están amañados, y otorgan el contrato a la empresa que presenta la oferta más baja, pero a los tres o seis meses empiezan a pedir ampliaciones y al final el costo de la obra se duplica.

Alberto Sentíes Palacio explicó que las modificaciones al artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, consisten en disminuir del 25 al 10 por ciento el porcentaje del monto máximo por virtud del cual pueden modificarse los contratos de obra. Incluso se debe establecer un máximo de tres convenios para el caso de que la modificación exceda del 10 por ciento del monto inicialmente presupuestado así como la creación de requisitos mínimos, que deben justificarse para el caso de solicitar la modificación de condiciones.

“Sería muy bueno que los convenios de modificación sean autorizados por el titular de la dependencia o entidad respectiva y que se hagan públicos en Compranet, es decir, que cualquier ciudadano pueda consultarlos y saber a qué se debe el aumento en el costo de una obra”, comentó Alberto Sentíes Palacio.

“A veces se presentan situaciones de fuerza mayor que pueden alterar el costo y los plazos para la ejecución de una obra, pero estas adecuaciones, se deben realizar dentro de un marco transparente, finito, justificado y, sobre todo, presentarse en situaciones realmente excepcionales”, consideró Alberto Sentíes Palacio.

Alberto Sentíes Palacio resaltó que en nuestro país, la contratación de obra pública representa un importante motor para el desarrollo económico a nivel federal y local. La industria de la construcción es la cuarta actividad económica que mayor valor agregado genera, ya que representa un mercado de 2.4 billones de pesos al año, del cual el 23 por ciento corresponde al sector público, y de éste, el 77.1 por ciento es gasto federal.

En 2022 de los cinco billones doscientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete millones previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 643 mil 892.7 millones se destinaron al gasto de inversión en obra pública.

Alberto Sentíes Palacio lamentó que hoy en día, a través del uso faccioso de la ley y aprovechando la ambigüedad de las normas que regulan este sector, es frecuente que se realicen modificaciones constantes a los costos inicialmente convenidos, a través de un sinnúmero de convenios modificatorios, lo que da como resultado montos hasta 100 veces mayores al originalmente programado.

“Es muy importante que todos los proyectos que se lleven a cabo por el gobierno federal o con recursos federales cuenten con el análisis costo-beneficio antes de iniciar. Eso es fundamental. Porque ya estamos viendo que muchos de los proyectos que iniciaron no van a tener certidumbre en el largo plazo, por ejemplo el Aeropuerto Felipe Ángeles, cuya viabilidad financiera está en duda”, puntualizó Alberto Sentíes Palacio.

La reforma a la Ley de Obras Publicas y Servicios obliga a los contratistas a dar garantía y responder después de concluidos los trabajos durante 12 y hasta 24 meses por defectos, vicios ocultos o cualquier responsabilidad. También pide que las obras cuyo monto rebase los 15 millones de UMAS, equivalente hoy a mil 344 millones 300 mil pesos, sean contratadas mediante licitación pública con testigos sociales. Los anticipos se pactarán en los contratos y las dependencias y entidades del gobierno federal podrán otorgar hasta un 30 por ciento de la asignación presupuestal aprobada para dicho contrato.

Alberto Sentíes Palacio concluye diciendo que la realización de obras de gran envergadura requiere de un profundo análisis de viabilidad financiera, sobre todo cuando se trata de dinero público. Además, se debe cumplir con todos los requisitos previstos en la Ley de Adquisiciones antes de realizar cualquier tipo de contratación. Este tipo de prácticas son utilizadas incluso en el sector privado en donde Alberto Sentíes Palacio tiene importante experiencia como asesor en materia financiera para proyectos de construcción.

La Capellanía Armada Mundial de Paz México delegación Ciudad de México fue presentada como la única Organización No Gubernamental dedicada de manera especializada en la defensa de los Derechos Humanos de los concesionarios y trabajadores del transporte público concesionado de pasajeros (individual, colectivo y masivo – escolar y foráneo) y de carga en general, con la sumatoria de que también intervendrán a favor de los usuarios de todos estos modos de transporte en la capital del país.

El presidente y Fundador de la ONG, Ministro Capellán Pablo Favila López y su presidente en la CDMX, Joel Velázquez Larios presentaron al Primer Visitador y director general de la organización en esta capital, Alejandro Reyes Rodríguez, experto conocedor de temas del transporte en quien recaerá la misión de la defensa de los derechos de los transportistas, quien destacó que existen violaciones a los derechos humanos de los transportistas desde el mismo momento en el que salen a trabajar, generalmente provocadas por los propios agentes o policías de tránsito.

Y a partir de allí, en el resto de sus actividades donde tienen altercados con las demás autoridades y/o con los usuarios del transporte, por lo que la ONG Capellanía Armada Mundial de Paz México delegación Ciudad de México pretende capacitar a los despachadores o a los controladores para que ellos tengan el aprendizaje básico de sus derechos en materia de vialidad, de incidentes o de accidentes, para empezar a ayudar, lo mismo que en las violaciones que se dan a la hora de realizar trámites o gestiones de la unidad concesionada.

Para apoyarlos en estas situaciones existe un gran equipo de carácter jurídico encabezado por Jonathan Duarte González, quien ofreció la participación de al menos una decena de abogados con experiencia comprobada en temas de transporte, para dar cauce a los reclamos por violaciones en contra de los concesionarios y sus trabajadores.

Sin embargo, expresó el director general de la delegación Ciudad de México, Alejandro Reyes, los operadores y/o concesionarios del transporte público en la Ciudad de México, además de ser víctimas, existen casos donde también están del otro lado, motivo por el cual la Capellanía Armada Mundial de Paz México también se pondrá del lado de los usuarios que sean afectados, con el motivo de poder realizar una conciliación que beneficie a todos y se logre una mejor convivencia entre transportistas, autoridades y usuarios en la Ciudad de México.

Alejandro Reyes Rodríguez reconoció que en algunos sectores el gobierno de la Ciudad de México está realizando acciones interesantes que ayudan a los concesionarios como está sucediendo en los corredores zonales, donde están otorgando un bono de chatarrización de 450 mil pesos por unidad que sacan de circulación, lo cual permite a los concesionarios pagar cerca del 50 por ciento del costo de una unidad cuando la transformación es al 2 por 1.

Sin embargo, llamó la atención en el sentido de que al transporte individual en su modalidad de taxi les han afectado porque actualmente existen más de 35 mil concesiones que se encuentran paradas, ya que los dueños de los taxis carecen de las condiciones económicas, sumadas a una baja tarifa, para poder invertir en vehículos nuevos de última generación con capacidad para reducir el número de contaminantes que emiten a la atmósfera.

Al respecto dijo que el gobierno podría permitir que los taxistas pudieran comprar y meter al servicio, autos todavía con unos 5 años de vida útil de acuerdo con las normas de la Secretaría de Movilidad, pero no existe tal sensibilidad en los funcionarios.

El presidente y fundador de la Armada Mundial de Paz México, Pablo Favila expresó a los transportistas que siempre que así lo deseen la ONG estará detrás de ellos para apoyarlos no sólo en relación con sus denuncias por violaciones a sus derechos humanos, sino también en otros ámbitos de la vida en los que pudieran ser útiles.

Por su parte, Joel Velázquez Larios, presidente de la delegación Ciudad de México, al igual que el director del área de Salud, Marco Antonio López Hernández y Daniel Velázquez Larios, del área de eventos, se comprometieron a realizar todo su esfuerzo porque la vida de los concesionarios y operadores del transporte público en la capital del país mejore sustancialmente.